Ese el riesgo, lo reconoce el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, pues si antes César Litardo,expresidente de la Asamblea, lo cobijó y ahora cuenta con el respaldo de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

“Ya le he enviado dos solicitudes para que de paso al juicio, pero no me contesta, hoy (18 de agosto) le enviaré otra solicitud más”, aclara el representante de las filas de Unión por la Esperanza, (UNES).

De acuerdo al artículo 131 de la Constitución Política del Estado, “la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.

Un año en el exterior

Martínez renunció un 7 de agosto de 2020, con una lacónica carta en la que precisaba su aporte al Gobierno y el aumento de beneficiarios a los “proyectos sociales” de ese gobierno y otros detalles. Tachoneó la carta con tal de agregar como encabezado: “querido presidente”.

Martínez fue un hombre con suerte. En su periodo, cinco juicios políticos fueron paulatinamente postergados, hasta que en septiembre de 2020, pasaran a la Comisión de Fiscalización. Los juicios estuvieron impulsados por los legisladores: Juan Lloret y Yofre Poma (RC); Vicente Taiano (PSC); Jimmy Candell (BIN) y Raúl Tello (BADI).

Lloret considera que es posible otra interpretación del 131 de la Constitución que permita saltar la salvedad del periodo de tiempo y es que el pedido de juicio fue presentado durante el ejercicio del funcionario.

La acusación contra Martínez es incumplimiento de funciones; alrededor de ello, los acusadores afirman que el funcionario no asignó recursos económicos para los gobiernos autónomos descentralizados; incumplió en el pago de los incentivos a los jubilados del magisterio; afectó al presupuesto del sector educativo tanto al sistema inicial, básica, bachillerato y universitario; también lo responsabilizan de un supuesto mal manejo en las asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria provocada por el COVID-19; y además, cuestionan que manejó mal el proceso de pago de la deuda externa.

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La Secretaría General de la Asamblea ya socializó el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda la censura y destitución de la ministra Romo. Para la censura se requieren los votos de las dos terceras partes de los legisladores, es decir, 91 votos.

Actitud heroica

Para el presidente Moreno, la posible destitución de la ministra le traería más pena al país que a él. El mandatario calificó de heroica la actuación de Romo en octubre del 2019.

“Ella se sentiría aliviada de poder liberarse de una tarea tan dura como le ha correspondido. No olvidemos que si es que hubo una persona que se comportó con heroicidad durante octubre fue la ministra de gobierno», dijo el pasado 16 de noviembre en su programa radial «De Frente con el presidente».

Juicio Político

Litardo envió el informe a los asambleístas después de 11 días de recibir el informe de la Comisión. Según la ley, el plazo para fijar una fecha para la sesión del Pleno Legislativo es de cinco días.

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El pasado 8 de septiembre, el CAL determinó que la solicitud reunía los requisitos (entre ellos, 35 firmas de respaldo) para su trámite en la Comisión de Fiscalización. El trabajo de los asambleístas será decidir si el caso pasa al Pleno del Legislativo.

En enero de este año, los asambleístas Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, presentaron el pedido, ya que, a su juicio, Romo incumplió con sus funciones acerca de la actuación de la Policía en las protestas de octubre de 2019.

Otros juicios

No fueron los únicos pedidos. En 2019, los mismos legisladores pidieron el juicio político por temas de seguridad ciudadana y la crisis carcelaria. Pedidos que terminaron en el archivo de la Comisión, el 12 de diciembre, por falta de sustento.

Nuevo juicio

El legislador Gómez planea presentar un nuevo pedido de juicio contra la ministra por supuestos repartos del control de hospitales a cambio de votos en la Asamblea. La acusación nace de los testimonios anticipados del exasambleísta morenista, Daniel Mendoza y miembros del consorcio Pedernales, quienes indicaron que varias cuotas políticas tenían el conocimiento de Romo.

Martínez

Otros juicios que aún no tiene respuesta son los cinco pedidos contra el exministro de Economía, Richard Martínez. En la reunión de Pleno de este martes, el legislador Juan Cristóbal Lloret (RC) volvió a insistir en el juicio político al exfuncionario y la alerta de una posible violación de la Constitución por las intenciones de Martínez de tener un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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De acuerdo a la moción del asambleísta por Revolución Ciudadana Pabel Muñoz, los nuevos integrantes los definirán el próximo lunes 14 de septiembre.

Votaciones fallidas

El miércoles 9 de septiembre, la Asamblea Nacional no logró reestructurar la Comisión de Fiscalización del Legislativo, a pesar de que la iniciativa fue presentada el 22 de junio de este año. Tras dos votaciones fallidas en más de 6 horas de debate, el presidente de la Asamblea, César Litardo, volvió a suspender la sesión por falta de garantías.

El proyecto de reestructuración fue inicialmente promovido por el legislador Fernando Flores en junio. La razón de la propuesta fue que varios asambleístas de esa Comisión estarían involucrados en casos de corrupción, incluso dos de ellos, Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, fueron removidos de sus cargos por la trama de corrupción en el Hospital de Pedernales.  

