En el audiovisual de 10 minutos, la autoridad responde a ciertas preguntas con relación a este caso. Expresó que no existía solo «una agenda de hello kitty» sino varias agendas que encontraron en el departamento de Pamela Martínez. Tanto Martínez como Laura Terán se acogieron a la cooperación eficaz, ya que – de acuerdo a la fiscal – quería información de los líderes de la estructura. Salazar agregó fue escéptica respecto a los computadores en Carondelet, donde se encontrarían los archivos verdes. Sobre el influjo psíquico, dijo que si bien no está en la legislación ecuatoriana, utilizó la figura para definir la participación del actor mediato.

Sobre una presunta persecución que rebasa lo político, la autoridad dijo que «ese es el precio que he tenido que pagar por tocar a un intocable. A quien se creía dueño, no solamente de todos los poderes, sino dueño del país, la conciencia y voluntad de las personas». Agregó que «lo último que les queda es venir por mí. Venir a matarme porque no han tenido las herramientas jurídicas para separarme del cargo».

¿Qué dijo Rafael Correa?

«¿Para qué seguir desmintiendo a esta señora? Ni siquiera sabe lo que dice la sentencia… Es sencillo: permitan pericia informática al supuesto computador de Laura Terán, donde se «encontraron» los archivos verdes. Verán que fueron sembrados en el 2019 por órdenes de esta corrupta. Estaremos esperando», escribió en su cuenta de X, el exmandatario.

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Este recurso lo impuso el ciudadano Juan Antonio Romero en Balsas, provincia de El Oro, el 8 de marzo de 2023.

A la audiencia del 30 de marzo, en la que se analizaría esta medida, asistieron los demandantes y la contraparte con representantes del Ministerio de Finanzas y la Procuraduría.

Según la parte defensora, todos los derechos constitucionales de Glas se vulneraron después de haber sido electo vicepresidente por dos ocasiones.

En una nueva audiencia del 6 de abril, Aguilar expresó su fallo oral y ordenó que se reintegre la pensión vitalicia, según información extraoficial que recogió Primicias.

Sin embargo, esta decisión aún no oficializa a todas las partes, por lo que aún no está vigente.

El día que lo dejaron sin pensión

El Ministerio de Finanzas retiró la pensión vitalicia al expresidente Rafael Correa y a su binomio Glas en septiembre de 2020. La medida se tomó luego de que la Ley de Servicio Público se reformara.

Con estas modificaciones la remuneración vitalicia se suspendería a los mandatarios sentenciados por peculado, cohecho o concusión.

Caso Sobornos

El Caso Sobornos investigó una red de corrupción en la que empresas públicas entregaron dinero para la campaña presidencial en el período 2012-2016 a cambio de contratos con el Estado.

El 7 de abril de 2021, un tribunal declaró culpable del delito de cohecho a Correa y Glas, los sentenció a ocho años de cárcel y a la pérdida de sus derechos políticos por 25 años. La sentencia también pesa sobre 16 personas más. Pamela Martínez y Laura Terán tuvieron una rebaja en su condena por colaboración con la Fiscalía. (N.J.C)

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El cese de funciones del periodista se da después de que en una entrevista mencionara que no encontró vínculos entre el expresidente Rafael Correa y el presunto entramado de corrupción del Caso Sobornos (2012-2016) por el que fue sentenciado a ocho años de prisión.

Además, en dicha entrevista también calificó de «pendejo» a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso y presunto líder de la estructura criminal «El Gran Padrino».

«Hoy he convocado a junta geenral de accionistas de TC Televisión para poner a su disposición mi cargo como gerente del canal. Recibí una empresa quebrada y la dejo solvente; recibí un canal en cuarto lugar de sintonía y lo dejo en primer lugar. Cuando me vaya diré por qué me voy», publicó en redes sociales.

El 23 de marzo, Cuesta aseguró que no halló indicios que involucren a Rafael Correa. Además, señaló que el único «argumento» que encontró fue el «influjo psíquico», un recurso que ha sido cuestionado por varios juristas e incluso por figuras de la derecha política.

«Estoy haciendo un trabajo sobre los juicios penales a los expresidentes de la República, entre ellos Rafael Correa, y no encuentro nada contra él», refirió.

Cuesta mencionó que, fuera del influjo, no halló un concepto o tema específico en toda la documentación. También, enfatizó que la Fiscal general del Estado, Diana Salazar, actuó con cálculo político cuando investigaba el caso, así lo mencionó en La Posta.

Sobre el caso

El caso Sobornos 2012-2016 es una supuesta red de corrupción en la que se acusa a Correa y otros altos exfuncionarios de su gobierno de haber recibido presuntas coimas para la campaña de las elecciones seccionales de 2014.

Esto ha sido muy cuestionado tanto nacional como internacionalmente debido a que el exmandatario fue sentenciado por influjo psíquico. La «prueba principal» de la Fiscalía habría sido un cuaderno de la exasesora presidencial Pamela Martínez, en donde estarían escritos los montos de los sobornos.

