La reunión, convocada por el Frente de Defensa Petrolero, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), contó con la presencia de representantes de diversos sectores. Los asistentes criticaron la falta de transparencia en la adjudicación del campo a un consorcio internacional, señalando que el Gobierno negoció «a espaldas de la ciudadanía» y favoreció intereses extranjeros.

David Almeida, secretario de ANTEP, alertó sobre inconsistencias en las cifras oficiales de renta petrolera y advirtió que la privatización afectará la producción nacional y la capacidad de refinación del país. «Este es el peor atraco petrolero de la época moderna», afirmó, comparando el caso con la entrega del campo Auca en 2015.

Acciones legales y pedido de juicio político

El abogado Washington Andrade anunció acciones legales contra el proceso de adjudicación, denunciando presuntos delitos como peculado, traición a la patria, corrupción y fraude procesal. Además, las organizaciones sindicales respaldaron un pedido de juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, y solicitaron a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría urgente del contrato.

José Villavicencio, presidente del FUT, calificó la adjudicación como un «atraco» y advirtió que recurrirán al «derecho a la resistencia» si el gobierno no revierte la decisión. «Los beneficiarios de esta entrega son el presidente Daniel Noboa y su familia», afirmó, acusando al Ejecutivo de violar la Constitución.

Movilización nacional y acciones futuras

Como medida de presión, los asistentes convocaron un «tuitazo» nacional para el 10 de marzo y un plantón en varias ciudades del país el 11 de marzo, fecha límite establecida por el presidente Noboa para recibir la prima por la adjudicación. Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), respaldó la iniciativa y anunció que el 12 de marzo se realizará una nueva convocatoria para sumar a otros sectores.

Almeida también denunció que, tras las primeras críticas al proceso de adjudicación, el gobierno despidió a 28 trabajadores de Petroecuador, incluido el jefe del Campo Sacha. «En lugar de aclarar las dudas, nos persiguieron», afirmó, señalando que los despidos fueron una represalia por las denuncias públicas.

Aunque el Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador (Cetrapep) se mostró a favor de la concesión, Almeida aseguró que esta postura responde a un «chantaje» del gobierno, que habría utilizado la negociación del contrato colectivo y la entrega de beneficios sociales para presionar a los trabajadores.

Llamado a la unidad

El Frente de Defensa Petrolero hizo un llamado a la unidad de los trabajadores y la ciudadanía para impedir la privatización del Campo Sacha. «No podemos permitir que se firme un contrato que incluye una cláusula de arbitraje internacional, lo que sería una entrega total de nuestra soberanía», concluyó Andrade.

La movilización del 11 de marzo marca el inicio de una serie de acciones que buscan revertir lo que las organizaciones sociales consideran un atentado contra los intereses del país y sus recursos estratégicos.

La entrada 11 de marzo: Plantón nacional en defensa del Campo Sacha se publicó primero en La Calle.

La organización mencionó que aumentar los años de pensión de 30 a 35 significaría una violación a los derechos alcanzados en la Constitución y en la Ley de Seguridad Social. Recalcó que desde la visión de varios expertos, lejos de ser esta una solución afectaría a la salud y calidad de la vida de los trabajadores.

Enfatizó que a más de prolongar la vida laboral de los ecuatorianos, el IESS presenta una serie de problemas y dificultades «a causa de la corrupción de los gobiernos de turno».

«La deuda que vive el instituto no fue originada por los trabajadores, es producto de la deuda que mantiene el Estado con la entidad», detalla el comunicado.

Como una promesa falsa, la UNE indicó que los «incentivos» que promete el régimen no son más que cosas demagógicas y lo que debería hacer es cancelar los USD 24 mil millones que adeuda.

Otras voces se suman

La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceols) rechazó la propuesta de Augusto de la Torre.

La organización llamó a todos los sindicales y asegurados a exigir que el gobierno de Lasso y el directivo respete la autonomía del IESS, pague la deuda, financie las prestaciones, frene la corrupción, entre otras.

«La confederación reafirma su compromiso de velar por los derechos de los trabajadores, estaremos atentos a tomar las medidas necesarias para proteger sus intereses», reza el documento.

¿Pero, qué proponen?

• Augusto de la Torre, quien preside la comisión para la reforma de las pensiones, detalló que el gabinete pretende ajustar la cesantía. Es decir, que el 2 % del aporte de los afiliados se mantenga, pero solo puedan retirarlo cuando se jubilen.

