La segunda mandataria presentó esta petición mediante un oficio dirigido a la presidenta encargada del Legislativo, Esther Cuesta, el pasado 21 de enero.

En su solicitud, la segunda mandataria solicitó ser recibida en comisión general durante la próxima sesión del pleno, una vez finalizada la vacancia legislativa. En su comunicación, denuncia una «grave violación a sus derechos humanos y a la institucionalidad del país». De igual manera, señaló que las acciones de las autoridades involucradas afectan tanto su desempeño como el orden democrático.

La vicepresidenta relata que todo se originó a partir de una sentencia emitida el 23 de diciembre de 2024 por la jueza Nubia Vera, quien determinó que el Ministerio de Trabajo vulneró sus derechos constitucionales al imponerle una suspensión de 150 días. La jueza ordenó el archivo del sumario administrativo y el reintegro inmediato de Abad a sus funciones.

Incidente en la Vicepresidencia

Abad indica que el mismo 23 de diciembre, tras conocerse el fallo judicial, acudió a la Vicepresidencia en Quito para retomar sus actividades. Sin embargo, se encontró con el edificio militarizado, lo que, según los agentes militares, respondió a una orden del presidente Noboa para impedir su ingreso. Además, asegura que los funcionarios que se encontraban dentro del edificio fueron retenidos y se les impidió salir, paralizando las actividades normales de la institución.

Ante este escenario, Abad informó a la Fiscalía sobre los hechos, calificándolos como un presunto delito de sedición. Además, solicitó medidas urgentes para preservar las evidencias del caso. Sin embargo, una petición de allanamiento realizada por la Fiscalía fue rechazada por un juez de turno.

La vicepresidenta también criticó la emisión del Decreto Ejecutivo n.º 490, que restringió sus funciones a una única tarea: colaborar en las relaciones económicas entre Ecuador y Turquía. Abad señala que los ministerios de Relaciones Exteriores, Producción, Economía y Finanzas, y Trabajo no ejecutaron las disposiciones del decreto, lo que considera una muestra de desobediencia y obstaculización a sus labores.

Solicitudes de fiscalización

La vicepresidenta ha pedido que se investigue y censure a los siguientes funcionarios:

1. Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa: Por ordenar a las Fuerzas Armadas impedir su acceso a la Vicepresidencia.
2. José de la Gasca, ministro de Gobierno: Por coordinar acciones para obstaculizar su ingreso al edificio de la Vicepresidencia.
3. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo: Por disponer cambios irregulares en la modalidad de trabajo de los empleados de la Vicepresidencia y no ejecutar el Decreto n.º 490.
4. Gabriela Sommerfeld, canciller: Por no implementar las disposiciones establecidas en el Decreto n.º 490.
5. Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, y Luis Alberto Jaramillo, ministro de Comercio Exterior: Por no cumplir con las acciones derivadas del decreto.
6. Sariha Mora y Cynthia Gellibert, vicepresidentas encargadas: Por no ejecutar acciones para garantizar el cumplimiento del Decreto Ejecutivo n.º 490.
7. Juan Francisco Román Mendoza, secretario general de la Vicepresidencia: Por ejercer sus funciones de manera «irregular y deshonrosa» sin justificar su nombramiento.

La Asamblea Nacional, encargada de atender estas solicitudes, enfrenta limitaciones debido a la suspensión de las funciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL) hasta el 9 de febrero de 2025, en cumplimiento de una resolución legislativa emitida el pasado 4 de enero.

Abad concluye solicitando celeridad en el tratamiento de su caso, el cual, según ella, pone en riesgo la estabilidad institucional y el respeto a los derechos constitucionales en el país.

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«El costo para el país es altísimo: el Partido Socialcristiano, a cambio de no votar a favor de la censura de la ministra de Noboa, exige impunidad para los buques pesqueros del hijo de su líder. Estos buques pescaban ilegalmente en la Reserva de Galápagos, incluyendo pesca de tiburón y violar los límites de tonelaje de pesca. Tres faltas gravísimas», escribió en un post de X.

Sin embargo, la exministra expresó en una publicación que no tenía conocimiento de esos documentos. «Estos documentos que está circulando por la redes NO son documentos oficiales del Ministerio de Producción, ni tampoco los he visto antes. No me voy a prestar a juegos políticos ni campañas de desprestigio contra nadie».

