A la par, la entidad de control reabrió la investigación por el caso Singue contra 14 personas, entre ellos Glas y los exministros de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor.

Por el primer caso, la fiscal aseguró que la investigación reunió todos los elementos de convicción para realizar esa petición. Indicó que la Contraloría determinó irregularidades por USD 68 millones provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad y Responsabilidad Ciudadana, en 2019.

Caso Singue

En cuanto al caso Singue, la FGE notificó a los abogados de los implicados para que puedan tener acceder al expediente y preparar su defensa. El proceso fue anulado por la Corte Nacional de Justicia en noviembre de 2022.

Salazar no podrá utilizar el informe de Contraloría, que permitió formular los primeros indicios de la investigación. La Fiscalía deberá recabar nuevos elementos de convicción, versiones y diligencias. Si la nueva documentación es aceptada podrán formular cargos.

La institución detalló un perjuicio para el Estado de USD 5 millones, ya que la tarifa inicial fue menor a la que se establecía.

El inicio del inicio…

En 2015, el portal Focus supuestamente reveló varios actos de corrupción en la entrega del campo Singue para su explotación petrolera. El impulso fiscal inició la indagación por delito de peculado. Glas, Pareja, Pastór y nueve funcionarios del entonces gobierno de Rafael Correa, fueron procesados por el delito de peculado.

La sentencia de Glas

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó a ocho años de prisión a Glas en el caso, así lo informó la FGE.

“El Tribunal de la Corte Nacional, con voto de mayoría, sentencia a ocho años de prisión a los procesados Carlos P., Jorge G. Wilson P y César G. como coautores del delito de peculado; y, a cuatro años a José B., Ramiro C. y Andrés D., como cómplices”, indicó la FGE en un comunicado.

Sin embargo, el exvicepresidente salió en libertad la tarde de este lunes 28 de noviembre a las 19:15 tras una medida cautelar aceptada por un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El exsegundo mandatario estuvo recluido en la cárcel 4 de Quito. En los exteriores de la prisión se concentraron varios simpatizantes exigiendo su inmediata libertad. N.J.C)

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Tandazo criticó el discurso del presidente Guillermo Lasso y otros abogados sobre el caso del exsegundo mandatario. Sus retractores argumentan que Glas no podría salir de prisión si no paga la reparación económica que debe al Estado. Ejemplificó que es ilógico que si una persona no paga los millones que adeuda no podrá salir de prisión.

“Si esto existiera, este tipo de deudas se convertirían en una cadena perpetua”, comentó. Además, el analista indicó que no existe una ley que justifique la prisión por deudas a menos que sea de alimentos.

Unificación de penas

Tandazo mencionó que le negaron la prelibertad a Glas en dos ocasiones porque no se esclarecía su participación en el caso Singue. Sin embargo, una vez anulado el caso ya no tenía ningún impedimento para solicitar nuevamente esta acción. También aclaró que Glas fue juzgado con las reglas de un Código Orgánico Integral Penal (COIP) antiguo y tiene derecho a la prelibertad como cualquier reo porque cumplió todos los trámites.

“Ese COIP contempla la unificación de penas. Es decir, la pena mayor absorbe a las penas menores. Él (Glas) no tiene que cumplir los 14 años que le condenaron por los casos atribuidos. Solo debe cumplir la mayor, sobre esos ocho años hay que calcular y ver si es beneficiario o no de la prelibertad”, enfatizó.  

Además, precisó que fue la propia Corte Nacional de Justicia (CNJ) quien mencionó que el dictamen fue extemporáneo. Es decir, La Contraloría perdió efecto en este caso porque su función caducaba a los siete años del proceso y esta investigación se realizó desde el 2011.

“La Contraloría ya no tiene competencia porque ya caducó. El caso está muerto y no se puede juzgar dos veces a una persona por las misma causa y materia”, manifestó.

Finalmente, planteó que la “supuesta” Comisión Nacional Anticorrupción es un aparato que no tiene ninguna función. Según el analista, en la Constitución del 2008 esta comisión desapareció y esta atribución se la tomaron varios sujetos en nombre de la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT). (N.J.C)

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Para el exjuez español, Baltasar Garzón, el Poder Judicial ecuatoriano ha sido usado como un instrumento del Derecho para la persecución política.