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«(Sobre el caso Sobornos) me parece que eso fue estirar el derecho de una forma que yo no había visto antes, así como pasó con muchos otros casos en el pasado. Soy abogado y profesor de universidad durante 15 años y honestamente he visto cosas en el derecho que jamás pensé que iba a ver», mencionó Jiménez, quien añadió que el caso presenta muchas «interrogantes».

El caso Sobornos 2012-2016 es una supuesta red de corrupción en la que se acusa al expresidente Rafael Correa y otros altos exfuncionarios de su gobierno de haber recibido presuntas coimas para la campaña de las elecciones seccionales de 2014. El caso desembocó con la condena de varios años de cárcel a la mayoría de los involucrados, incluyendo a Correa.

El caso ha sido muy cuestionado tanto nacional como internacionalmente debido a que el exmandatario fue sentenciado por influjo psíquico y la prueba principal de la Fiscalía habría sido un cuaderno de la exasesora presidencial Pamela Martínez, en donde estarían escritos los montos de los sobornos.

Otras declaraciones

El exministro de Gobierno de Lasso manifestó que la libertad de prensa siempre tiene una contracara. Reiteró que el régimen es el que más ha impulsado esa libertad.

Por otra parte, ante el posible escenario sobre un juicio político hacia el presidente, espera que no fuercen los mecanismos para ello, como sucedió el año pasado. Esto reforzaría la inestabilidad política, refirió.

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Para el exjuez español, Baltasar Garzón, el Poder Judicial ecuatoriano ha sido usado como un instrumento del Derecho para la persecución política.

El comentario lo hizo como parte de una entrevista en Radio Pichincha cuando hoy, a un día del fallo de la nulidad de la sentencia del caso Singue, se analizará en un Seminario Internacional el caso Sobornos, en el que fueron condenados el expresidente Rafael Correa y varios funcionarios de su Gobierno.

Previo a referirse al caso Sobornos, analizó lo que sucedió ayer con el caso Singue, en el que uno de los procesados era el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, que compartió el primer período presidencial de Correa.

Dijo que el Seminario se va a dar en un momento cuando la justicia se cae, al admitir una vulneración del debido proceso que motivó la declaratoria de nulidad del caso Singue.

“Resulta casi inverosímil lo que ha ocurrido porque si se analiza el caso hubo una inconsistencia de todos los elementos de prueba. Las irregularidades nos llevan a considerar que hubo algo diferente a lo que fue el debido proceso y a una eliminación de lo que fue el adversario”, expresó.

Luego del caso Singue, dijo que es preciso hablar del caso Sobornos, el cual debe continuar por el lado de la lucha internacional ante los organismos interamericanos de Derechos Humanos.

Contó que en Naciones Unidas ya está al tanto del caso un Comité, luego de lo expuesto por el relator judicial que ha dicho que se ha dado una utilización perversa dirigida a personas como Correa y funcionarios de su Gobierno.

“Se ha dado una auténtica persecución política con la instrumentación del Derecho Penal que lo usan con frecuencia cuando se trata de perseguir a líderes”, expresó.

Garzón fue conocido por ordenar la prisión del ya fallecido exdictador chileno y senador vitalicio Augusto Pinochet por los delitos de genocidio y terrorismo, lo que le costó estar inhabilitado como juez. Para él, la justicia al igual de lo que sucede en el caso Sobornos fue usada como un instrumento de persecución.

Dijo que antes las persecuciones eran con estrategias militares, con el fin de tomar el control de las democracias. Pero que ahora es una guerra judicial.

Explicó que -años atrás- por la década del 70 se usaba la violencia física hasta el punto de la eliminación y la impunidad. Mientras que hoy ese tipo de acciones quedaron de lado, salvo en casos contados, debido a que se produce la utilización del Derecho Penal como un arma de guerra jurídica contra oponentes políticos.

Precisó que la idea es acabar con el oponente que piensa distinto y esa estrategia se emplea contra los líderes progresistas que han gobernado países por algunos años y se los quiere perseguir para que no vuelvan.

Expuso que en el caso Sobornos, la sentencia salió cuando Correa tenía la posibilidad de ser candidato y se quebraron normas.

“Cualquier jurista que lea con imparcialidad esa sentencia se escandaliza, cuando se habla de influjo psíquico. ¿Qué es el influjo psíquico?”, exclamó.

El jurista mencionó que el influjo psíquico es una actitud íntima que es imposible de concretarla ni siquiera en libre interpretación por parte de la justicia.

Garzón manifestó que el relato usado en el fallo es incomprensible y que el Derecho debe ser entendido.

“Hay un uso de pruebas espurias y hasta se redacta un testimonio en un vuelo, lo cual es preocupante porque se le dio una “consistencia” a una sentencia”, subrayó y acotó que el Poder Judicial realiza una persecución política instrumentada a través del Derecho.

Al referirse a Glas aclaró que no hay imparcialidad y eso se ha visto sobre sus pedidos de habeas corpus.

“La actuación ha sido arbitraria no solo hacia afuera, sino adentro armando consejos transitorios de la magistratura para ir acomodando las instituciones”, recalcó.

