“Al momento en que se habla de los recursos de los ecuatorianos, se convierte en un documento de interés público. Ese documento jamás fue reservado y no podría tener tal característica”, afirmó durante una entrevista con Radio La Calle.

El asambleísta explicó que en dicho documento jamás existió una cláusula de reserva y, además, el procurador no tiene la potestad legal para declararlo como reservado y confidencial.

Recalcó que, en el documento, Íñigo Salvador manifestaba al presidente de la República, Guillermo Lasso, que se debe cancelar más de USD 400 millones a una transnacional.

“No era el único documento, pues ya venía enviando documentación al Ministerio de Finanzas, intercediendo y solicitando que se le cancele a la compañía Perenco. El Procurador ha entregado al Ecuador en bandeja de plata a una Transnacional”, afirmó Álvarez.

También expresó que el procurador debería defender al país, en conjunto con el SRI, para que la compañía pague primero los impuestos y luego quizá a ver cualquier deuda a la que tenga derecho.

“¿Por qué el procurador no les dice a los ecuatorianos que la compañía Perenco le debe al país más de 35 millones de dólares en impuestos?”, sostuvo. Además, reiteró que existen muchas dudas respecto al manejo, no solo interno, sino externo de la Procuraduría.

Álvarez hizo un llamado a los ecuatorianos para desenmascarar los actos que ha cometido el procurador.           

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La plataforma enunció respecto a Salvador que «no tener respuesta lo incrimina no sólo políticamente, sino también de forma penal», así lo publicó mediante un hilo de Twitter en su cuenta oficial.

La plataforma añadió también que ha insistido desde el año anterior para que se aclaren las irregularidades en la defensa del país, defensa que el Procurador Salvador hizo en este caso que fue de arbitraje internacional.

Por otro lado, también informó que la ciudadanía puede ver, en los enlaces de drive compartidos en el trino, el oficio enviado al procurador en una tercera insistencia y la anterior respuesta de esta entidad estatal:

«El oficio que le hemos enviado HOY al Procurador I. Salvador en nuestra TERCERA insistencia lo pueden ver/descargar en PDF».

Sobre el oficio

El oficio Nro. VPTE-270124722-PGE fue enviado el 23 de diciembre del 2021 y exige al procurador que responda a los anteriores oficios.

En este oficio, Alex Flores, representante de la plataforma, requirió información al procurador. Además, menciona a otras instituciones públicas que no se han negado a responder ni a brindar información.  

«De hecho, las siguientes instituciones públicas nos han respondido sin problema y sin poner las trabas que usted arbitrariamente y de forma ilegal, interpone» reza el oficio.

La Procuraduría General del Estado justifica, en respuesta al oficio enviado por la plataforma requiriendo información de fallos, que la información generada por otras fuentes como la referida a fallos, tribunales o casos tramitados en el marco del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI), debe ser requerida a la misma a través de sus propios canales.

Y por ello, no puede “proporcionar” información que “no” se encuentra en su poder y responsabilidad.

Según la plataforma, para no responder los oficios, el señor Íñigo Salvador, a través de su Secretaria Nacional, también aduce la necesidad de ciertos requisitos exigidos a través de los artículos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública (LOTAIP).

Sin embargo, los oficios presentados sí constan con los requerimientos que menciona la LOTAIP, es decir, están en cumplimiento con la ley, puesto que:

Los oficios están dirigidos al titular de la Procuraduría General del Estado, en este caso el señor Íñigo Salvador.

Consta la firma digital expedida, del representante de la plataforma, por el Registro Civil y por el Banco Central del Ecuador.

«Usted desesperadamente, intenta una y otra vez interponer ante hechos que claramente lo incriminan, a falta de su respuesta, en el caso del arbitraje y sentencia del CIADI que obliga a nuestro país a pagar aproximadamente 440 millones de dólares a la transnacional (…) el propio Tribunal principal del CIADI reconoce que hubieron fallos en contra de Ecuador y donde a falta de su respuesta, se consta que usted no defendió a nuestro país como debería haberlo hecho» dice Flores en el oficio.

Otra denuncia

Por otro lado, esta no es la única denuncia que ha enfrentado el procurador.

El 4 de octubre de 2021, el asambleísta Fernando Álvarez, de Unión por la Esperanza (UNES), solicitó juicio político contra el procurador por el supuesto incumplimiento de funciones, al representar la defensa del Estado ecuatoriano en los procesos arbitrales que involucraron a las empresas petroleras extranjeras, Perenco y Chevron.

A su vez, Salvador también denunció al asambleísta por divulgación de documentos reservados.

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