La moción corrió por cuenta del presidente de la mesa y asambleísta por Alianza PAIS (AP), José Serrano y contó con el apoyo de los legisladores Liliana Durán de Revolución Ciudadana y Franco Romero de la Bancada de Acción Democrática Independiente.

Tras el pedido, Azuero ahora será juzgado en el pleno de la Asamblea. El documento final también lo remitirán a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Contraloría General del Estado (CGE). A estas instituciones pedirán que inicien investigaciones y determinen las responsabilidades de todas las autoridades involucradas independiente de la función o institución a la que pertenezcan y que, con su gestión, permitieron la trama de corrupción de la construcción del Hospital de Pedernales.

Al final de la sesión la Asambleísta, Amapola Naranjo, volvió a señalar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo y sostuvo su preocupación por la participación de altos mandos del Gobierno en actos de corrupción.

Rebeldía de Azuero

La comisión Multipartidista informó que las sesiones debieron continuar en Rebeldía por la ausencia del denunciado. La mesa llamó a Azuero a comparecer el 30 de agosto. Sin embargo, el legislador no llegó a la cita telemática y se limitó a presentar una prueba por medio de su defensa. A partir de esto, la Comisión señala que el asambleísta Azuero hizo caso omiso al proceso administrativo, aunque sí usó su derecho a la defensa.

El más importante de los elementos aportados por la Fiscalía y que sirvió para el proceso, fue la conversación entre Azuero y Mendoza. En ella, evidenciaron que existe una presunta negociación de votos en la Asamblea. Según la Comisión, este hecho revela que existiría un entramado de corrupción dentro de la función legislativa. La misión era intercambiar “favores” para salvar de juicios políticos a funcionarios relacionados con el Ejecutivo.

Hospital de Pedernales

De acuerdo a la Comisión Multipartidista, las pruebas demuestran que los recursos públicos para la construcción del Hospital de Pedernales no los habrían usado para su objetivo. Por el contrario, los cobraron terceras personas vinculadas con el ex asambleísta Daniel Mendoza y el acusado Eliseo Azuero, para intereses propios. Además, la comisión determina que estos actos fueron bajo el consentimiento de autoridades del Ejecutivo. Entre los señalados está el ex director del Servicio de Contratación de Obras, SECOB.

Según la Comisión, el asambleísta “sin límites y con excelsa y notoria ambición trasgredió la barrera de sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, pues valiéndose de su calidad y condición de legislador violentó el mandato que otorgó el mandante al dedicarse a ofrecer, tramitar, recibiendo y administrando recursos del Presupuesto General del Estado, gestionar nombramientos de cargos públicos”. Además, pide adoptar una resolución que promueva la eficaz, efectiva y transparente lucha contra la corrupción en todos los estamentos públicos. (AB)

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