Procuraduría buscó evitar el cambio

El debate inició de forma acalorada. Litardo prometió dar espacio para que todos los asambleístas hablen y mocionen sus propuestas. Pero antes, el presidente ordenó a su secretario alterno leer una carta del Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, en donde advierte a la Asamblea que no puede reestructurar ninguna Comisión de su Institución sin haber transcurrido dos años de trabajo.

Llegó el turno de los legisladores. Varios ya venían con sus discursos preparados para apoyar a Litardo, y otros tenían listo su contraataque. El asambleísta Alberto Arias honró al presidente del Legislativo y exhortó al Pleno a obedecer lo dicho por Procuraduría a través de una moción formal “Según el Art. 237 y el Art. 3 de la Ley de Procuraduría, este organismo está en la obligación de asesorar a todos las instituciones de la Administración Pública”, indicó Arias. Finalmente, señaló que no existe una normativa que permita la reestructuración de las comisiones especializadas.

Moción de Héctor Yépez

El legislador Héctor Yépez no estuvo de acuerdo con las palabras de Arias e inmediatamente presentó su moción. “Cómo se pretende permitir que el Procurador nos controle cuando somos nosotros, la Asamblea, quienes debemos controlar al Procurador”, aseveró Yépez. Así, el asambleísta presentó su propuesta de reestructuración, en la cual la Comisión estaría conformada por dos asambleístas del Partido Social Cristiano, dos de CREO, dos de Alianza PAIS, dos del Correísmo, un independiente, uno del Bancada de Acción Democrática Independiente y uno del Bancada de Integración Nacional.

A esta propuesta se sumaron los asambleístas Fernando Flores, César Rohón y Marcela Aguiñaga. Flores criticó la postura de Arias y Litardo “Si bien es cierto que no existe una normativa que permita reestructurar, la Asamblea ya resolvió que a través de resoluciones y acuerdos tomar sus decisiones. Qué tan bajo estamos cayendo cuando, a través de todas las artimañas, se trata de impedir que suceda esta reestructuración. Me voy a tomar la función de iniciar un juicio político en contra del Procurador por haberse arrogado funciones. El principal poder del Estado es la Legislatura.”, mencionó Flores al Pleno.

César Rohón, asambleísta del PSC, responsabilizó al Gobierno Nacional de lo sucedido. “Esto es aupado y promovido desde la propia Presidencia de la República, para minimizar la Asamblea, para hacer verla como si fuese nada. La reestructuración de la Comisión de Fiscalización debe darse hoy mismo.”, aseguró el legislador.

Marcela Aguiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, lamentó las acciones del presidente Litardo. “Deberíamos llamar la atención al propio Presidente de Asamblea por ser él quién consultó al Procurador. Hoy se congelan solicitudes de Juicio Político. Es por eso que hoy, más que nunca, lamentablemente las circunstancias nos obligan a tomar la decisión para que el Pleno pueda reestructurar la Comisión”, mencionó Aguiñaga.

Negación a la propuesta de Arias

Varios legisladores apoyaron la propuesta inicial de Arias y juzgaron que se los tache de corruptos. Johanna Cedeño y Fausto Terán, quienes actualmente son miembros de la Comisión, recordaron que el Pleno no está por encima de la Constitución ni de la ley. Según ellos, el Art. 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa expresa que los asambleístas elegidos para conformar la Comisión deben ejercer su función durante dos años. En todas las comisiones deberíamos reestructurar y equilibrar las fuerzas. Lo que es indignante es quieran enlodar el nombre de buenos asambleístas”, aseguró Terán.

Tras más de 6 horas de debate, en donde varios asambleístas estuvieron en contra y a favor de la reestructuración, finalmente procedieron a votar. Con 132 legisladores presentes, no dieron paso a las mociones de Alberto Arias y José Serrano.

Tercera moción suspendida y descartada

Llegó la hora de votar por la moción de Héctor Yépez, en donde supuestamente la Comisión estaría conformada por miembros de todas las bancadas. Los asambleístas propuestos para conformar el organismo son: Mercedes Serrano (BIN), Ramón Terán (PSC), Bairon Valle (RC), Esteban Melo (RC), Luis Pachala (CREO), Silvia Vera (CREO), Jorge Corozo (AP), Xavier Casanova (AP), Roberto Gómez (independiente).

Faltaba un asambleísta del BADI y uno de SUMA para que la moción cumpla con lo prometido. César Litardo aprovechó la situación para suspender la sesión y no dar paso a la votación. “He recibido varias llamadas de legisladores que no se sienten incluidos en la propuesta, por lo que he decidido suspender la sesión”, mencionó Litardo al final de la reunión.