¿Qué se sabe hasta ahora?

El exministro Serrano dijo que no se trata de un canje sino que sería «extorsión del gobierno de Noboa, al mejor estilo de la mafia más peligrosa» y que los documentos mostrados serían reales. Las declaraciones aparecieron después del comunicado que realizó Nebot.

En el documento, Nebot asegura que lo difundido sobre el periodista Martín Pallares es falso y que «la renuncia de la ministra Sonsoles García no tiene nada que ver con un supuesto arreglo del gobierno con el PSC para salvar a la ministra Palencia». Según el político, la decisión de la bancada legislativa del PSC es del grupo de asambleístas y que en lo personal no le molesta si se vota por la censura de Palencia.

Sobre los expedientes contra el barco atunero, propiedad de su hijo, dijo que el Ministerio de Producción resolvió dos de los expedientes a favor de la compañía y que otros tres están apelados, por lo que no tienen, hasta el momento, sanción alguna. Agregó que Protuna (gremio de armadores atuneros) ha reclamado al Ministerio el «lavado de pescado», es decir, la captura de atunes de formas no reguladas por la Comunidad Europea y el Ecuador y que eso causaría problemas y la tarjeta amarilla impuesta al Ecuador. (MIB)

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»Un honor, una medalla en mi pecho esta censura. Esto recién empieza», dijo el exministro del gobierno de Guillermo Lasso en su cuenta de X.

El interpelante de este proceso fue el legislador del oficialismo, Eckenner Recalde, quien acusó al exfuncionario incumplimiento de funciones. Según los argumentos en contra, Bernal retiró el bono de desarrollo humano a más de cien personas en situación vulnerabilidad.

Por su parte, Bernal recordó al Legislativo el caso de presunto cobro de diezmos en el que estuvo involucrado Recalde. Además, dijo que en uno de los testimonios, la supuesta afectada manifestó que dejó de recibir el bono hace tres años, mucho antes de que él fuera designado como Ministro de Inclusión.

¿Quién es Esteban Bernal?

Actualmente, Bernal es presidente del movimiento político CREO al que pertenece el expresidente de la República, Guillermo Lasso. El 15 de septiembre del 2022, el exservidor público fue asignado para dirgir el Ministerio de Inclusión, antes ejercía funciones como gobernador del Azuay.

Además de ejercer diferentes cargos en la Municipalidad del Azuay, en 2017 fue asambleísta por CREO e impulsó un juicio político contra Gustavo Jalkh, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ).

Bernal es un economista graduado en la Universidad Católica de Cuenca muy ligado a la política. No obstante, a pesar de su trayectoria profesional, en su momento, varios colectivos expresaron su rechazo a este designación, pues no tenía experiencia en el sector social. (AGM).

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«Tengo una voz y la voy a hacer esuchar. Las candidaturas se verán el próximo año», dijo en entrevista con Ecuavisa, donde también se refirió a asuntos coyunturales. Específicamente al pronunciamiento de la Asamblea de responsabilizar políticamente a Lasso de peculado.

Sobre el pedido de seguimiento a la Corte Constitucional (CC) dijo que era «una alternativa jurídica ante las pretensiones de los ‘omnubilados’ que querían, al principio, destituir y ahora censurar al expresidente (…) Después del zainete que hemos observado durante 48 horas se dieron cuenta de la imposibilidad de censurarlo. No sé por miedo a la ley o por seguir haciendo el ridículo».

«Un expresidente, según el artículo 129, no es sujeto de control político. Lo que ayer sucedió fue ‘un saludo a la bandera a dos manos’. Más que una sansión, se quería un seguimiento. Había antecedentes porque en la legislatura pasada durante el juicio se desviaron del tema que aprobó la Corte Constitucional», acotó.

Para Cucalón, retomar este juicio político sólo merecía un adjetivo «irrelevante». Ya que habían asambleístas que no conocían el expediente. «Hablaron de temas que no existen porque en el caso Flopec en el período del expresidente subieron las utilidades y hubo las denuncias. En el tema judicial, el caso ya está en la Fiscalía. No hay nada de qué sorprenderse».