En este contexto y tras el fallo de ayer, puntualizó que la liberación de Glas es inaplazable y que su caso formará parte de una historia macabra en el devenir de un país. Sin embargo, consideró que habrá soluciones como lo que sucedió con Lula, en Brasil, aunque el daño está causado y la vida rota.

“Debería haber una exigencia popular para saber lo que está sucediendo con las instituciones”, expresó y agregó que hay un mal uso del Derecho también en otros ámbitos.

Mientras, en el caso Sobornos puntualizó que ya hay el camino trazado en el ámbito internacional para establecer la arbitrariedad en el proceso.

Redacción Radio Pichincha

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Al menos es lo que aparece en sus datos de Facebook y Twitter donde coloca como empleo: coordinadora de Prevención del delito del Ministerio del Interior. La página de transparencia de dicha cartera de Estado solo refleja datos de su nómina hasta 2018, muchos de ellos sin ningún documento.

Mantilla y el Caso Sobornos

El expresidente Rafael Correa, uno de los sentenciados por este caso bajo el delito de peculado, expuso la información en su Twitter. «¿Recuerdan a la «imparcial» e inepta falsa perita del Caso Bochornos ? Hoy es agenciosa funcionaria del Ministerio del Interior en el Gobierno de Lasso. ¡Descarados!», escribió.

La aseveración de falsedad es un asunto serio. Mantilla fue la perita de este caso sin tener una formación académica que respalde su trabajo. Es licenciada en Ciencias de la Educación en Administración Educativa por la Universidad Politécnica del Ejército (ESPE) y magister en Gerencia y liderazgo educacional por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

Alexandra Mantilla fue la última testigo de Fiscalía en el proceso de juicio del Caso Sobornos. La testigo afirmó que los implicados en el Caso Sobornos Forman una estructura delictiva. Sus conclusiones afirmaron que el modus operandi de los implicados en el Caso Sobornos “pertenecen a una estructura con niveles” y que entre sus motivaciones están el dinero y el poder.

Si, pero no

Sin embargo en un video grabado en el domicilio de otro de los sentenciados, Alexis mera, exsecretario jurídico de Presidencia, la propia Mantilla afirma que el Fondo Solidario de la Presidencia de la República tiene un origen legal y su fondo es humanitario. Dejando sin piso la prueba de Fiscalía que finalmente fue presentada en el juicio.

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Mantilla aparecía como perito en el sistema del Consejo de la Judicatura, inscrita en julio del 2019. Tras conocerse que un perito, según la jurisdicción mexicana, debe tener estudios relacionados al área de trabajo, la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León; la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística y el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses informaron al Ecuador la decisión de revocar algunas distinciones por las acusaciones de supuesta ilegalidad.

Ahora, al realizar la búsqueda en el sistema con su nombre y C.I. ya no aparece en los registros.

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En su perfil de LinkedIn también consta su trabajo en el Ministerio del Interior. En la parte de Educación aparecen diplomados que no están en el sistema de títulos del Senescyt, así como un título de abogada por la Universidad Metropolitana que tampoco se encuentra en Senescyt. (MIB)

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Mera fue condenado a ocho años de prisión por ser coautor del delito de cohecho en el caso «Sobornos 2012-2016». La Fiscalía, como respuesta a la notificación de la CNJ, acotó que tal caso fue conocido y ratificado por diez jueces de la Corte.

Además señala que el recurso entrará a sorteo entre los jueces de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte, para el trámite respectivo. La Fiscalía también expresa que respeta la independencia de funciones, pero, preocupada por los últimos acontecimientos de conocimiento público, exhorta a la Corte que trate el recurso «en estricto derecho».

También hace un llamado a que la opinión pública se mantenga vigilante de las actuaciones judiciales. Ante ello, la Corte Nacional aclaró en un comunicado que aún no se ha dado trámite ni resolución alguna sobre el recurso de revisión solicitado por Mera. Es decir, la Corte aceptó el recurso planteado por Mera pero aún no lo ha tratado.

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«Una vez que sea sorteado el Tribunal de revisión, este resolverá en tiempo oportuno la impugnación propuesta con apego estricto al derecho, luego de escuchar en igualdad de condiciones el debate de los sujetos procesales», reza el comunicado.

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Glas y su defensa solicitan que las penas del caso Sobornos y Odebretch se unifiquen, lo que lo dejaría con una pena de 8 años de prisión y la posibilidad de buscar la prelibertad. Su abogado insiste en que la sentencia del caso Singue todavía no está ejecutoriada por lo que no entraría en la unificación.

«No pretendemos hacer unificación de penas con una sentencia que no está ejecutoriada y que puede cambiar la situación jurídica del ingeniero Glas y se le ofrezca una pena única de 8 años», dijo su abogado Roberto Carranza.

Por Sobornos, el exfuncionario paga una condena de 8 años por delito de cohecho, mientras que en Odebretch, la pena es de 6 por el delito de asociación ilícita. Aunque Carranza hizo la solicitud, también informó que ya no defiende al exvicepresidente y no se sabe quién acudirá a la audiencia.

Ricardo Rivera

El tío de Jorge Glas, Ricardo Rivera, saldrá de prisión para cumplir su pena en un régimen semiabierto, es decir, en su domicilio con vigilancia de las autoridades carcelarias.

