Así lo confirmó el gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, quien aclaró que el BCE solo participó como agente pagador, indicó Primicias. 

«No es una operación de liquidez ni préstamo del BCE a Finanzas», dijo Avellán, y recalcó que tampoco se han usado las reservas internacionales, lo que está prohibido por Ley. Y añadió que el Banco Central no autoriza ese tipo de transferencias, sino que solo las ejecuta.

La entrega de estos recursos se produce en un contexto de creciente presión sobre la caja fiscal, debido a la caída de los ingresos petroleros y a la necesidad de atender el gasto público. 

¿Qué dice la ley? 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dice:

Art. 173.- La liquidez del Sector Público.- Para el manejo integrado de la liquidez del Sector público, el Banco Central del Ecuador en coordinación con el ente rector de las finanzas públicas, podrá gestionar la liquidez de las cuentas creadas en dicha entidad, de conformidad con el Reglamento de este Código. No se afectará la disponibilidad de recursos de todas las entidades y organismos del sector público y su exigibilidad inmediata

Por lo que el dinero que se ha pedido a la CFN deberá devolverse en su totalidad. (MIB)

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Según el informe pericial de avalúo, el terreno cuenta con cuatro edificaciones (una de cuatro niveles), bodegas, galpones industriales y oficinas administrativas. El mismo documento detalla como ventajas del inmueble que está ubicado en una «zona comercial» y presenta «plusvalía creciente».

El único desperfecto que tiene la obra es el «regular mantenimiento» al que estuvo sometida debido a que no operaba al momento de la visita pericial.

Inició con Moreno

En mayo de 2020, el expresidente Lenín Moreno dispuso la liquidación de la Empresa Pública (EP) Medios Públicos de Comunicación de Ecuador a través del decreto 1059. Los bienes -en proceso de liquidación- pasaron a ser administrados por el Ministerio de Telecomunicaciones.

Esto que significó la eliminación gradual de varios medios de comunicación, entre ellos diario El Telégrafo, que ahora circula solo en versión digital.

Según el entonces ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, había un tiraje irresponsable que «causó un perjuicio al Estado por USD 35 mil mensuales (…) seis de cada 10 diarios iban a la basura».

Durante el morenato se eliminaron, liquidaron o absorbieron más de 50 empresas públicas. Específicamente, Medios Públicos EP fue liquidada bajo el argumento de la «optimización del Estado», o mejor conocido como «cerrada por Estado obeso».

Ahora…

Debido a ese proceso de liquidación, Medios Públicos tiene obligaciones pendientes con la CFN, que, según expone la Gerencia de Coactiva, no ha cancelado la totalidad de las deudas.

El 16 de noviembre de 2022, el mandatario Guillermo Lasso designó mediante decreto ejecutivo 596 a Jorge Luis Andrade como presidente del Directorio de la CFN B.P.

La directiva de la Corporación está conformado por seis altos funcionarios de la Función Ejecutiva, según la página web de la institución financiera pública:

• Jorge Luis Andrade, presidente
• Pablo Arosemena, ministro de Economía (director)
• Julio José Prado, ministro de Producción (director)
• Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura (director)
• Neil Olsen, ministro de Turismo (miembro sin voto)
• Banco Central del Ecuador (miembro sin voto)
• Delegados ministeriales

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«La Corporación Financiera Nacional, con el objetivo de optimizar recursos, informa a la ciudadanía el cierre de las sucursales ubicadas en la región 1: Latacunga, Ambato, Esmeraldas, Riobamba e Ibarra. Región 2: Loja, Machala, Manta, Cuenca y Salinas», expresa el comunicado.

Los requerimientos de los ciudadanos de la región 1 serán atendidos de forma presencial en la sucursal de Quito en el sector de Iñaquito. También por vía telefónica o los canales electrónicos. Para la región 2 se atenderá en la oficina de Guayaquil en la avenida 9 de octubre y Pichincha, vía telefónicas y por canales electrónicos.

Las oficinas en provincias funcionarán solo hasta el 5 de agosto.

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“Vamos a ordenar las finanzas, no hacer gastos innecesarios y hacer más eficientes a las instituciones públicas. Eso haremos con la fusión de CFN y BanEcuador. Felicito a sus directivos por el buen trabajo, pero estoy seguro de que vamos a mejorar la producción aún más si juntamos esfuerzos. Vamos a incrementar las oportunidades para que las personas puedan realizar sus actividades económicas en todos los ámbitos”, dijo.

Añadió que ahora los créditos serán para los ecuatorianos y no vinculados al poder político. “Los créditos no eran para las pequeñas empresas sino para los amigos del presidente, tanto de Correa como de Moreno. Que lo tengan claro, ustedes pagan impuestos que en el pasado han sido mal utilizados para dar créditos a los compinches de los excompinches de los expresidentes de la República”

“Aquí no hemos venido para darle crédito ni a nuestros amigos, peor a los compinches ni a nadie en particular. El problema de las instituciones públicas es que en los últimos 14 años fueron utilizadas como caja chica de los expresidentes. Ahí está el crédito por USD 30 millones del hotel en Manta que la CFN embargo para presionar la recuperación de ese dinero”, expresó Lasso.