Sobre los acuerdos

«El pueblo ecuatoriano no quiere la pelea por pelea, lo que no significa que puedas contrastar posiciones. Nadie quiere persecusiones, pero habrá momentos donde hayan distintas posiciones. Debe existir una unidad, no hay que caer en sectarismos, así asumo yo que eso quiso decir el presidente», declaró el exfuncionario.

«El problema no es con quién votas sino para qué votas» y añadió que es importante diferenciar entre legislación y fiscalización. «Un ejemplo es la ley de igualdad salarial. Eso es positivo. En el tema de fiscalización veo escaramuzas en el juicio político a la fiscal, es perder el tiempo. Me preocupa que no hay causales y van a distraer a la persona que tiene que luchar contra la corrupción, encontrar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. La quieren tener entretenida por una venganza».

En tanto que acerca del acuerdo trunco al inicio de la administración de Lasso, el exministro dijo que la decisión del expresidente de dejarlo sin efecto fue un «estilo» de gobernar.

«El precio de esa operación era la impunidad de uno de los integrantes (el correísmo (…) Son estilos en consecuencia a las acciones, el presidente Lasso fue crítico de quienes quisieron boicotear su gobierno, derrocarlo en su gestión. Yo respondo por mis acciones, siempre agradeceré (al PSC) el auspicio que me dieron para llegar a la legislatura. En la vida no todo es plano. Si hubiera sido solo un ciudadano y no ministro hubiera pensado lo mismo, que no habían razones para llevar al presidente a juicio». (MIB)

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Para Comps Córdova, legislador por Sucumbíos por la Revolución Ciudadana (RC) es importante continuar con el juicio político a Lasso. El asambleísta enumeró la serie de actos de corrupción del anterior gobierno y las pruebas evidentes, que se hicieron públicas por varios medios de comunicación digital como La Posta. 

El asambleísta por Galápagos Lenin Rongel, por su parte, declaró que la censura y destitución se realizan cuando la autoridad se encuentra en funciones. «El gobierno de Guillermo Lasso ya pasó a la historia por ser nefasto», declaró. 

El legislador por Construye, Fernando Jaramillo que representa a la provincia de Imbabura expresó que el Ecuador necesita resolver temas más importantes como inseguridad, empleo y educación. Solicitó que se trate una enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas y la Policía refuercen la seguridad en el país.

Para el asambleísta Ramiro Vela, el juicio político al ex presidente es ya parte del pasado. «Hoy tenemos que fiscalizar todo aquello que hizo en los 6 meses, cuando no había Asamblea», explicó y agregó que Lasso decretó la muerte cruzada para gobernar sólo el poco tiempo que le restaba de mandato. 

La sesión se reinstalará a las 15:00.

La entrada Asamblea: Posiciones divididas sobre el juicio político a Lasso se publicó primero en La Calle.

«Por hoy, no me voy a posesionar como asambleísta, pero seguiré luchando para que se respete la voluntad popular. También, voy a seguir de pie, en nombre de ese gran luchador que fue Fernando Villavicencio y de un Ecuador que se asquea con los pactos que traicionaron su confianza», publicó en su cuenta de X.

Carrillo está inhabilitado de ejercer un cargo público, como lo es el de miembro de la Legislatura, debido a que fue censurado y destituido a través de un juicio político por la Asamblea Nacional en febrero de 2023 por incumplimiento de funciones en el paro nacional de junio de 2022 y por el caso de María Belén Bernal.

La asambleísta Pierina Correa, quien presidirá la sesión inaugural, argumentó que Carrillo está impedido de ingresar como legislador. Asimismo, señaló que él impuso una medida cautelar con acción de protección. «Al momento, Carrillo nunca ingresó los documentos para vincularlo oficialmente en la Asamblea», refirió.

Correa añadió que asumirá la suplente de Carrillo hasta que las autoridades competentes se pronuncien por la acción de protección.

La entrada Patricio Carrillo no se posesionó como asambleísta; su alterna asistió se publicó primero en La Calle.

La causal de impedimento es la censura y destitución del cargo de Ministro del Interior tras un juicio político en la Asamblea en febrero del 2023. La información es de conocimiento público ya que este tipo de certificación consta en la página web del Ministerio del Trabajo.