Rivera fue condenado junto a su sobrino en el caso Odebretch por asociación ilícita. El pedido fue tomado en cuenta debido a que el ciudadano ya cumplió el 60% de la pena privativa de libertad.

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El 7 de junio del 2021, la Procuraduría solicitó la ejecución forzosa de este proceso y el embargo de las cuentas bancarias de los sentenciados, porque no cumplieron, en el plazo establecido, el pago de la reparación integral al Estado.

Ahora, la Procuraduría solicitará al mismo Tribunal que disponga el embargo de los bienes muebles e inmuebles, registrados a nombre de los sentenciados. En el
proceso fueron declarados culpables el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros funcionarios de su gobierno.

En agosto del 2020, la Procuraduría General del Estado conformó la
Unidad de Recuperación de Activos. Según informó la institución, es a través de esta instancia «que se realizarán todas las gestiones para recuperar los recursos obtenidos de manera ilícita y que sean devueltos al Estado».

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El procurador Íñigo Salvador informó que ya recibió la notificación formal y continuará con el proceso de recuperación de activos de todos los casos parte del fuero de Corte, particularmente del Caso Sobornos.

“No crea nadie que porque estoy amenazado con juicio político por aquella bancada de la que provienen justamente los condenados, en el Caso Sobornos, voy a dejar de ejercer mi función de recuperar los dineros del Estado. Con los delincuentes no se tiene ninguna conmiseración. Yo no la voy a tener por más amenaza de juicio político que tenga”, dijo.

En septiembre, el Tribunal de Juzgamiento resolvió inhibirse de continuar con la sustanciación de la ejecución y remitir al juez de primer nivel de la Unidad Judicial, donde estén domiciliados los 20 sentenciados, para que continúe ejecutándose el fallo. Esto por algunos criterios referentes a la competencia para ejecutar la sentencia dictada en procesos penales, cuyo juzgamiento se sustanció en la Corte Nacional de Justicia, en razón del fuero personal.

La Corte Nacional, en octubre, emitió una resolución aclaratoria sobre la competencia de los juzgadores, que deben conocer la reparación integral a favor de las víctimas. Se precisó que los jueces competentes para ejecutar la reparación integral son aquellos que dictaron la primera sentencia condenatoria.

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A criterio del especialista, existieron violaciones al debido proceso, como utilizar un tipo penal indeterminado, al invocarse solo la Constitución Política, por parte de la Fiscalía.

En un informe de julio del 2021, García-Sayán sostiene que el proceso se realizó dentro del marco de la reforma institucional, determinada en el referendo del 2018, que creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).

Afirma que, entre otras cosas, esta entidad modificó la forma de evaluar, nombrar y sustituir jueces, con injerencia del poder Ejecutivo.

“En abril de 2018, el Consejo inició el procedimiento para la evaluación del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura estaba desarrollando una examinación competitiva, en base al mérito, para nombrar las vacantes en la rama judicial. Al iniciar el proceso de evaluación, el Consejo Transitorio ordenó que dicho concurso fuera suspendido, lo cual sería una señal del rompimiento de la división de poderes y la interferencia en la justicia”, señala el informe.

Asimismo, indica que, en la información referente al proceso en contra de los empresarios Phillips Cooper y Fontana Zamora, también investigados en el caso “Sobornos”, se alegan hechos violatorios vinculados a la falta de independencia judicial y de imparcialidad de los jueces y otros operadores de justicia.

En las violaciones en este proceso específico, así como en el contexto general de las reformas judiciales realizadas a partir del Referendo del 2018, estaría incluida la Fiscalía General.

La conclusión del Relator es que se trataría de un caso de persecución política, dada la indebida utilización del aparato de administración de justicia. El objetivo habría sido impedir la participación de Rafael Correa, en las elecciones del 2021.

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«La Procuraduría General del Estado envió al tribunal de ejecución de la Corte Nacional de Justicia la solicitud de inicio de la ejecución forzosa y orden de embargo de valores en cuentas bancarias. Entre ellos figura el expresidente Rafael Correa; el exvicepresidente, Jorge Glas; y, los exministros y exfuncionarios de su gobierno sentenciados dentro del caso Sobornos 2012-2016», informó el viernes Ecuavisa.

La justicia de Ecuador sentenció a 20 personas acusadas de formar parte de una estructura delictiva que pedía sobornos a contratistas del Estado para financiar las campañas de Alianza País (AP). Entre los sentenciados están Correa, Glas, varios de sus funcionarios y empresarios privados.

El 27 de mayo finalizó el plazo para que los sentenciados paguen la reparación al Estado por USD 14,7 millones fijado en la sentencia.

Ante el incumplimiento, dicha entidad estatal solicitó el embargo de las cuentas que figuran a nombre de 18 condenados. También pidió como la transferencia de estos valores a la cuenta del Consejo de la Judicatura y a la cuenta del Tesoro Nacional. Hasta el momento dos empresarios privados pagaron la parte proporcional de la reparación que les corresponde.

