Entre los causales está, haber permitido que el Ministro de Economía y Finanzas priorice el pago a tenedores de bonos en lugar de destinar financiamiento para enfrentar la crisis de Covid-19.

Ecuador pagó cerca de 300 millones de dólares en plena pandemia a acreedores nacionales y del exterior. Tal acción fue calificada como un recurso necesario por varios voceros del Estado.

El Secretario del Presidente, Juan Sebastián Roldán comparó esa actitud con la del buen pagador que se acerca a la entidad de crédito a pagar lo que dispone en esos momentos.

La Constitución del Ecuador establece la posibilidad de destitución y juicio político contra un Presidente por “incumplimiento de funciones”. De acuerdo a la Carta Magna, no es posible afectar los presupuestos de áreas sensibles como son la educación y la salud.

Estas áreas fueron las más afectadas durante todo el proceso de la pandemia en el Ecuador, a partir de decisiones enteramente políticas.

Gómez dijo que la propuesta no se ha consolidado y se estaría esperando que al interior de la Asamblea, los bloques políticos, empiecen a manifestarse. Su planteamiento ya tuvo un primer acercamiento al interior de la Comisión de Fiscalización.

La actitud dilatoria de Litardo

Esteban Melo, integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, sostiene que “la salud y la educación son mandatos del Estado, cuando se afecta esos derechos, se podría incumplir funciones”.

Desde la presidencia de la Asamblea se retrasa la continuidad de otros juicios políticos. Melo afirma que César Litardo, presidente de la Asamblea, no envía otros juicios políticos que ya están calificados por el Consejo de Administración de la Legislatura.

“Como integrante de la Comisión de Fiscalización solicité a mis compañeros que insistamos en el envío de los juicios políticos”, agregó.

Días atrás, la recientemente conformada Comisión de Fiscalización ya aprobó el informe favorable para el juicio político contra Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (EQ)

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Con esta decisión, el Legislativo busca reformar parcialmente la Constitución de la República. En el documento se contempla la eliminación del CPCCS, entidad que durante la mayor parte del periodo de Gobierno de Moreno, estuvo bajo el feudo de Julio Cesar Trujillo.

El organismo, posteriormente lo lideró José Carlos Tuarez, destituido por juicio político en la Asamblea Nacional y que actualmente enfrenta una investigación por presunta asociación ilícita. Entonces, lo presidió Cristhian Cruz, actual presidente que está señalado bajo el presunto delito de falsificación de documentos para llegar al CPCCS y para obtener su carnet de discapacidad.

Asamblea bicameral

En el informe también proponen transformar a la Asamblea Nacional en Bicameral. Es decir, un sistema parlamentario en el cual el órgano Legislativo está compuesto de dos cámaras: la de senadores y la de diputados. La idea es que la Asamblea asuma la función del CPCCS.

Blindar a la Fiscalía

Otro de los puntos busca brindar “independencia” a la Fiscalía General del Estado, con lo que la Función Judicial no tendría poder sobre la entidad presidida por Diana Salazar.

Con la aceptación de 6 asambleístas quedó así registrada la aprobación del informe en la Comisión Ocasional del Parlamento. El apoyo vino desde Elizabeth Cabezas, ex Alianza PAIS (AP); Wilma Andrade de Izquierda Democrática; Héctor Muñoz de SUMA; Carlos Cambala de AP; Jeaninne Cruz de CREO; y Washington Paredes de la Bancada de Acción Democrática Independiente. 

El documento ahora tiene que pasar a la presidencia de la Asamblea Nacional para que César Litardo lo ubique en el orden del día de una de las sesiones del Pleno para su primer debate. (AB)

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De acuerdo a la información que entrega el jurista, la reunión habría tenido lugar en octubre de 2019, en el edificio Bristol, en la torre 3, en el departamento 907; lugar de residencia del presidente de la legislatura. «Le invitaron a una reunión para proponerle que sea parte de un golpe de Estado en las asonadas de octubre”, denunció Salcedo.

“¿Quién vive ahí? El presidente de la Asamblea Nacional [César] Litardo. ¿Quiénes comparecieron a esa reunión? La Fiscal General Diana Salazar, la más alta representatividad del Consejo de la Judicatura, el Contralor [Carlos] Polit, el propio Litardo, el asambleísta José Serrano, entre otras personalidades”, agregó.

Según Salcedo, quien también orquesta toda esta trama es Santiago Cuesta Caputi, “en una enemistad manifiesta, directa, contra María Paula Romo y el grupo de los ministros que le siguen fielmente”.

Reparto de los hospitales

Salcedo también denunció que su defendido posee información sobre la trama de corrupción en el reparto de los hospitales en el país. «Por eso existen presiones para dejarlo en indefensión.

“Mi defendido tiene mucha información al respecto de toda esta organización que planteó desde la Asamblea y los más altos poderes del Estado sobre la repartición de las cuotas políticas (…) Esta pugna lo que produce es la denuncia del reparto de los hospitales y la entrada de corrupción que se sigue develando”, dijo el abogado.

Finalmente, dijo que su trabajo está bajo riesgo y que ha recibido amenazas que podrían incluir un proceso penal en su contra. “Quieren silenciarme, quieren dejar sin defensa a mis clientes”, dijo.

Así mismo dijo: “Yo no soy político. Soy un abogado que está tratando de que se haga la justicia a través del derecho. [La justicia] se está ensombreciendo porque los mismos que investigan están vinculados a la trama de este caso del asambleísta Mendoza”, concluyó.

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