Esto dice la ley

Según el Código de la Democracia, en el numeral dos del artículo 95 detalla que los requisitos para ser asambleísta son:

Para ser asambleísta, representante ante el Parlamento Andino, gobernadora o gobernador
regional, consejera o consejero regional, prefecta o prefecto provincial, viceprefecta o viceprefecto, alcaldesa o alcalde distritales y municipales, concejalas o concejales distritales y municipales o vocales de las juntas parroquiales se requiere haber cumplido diez y ocho años de edad al momento de inscribir la candidatura; estar en goce de los derechos políticos; haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella, de forma ininterrumpida, los dos últimos años previos a la inscripción de la candidatura; constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral; y, no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. 

En todos los casos, las ciudadanas o ciudadanos, como requisito para la inscripción de sus
candidaturas, presentarán una declaración juramentada ante Notario Público en la que indiquen que no se encuentran incursos en las prohibiciones previstas en la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017.

Por su parte, la Constitución del Ecuador no indica la inhabilidad para ejercer un cargo público como impedimento para ser asambleísta. Así lo indica el artículo 115:

Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido
dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.

El artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cambio, indica que la censura y destitución impide al funcionario enjuiciado políticamente ejercer un cargo público por dos años.

Censura y destitución.- Para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado, secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores, demás funcionarios que ejerzan funciones de rectoría, y las y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada.

La censura tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. En el caso de que la o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a la Resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional.
Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata al Ministerio rector de relaciones laborales para fines de registro y cumplimiento.

¿Son lo mismo el goce de derechos políticos que la inhabilidad para ejercer un cargo público?

No, una persona goza de sus derechos políticos si no tiene sentencias ejecutoriadas o insolvencia. Por lo que la inhabilidad para ejercer un cargo público no está registrada ni en el Código de la Democracia, ni en la Constitución del Ecuador como impedimento para ser asambleísta.

Posesión en la Asamblea

Carrillo cobró protagonismo en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. En el primero se desempeñó como comandante general de la Policía y estuvo al frente del paro de Octubre del 2019. El estallido de la paralización de junio de 2022 llegó cuando era ministro del Interior del presidente Lasso. A eso se suma el femicidio de María Belén Bernal a manos de su esposo en la Escuela de la Policía Nacional y donde, según el Legislativo, Carrillo hizo un trabajo nefasto.

Para las elecciones anticipadas de 2023, Carrillo se inscribió como candidato a asambleísta nacional por el movimiento Construye, liderado por la exministra de Gobierno, María Paula Romo (MIB)

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Rechazamos la decisión de los rector del IAEN que nos cierre las puertas y al rector de la Universidad Andina Simón Bolívar por prestarse para chismes de Twitter. Haro censuró y desalojó a todos los que acudimos al foro. ¿Por qué no quieren que hablemos del plagio de la Fiscal General? ¿Cuál es el miedo?», publicó Priscila Schettini en su cuenta de X.

El evento académico se titulaba «Universidad y Justicia: entre el Plagio y la Impericia». Se trataba de un coloquio sobre el análisis académico del supuesto plagio cometido por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en su tesis de pregrado y en un artículo académico de su autoría.

Foto: IAEN

La entrada Rector del IAEN censuró foro académico sobre supuesto plagio de Diana Salazar se publicó primero en La Calle.

La agrupación artística denuncia a través de sus redes sociales que el programa fue interrumpido por miembros de la Policía Nacional sin ninguna explicación. «El hecho es que cuando el grupo estaba cantando en el escenario de un teatro repleto de público, la Policía llegó al lugar con la orden de detener inmediatamente el espectáculo», publicó.

Los artistas de Quilapayún rechazaron la censura y desconocen las razones por las cuales su presentación fui abruptamente suspendida. También señalaron que fueron obligados a abandonar el lugar.

«En sus 58 años de existencia, el Quilapayún nunca se vio, hasta hoy, en una situación semejante. Los asistentes al espectáculo se retiraron del lugar tan sorprendidos como los artistas», poostearon.

La agrupación, compuesta por músicos chilenos, es autora de éxitos como "Venceremos", "Vamos, mujer", "La Muralla", "El pueblo unido jamás será vencido". 

La Casa de la Cultura se pronunció al respecto. La institución expresó su respaldo con los músicos y calificaron el suceso de inaceptable. Asimismo, advirtió que es un ataque violento contra la libertad de expresión y diversidad cultural.

