El núcleo de la controversia:

Según García, la instrucción fiscal —etapa investigativa a cargo del Ministerio Público— debió concluir el 16 de marzo de 2024, al cumplirse los 90 días improrrogables que marca el Art. 547 del COIP. Al no haberse realizado vinculaciones dentro de ese plazo, el juez Renán Andrade no tenía facultad legal para extender el proceso ni vincular al alcalde el 9 de abril, acción que García tilda de «arbitraria y nula».

Argumentos clave de la defensa:

1. Plazos vencidos: La Fiscalía no solicitó vinculaciones durante los 90 días iniciales, por lo que el juez debió cerrar la instrucción el 16 de marzo.
2. Extensión ilegal: El COIP solo permite 30 días adicionales si las vinculaciones ocurren dentro del plazo inicial, lo que no sucedió.
3. Medidas cautelares inválidas: El grillete electrónico impuesto a Álvarez carece de base legal, según García, al derivar de una instrucción «extemporánea».
4. Patrón de arbitrariedad: García señaló que la Unidad Especializada contra la Corrupción ya tuvo un juez sancionado por «negligencia manifiesta» en otro caso, y acusó a Andrade de replicar prácticas «al margen de la ley».

Reacción del alcalde Álvarez

En la audiencia de este 10 de abril, transmitida desde su residencia en Urdesa, Álvarez desestimó los cargos como un «teatro electoral» y rechazó la defensa pública asignada tras la ausencia de su abogado particular, Diego Córdova:

«Violaron mi derecho a la defensa. No autorizo que un funcionario público me represente», declaró, mientras el juez Andrade multaba a Córdova con dos salarios básicos (unos $940) e iniciaba una investigación disciplinaria.

La Fiscalía, liderada por Leonardo Alarcón, sostiene que Álvarez —como expresidente de Copedesa S.A. (2021-2022)— habría autorizado la venta ilegal de diésel en tres estaciones con capacidad sobrepasada, según informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). El COIP prevé hasta cinco años de prisión por este delito.

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Conectado de forma telemática desde Urdesa, Álvarez rechazó la representación de un defensor público tras la inasistencia de su abogado particular, Diego Córdova. «Violentaron mi derecho a la defensa. No autorizo que un funcionario público me defienda«, declaró.

El juez Renán Andrade multó con dos salarios básicos al equipo legal ausente y ordenó una investigación disciplinaria. Además, concedió 30 minutos para que el alcalde y otro implicado se reunieran con los defensores designados, Iván Montero y Aníbal Moreano, quienes afirmaron estar preparados para el caso.

Acusaciones y contexto legal

La Fiscalía, liderada por Leonardo Alarcón, acusó a Álvarez de autoría en distribución ilegal de combustible a gran escala entre 2021 y 2022, cuando presidía Copedesa S.A. Según informes del SRI y la UAFE, tres estaciones vinculadas a la empresa habrían vendido más diésel del que su capacidad autorizaba. El COIP prevé hasta cinco años de prisión por este delito.

Álvarez prometió un video «más explícito» insistiendo en que el caso carece de fundamento. Mientras, el juez Andrade definirá si lo vincula formalmente al proceso y qué medidas cautelares aplicarían, incluyendo prisión preventiva.

El Caso Triple A marca un punto crítico en la relación entre el gobierno local y la justicia ecuatoriana, en medio de denuncias de uso político del sistema judicial.

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