Para este 10 de septiembre, los legisladores volvieron a sesionar. Tras descartar la moción de Héctor Yépez y de Fernando Flores, intervino el asambleísta por Revolución Ciudadana Pabel Muñoz. A esta propuesta adhirieron 85 parlamentarios quienes también decidieron que la conformación de la Comisión de Fiscalización sea definido el próximo lunes tras la notificación de cada una de las bancadas para remitir a sus representantes. (DR – SGA)

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Hasta este 2 de septiembre, Romo lleva tres intentos de juicios políticos dentro de la Asamblea Nacional. El primero de ellos lo presentaron en relación al mal uso de un helicóptero de la Policía Nacional para fines personales. El segundo fue en relación a los hechos de las manifestaciones de octubre, donde murieron varios ciudadanos, otros perdieron uno o sus dos ojos y la Policía utilizó gas lacrimógeno en zonas de paz llenas de niños y madres indígenas. El último intento está relacionado con el presunto reparto de hospitales a asambleístas para obtener votos a favor de leyes del Gobierno, en el cual Romo sería la mente maestra detrás de todo, de acuerdo a investigaciones periodísticas.

Richard Martínez ya lleva cinco pedidos de juicio político en la Asamblea Nacional. El primero fue en 2019 porque Martínez no entregaba los recursos económicos correspondientes a los GAD´s de la Amazonía. El segundo intento lo presentó el Partido Social Cristiano en el contexto de la pandemia. En ese, acusaban a Martínez de manejar mal la crisis sanitaria y de no dar datos precisos sobre el pago adelantado de la deuda externa. Los otros juicios los plantearon los ambleístas Raúl Tello, Juan Cristóbal Lloret y Jimmy Candell. Ellos aseguraban que Martínez causó un deterioro en la educación con la reducción de su presupuesto y también lo acusan de priorizar el pago de la deuda externa por sobre la salud de los ecuatorianos.

Pedido de destitución

El 27 de agosto del 2020, 123 legisladores de la Asamblea Nacional pidieron al presidente Lenín Moreno que remueva a María Paula Romo de su cargo por incumplimiento de funciones. A través de su cuenta oficial de Twitter, Moreno defendió a su ministra y dijo que cuenta con su respaldo ante las acusaciones del Legislativo. (DR)

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“Hay que reconformar las comisiones. Varios asambleístas están involucrados en procesos judiciales. Hay cuatro o cinco asambleístas que ya están en instancias finales dentro de sus procesos legales”, afirmó Litardo. Esto último lo dijo en relación a los juicios del morenista Daniel Mendoza y del aliado oficialista Eliseo Azuero. “Ellos no están en funciones, sino sus alternos, como establece la Constitución y la Ley”, puntualizó.

Antecedentes

Daniel Mendoza y Eliseo Azuero enfrentan procesos penales por corrupción en el manejo de fondos públicos para la construcción del Hospital de Pedernales. Mendoza ya renunció a su cargo a pocos días de ser destituido por el pleno de la Asamblea Nacional. Así lo recomendó la Comisión Multipartidista. Por su parte, Azuero no comparece ante la justicia a pesar de tener una orden de prisión preventiva en su contra y tampoco asiste a las diferentes reuniones del Legislativo.

“No solamente podemos juzgar a uno, tenemos que hacer un criterio de juzgamiento general de la Asamblea. Hemos sido respetuosos del debido proceso y de que esto se resuelva primero en la justicia para que luego la Asamblea lo resuelva de forma interna”, finalizó Litardo.

Otros casos

El pasado 14 de julio, la exasambleísta morenista Norma Vallejo recibió un año de cárcel por el delito de concusión. Según, la investigación fiscal, Vallejo usó su cargo para cobrar “diezmos” a sus asesores. Los montos que exigió ascendían a los USD 150 y USD 300 para que los funcionarios no perdieran sus puestos de empleo dentro de la Asamblea.

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El colectivo “Va por ti trabajador petrolero” exige al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, la convocatoria a segundo debate por las reformas a la Ley de Utilidades.

“Nosotros somos 10.000 familias que trabajamos en sector petrolero que nos hemos unido a los trabajadores del sector minero, eléctrico y complementario. La mayoría de personas aquí ganamos alrededor de un salario básico”, dijo Bernardo Coronel, integrante de la agrupación.

Denunció que existe discriminación en el reparto de utilidades, ya que el porcentaje para los trabajadores es del 15%, mientras que a ellos les toca solamente el tres.

Por otro lado, el dirigente sindical del Ministerio de Educación en Sucumbíos, Carlos Riera explicó las razones de la protesta. “Estamos aquí reclamando el incumplimiento de la firma del quinto contrato colectivo, el retroactivo de los USD 30 de los compañeros conserjes de cada una de las provincias”.

La convocatoria de los dirigentes se debió a la comparecencia de la ministra de educación, Monserrat Krammer en la Comisión Laboral.

Los reclamos de los trabajadores ocurren en el marco de la rendición de cuentas del Legislativo a cargo del presidente César Litardo.

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