«Es inaceptable que un evento artístico de tanta relevancia como el Quilapayún haya sido bruscamente interrumpido por la Policía sin una explicación clara ni justificación aparente (…) la agrupación es histórica en la música popular latinoamericana, merece respeto y reconocimiento por su aporte al patrimonio cultural de nuestra región», reza el comunicado.

La entrada Quilapayún denuncia censura en pleno concierto, en Quito se publicó primero en La Calle.

«De Moreno no sé, pero Lasso y su canciller estuvieron el 15 de octubre en la embajada de México en Quito. Lo primero que hizo fue quejarse de los asilados en este país. Es un Estado soberano, no tiene que dar explicaciones a nadie», dijo el exgobernante.

La segunda queja fue para «tratar de impedir, o el auspicio público al menos, de esta clase de productos audiovisuales que van a tener un impacto impresionante».

Desde 2020, la exlegisladora Soledad Buendía, su esposo Edwin Jarrín y la exasambleísta Gabriela Rivadeneira viven en condición de asilados políticos en México alegando la persecución política del gobierno del Ecuador.

Otros asilados son el excanciller Ricardo Patiño y el propio Correa, quien solicitó esa condición al Reino de Bélgica, país donde vive desde el 2017.

La entrada Lasso trató de censurar documental sobre la RC, denuncia Correa se publicó primero en La Calle.

Solodovnikov precisó que «RT America va a cesar la producción en todas sus instalaciones como resultado de interrupciones del negocio imprevistas».

También previó que los despidos serán permanentes, en otra comunicación, en este caso para el canal financiero CNBC. Una fuente de este canal aseguró que el cese de operaciones es inmediato. Además, los trabajadores despedidos fueron notificados este jueves. Su contrato finalizará el próximo 3 de mayo.

Sanciones a RT en medio de tensión con Ucrania

El mayor operador de televisión por cable en EE.UU. anunció esta semana que dejará de emitir RT America como respuesta a la ‘invasión rusa’ de Ucrania.

Asimismo, la Unión Europea (UE) decretó parcialmente el veto a las emisiones en su territorio de RT y otras versiones de este que operan en varios idiomas. Esto, «hasta que se ponga fin a la agresión a Ucrania y hasta que la Federación de Rusia y sus medios asociados dejen de llevar a cabo acciones de desinformación”.

Tampoco faltó Bruselas, que también prohibió actividades de radiodifusión al medio ruso Sputnik. Desde allí mantuvieron el comentario de que «éstos no son medios de comunicación, sino parte de la maquinaria de guerra de Rusia».

Conflicto de intereses alrededor de Rusia y Ucrania

Ante acciones similares como la de Uruguay, que también suspendió la emisión de RT, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom) criticó esta medida. El director ejecutivo del organismo, Gustavo Gómez manifestó que aunque coincide con el rechazo a la invasión del Kremlin, califica la medida como «censura estatal».

“En un conflicto internacional todas las partes hacen propaganda y justifican sus acciones. La posición en contra de una de ellas (Rusia, como también pienso yo) no debería hacerle olvidar que afecta el derecho de uruguayos a buscar y recibir información. Eso es censura estatal”, expresó Gómez.

La entrada Russia Today (RT) cerró su canal en EE.UU. se publicó primero en La Calle.

La medida es parte del endurecimiento a las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos contra Rusia por el conflicto bélico desplegado en Ucrania.

«(…) prohibiremos la maquinaria mediática del Kremlin en la Unión Europea. Las empresas estatales Russia Today y Sputnik, y sus filiales, ya no podrán difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin», aseguró von der Leyen en rueda de prensa.

Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, las autoridades de la Unión Europea plantearon censurar medios rusos. Según la UE, esta medida es necesaria para combatir «la manipulación y desinformación tóxica y dañina en Europa».

Últimas sanciones

La presidenta afirmó el cierre del espacio aéreo de la Unión Europea (18 países) para aviones de propiedad rusa, registrados en Rusia o controlados por este país. La orden incluye la prohibición de aterrizaje, despegue o sobrevuelo en territorio de la UE. Asimismo, no podrán efectuar estas acciones los jets privados de los oligarcas rusos.