El comentario lo hizo como parte de una entrevista en Radio Pichincha cuando hoy, a un día del fallo de la nulidad de la sentencia del caso Singue, se analizará en un Seminario Internacional el caso Sobornos, en el que fueron condenados el expresidente Rafael Correa y varios funcionarios de su Gobierno.

Previo a referirse al caso Sobornos, analizó lo que sucedió ayer con el caso Singue, en el que uno de los procesados era el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, que compartió el primer período presidencial de Correa.

Dijo que el Seminario se va a dar en un momento cuando la justicia se cae, al admitir una vulneración del debido proceso que motivó la declaratoria de nulidad del caso Singue.

“Resulta casi inverosímil lo que ha ocurrido porque si se analiza el caso hubo una inconsistencia de todos los elementos de prueba. Las irregularidades nos llevan a considerar que hubo algo diferente a lo que fue el debido proceso y a una eliminación de lo que fue el adversario”, expresó.

Luego del caso Singue, dijo que es preciso hablar del caso Sobornos, el cual debe continuar por el lado de la lucha internacional ante los organismos interamericanos de Derechos Humanos.

Contó que en Naciones Unidas ya está al tanto del caso un Comité, luego de lo expuesto por el relator judicial que ha dicho que se ha dado una utilización perversa dirigida a personas como Correa y funcionarios de su Gobierno.

“Se ha dado una auténtica persecución política con la instrumentación del Derecho Penal que lo usan con frecuencia cuando se trata de perseguir a líderes”, expresó.

Garzón fue conocido por ordenar la prisión del ya fallecido exdictador chileno y senador vitalicio Augusto Pinochet por los delitos de genocidio y terrorismo, lo que le costó estar inhabilitado como juez. Para él, la justicia al igual de lo que sucede en el caso Sobornos fue usada como un instrumento de persecución.

Dijo que antes las persecuciones eran con estrategias militares, con el fin de tomar el control de las democracias. Pero que ahora es una guerra judicial.

Explicó que -años atrás- por la década del 70 se usaba la violencia física hasta el punto de la eliminación y la impunidad. Mientras que hoy ese tipo de acciones quedaron de lado, salvo en casos contados, debido a que se produce la utilización del Derecho Penal como un arma de guerra jurídica contra oponentes políticos.

Precisó que la idea es acabar con el oponente que piensa distinto y esa estrategia se emplea contra los líderes progresistas que han gobernado países por algunos años y se los quiere perseguir para que no vuelvan.

Expuso que en el caso Sobornos, la sentencia salió cuando Correa tenía la posibilidad de ser candidato y se quebraron normas.

“Cualquier jurista que lea con imparcialidad esa sentencia se escandaliza, cuando se habla de influjo psíquico. ¿Qué es el influjo psíquico?”, exclamó.

El jurista mencionó que el influjo psíquico es una actitud íntima que es imposible de concretarla ni siquiera en libre interpretación por parte de la justicia.

Garzón manifestó que el relato usado en el fallo es incomprensible y que el Derecho debe ser entendido.

“Hay un uso de pruebas espurias y hasta se redacta un testimonio en un vuelo, lo cual es preocupante porque se le dio una “consistencia” a una sentencia”, subrayó y acotó que el Poder Judicial realiza una persecución política instrumentada a través del Derecho.

Al referirse a Glas aclaró que no hay imparcialidad y eso se ha visto sobre sus pedidos de habeas corpus.

“La actuación ha sido arbitraria no solo hacia afuera, sino adentro armando consejos transitorios de la magistratura para ir acomodando las instituciones”, recalcó.

En este contexto y tras el fallo de ayer, puntualizó que la liberación de Glas es inaplazable y que su caso formará parte de una historia macabra en el devenir de un país. Sin embargo, consideró que habrá soluciones como lo que sucedió con Lula, en Brasil, aunque el daño está causado y la vida rota.

“Debería haber una exigencia popular para saber lo que está sucediendo con las instituciones”, expresó y agregó que hay un mal uso del Derecho también en otros ámbitos.

Mientras, en el caso Sobornos puntualizó que ya hay el camino trazado en el ámbito internacional para establecer la arbitrariedad en el proceso.

Redacción Radio Pichincha

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“Hoy día se ha hecho justicia mediante una sentencia jurídica. El fondo es que el Estado ecuatoriano jamás fue perjudicado por este contrato”, dijo el exministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor.

