La CCG manifestó que una de sus preocupaciones radica en la ampliación imprecisa de la definición de violencia y acoso laboral, que incluye acciones como la falta de desconexión digital y la solicitud de trabajo fuera del horario laboral, sin considerar el marco legal existente que permite ciertas formas de trabajo fuera de horario con una compensación adecuada.

Agregó que el proyecto otorga poderes amplios e indefinidos a los inspectores de trabajo para imponer sanciones y envíar a que se regulen tales sanciones mediante Decreto Ejecutivo, »lo cual genera incertidumbre debido a la falta de claridad sobre la naturaleza, alcance y los montos de estas sanciones y su posible contradicción con la Constitución», dicta el comunicado.

En este sentido, solicitaron que se modifique el proyecto de ley para que se ajuste a las definiciones establecidas por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y para evitar la duplicación de regímenes sancionatorios.

»Realmente no aporta nada positivo, ni nada nuevo; parecería que la Asamblea se ha preocupado por crear algo que suene bien, pero desconectado de la real necesidad de empleo en el país», dijo el presidente de la CCG, Xavier Sánchez a Radio Huancavilca.

Más cuestionamientos

Por otro lado, el pasado 27 de febrero Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) dijo para Ecuavisa que la nueva Ley de Acoso Laboral implica «convertir un marco legal en una herramienta de cacería de brujas (…) es un error de fondo y de forma».

Esta Ley Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo fue aprobada en la Asamblea Nacional,el pasado 22 de febrero. Para Heller, esta ley es un error porque se pretende polarizar y colocar al empleador como »malo y nocivo». (AGM).

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