También anunció un nuevo paquetes de sanciones a los sectores económicos más importantes contra la Bielorrusia de Aleksandr Likashenko. Los miembros de la UE consideran al presidente bielorruso como «otro agresor en esta guerra».

«Todas estas medidas se suman al sólido paquete presentado ayer, acordado pr nuestros socios internacionales», finalizó.

La entrada Unión Europea prohibirá medios de comunicación rusos RT y Sputnik se publicó primero en La Calle.

Quito, 13 de ago (la Calle).- Usuarios de redes sociales promovieron el hashtag #GüitigCensura dirigido a la marca de agua mineral por eliminar un video publicitario en el que aparece un pañuelo proaborto.

Según la plataforma, La Incre, la empresa eliminó un audiovisual que presentaba a una de las ilustradoras que concursa por diseñar el oso de la marca. La artista gráfica, Pepailustradora, tenía en su armario un pañuelo verde a favor del aborto.

La prenda aparece durante un segundo en el video. Varios usuarios en redes sociales atacaron a la empresa por, supuestamente, promover causas políticas. La solución para la organización fue sacar el audiovisual de redes sociales.

Posteriormente, colectivos feministas denunciaron el acto, con el hashtag #GuitigCensura. Además compartieron fotografías en que exponían la botella junto al pañuelo verde.

En redes sociales, diferentes usuarios manifestaron sus posturas al respecto de la polémica.

Otros usuarios han criticado la campaña de #GuitigCensura argumentando que la empresa tiene derecho a elegir lo que se publica en sus videos.

La entrada Redes sociales reclaman censura a pañuelo proaborto con el hashtag: #GuitigCensura se publicó primero en La Calle.

El exministro no hizo acto de presencia en el proceso, por lo que no ejerció su derecho a la defensa. Los asambleístas, por otro parte, procedieron al debate.

El debate

“La sustanciación de este juicio ha sido uno de los más dolorosos episodios de la historia política del país. Esfuerzos supremos debieron ponerse en marcha para proteger la vida de los ecuatorianos y no se hizo”, dijo la asambleísta Noralma Zambrano.

“El juicio político que hoy debatimos busca señalar que no se va a permitir la impunidad. El exfuncionario debe ser censurado, pues su probidad fue inexiste”, indicó la legisladora Marcela Aguiñaga.

El juicio fue liderado por los asambleístas Pabel Muñoz y Angel Sinmaleza. En su intervención, Muñoz indicó que este es un día histórico para el país. “Esta Asamblea no puede dejar en la impunidad la irresponsabilidad y negligencia del exministro de Salud. Este funcionario transgredió normativa nacional e internacional en materia de salud; la censura es imperativa”.

Juan Carlos Zevallos, quien actualmente reside en Miami, no podrá ejercer cargos públicos durante dos años. Su expediente del juicio político se enviará a Fiscalía y Contraloría General del Estado para su revisión

Causales

10 fueron las causales que los asambleístas Ángel Sinmaleza y Pabel Muñoz presentaron para el juicio. Acciones en la entrega de carnets de discapacidad irregulares, incumplimiento de la Ley Humanitaria, insuficientes pruebas diagnósticas para COVID-19, desorden e irregularidades en el plan de vacunación.

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Con firmeza y valor periodístico, Radio Pichincha Universal rescata la memoria de las movilizaciones. El medio calificó la censura en su contra como un atentado a la libertad de expresión y el derecho a la información. Según la emisora y su grupo, el ataque pasará a la historia como un bochornoso incidente para la democracia ecuatoriana.

El hecho

Alrededor de las 15h00 y al calor de la ebullición social del 8 de octubre, un grupo de uniformados y funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) irrumpieron en las instalaciones de Radio Pichincha Universal. Las autoridades obligaron a suspender su transmisión, dejando en los altoparlantes un último eco de las canciones del Grupo Iliniza. Con esta acción, el Estado clausuró la intensa jornada informativa emprendida por la icónica emisora de Pichincha. El silencio se impuso sobre Pichincha Universal, de golpe, bajo el pretexto de presuntas incitaciones al odio y la violencia.

Memorias de Octubre

Octubre del 2019 representó un hito en la lucha social del pueblo ecuatoriano. Este año, octubre volvió. Los fantasmas de octubre regresan en medio de la radicalización de la política económica del régimen y de intentos del pueblo por rescatar memorias de los hechos.

