La provincia con más personas en este rango de edad que están unidas es Guayas con 1.447, sigue Manabí con 734, Los Ríos con 516, Pichincha con 495, Esmeraldas con 311, Santo Domingo con 210, El Oro con 195; Azuay con 146; Morona Santiago, 136; Santa Elena 123; Cotopaxi, 133; Orellana con 108; Chimborazo, 93; Loja con 82; Napo con 79; Sucumbíos, 77; Imbabura y Tunguarahua con 72; Bolívar y Pastaza,52; Cañar con 44; Zamora Chinchipe, 36, Carchi con 22 y Galápagos,2.

Cifras a fondo

Las cifras se juntan al informe que Plan International, UNICEF y UNFPA realizaron en octubre del 2023 explicando las causas que llevan a niñas, niños y adolescentes a sufrir matrimonios o uniones de hecho. Incluso al saber que la relación entre mayor de edad y un o una menor es un delito. A pesar que en el Ecuador, esta práctica está prohibida, aún continúa y la sociedad la ha normalizado. ​De acuerdo con datos del registro de nacimientos del INEC, en 1 de cada 5 nacimientos registrados por parte de madres adolescentes, ellas se encontraban en unión libre, de hecho o casadas.

Cerca del 25% de madres menores de 18 años viven en unión temprana y forzada. Entre los factores están los ingresos económicos y la educación. Las niñas, niños y adolescentes que tienen más acceso a educación y estabilidad económica tienen mayores posibilidades de no casarse o llevar una unión de hecho. Según el informe, en Manabí, el 36,7% de las madres de entre 10 y 17 años se casaron a unieron. En Esmeraldas y Guayas, 1 de cada 4 madres menores de 18 años declaró estar casada o unida, en Sucumbíos un 17,3% y en Chimborazo menos del 10%.​ Algo que concuerda con las cifras del Censo 2022.

Violación de derechos

Según la UNICEF, América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos en adolescentes. 

Si bien en Ecuador hay niños que sufren de esta práctica ilegal, las niñas son mucho más vulnerables ya que en estos casos acarrean embarazo o violencia sexual. «Las niñas y adolescentes unidas o casadas tempranamente tienen más riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo, parto y posparto, que pueden desembocar en muertes maternas que podrían ser evitables. Estas prácticas nocivas son una violación de los derechos humanos que cambian radicalmente la vida de las niñas”, dice el representante de UNFPA en Ecuador, Markus Behrend.

¿Qué debe hacer el Estado?

El cambio debe ser radical y enfocarse en las políticas públicas. «Un trabajo multisectorial que modifique normas sociales, actitudes y prácticas que promueven las uniones tempranas, infantiles y forzadas». Aplicar la ley y controlar que no siga cometiendo este delito.

Todos los ámbitos del Estado deben brinda un enfoque integral dirigido a niñas y adolescentes para propiciar el empoderamiento, también trabajar de la mano con los niños y adolescentes hombres, padres y madres, y líderes y lideresas comunitarias para construir espacios seguros y solidarios.

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Según las autoridades, este nuevo dato se debería a la omisión de personal al momento de realizar el censo. Es decir, personas que no fueron tomadas en cuenta. Recalcó que la omisión representa tan solo el 4 % de la población.

En septiembre de 2023, el subdirector de la entidad, Jorge García, aludió que «confiaba en las cifras que entregaba el INEC» por el bienestar del país. En aquel momento, tenía la certeza que entre 2010 y 2020, el país creció en 2.5 millones de personas. No obstante, el censo 2010 proyectó el aumento de 18.1 millones de ecuatorianos para el 2023.

El exdirector del INEC, Byron Villacís ya advirtió que no se puede confiar en los datos de este censo. Añadió que las consecuencias políticas serían nefastas y sin estadísticas certeras las acciones y medidas de políticas públicas del Estado serían erróneas.

Un censo lleno de problemas

En una rueda de prensa, la institución anunció que los resultados del censo 2022 se presentarán a partir de septiembre y noviembre de 2023. El calendario para la entrega de estos datos se cambió por más de tres ocasiones.