En el caso de un contratista fallecido hace dos meses, condenado dentro del mismo proceso, la Procuraduría solicitó que se notifique con la orden de pago a los herederos. Tras el embargo de las cuentas bancarias de los sentenciados, la Procuraduría solicitará la misma acción sobre los bienes muebles e inmuebles de los condenados. El fallo en el caso de sobornos quedó ratificado en última y definitiva instancia a mediados de septiembre. Un Tribunal de Casación de la CNJ negó los recursos de aclaración y apelación interpuestos por varios sentenciados. Correa y los demás implicados fueron sentenciados a 8 años de prisión. El expresidente reside en Bélgica desde 2017.

Fuente: Sputnik

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De la maldad humana – Opinión

El pasado lunes 21 de diciembre unos señores, dizque eran jueces, junto al Procurador del Estado han colocado en la pared del Palacio de Gobierno una placa como parte de la reparación simbólica al Estado por el caso Sobornos 2012-2016. Me preguntó, ¿qué perturbada cabeza habrá tenido semejante idea?

La justicia ecuatoriana dictó la sentencia y allí debió haber terminado su rol. ¿Cuál es el interés de esta operación de propaganda política? ¿Por qué seguir abonando a las sospechas de irregularidad de la sentencia? Los autores del show deberían saber que la historia no es una simple transcripción de textos, aunque estén grabados en el mármol. La historia es, sobre todo, la crítica de los textos que permite aclarar los hechos. La placa en cuestión nos habla más de quiénes la mandaron a colocar que de las personas cuyos nombres se inscribieron.

Que de la pandemia saldríamos mejores seres humanos, eso se decía durante el primer confinamiento. Debo confesar que desde el inicio no me convencía la idea de la conversión milagrosa del ser humano. Y después de ver este gesto de la maldad humana creo menos todavía. Se sabía de la injerencia del poder político en la justicia, pero pensar en un país donde exista una policía política de la moral en lugar de la verdadera justicia… Solo pensarlo da escalofríos.

La placa, en efecto, muestra la voluntad de humillar al condenado y no la de hacer justicia. También hay la voluntad de infundir miedo, porque la pena que recae sobre el individuo ha sido extendida a un periodo preciso y solapadamente a la ideología de ese Gobierno.

Como la oligarquía no se puede permitir adjuntar a su pesado fardo una segunda hoguera barbara han creído que una placa con los nombres de sus adversarios serviría para estigmatizar sus apellidos y su ideología. Me pregunto, ¿qué va a pasar con la placa una vez que estas personas cumplan con la pena? Y si las cortes internacionales dicen lo contrario de la sentencia ecuatoriana, ¿pondrán otra placa pidiendo disculpas? ¿Quién va a pagar las reparaciones a estas personas que han sido humilladas por el poder público? ¿Cuál será la próxima sentencia, hacerlos desfilar desnudos en la procesión de Jesús del Gran Poder para que reciban los escupitajos de la gente? ¿O los van a obligar a llevar una escarapela amarilla pegada en el pecho?

Esta práctica de infundir miedo es tan antigua como la maldad humana, pero, en pleno siglo XXI, ¿qué habrán hecho de terrible estas personas para ser tratadas de esta manera? Pues otros antes ya habían cometido peores crímenes y sin embargo no han merecido tal trato. ¿Por qué? ¿Será que no se está castigando un delito? ¿Será que no se busca hacer justicia sino ejecutar una venganza?

Finalmente, ¿por qué escoger el Palacio de Gobierno para colocar esa placa? ¿Por qué no en la sede, sí la hay, de alguna de las empresas que habrían participado en los sobornos? El acto es de un irrespeto absoluto a las instituciones republicanas, pues con él se insinúa que la presidencia de la República es un antro de corrupción. Las formas y las palabras en política tienen un sentido. Lo que se ha hecho ha sido estigmatizar a una institución en lugar de castigar un delito cuya responsabilidad es individual. ¿Qué tiene que ver la presidencia en todo esto? Si a los autores del sainete no les gusta la forma republicana del Estado, colocar una placa en las afueras del palacio presidencial ha sido la mejor forma de hacérnoslo saber.

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La placa tendrá la siguiente frase en quichua y español: «los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética».

Como se mencionó el procedimiento forma parte de la sentencia del Caso Sobornos 2012-2016, una trama de corrupción que involucra al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glas y 18 personas más.

León Saquicela y León Rodríguez, jueces del Tribunal de Ejecución, estarán presentes en el acto para verificar que la placa esté, efectivamente, en el Palacio de Gobierno, tal como indica la sentencia. La PGE utilizó parte de la indemnización que los procesados debían pagar por su culpabilidad en este delito.

Otros puntos de la sentencia

Correa y Glas recibieron una condena de ocho años de prisión por instigación, además perdieron sus derechos políticos por 25 años. Tampoco percibirán sus pensiones vitalicias por sus períodos como presidente y vicepresidente, respectivamente. Tanto Correa como Glas deberían pagar USD 778.224 como indemnización.

Las 20 personas implicadas en el Caso Sobornos también deberán ofrecer disculpas públicas en la Plaza de la Independencia. Los jueces todavía no definen una fecha para este acto. El procurador Índigo Salvador lamentó que varios de los involucrados estén prófugos. Las disculpas, entonces, las ofrecerán quienes estén en manos de la justicia.