• Además, sugieren que la mitad de los aportes de los fondos de reserva lo depositen en una cuenta de ahorros por dos o tres años. El depósito sería de manera obligatoria, donde le empleador tendría la facultad de elegir la entidad bancaria, en caso de que el trabajador no la seleccione el dinero se irá al BIESS.

• Aumentar de 30 a 35 años los años de aporte al IESS. Según ellos, la edad mínima para jubilarse se mantendrá (actualmente es 60).

• Cambio en la tabla de cálculo de la jubilación. Actualmente, se consideran los cinco mejores años del empleador. Ahora, pretenden llegar hasta 20 o 25 años.

• El Estado tendrá un límite del 40 % al aporte de las pensiones del IESS. El alcance ahora tendrá un peso del 3 % del PIB.

• Finalmente, una pensión con dos frentes. Por un lado, una equivalente a la mitad del salario básico unificado y el segundo es una pensión variable que dependerá de los aportes de los afiliados. Según de la Torre, el valor será la suma de la pensión mínima y la variable. (N.J.C)

La entrada A las calles si Lasso acepta las reformas al IESS se publicó primero en La Calle.

Quito, 03 jul (La Calle).- El índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Mundial situó al Ecuador en el tercer puesto de los 10 peores países del mundo para los trabajadores.

La Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) denunció la lista expuesta por el organismo internacional. Esta sería la primera vez que el Ecuador entra en este ranking. La razón que apunta el informe son las leyes regresivas y violencia policial contra huelguistas.

El reporte tomó como base el Paro Nacional de junio del 2022, durante el período del presidente Guillermo Lasso, en donde existió represión policial contra movimientos indígenas y sindicatos que exigían mejores condiciones de vida.

Por otra lado, señaló que marco legal en Ecuador es muy restrictivo y obstaculiza el desarrollo de sindicatos fuertes e independientes, tanto en el sector público como en el privado.

Los demás países

La información se analiza en torno a una lista de 97 indicadores derivados de los Convenios y jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El índice representa las violaciones de los derechos de los trabajadores tanto en la ley como en la práctica.

Entre los países se encuentran Bangladesh, Belarús, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Mynanmar, Túnez y Turquía.

El mayor índice está representado en Oriente de Medio y Norte de África con un 4.53 %, le sigue el continente de Asia y Pacífico con 4.18 %, África con 3.84 %, América con 3.52 % y Europa con 2.56 %.

Derechos laborales

Para la CEOSL, el Gobierno va en contra de los convenios 87 y 98 de la OIT que hacen referencia a la libertad de asociación sindical de los empleados. El 1 de mayo varios trabajadores salieron a las calles en protesta a las condiciones laborales del país.

Desde Riobamba, cientos de ciudadanos y ciudadanas salen a la calles por el Día del Trabajador. «No dejaremos de luchar contra este sistema antipopular», corearon los manifestantes.

Asimismo, en la capital cientos de trabajadores salieron desde la caja del Seguro en protesta por sus derechos. Por ejemplo, los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), manifestaban su rechazo al Gobierno en su intento de privatización a las áreas estratégicas. (A.G.M)

La entrada Ecuador, entre los diez peores países para los trabajadores a nivel mundial se publicó primero en La Calle.

Marcela Arellano, presidenta Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) fue la encargada de dar la bienvenida. La también presidenta del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) estuvo acompañada por representantes de la Ecuarunari y Frente Popular.

«Este colectivo de organizaciones sociales promovió el «No». Ante un gobierno que no ha cumplido sus promesas y ha favorecido a la banca que impone politicas neoliberales. El pueblo demanda nuevas politicas resolver la crisis de empleo, de seguridad social, que respete al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)«, manifestó Arrellano durante su intervención.

Asimismo, recalcó que estos movimientos rechazan la disminucion del presupuesto hacia los sectores de salud, educación y sociales. Además, insistió que el gobierno se ha levantado de las mesas de diálago propuestas sin resolver los problemas de los trabajadores. También condenó el nombramiento de Richard Gómez en el directorio del IESS, pues considera que es una persona «vinculada con casos de corrupción y gobiernos aurtoritarios».

La Ecuarunari reclama la ineficiencia de Lasso

Alberto Ainaguano, presidente de la Ecuarunari, sostuvo que pese a toda la maquinaria política desplegada por el gobierno de turno para «dividir al movimiento índigena del Ecuador», la ciudadanía voto por el «No» en la Consulta Popular. Según el dirigente, la intención del ejecutivo es instaurar politicas neoliberales que no favorecen al pueblo ecuatoriano.