La decisión del tribunal se expuso la mañana del 10 de noviembre. En el caso Singue está involucrados el exvicepresidente de la República Jorge Glas, el exministro de Hidrocarburos Wilson Pástor, el exministro de Energía Carlos Pareja Yanuzzeli y otros exfuncionarios del gobierno de Correa.

¿Glas puede salir en libertad?

Según el artículo 55 del Código Integral Penal (COIP), la acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de cuarenta años. Por el contrario, en una entrevista para Ecuador Verifica, el penalista Pablo Encalada explicó que el beneficio de acumulación de penas se debe aplicar.

“La falta más grave absorbe a la menos grave y la prelibertad sería aplicable con el 40 % de la pena cumplida. Entonces, el delito de 8 años por cohecho absorbe el delito de 6 años por asociación ilícita y con 3 años con 2 meses en prisión, Glas podría acceder a dicho beneficio”, manifestó en 2021.

Sin embargo, una de las trabas para acceder a la acumulación de penas hasta ese momento, era la sentencia pendiente del caso Singue. Según el artículo 254 del reglamento del SNAI, es un requisito no tener juicios pendientes para acceder a este beneficio penitenciario. Actualmente, con la resolución del caso Singue, ahora la libertada por acumulación de penas privativas puede ser una salida para Jorge Glas.

Por otro lado, Radio La Calle habló con el abogado Paul Ocaña de la firma POM Servicios Legales Integrales, empresa a cargo de la defensa de Carlos Pareja Yanuzzeli, manifestó que uno de los argumentos presentados fue la nulidad del proceso de acuerdo al artículo 652 del COIP.

Según este artículo, se puede declarar nulo un proceso si existe indefensión para las partes procesales. En este caso, se indica que el Informe de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría General de Estado (CGE) tenía un efecto de caducidad.

En este sentido, la Ley Orgánica de la CGE dice que para emitir ese informe tienen un plazo de 180 días improrrogables. Para el caso Singue se envió el IRP en el día 226 «eso hace que se declare la caducidad de dicho IRP y eso hace que vuelva nulo», dijo Ocaña.

Este documento es importante porque es un requisito de procedibilidad para iniciar con el proceso legal en contra de las personas implicadas en el caso.

 ¿Cuántos años va preso?

El exvicepresidente se entregó a la justicia a inicios de octubre de 2017. Fue condenado por dos casos de corrupción. El primero por asociación ilícita en la trama de corrupción de la petrolera brasileña Odebrecht, en la cual recibió seis años de prisión. El segundo caso por cohecho (coimas) por financiamiento ilegal para las presidenciales de Alianza País (AP); aquí recibió ocho años de cárcel.

Caso Singue

En 2015, el portal Focus, en el trabajaba Fernando Villavicencio, supuestamente reveló varios actos de corrupción en la entrega del campo Singue para su explotación petrolera.

Para 2017, la Contraloría emitió un informe de examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución suscritos entre el Estado ecuatoriano y el consorcio ecuatoriano Dygoil-Gente Oil Ecuador. Según la autoridad, halló presuntos incumplimientos e indicios de responsabilidad penal.

Ya en 2019, la Fiscalía decidió investigar el caso. El impulso fiscal inició la indagación por delito de peculado y determinó irregularidades en la estimación de cantidad petrolera para explotar el campo. Examinó el contrato de abril de 2012 durante la gestión del exministro y exviceministro de Hidrocarburos, Wilson Pastór y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente.

Finalmente, Pareja y Pastór, junto al exvicepresidente Jorge Glas y nueve funcionarios del entonces gobierno de Rafael Correa, fueron procesados por el delito de peculado en el denominado caso Singue.

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Las declaraciones de Pareja serían importantes para la mesa legislativa por las supuestas irregularidades en el caso Petrochina, por los contratos de preventa petrolera con la empresa asiática. Además, brindará su testimonio sobre el campo Auca.

“El Ejecutivo informa que en el marco de sus competencias brindará la seguridad y garantías correspondientes para que Yannuzzelli atienda la invitación de Fernando Villavicencio”, comunica el boletín.

Según Primicias, el ministro de Energía, Fernando Santos mencionó que cuando Pareja se posicionó como gerente de Petroecuador conocía el historial de Nilsen Arias y ordenó su cancelación. “el exgerente le confesó que el entonces vicepresidente Jorge Glas llamó (a Capaya) y le dijo: “no lo canceles, déjalo ahí”, reseñó el medio.