Sobre el curso de 300 horas sobre ética laica y transparencia en la administración pública, el tribunal delegó a Fiscalía y Procuraduría General del Estado como las responsables de ejecutar ese pedido.

El trámite de extradición para los ciudadanos en este caso que se encuentran fuera del país está en fase de ejecución.

La Corte Nacional de Justicia puso en conocimiento de la Interpol la sentencia y solicitó la emisión de alerta roja.

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El 7 de octubre pasado, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) solicitó a la Interpol el arresto de Rafael Correa Delgado por su supuesta participación en el denominado “Caso Sobornos”.  El expresidente recibió una condena de ocho años de prisión e inhabilitación política por 25 años. En este mismo caso recibieron condena 20 ciudadanos entre funcionarios y empresarios.

Violación a los derechos humanos

Desde finales de 2018, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), rechaza los pedidos de alerta roja solicitados por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador (CNJ) en contra del expresidente Rafael Correa. Errores técnicos en los pedidos, pero sobre todo afectaciones a los derechos humanos terminan anulando los pedidos.

Para la Comisión del Control de Ficheros de la Interpol, los pedidos de localización, detención y extradición en contra del exmandatario “no son compatibles con los acuerdos de cooperación dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 2 de los Estatutos de Interpol)”. Así rezan los comunicados de la entidad. La comisión es la encargada del tratamiento de datos personales para cumplir con la normativa de la organización.

El Gobierno de Moreno ha solicitado alerta roja contra Correa en dos causas: 1) como “autor intelectual” del secuestro del activista político Fernando Balda, ocurrido en Colombia, en 2012, y 2) como “autor mediato por instigación” en el Caso Sobornos, en el cual fue sentenciado a ochos años de prisión el pasado 7 de septiembre del año en curso.

Rechazos de Interpol por Caso Balda

En julio de 2018, Daniela Camacho, jueza del caso Balda, ordenó prisión preventiva para Correa y la CNJ emitió al director de la Interpol en Quito un pedido de localización y captura en su contra. Sin embargo, el 5 de diciembre, Interpol “tras haber examinado detenidamente todos los elementos” declaró improcedente la solicitud por ser incompatible con el artículo 2 de los Estatutos del organismo internacional y por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Comisión de Ficheros.

Este último contempla las decisiones de presentación de “elementos, resumen del procedimiento, exposiciones de las partes, declaración de los hechos, aplicación de normas Interpol y un análisis de los argumentos jurídicos y las partes operacionales”, reza el artículo 38.

Frente a la negativa, en marzo de 2019, la jueza Camacho solicitó un pedido de revisión a la notificación de alerta roja. La CNJ argumentó que la nueva información proporcionada era válida (declaratoria de prófugo de Correa y auto de llamamiento a juicio). No obstante, en abril, Interpol negó la petición considerando que no fueron argumentos suficientes en ninguno de los artículos antes mencionados.

Rechazos de Interpol por Caso Sobornos

En junio de 2019, el fiscal subrogante, Wilson Toainga pidió a la Policía Internacional que localice la nueva dirección de domicilio de Rafael Correa. Esta vez el impulso fiscal fue la participación del líder de la Revolución Ciudadana en el caso Arroz Verde, mejor conocido como Caso Sobornos. Los funcionarios del consulado en Bélgica no pudieron notificar a Correa para que rinda su versión del caso en la dirección proporcionada.

Sin embargo, su defensa, Fausto Jarrín, señaló no existe obligación jurídica de notificar a nadie si se cambia de domicilio. Interpol no respondió.

El 10 y 31 de julio de 2020, Interpol nuevamente negó la difusión roja contra Correa por “ser incompatible con Derechos Humanos (art. 2 de la Constitución de Interpol)”, manifiesta el comunicado. Además, la institución señaló que no hay información adicional sobre el caso, no se cumplieron los requisitos para asegurar la efectiva cooperación y la misma procedió “eliminar esta información”

Análisis para una alerta roja

Interpol notifica una alerta roja tras un riguroso análisis de los “datos enviados por la entidad judicial solicitante”, según el artículo 84 del reglamento del organismo.

Estos datos deben ser suficientes deben contar con:

-Exposición de los hechos.

-Una descripción clara y precisa de las actividades delictivas de la persona buscada, fechas y lugares donde se cometieron los presuntos delitos.

-La Policía Internacional, bajo estos dictámenes, considera que la información otorgada por la CNJ del Ecuador es insuficiente. (GG)

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Desde que dejó la Presidencia, el expresidente Rafael Correa hizo de Bélgica su nuevo hogar, desde el cual ha intervenido tanto en la política ecuatoriana, como en el espectro académico.

   «Bélgica no permitiría que se atropellen las garantías de un conciudadano europeo. Es padre de ciudadanos belgas y casado con una ciudadana de ese país, » , dijo Jarrín.

El sistema judicial ecuatoriano oficializó el pedido de notificación roja de Interpol en contra de Correa y otros sentenciados en el caso conocido como Sobornos 2012-2016.