La entidad aseguró que – para ese entonces – ya estaba completo el proceso. No obstante, las cifras sobre LGBTIQ+ y otros sectores estarían listos para el 2024. La excusa que presentaron para esta demora fue que no pueden exponer a los censistas a la ola de violencia e inseguridad en el país.

A fiscalizar todo…

El INEC anunció la creación de un comité que revisará todo ese proceso, luego de que varios ciudadanos y autoridades cuestionaran su ejecución. La mesa estaría conformada por 13 expertos en temas estadísticos y con personal de ONU, Unfpa, Celade-Cepal.

Allí no quedaría el asunto, la asambleísta Paola Cabezas mencionó que fiscalizará el proceso del censo. Además, alegó que el mayor riesgo del proceso era la invisibilización social. Comentó que en su despacho recibió la denuncia de al menos 30 asociaciones afrodescendientes ante la falta de difusión del censo.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, el 20 de febrero de 2024, la fiscalización de este proceso con 123 votos afirmativos y 3 abstenciones. La moción fue presentada por Cabezas.

Cosillas chuecas

El censo arrancó el 7 de noviembre de 2022 y tenía previsto su finalización el 18 de diciembre del 2022. Sin embargo, el plazo -en primera estancia- se extendió hasta el 31 de diciembre. Después se aplazó a enero de 2023, luego a marzo de 2023. Finalmente, la espera terminó en febrero de 2024.

En diciembre del 2022, excensistas y exsupervisores comentaron a La Calle una serie de irregularidades que estaría cometiendo el INEC en la fase presencial del Censo. Las fuentes manifestaron que ocurrió de todo.

Unos explicaron que la institución vulneró sus derechos laborales, otros detallaron que sus superiores los obligaron a registrar datos erróneos de las personas censadas. Se reportaron robos y hubo censistas mujeres que sufrieron acoso sexual.

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García justificó, en entrevista con Radio La Calle, que la diferencia que se presentó en la estimación poblacional de los 18.2 millones de ecuatorianos se debe a una «omisión censal», es decir, a una parte de la población que no pudo ser censada.

Repitió que si esa omisión representa el 5 % o 10 % los «resultados son fiables». No obstante, señaló que todo eso se verificará cuando se ajusten los valores. Según los cálculos de García, si esa omisión podría representar el 4 % o 5 % de la población, o sea, entre 170 mil o 680 mil personas. Sin embargo, cientos de ciudadanos denunciaron que nunca fueron censados.

Datos no oficiales y presupuestos

Los resultados del censo 2022 deberían detallar la cantidad de habitantes por sector, condiciones de vida, carencias, otros, y dependiendo de esos factores, el Estado ecuatoriano destinaba un presupuesto.

Aunque el subdirector mencionó esa repartición no proviene de los datos, sino de la estimación que realizan, si no existe un dato real, el dinero para los GAD’s se reducirá.

«Cuando los datos sean corregidos a través de otros estudios y análisis se entregará el presupuesto a los municipios. El censo solo dice qué parte del pastel le corresponde», apuntó.

Un censo fallido

El subdirector afirmó que el censo enfrentó varios problemas por el despliegue territorial en las zonas peligro, la masiva renuncia de censistas y los obstáculos de la pandemia. Según él, el mayor problema fue la deserción de los empleados, pues hizo proceso se alargue hasta los primeros meses de 2023.

De la misma manera, debido a la serie de fallas que presentó, el proceso se realizó de manera virtual, lo que generó más trabas. García mencionó que cerca de 2.3 millones de personas se censaron en esa modalidad.

Sobre la denuncia de que preguntaban a los vecinos, enfatizó que el censo contaba personas y viviendas, por lo que «si no le abrían una puerta interrogaban a los vecinos».

«Los que dicen que no fueron censados pueden estar dentro de la omisión que existe. Ya sea porque no estaban o porque los guardias y los presidentes de los condominios no aceptaron que pasemos. Solo se preguntaban ciertos datos», dijo.

«No les crean hasta que diga la veeduría»

En junio del 2023, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) abrió la convocatoria para que se lleve a cabo la veeduría al Censo de Población y Vivienda 2022. Los observadores que forman parte de este proceso sugirieron que se realice una auditoría a los resultados del Censo.