Condena Yannuzzeli

El exministro estuvo involucrado en la trama de corrupción de Petroecuador. Fue acusado de cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, peculado y lavado de activos. Se entregó a la justicia el 11 de agosto de 2017, y el 8 de septiembre firmó un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado (FGE). En el acuerdo se comprometió a proporcionar datos, instrumentos, bienes e información “precisa, clara y comprobable” sobre los autores directos o indirectos en el caso.   

Yannuzzeli fue a 37 años de prisión, que los cumple en la cárcel 4, al norte de Quito. Actualmente se lo investiga por el caso Singue junto a Jorge Glas. (N.J.C)

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Quito, 10 jun (La Calle). – La vicepresidenta administrativa de Gente Oil, Silvana Pastor conversó con Radio La Calle sobre el laudo final de un tribunal arbitral internacional que sentenció a favor de la empresa y obliga al Estado ecuatoriano a pagar USD 11 millones en torno al caso Singue.

¿Cómo termina el arbitraje internacional revisando el caso de Gente Oil y el Estado ecuatoriano?

En agosto de 2017, la Contraloría General del Estado emite un informe con indicios de responsabilidad penal y acusaciones civiles – administrativas ante algunos funcionarios. Dichas acusaciones también iban en contra de la empresa Gente Oil básicamente por un supuesto peculado en la adjudicación del Campo Singue.

La compañía decide en abril del 2018, al ver que no había intención judicial de aceptar las pruebas de descargo, iniciar un proceso arbitral, ya que se sintió que en las instancias locales se cometía una injusticia. Se plantean varios temas: las razones de incumplimiento del contrato a la compañía Gente Oil y el arbitraje se realiza por incumplimiento de contrato, lo que implicaba también el informe de Contraloría. Incumplimientos desde el punto de vista operativo: transporte de entrega de crudo, tarifas económicas y una glosa que incluía a la empresa.

¿Cómo analizan que Contraloría haga informes con irregularidades y generan el perjuicio al Estado?

Eso es el gran problema del país y que no permite desarrollarnos como industria sobre todo en la petrolera. Si pregunta a los funcionarios de esta industria, no se mueve nada porque le tienen terror a la Contraloría. Por más que los técnicos petroleros explican los temas, la Contraloría es un ente que lamentablemente en estos años, no es técnica.

La persona que hace el informe de Contraloría que lleva a todos estos procesos no tenía título, ni experiencia en el tema petrolero, no había hecho auditorias de este tipo. Nos exponemos a que personas sin conocimiento empiecen a evaluar las acciones de compañías multinacionales que quieren invertir, sin el menor conocimiento de cómo funciona la industria. El laudo de singue era muy esperado porque la mayoría de las empresas operan de la misma forma. Una tarifa que se negocia y un monto de reservas.

Este caso empieza en 2015 con la publicación de un artículo que denuncia irregularidades en el Campo Singue, publicado por Focus, un portal administrado por Fernando Villavicencio ¿Cuál es su opinión sobre ese tipo de denuncias donde no hay una certeza al 100%?

Yo critico al sistema judicial ecuatoriano. No puede ser que los ciudadanos estemos expuestos a cualquier denuncia infundada sin garantías de los derechos. Estamos propensos a denuncias y no hay una estructura judicial que proteja y busque la verdad.

Personas con intereses y malicia hay siempre, pero si el sistema de justicia fuera responsable y apolítico esto no pasaría.Si hay una denuncia mal infundada no debe pasar los filtros de Contraloría, Fiscalía o Procuraduría. No se puede usar el revanchismo político para llevar presa a gente inocente. Además de la pérdida de inversionistas. Es criminal.

¿Hay posibilidad de revertir esta sentencia? La Procuraduría solicitará una acción de anulación

Creo que no es posible. Ha sido contundente lo que hemos presentado. Obviamente la Procuraduría puede apelar, lo mismo hubiese sido si perdíamos nosotros. Los tribunales internacionales son bastante técnicos y no están politizados. Es muy difícil que se pueda anular. Habrá que ver cuáles son los resultados.

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Según el fallo, se confirmó la legalidad del contrato en la prestación de servicios en el Bloque Singue, en Sucumbíos, suscrito por esa empresa en 2012.