«Lasso dijo que permitiría el libre acceso a la universidad en su campaña. Pero nuestros bachilleres. Pero semestre a semestre se quedan sin estudiar. Nuestros jóvenes son factores sensibles a pandillas y grupos delincuenciales. Nuestros niños siguen con desnutrición crónica, pese a nuestros recursos naturales y el tema de salud esta por privatizarse», expuso Ainaguano.

Respecto del llamado «acuerdo nacional», el dirigente reveló que el movimiento se ha sentado 90 días en mesas de dialogos, en los que se han establecido 218 acuerdos. No obstante el vance es solo del 10%. Por ello, consideró que se debe efectuar un análisis con los miembros de la Ecuarunari para determinar si se debe apoyar la decisión de una posible «muerte cruzada».

El Frente Popular pide a presidente que «se vaya a casa«

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, señaló que los pueblos del país, los trabajadores, la juventud, las mujeres y los índigenas «derrotaron al gobierno prepotente de Guillermo Lasso». Sostuvo que las intenciones delm mandatario con el Referéndum fue promover políticas neoliberales y privatizadoras.

«Demandamos que el gobierno, que no ha podido gobernar, en favor del pueblo, se vaya a su casa por incapaz, por indolente, y porque que no responde a los intereses de trabajadores y los pueblos. Lasso hoy mas que nunca se encuentra solo«, manifestó Erazo.

En tanto, Ernesto Flores, presidente del Movimiento Poblacional 15 de Noviembre, optó por felicitar al pueblo ecuatoriano por la victoria del «No» en las urnas. «Ese triunfo es un mensaje para el gobierno y su modelo neoliberal. Lasso debería renunciar, porque el pueblo le dijo ‘No’; incluso partidos de derecha lo han dejado en aislamiento«, expreso Flores.

Por último, Marcela Arellano enfatizó que van a defender la voluntad de la población. «Es evidente que el gobierno necesita presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para asegurar un «Sí» en la consulta por lo menos en la primera pregunta«, concluyó.

JR

La entrada Colectivos sociales y políticos niegan apoyo y diálogo al gobierno de Lasso se publicó primero en La Calle.

Quito 15 de dic (La Calle).- A vísperas de que se venza el plazo máximo del pago del décimo tercer sueldo, el Gobierno se escuda en la figura de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo establecida en la Ley de Apoyo Humanitario para violar la política salarial.

Como se conoce, la fecha máxima para el pago de este beneficio es el 24 de diciembre de este año.

«La capacidad adquisitiva de los trabajadores está por los suelos. Es evidente que la política pública es favorable al sector patronal y empresarial. Que no nos sorprenda que sigan tomando acciones de esta naturaleza. La única posibilidad aquí es la reacción social» señaló Eduardo Valdéz, presidente de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl).

El pasado 11 de diciembre, el Ministerio de Trabajo informó que la decimotercera remuneración podría pagarse en cuotas. De acuerdo a la Cartera de Estado es una opción que implica que el empleador y al trabajador lleguen a un acuerdo respecto a las condiciones económicas de la relación laboral.

El expresidente del Consejo Directivo del IESS Hugo Villacrés considera que el derecho del trabajador establece un acuerdo para postergar el pago, pero no para tramitarlo en cuotas. «Eso equivaldría a la violación del código de trabajo y los acuerdos internacionales. En el peor de los casos, el trabajador se enfrentaría al despido si no accede a este acuerdo», acotó.

Una evidente disminución de la liquidez

Villacrés afirmó que esta decisión equivale a la contracción económica del país. «Una parte de los ciudadanos accederán a medios de pago alternativos como tarjetas de crédito y otras, pero la otra mitad dejaría de consumir. Hay una afectación directa al consumo en los hogares», señaló.

El décimo tercer sueldo o bono navideño es un beneficio correspondiente a la 12ava parte de las remuneraciones que reciben los trabajadores hasta el 24 de diciembre de cada año.

Aquellos empleados que trabajaron por un tiempo inferior al año, comprendido desde 1 de diciembre hasta 30 de noviembre, tienen derecho a una parte proporcional al sueldo.

La entrada Eduardo Valdés: «El pago diferido del 13ro. es otra violación laboral» se publicó primero en La Calle.