Además, los actores sociales resaltaron que esta evaluación debe realizarse por universidades internacionales y no por los mismos funcionarios del INEC porque serían juez y parte.

García comentó que no le ha llegado ninguna solicitud sobre el proceso de veeduría que solicitaron los exdirectores del INEC. Detalló que este recurso lo solicitaron hace unos meses, pero solo han mantenido una reunión.

«No me han enviado o preguntado algo. Esto es algo que vienen repitiendo dos meses o tres antes de que arranque el censo de población», señaló.

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»No creo en los datos del Censo y lo digo de manera clara, tajante y categórica», dijo el burgomaestre en el espacio semanal de Frecuencia Quiteña.

El principal motivo de su desconfianza fue el incumplimiento de las proyecciones del Censo, pues en un inicio el INEC predijo la existencia de 18 millones de habitantes en el país para este año. Sin embargo, las cifras actuales evidencian el registro de cerca de 17 millones de personas, es decir, casi un millón menos.

»Si sobre esos números se va a calcular los recursos que se traspasan a las Juntas Parroquiales Rurales, a las Alcaldías y Gobiernos Provinciales habrá que ponerle muchísima atención» recalcó.

Abastecimiento de agua

Durante el fin de semana, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) planificó la instalación de 300 medidores en varios sectores de la capital.

Durante varios años, la parroquia de Calderón ha experimentado problemas de desabastecimiento de agua. Muñoz resaltó que si bien hay más caudal de agua por minuto hay más población en Calderón que crece gradualmente.

Actualmente está en marcha la construcción de una planta potabilizadora de agua en Calderón para dotar de 1.000 litros por segundo a barrios de esa parroquia, también a San Antonio y Calacalí.

Para el burgomaestre era fundamental conocer los datos del censo para avanzar con diferentes obras. Otro proyecto que sigue en marcha es la repotenciación de la planta de El Troje y la construcción de una línea de conducción desde la planta de Palugillo hasta La Merced.

Pabel responde a las críticas

»Cuando un medio público entrevistan a una persona que en otros medios no lo hacen ya es proselitismo político», manifestó.

El alcalde defendió el pluralismo democrático que maneja la programación de la Radio Municipal, un tema que ha causado críticas en redes sociales. Muñoz enfatizó en que los »censores» de los medios de comunicación critican a conveniencia y pidió que »juzguen con la misma vara». (AGM)

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En junio del 2023, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) abrió la convocatoria para que se lleve a cabo la veeduría al Censo de Población y Vivienda 2022. Los observadores que forman parte de este proceso sugirieron que se realice una auditoría a los resultados del Censo.

Además, los actores sociales resaltaron que esta evaluación debe realizarse por universidades internacionales y no por los mismos funcionarios del INEC porque serían juez y parte.

»El país es testigo de innumerables irregularidades en el Censo de Población y Vivienda (…) la cantidad y gravedad de denuncias es tan delicada que compromete los resultados que se están anunciando», dice el comunicado.

El documento agregó que las fallas en este proceso pueden afectar directamente las rentas que merecen los Gobiernos Autónomos Descentralizados e impactaría la participación política de las provincias en la Asamblea.

Omisión

Ante los problemas para censar algunas viviendas, el director del INEC, Roberto Castillo, señaló que aún no se determina cual es el porcentaje de omisión. Sin embargo, indicó de manera preliminar que alrededor del 95% de la ciudadanía fue censada.

Del otro lado de la moneda, el exdirector del INEC, Byron Villacis desconfía de la precisión de estas cifras debido a las irregularidades en el proceso.

»La idea es la siguiente, se debería haber censado al 100 % de los ecuatorianos. Normalmente es aceptable que la omisión sea del 2 % o 3 %. Si es que tomamos los datos actuales del INEC parecería que no censaron a un 15 % de la población», dijo en entrevista para Radio La Calle.

Varias prórrogas

El censo, que arrancó el 7 de noviembre de 2022, tenía previsto su finalización el 18 de diciembre del 2022. Sin embargo, el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre, después a enero de 2023 y finalmente a marzo. El fin era “asegurar la cobertura de todas las viviendas del país”.