«El Tribunal Arbitral emitió el laudo final en el que confirmó que la actuación del Ecuador violó el Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos en el Bloque Singue, en la Amazonía (…) Ecuador pagará por daños patrimoniales y morales a Gente Oil», señala el boletín de prensa de la empresa petrolera.

El laudo final expresa que Ecuador incumplió el contrato en varios puntos y su actuación fue dolosa. Asimismo, sostiene que informes de la Contraloría General del Estado (CGE) están «erradamente analizados y son contrarios al equilibrio económico del Contrato». Además, añade que en el proceso penal, la Procuraduría General del Estado (PGE) «distorsionó los términos del Contrato y el cálculo de los supuestos daños sufridos por el Estado».

El tribunal es administrado por la Corte Permanente de Arbitraje y fue constituido bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1976.

Procuraduría se pronunció

El 7 de junio de 2022, La Procuraduría informó que la Corte Internacional dictó sentencia a favor de Gente Oil. Sin embargo, enfatizó que la petrolera solo consiguió el 11 % de los daños que solicitaba el tribunal, es decir USD 11 millones. La pretensión inicial fue de aproximadamente USD 92 millones.

La autoridad detalló que los incumplimientos contractuales del Ecuador fueron «daños por restricciones de transporte, costos por frustración de solución integral (adquisición de tubería), daños por la resolución 281 (disminución del ingreso disponible), entre otros».

Finalmente, precisó que esta condena al Estado no incide en la sentencia condenatoria dictada por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dentro del caso Singue, que involucra a exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa por el delito de peculado.

La Procuraduría resolvió plantear una acción de anulación del laudo ante los tribunales de Santiago de Chile, sede del arbitraje.

Caso Singue

En 2015, el portal Focus, en el trabajaba Fernando Villavicencio, supuestamente reveló varios actos de corrupción en la entrega del campo Singue para su explotación petrolera.

Para 2017, la Contraloría emitió un informe de examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución suscritos entre el Estado ecuatoriano y el consorcio ecuatoriano Dygoil-Gente Oil Ecuador. Según la autoridad, halló presuntos incumplimientos e indicios de responsabilidad penal.

Ya en 2019, la Fiscalía decidió investigar el caso. El impulso fiscal inició la indagación por delito de peculado y determinó irregularidades en la estimación de cantidad petrolera para explotar el campo. Examinó el contrato de abril de 2012 durante la gestión del exministro y exviceministro de Hidrocarburos, Wilson Pastór y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente.

Finalmente, Pareja y Pastór, junto al exvicepresidente Jorge Glas y nueve funcionarios del entonces gobierno de Rafael Correa, fueron sentenciados por el delito de peculado en el denominado caso Singue.

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La audiencia se instaló a las 11:00 en el Complejo Judicial de Latacunga. Édison Loaiza, abogado de Glas indicó que «la jueza resolvió, por el momento, negar la petición de la fase de la pena única», para este caso. 

La razón sería que todavía está pendiente la ejecución de la sentencia en el caso Singue. En ese caso, Glas recibió ocho años de cárcel por el posible delito de peculado en la adjudicación de ese campo petrolero ubicado en la Amazonía. 

Sentencia

Además de la de Singue, el exvicepresidente tiene otras dos condenas que ya están ejecutoriadas. Recibió seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht y ocho años por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016.

«Con la decisión indebida tenemos que poner recurso de apelación esperamos que se corrija el error de la jueza», expresó el abogado. Agregó que existen otras instancias y seguirán insistiendo. Jorge Glas está preso en la cárcel de Cotopaxi, desde hace cuatro años. 

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«El Tribunal de la Corte Nacional, con voto de mayoría, sentencia a ocho años de prisión a los procesados Carlos P., Jorge G. Wilson P y César G. como coautores del delito de peculado; y, a cuatro años a José B., Ramiro C. y Andrés D., como cómplices», indicó la FGE en un comunicado.

Los jueces también dispusieron el pago de USD cinco millones como reparación integral a favor del Estado ecuatoriano. El monto se asumirá de forma proporcional, de acuerdo al grado de participación de todos los sentenciados.

Sentencia a Glas

De acuerdo con los magistrados, el exvicepresidente y los demás coautores tenían información privilegiada y la utilizaron para entregar el contrato del campo Singue a Gente Oil para beneficio propio.

Como sentencia simbólica se dispuso la publicación de la sentencia en tres diarios de difusión nacional. Así como la expresión de disculpas públicas por parte de los sentenciados.

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