“México, Argentina, Cuba, China y otras representaciones diplomáticas certifican que no he pedido asilo u otra forma de protección”, escribió la máxima autoridad de la provincia en sus redes sociales.

El 04 de septiembre, la Cancillería del Ecuador ratificó en un comunicado que no existen pedidos de protección internacional ni de asilo político por parte de Pabón.

Adicionalmente, la prefecta denunció al Fiscal Provincial Alberto Santillán y al Teniente Coronel de la Policía Carlos Albán por el supuesto delito de Fraude Procesal.

Según Pabón, ellos habrían falseado un informe en el que ella supuestamente habría pedido asilo político a la embajada de México.

El 31 de agosto, Santillán pidió una audiencia para la revisión de medidas cautelares de la prefecta por el supuesto pedido de asilo. La audiencia puede derivar en una nueva orden de encarcelación para la autoridad provincial

Pabón, Virgilio Hernández y el activista Christian González tienen una investigación por el supuesto delito de rebelión en las protestas de octubre del 2019.

Ambos reiteradamente han calificado a estas acusaciones como “intentos de persecución política en contra suya por parte de las autoridades de turno”.

Desde octubre hasta el día de hoy, el caso todavía no tiene una resolución fija. En consecuencia, los tres ciudadanos portan el grillete electrónico en sus tobillos. Una medida cautelar que sustituyó a la prisión, en la que pasaron 72 días. (DR).

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“La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la solicitud realizada por el fiscal provincial de Pichincha. Acción que derivaría en el uso excesivo de la figura de la prisión preventiva, lo que la priva de sus derechos políticos”, indica parte del comunicado.

La institución agrega que la Convención de Belem Do Pará reconoce que :toda mujer podrá ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

También contará con la protección de estos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”. Además, la población carcelaria hasta el 26 de agosto era de 38.030 privados de libertad sobre una capacidad de 29.463. Existe un hacinamiento del 29,08%, lo que dificulta la atención a los ciudadanos.

Asilo Político

La Cancillería respondió al pedido de revisión de asilo político en la Embajada de México que hizo la propia prefecta.

“Cumplo informar a usted que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene registro de alguna notificación por parte de una misión diplomática sobre un pedido de asilo político».

El pasado 1 de septiembre, trascendió la información que el juez Vladimir Jhayya Flor convocó a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón a una audiencia para la revisión de medida cautelares.

Esto debido a un pedido del fiscal Alberto Santillán sobre una alerta de pedido de asilo político de la prefecta.

“El juez ha dado paso al pedido del fiscal para revisar las medidas sustitutivas ¡Paren las injusticias! No es necesario revisar las medidas. No es necesario encarcelarme, ya que no he pedido asilo a ninguna embajada”, escribió Pabón en su cuenta oficial de Twitter.

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Quito, 31 ago (La Calle). – El Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana denunció este martes que el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, pretende acusar a la prefecta Paola Pabón de solicitar asilo político.

“El Movimiento Compromiso Social por la #RevoluciónCiudadana denuncia a los organismos de DD. HH., medios de comunicación, ciudadanía que, sin pruebas, el Fiscal Santillán asegura que la prefecta habría solicitado asilo político. Basta de mentiras”, escribió la organización en sus redes sociales.

Pabón negó la acusación. “No he pedido asilo político, soy la prefecta; no voy a ir a ningún lado, estaré trabajando como hoy hasta el 2023. ¡Basta de persecución política!”, dijo.

La acusación

El fiscal Santillán indicó al juez que existe una alerta de información que textualmente dice: “Teniendo como antecedente que varias personas que se han encontrado cumpliendo medidas cautelares han aprovechado estas circunstancias para salir del país. Mediante FH, se tuvo conocimiento de que la señorita Paola Pabón, prefecta de Pichincha, estaría realizando acercamientos con la Embajada de México para obtener asilo político”.

En el documento solicita que la Fiscalía actúe y señale día y hora para que las medidas sean revisadas en audiencia, oral reservada y contradictoria, lo que podría derivar en una nueva prisión preventiva para Pabón, como ella señala. “Nuevamente buscan encarcelar a la prefecta de Pichincha. El fiscal Santillán con pretextos ridículos solicita se señale día y hora para cambiar la medida cautelar que tengo”, dijo.

Caso Rebelión

El pasado 27 de agosto, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor llamó a juicio a Pabón, al exasambleísta Virgilio Hernández, y a Christian González por el presunto delito de rebelión.

La Fiscalía decidió procesar a los tres ciudadanos por presuntamente participar activamente en el paro nacional de octubre de 2019. El delito consta en el artículo 336, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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