Dentro de la primera planificación del INEC se tenía previsto que la entrega de resultados sea en mayo del 2023. Según la entidad, los eventos de inseguridad suscitados en el último trimestre de 2022 generó una significativa deserción de censistas en varias provincias del país, lo cual limitó el cumplimiento de los plazos previstos. (AGM).

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Aunque la institución asegura que el censo, finalmente, se concretó, los datos sobre la comunidad LGTIQ+ y otros sectores estarán listos en 2024. Los servidores responsabilizaron de la demora a la ola de violencia e inseguridad que golpean al país.

Sin embargo, en la primera fase de recolección de datos, el régimen mencionó que agentes del orden acompañarán a los censistas. Una estrategia que no funcionó, pues los empleados denunciaron varios robos y amedrentamientos.

¿Y, los resultados?

El director del INEC, Roberto Castillo, aseguró que los primeros resultados serán presentados la tercera semana de septiembre. Según él, para esa fecha tendrán las proyecciones de habitantes y la información básica de vivienda y población.

En la segunda semana de noviembre, presentarán datos precisos sobre las características demográficas de la población, reporte de avances, actualización cartográfica, otros.

No obstante, los datos del censo a nivel nacional serán entregados en marzo y mayo de 2024. Para Castillo, el cambio de fechas se debe a una supuesta cooperación con organismos internacionales para que vigilen el proceso del censo.

Luego de tantas, tantas, tantas fallas…

El INEC anunció la creación de un comité que revisará todo el proceso, luego de que los ecuatorianos y otras autoridades reclamaran su entorpecimiento. La mesa estará conformada por 13 expertos en temas estadísticos. Además, contarán con la supervisión de organizaciones como la ONU, Unfpa, Celade-Cepal

La espera más larga

 El subdirector general del INEC, Jorge García, señaló que los resultados del Censo Poblacional 2022 aún no tiene una fecha de publicación, sin embargo, siguen en la fase final.

”Nos faltan semanas para terminar con el procesamiento y arrancar con el análisis de aproximadamente cuatro semanas”, dijo en entrevista para Radio Sonorama.

El censo, que arrancó el 7 de noviembre de 2022, tenía previsto su finalización el 18 de diciembre del 2022. Sin embargo, el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre, después a enero de 2023 y finalmente a marzo. El fin es “asegurar la cobertura de todas las viviendas del país”.

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El objetivo sería “reconfirmar la condición de las viviendas y recuperar la información de las zonas de difícil acceso”. Por lo tanto, esta prolongación constituye una explotación para los censistas.

El censo, que arrancó el 7 de noviembre de 2022, tenía previsto su finalización el 18 de diciembre del 2022. Sin embargo, el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre, después a enero de 2023 y finalmente a marzo. El fin es “asegurar la cobertura de todas las viviendas del país”.

Menos control de calidad, más presión

En este mecanismo de “control de calidad”, los censistas deberán pedirle la respectiva información al “vecino”, si el ciudadano no se encuentra en su domicilio. Para varios usuarios en redes sociales, este mecanismo no es confiable y alteraría la precisión en los resultados del censo.

Aclaración: Esta afirmación se basa en el manual de indicaciones que el INEC entrega a los censistas. El apartado del documento señala que si el censista no encuentra en la vivienda al ciudadano procede a preguntarle al vecino o un informante de referencia «¿Podría usted ayudarnos con información de dicha vivienda?»

Sin embargo, el INEC manifestó a Radio La Calle que la «información de dicha vivienda» únicamente hace referencia a la hora en la que el ciudadano se encuentra en su domicilio.

Además, tanto censistas como supervisores son presionados para terminar rápido este proceso. Un censista que prefirió el anonimato reveló a Radio La Calle que un supervisor tenía pendiente el análisis de 4 mil viviendas que “aparentemente nunca se visitaron” y debían terminar todo en un solo día.

Para cumplir con las exigencias deben restar las viviendas que previamente reportaron novedades, sin embargo, tratan de ser lo más eficientes en su trabajo. (A.G.M).

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El censo impulsado por el INEC es un proyecto con un presupuesto de aproximadamente USD 43 millones. Sin embargo, la administración de este dinero no ha generado los recursos suficientes para el personal que está detrás del censo.