En ese marco, este 8 de octubre, el grupo de profesionales que conforman Pichincha Comunicaciones realizan el Festival Memorias de Octubre. Allí, artistas, testimonios y reportajes confluirán en un homenaje a las víctimas de las protestas y en defensa del derecho a la libertad de expresión. (JEB).

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Este día, 3 de septiembre del 2020, se celebran cien años del nacimiento de uno de los fundadores del neovanguardismo latinoamericano, el argentino León Ferrari (1920-2013).

No puede pasar desapercibida su obra; menos aún en este tiempo en que la discusión y el conflicto político envuelven con extremo despotismo nuestras anómicas sociedades.

Arte y religión

Es en este contexto donde Ferrari cobra total vigencia, al intervenir el espectro político, ideológico y religioso desde la praxis artística; irrumpiendo en los escenarios del poder hegemónico.

Una de sus obras icónicas “La civilización occidental y cristiana” (1965), consiste en una instalación tridimensional de un avión bombardero estadounidense sobre el que descansa la imagen de un Cristo crucificado.

Su referencia a los horrores de la guerra de Vietnam y el silencio cómplice de la Iglesia católica hacen que esta obra nos descubra al arte como instrumento contra la violencia de Estado y la violación de los derechos humanos, por ejemplo.

En el contexto político latinoamericano, durante los últimos años, hablamos de retrocesos cuando observamos que, en lugar de incrementar el ejercicio de los derechos fundamentales, la imbricación entre ideología, religión y capital, ha generado una regresión de todo cuanto había logrado la lucha social durante décadas de disputas.

Hasta hace treinta o cuarenta años, León Ferrari veía con preocupación esa influencia de la “civilización occidental”; como una amenaza no solamente económica sino ideológica, que ahonda posturas religiosas que atentan contra la vida, reproduciendo la guerra.

Por ello, cuánta razón tenía al afirmar que “el arte no será ni la belleza ni la novedad. El arte será la eficacia y la perturbación…”.

La censura marcó la carrera de Ferrari, censura que no ha sido ajena a varios artistas nacionales que han ido por la misma línea. Un ejemplo es el guayaquileño Hernán Zúñiga y su obra “La Adolorida de Bucay”, retirada del Salón de Julio, del municipio de Guayaquil, por pedido del alcalde León Febres Cordero.

Arte y violencia

Ferrari interpreta a la sociedad como un filtro que deja pasar algunas cosas que le son convenientes o inocuas. Mientras que otras son veladas y omitidas del espacio colectivo.

El infierno, para la Iglesia, forma parte de un esquema, donde la tortura se convierte en un hecho aleccionador. Extrae de contexto el horror de la violencia que observamos impávidos en los templos religiosos. Pero se oculta cuando se trata de la agresión de un Estado represor, de una sociedad patriarcal, o de una decisión selectiva sobre la vida y la muerte.

Esa violencia que vemos en los infiernos de la desidia, del despotismo y del poder. Es imposible no hacer una analogía entre el silencio de la Iglesia y la postura de los medios de comunicación durante los levantamientos de octubre del 2019; donde las mutilaciones, los crímenes de Estado y la violencia fueron omitidos, censurados.

También viene a la mente la contradictoria posición de ciertos grupos políticos y religiosos ante la aprobación del Código Orgánico de Salud. Grupos que se oponen a salvar la vida de una mujer en situación de riesgo obstétrico.

El arte social, entonces, se convierte en un instrumento de provocación -y por tanto de emancipación -que hunde el dedo en la llaga de un país y de una sociedad agonizante. País que prefiere observar los infiernos desde una obra de arte en la que nunca estará representado el asesino de mujeres, el sacerdote pedófilo o el político corrupto. Un infierno que tampoco mostrará los vínculos de esa misma Iglesia con el poder político y el capital.

Arte y blasfemia

A León Ferrari lo llamaron blasfemo, y en muchas ocasiones grupos religiosos irrumpieron a sus exhibiciones para destruir la obra; pero él aseguraba que, luego de ser destruida, finalmente, ésta quedaba completa.

Una interpretación de la misma violencia con la que la sociedad asume su condición: “Creo que nuestra civilización está alcanzando el más refinado grado de barbarie que registra la historia”, aseguraba.