Dicha acción implica que en las próximas horas se hará una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para detener a los sentenciados.

Los involucrados fueron acusados de formar parte de una estructura de corrupción. Instituciones del Estado entregaron contratos a cambio de recursos para financiar campañas políticas de Alianza País (AP), señala la Justicia Ecuatoriana».

La negativa de Interpol

El abogado del expresidente dijo, en diálogo con Sputnik, que Interpol se va a negar al pedido de la justicia como lo hizo en dos ocasiones anteriores.

  «Es cuestión de que revisen las primeras líneas de la sentencia. Es una barbaridad en la que suscribieron los jueces y el absurdo procesal que impulsó la Fiscalía «, explicó.

En el proceso de casación rompió todos los récords de tiempo y que en la sentencia se habló de «influjo psíquico», a través del cual el expresidente irradiaba la intención de cometer delitos.

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«Hasta el momento, habiendo transcurrido trece días desde la fecha en que se dispusiera la localización y captura sin que se conozca de sus paraderos, tanto más que de algunos sentenciados incluso es de conocimiento público que no estarían en el país. Se dispone que se proceda con la notificación roja de Interpol de todos los antes indicados sentenciados».

Notificación del juez Iván León.

La notificación roja implica que en las próximas horas se hará una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener a los sentenciados.

Al conocer sobre el pedido del juez, Correa dijo el 7 de octubre en su cuenta de Twitter.

Además de Correa, entre los sentenciados están el exvicepresidente Jorge Glas (en prisión desde 2017 por corrupción ligada al caso Odebrecht); el exsecretario jurídico Alexis Mera; los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís; la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri, y 10 empresarios privados, sentenciados a ocho años de cárcel.

La sentencia

El pasado 7 de septiembre un Tribunal de la Corte de Justicia de Ecuador negó el recurso de casación interpuesto por Correa y los otros implicados en el caso. De esta manera, la sentencia quedó en firme.

Según la sentencia de casación, Correa y Glas instigaron a la exasesora Pamela Martínez «para que arme la distribución de los sobornos y el sistema ilícito en una oficina paralela a la Presidencia de la República»; Glas, por su parte, «instigó desde los sectores estratégicos y luego como Vicepresidente de la República y líder de su movimiento político para obtener los recursos económicos».

De acuerdo con la sentencia, el Estado debe recibir una reparación integral de 14,7 millones de dólares.

Al momento, Correa, quien ha negado insistentemente los cargos y se ha declarado perseguido político, reside en Bélgica, país de origen de su esposa. 

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Para la Comisión del Control de Ficheros de la Interpol, los pedidos de localización, detención y extradición en contra del exmandatario “no son compatibles con los acuerdos de cooperación dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 2 de los Estatutos de Interpol)”. Así rezan los comunicados de la entidad. La comisión es la encargada del tratamiento de datos personales para cumplir con la normativa de la organización.

El Gobierno de Moreno ha solicitado alerta roja contra Correa en dos causas: 1) como “autor intelectual” del secuestro del activista político Fernando Balda, ocurrido en Colombia, en 2012, y 2) como “autor mediato por instigación” en el Caso Sobornos, en el cual fue sentenciado a ochos años de prisión el pasado 7 de septiembre del año en curso.

Análisis para una alerta roja

Interpol notifica una alerta roja tras un riguroso análisis de los “datos enviados por la entidad judicial solicitante”, según el artículo 84 del reglamento del organismo.

Estos datos deben ser suficientes deben contar con:

-Exposición de los hechos.

-Una descripción clara y precisa de las actividades delictivas de la persona buscada, fechas y lugares donde se cometieron los presuntos delitos.

-La Policía Internacional, bajo estos dictámenes, considera que la información otorgada por la CNJ del Ecuador es insuficiente.

Rechazos de Interpol por Caso Balda

En julio de 2018, Daniela Camacho, jueza del caso Balda, ordenó prisión preventiva para Correa y la CNJ emitió al director de la Interpol en Quito un pedido de localización y captura en su contra. Sin embargo, el 5 de diciembre, Interpol “tras haber examinado detenidamente todos los elementos” declaró improcedente la solicitud por ser incompatible con el artículo 2 de los Estatutos del organismo internacional y  por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Comisión de Ficheros.

Este último contempla las decisiones de presentación de “elementos, resumen del procedimiento, exposiciones de las partes, declaración de los hechos, aplicación de normas Interpol y un análisis de los argumentos jurídicos y las partes operacionales”, reza el artículo 38.

Frente a la negativa, en marzo de 2019, la jueza Camacho solicitó un pedido de revisión a la notificación de alerta roja. La CNJ argumentó que la nueva información proporcionada era válida (declaratoria de prófugo de Correa y auto de llamamiento a juicio). No obstante, en abril, Interpol negó la petición considerando que no fueron argumentos suficientes en ninguno de los artículos antes mencionados.

