Los denunciantes señalan que durante la segunda vuelta electoral se presentaron alteraciones de última hora en los recintos electorales, el uso arbitrario de recursos estatales con fines proselitistas y la «suspensión injustificada» del sufragio de miles de ecuatorianos residentes en el exterior.

Además, se denunció la exclusión deliberada de veedurías internacionales, lo que ha generado incertidumbre sobre la integridad del proceso. Según las fuentes, estas prácticas, sumadas a la imposición de un estado de excepción en algunas provincias históricamente combativas, configuran una estrategia para establecer un régimen de control y represión.

La perspectiva de organismos internacionales y la oposición

El organismo internacional de supervisión, representado por la misión de la Unión Europea y por declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), señalaron que, a pesar de algunos detalles aislados, los recuentos oficiales reflejaron la voluntad popular. Sin embargo, la candidata Luisa González no reconoció los resultados, advirtiendo «el fraude electoral» y exigió que se abran las urnas.

En respuesta a la situación, CELAC hizo un llamado urgente a la movilización popular y a la resistencia contra lo que consideran un retroceso en los principios democráticos. «Desde las calles y a través de medios internacionales se pide el respaldo de los pueblos latinoamericanos y del mundo para defender la soberanía y la dignidad de los ciudadanos ecuatorianos», dijo la CELAC en un comunicado.

AAJ denuncia un supuesto fraude

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) alertó sobre graves irregularidades y un fraude estructural en el proceso electoral ecuatoriano del 13 de abril de 2025. Cuestionó la legitimidad de los comicios al señalar que el presidente Daniel Noboa incumplió el Código de la Democracia al no solicitar licencia para candidatearse, usando su cargo para intervenir en campaña con recursos públicos, violar el silencio electoral y permitir la participación de funcionarios en actos proselitistas.

Durante la jornada, se reportaron cierres anticipados de centros de votación, cambios de último momento en 24 recintos (impidiendo votar a miles) y la exclusión de más de 10.000 ecuatorianos residentes en Venezuela. Además, se identificaron actas sin firmas de autoridades de mesa, violando normas electorales.

Los resultados de la segunda vuelta generaron sospechas estadísticas: la candidata Luisa González, pese a sumar respaldos clave (como el movimiento indígena de Leonidas Iza), registró caídas inexplicables en provincias tradicionalmente favorables (ej: Pichincha, Guayas). La AAJ exigió una auditoría urgente del escrutinio y llamó a organismos internacionales a garantizar derechos políticos en Ecuador, subrayando la necesidad de investigar estas irregularidades como infracciones electorales y penales.

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