Es muy probable que la obra estampada en una camiseta, que luciera la Ministra de Gobierno en los últimos días, se haya completado con la interpretación de toda una sociedad que vio, en ese acto de farándula, representadas la violencia, la indolencia y el infierno.

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«La Defensoría dispuso que se garantice que todas las imágenes que se producen, generen u obtengan por la Presidencia de la República, la Secretaría General de Comunicación o cualquier otra entidad gubernamental, con recursos públicos, son de uso y acceso público». También que se evalúen los procesos por infringir normas de ‘copyright’ y mal uso de fotografías de “propiedad” de la Presidencia de la República o la Secretaría General de Comunicación».

El equipo de Radio La Calle  recibió un bombardeo de correos desde la Presidencia de la República, suscritos por el servidor Santiago Acosta. En estos e-mails informaba de “mal uso de las imágenes” en las que aparece el presidente Lenín Moreno.

Esos correos manifestaban que La Calle tenía 24 horas para eliminar de sus sitio todas las fotos del mandatario. Caso contrario, procederían a cerrar la página web de modo permanente.

Acosta es director de Comunicación Digital de Gobierno y Cobertura de la Secretaria General de Comunicación.

Casos similares se presentaron con Pichincha Universal, Ecuador Inmediato, LaHistoria.ec, La Fuente, República del Banano, Ruta Krítica, entre otros.

Antecedentes

Ante esta evidente amenaza a su sitio web, Radio La Calle se comunicó con la Presidencia de la República. La respuesta fue que se trata de un software que detecta “que hay trolls que usan imágenes del sitio de Radio La Calle; y quizás por eso ocurren este tipo de bloqueos. No se trata de un tema discrecional sino de un software”.

Dejamos constancia de que las imágenes a la que hace alusión esta enorme serie de correos son las que envíó la Secretaría de Comunicación, a través de medios telemáticos a los que Radio La Calle está suscrito con aprobación de la misma SECOM. Teóricamente, el Gobierno envía esas imágenes para publicarlas en los medios, pero, al parecer, existe una contradicción interna.

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“Está en riesgo la libertad de expresión y el derecho de opinión, los dos consagrados en la Constitución”, dijo la prefecta de Pichincha Paola Pabón. Ella aseguró que el asunto está vinculado con el anuncio que hizo la alianza Unión por la Esperanza (UNES) de su binomio presidencial Aráuz – Correa.

“No nos parece casual que el día de ayer (martes 18) UNES haya lanzado el binomio presidencial. A reglón seguido viene la persecución contra una institución que no tiene nada que ver con los procesos de las distintas organizaciones que integran UNES. Rechazamos esta persecución”, añadió la prefecta.

El abogado del Pichincha Universal, Cristian Pérez, aseguró que en los próximos días tomarán dos acciones legales. Presentarán una acción extraordinaria de protección para apelar la revocatoria y de no ser favorable empezarán acciones vía contenciosa administrativa.

En el marco del paro nacional de octubre 2019, Arcotel sacó del aire la señal de Pichincha Universal con base en un informe de un miembro de las Fuerzas Armadas, sobre el programa de opinión “La Oreja”.

La página oficial de este medio también ha recibido varias denuncias y bloqueos a lo largo de este año.

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“Ver lo que quieras ver, escuchar lo que quieras escuchar y leer lo que quieras leer” es la consigna que estos grupos proponen. Consigna que no refleja la realidad que viven los profesionales de la comunicación, como resultado, los Medios Públicos desaparecen, miles de trabajadores quedan en el desempleo y la Secretaría General de Comunicación censura a los medios no tradicionales, aquellos que no ocultan las atrocidades del Gobierno de Lenín Moreno.

Recordemos el allanamiento a las instalaciones del medio de comunicación Pichincha Universal, durante el paro nacional de octubre 2019; o la suspensión de su sitio web. De la misma forma, el Gobierno de Moreno también censuró a Radio La Calle por publicar un comunicado público y oficial de 2019.

Esta es una acción conjunta entre La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión de Pichincha, la Asociación de Canales de Televisión, Canales Comunitarios y Regionales, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y la Asociación Nacional de Periodistas

El evento tendrá lugar en la intersección de las Avenidas 10 de Agosto y Naciones Unidas, este 10 de agosto a las 18h00.

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