Rechazos de Interpol por Caso Sobornos

En junio de 2019, el fiscal subrogante, Wilson Toainga pidió a la Policía Internacional que localice la nueva dirección de domicilio de Rafael Correa. Esta vez el impulso fiscal fue la participación del líder de la Revolución Ciudadana en el caso Arroz Verde, mejor conocido como Caso Sobornos. Los funcionarios del consulado en Bélgica no pudieron notificar a Correa para que rinda su versión del caso en la dirección proporcionada.

Sin embargo, su defensa, Fausto Jarrín, señaló no existe obligación jurídica de notificar a nadie si se cambia de domicilio. Interpol no respondió.

El 10 y 31 de julio de 2020, Interpol nuevamente negó la difusión roja contra Correa por “ser incompatible con Derechos Humanos (art. 2 de la Constitución de Interpol)”, manifiesta el comunicado. Además, la institución señaló que no hay información adicional sobre el caso, no se cumplieron los requisitos para asegurar la efectiva cooperación y la misma procedió “eliminar esta información”. (CE)

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  «Soy un perseguido político, no he robado ni un centavo, no he cogido dinero de nadie. Solo me voy preso por mis ideas, soy un preso de conciencia, eso es lo que sucede. Es una justicia corrupta la que me está persiguiendo”, dijo Mera al llegar a las instalaciones de la Policía Judicial de Guayaquil para una revisión médica.

Finalmente la Policía trasladó a Mera hacia la cárcel de Latacunga, donde permanecerá ocho años, de acuerdo con la sentencia del caso. Además perderá sus derechos políticos y deberá pagar una multa de reparación al Estado.

El expresidente Rafael Correa reaccionó sobre la detención es su cuenta de Twitter.  “El Caso Bochornos es una gran charada, imposible en un Estado de Derecho. NUNCA han existido “sobornos”. La agresión contra Alexis Mera duele e indigna, demuestra la forma despiadada con la que el régimen ha brutalizado la política ¡Resistiremos y venceremos!”

Caso Sobornos

El Caso Sobornos investigó una red de corrupción en la que empresas públicas entregaron dinero para la campaña presidencial en el período 2012-2016 a cambio de contratos con el Estado.

El pasado 7 de abril, un tribunal declaró culpable del delito de cohecho al expresidente Correa y al vicepresidente Jorge Glas y los sentenció a ocho años de cárcel y a la pérdida de sus derechos políticos por 25 años. La sentencia también pesa sobre 16 personas más. Pamela Martínez y Laura Terán tuvieron una rebaja en su condena por colaboración con la Fiscalía.

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En total, 20 personas fueron sentenciadas por el delito de cohecho. Estos ciudadanos, entre los que también se cuentan Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Cristian Viteri, Viviana Bonilla y varios empresarios privados. Tendrán una sentencia de ocho años y deben pagar una multa de reparación al Estado.

La prisión tuvo una rebaja significativa en dos personas: Pamela Martínez y Laura Terán que cumplirán 38 meses, y 19 meses, respectivamente. Esto, de acuerdo con la sentencia, por su colaboración con Fiscalía.

El Tribunal ordenó que también se oficie a la Comandancia de la Policía y a la Policía Judicial, la captura de los 18 sentenciados. Glas ya guarda prisión en la cárcel de Latacunga, mientras que Correa tiene su residencia en Bélgica.

Otras partes de la sentencia como disculpas públicas, la colocación de una placa en la Plaza Grande y un curso de ética política, serán cumplidas en su momento.

Pérdida de los derechos políticos

El Tribunal también notificó al Consejo Nacional Electoral la perdida de los derechos políticos de los ciudadanos. El siguiente paso es la revisión de la candidatura del binomio de UNES – Centro Democrática, el cual estaba integrado en primera instancia por Andrés Arauz y Rafael Correa.

Ambos fueron electos en el proceso de primarias y el 23 de septiembre el CNE oficializó el registro de la candidatura. De acuerdo con la ley, si uno de los candidatos no cumple con los requisitos, el partido tendrá 48 horas para sustituirlo.

Por otro lado, se notificó de la situación a la Asamblea Nacional. Esto debido a que Viviana Bonilla funge como legisladora independiente en el período 2017-2021.

Caso Sobornos

El Caso Sobornos investigó una red de corrupción en la que empresas públicas entregaron dinero para la campaña presidencial en el período 2012-2016 a cambio de contratos con el Estado.

Una de las pruebas que utilizó para el Caso fue un cuaderno en el que Pamela Martínez anotó los valores y transacciones. Según la misma Martínez, en un vuelo escribió todos los datos ya que los sabía de memoria.

Sin embargo, las pruebas todavía causan cuestionamientos. El pasado 9 de septiembre, El expresidente Correa declaró que Pamela Martínez contactó a uno de sus abogados para pedir ayuda debido a que la Fiscalía incumplió el acuerdo que tenían con ella.

Martínez le reveló a la defensa de Correa que Diana Salazar, fiscal general del Estado le obligó a escribir el cuaderno que contenía los supuestos sobornos.

Pamela Martínez, la única corrupta en esta trama. Porque ella sí recibió plata de Odebrecht. Ella sí tiene enriquecimiento ilícito. Ella sí hizo una compañía a mis espaldas para la plata que recibió del tráfico de influencias”, acotó Correa en esa ocasión.

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