Esta vez el testimonio viene de una promotora, que prefiere mantenerse en el anonimato. Ella está detrás de la administración de una sede junto al coordinador, asistente operativo y el operador técnico.

Según la fuente, ellos operan en una escuela y les ofrecieron todos los implementos. Sin embargo, no les han dado el material necesario. Ni impresoras ni hojas les dieron.  

“Nos tocó poner de nuestro bolsillo y sin exagerar puedo decir que la mitad del sueldo se nos va en impresiones”, resaltó la fuente.

Sin respaldo policial

Después de algunos filtros, los censistas llegaron a la sede y se las asignó una zona. Algunos fueron a zonas de alto riesgo. Ella como promotora debía hablar con los policías de la zona para asegurar el respaldo, pero le dijeron que solo tenían un vehículo dañado y sin gasolina.

En cada UPC les negaban el apoyo por la falta personal a pesar de que les ofrecían el vehículo de la sede. En algunos casos, los policías ni siquiera sabían que era el INEC. En los sectores con mayor dificultad de ingreso fueron con el apoyo de 15 militares, sin el tiempo justo para censar a todos en un día.

Para la promotora, este censo no va a mostrar las cifras reales de la población. Algunas casas ubicadas en quebradas no se pudieron censar y les dijeron que justifiquen bajo el concepto de rechazo por parte de los ciudadanos.

Contratos mojados

Una supuesta inundación en las oficinas provocó que los contratos de algunos supervisores de la sede se mojen. Como solución les ofrecieron un contrato con otra fecha de vigencia y otro valor en su sueldo.

El pago emitido por el INEC se realiza en conjunto a todo el personal de la sede. Si los supervisores no firmaban no había pago para todos y por temor a quedarse sin el pago firmaron el nuevo contrato.

Renuncias por la inseguridad

Entre censistas y supervisores debían tener un total de 100 personas. Sin embargo, solo había 65 personas en el equipo de trabajo. Luego renunciaron más por la inseguridad.

Una censista evadió un robo, principalmente porque no quería pagar el deducible de la tablet. En el forcejeo del asalto se rompió una esquina del aparato. Como el objeto estaba bajo “su responsabilidad”, le dijeron que aun así les descontarían el deducible total, es decir USD 50.

Falta de organización y recursos

Desde talento humano, les enviaron la nómina de empleados, pero no constaban dos censistas que estuvieron desde el primer día. Ellos esperaban su contrato y su credencial porque salían a territorio sin su respectiva identificación. Ante la situación, el administrador prescindió de sus servicios porque sabían que no iba a llegar su contrato.

Desde el INEC reclamaron a los coordinadores de la sede. “Nos dijeron que somos inhumanos y que despedimos a la gente a nuestro antojo. Cuando son cosas que ellos mismo no hacen bien.”, dijo la promotora.

Por otro lado, cuando llegaron las credenciales para el personal les pareció un “chiste” el material de este recurso ya que solo estaban impresas en un papel doblado. “Cualquier persona puede imprimir y decir que es del INEC”, resaltó la fuente. (A.G.M).

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Durante tres meses, dos equipos censales de esa entidad y del INEC, Registro Civil, Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Derechos Humanos, visitarán los centros de reclusión, con el fin de recabar información sobre los detenidos. 

Carchi y Loja serán las primeras provincias que las autoridades visitarán. Ahí recopilarán información sociodemográfica de las personas privadas de libertad, dado que se trata de un grupo de atención prioritaria.

El objetivo del Estado es levanatr datos estadísticos que permitan generar políticas públicas para mejorar las condiciones de vida, rehabilitación e inserción social.

Sobrepoblación carcelaria en Ecuador

La sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles de han contribuido a que miembros de pandillas que se encuentran detenidos cometan masacres. Estas han cobrado la vida de más de 350 detenidos desde 2021, según información de Human Rights Watch.

Los investigadores de Human Rights Watch comprobaron que el control de las pandillas sobre sectores de la prisión contribuyó a las masacres ocurridas en los últimos años, y a las que las autoridades no respondieron de manera adecuada ni oportuna para prevenir o impedir los asesinatos, asistir a familiares de las víctimas e investigar los crímenes.

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