También se refirió al crédito de la hacienda La Clementina por cerca de USD 100 millones. “Debimos declarar de plazo vencido para forzar su recuperación. Todos esos dineros, señores son de ustedes. Y vinieron aquí a sentarse los supuestos socialistas, preocupados de los más pobres, a engañarlos”.

Banco del Fomento Productivo

“Debo hacer referencia a su plan de Gobierno como el inicio de su visión de transformar la banca pública para la producción. […] Fundamental para este objetivo era el verdadero valor de los activos de cartera en la CF y BanEcuador, lo que se hizo en diciembre 2021. Tener la casa en orden conllevó a tomar decisiones para revertir la práctica de dar créditos millonarios a pocas empresas con los fondos de la banca pública”, dijo Nelson Iván Andrade, director de la CFN y BanEcuador.

Agregó que recuperarán el dinero entregado a esas empresas ya que se aprovecharon, no solo de la CFN, “La fusión no es un cambio de nombre sino el cumplimiento de la democratización del crédito”. Las operaciones del Banco de Fomento Productivo empezarán en el 2023. MIB

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Según el funcionario, la CFN está saturada de deudores, quienes han incurrido en mora «teñida de mala fe». También denunció que existen acuerdos fraudulentos con funcionarios, incluso, durante los últimos años de crisis económica que vive el país.

Un trabajo de Santiago Basabe, analista político e investigador, para el medio Primicias, revela que «quienes se encargaron de asirse con los recursos públicos fueron aquellos que las abuelas identificaban como los ‘Gran Cacao'». Es decir, quienes ascienden socialmente por abusar de las arcas fiscales.

Según Basabe, los deudores no justifican estos préstamos pues no tienen como finalidad un crédito educativo, productivo o de consumo.

«Al pobre, a la clase media, al profesional o al artesano, más impuestos y más controles. Al dilapidador de grandes sumas de dinero, al que viste de terno y corbata, ostenta autos de alta gama, vive en los barrios privilegiados de Quito o Guayaquil y frecuenta restaurantes en los que en cada visita paga lo que buena parte de la población gana en un mes o incluso en más tiempo, nada».

Encubrimiento del Estado

El investigador también expone que el gobierno de Guillermo Lasso podría revelar los nombres de los deudores, sin embargo mantiene su sigilo bancario. «Existe la pretensión de encubrir a los deudores de la CFN (…) desde el gobierno hay interés en que estos deudores no se vean sometidos al escrutinio público», expresa Basabe.

La respuesta del Ejecutivo ha sido «frenar el atraco a los recursos públicos y luchar contra la corrupción». A pesar de la campaña anti-corrupción que embandera el gobierno, se evidencia que la corrupción ha dejado sin recursos a todas las instituciones públicas.

La deuda ‘incobrable’ de la CFN supera los USD 600 millones, mientras hospitales públicos, escuelas y hasta el sistema carcelario carecen de los recursos para su correcto funcionamiento.

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La moción la presentó el legislador Joel Abad determina que el referido informe será materia de análisis en el Pleno, sobre el cual se puedan adoptar las mejores y más pertinentes resoluciones, con el fin de ejercer la obligación constitucional de fiscalizar y ejercer control político, así como defender los intereses nacionales y populares.

Entidad privada

El presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Iván Andrade Apunte, acudió al Pleno Legislativo. El funcionario subrayó que el Banco del Pacífico es una entidad privada, sólida, fortalecida y solvente. “El 92.6 % del capital del Banco corresponde a los depósitos de los ecuatorianos, es un banco privado, cuyo dueño es la CFN. (…) Nosotros estamos fortaleciendo esta entidad bancaria, a través de varios mecanismos y para ello estamos manejándolo con prudencia”, añadió.

Explicó que el proceso de venta será solo con la participación de oferentes internacionales. No se permitirá que en esas empresas intervengan como accionistas, ni directa ni indirectamente, personas naturales o jurídicas ecuatorianas. El siguiente paso será la actualización de la valoración del banco, que concluirá este mes, añadió.

Según Andrade, el banco cerró el 2021 con un patrimonio de 819 millones de dólares. Mantiene 15.747 puntos de atención al cliente, pues sigue siendo el banco que atiende efectivamente a todos sus clientes, en todos los rincones del país.

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“Vamos a contar casi tres meses de haber transcurrido una resolución del Pleno que tiene toda la condición de seriedad y legalidad (…) El presidente de la CFN se burló de la Comisión”, dijo la asambleísta Lira Villalba, quien celebró la aceptación de su moción y la aprobación del informe.

Villalba agregó que Dunn se amparó en un sigilo bancario con el fin de no entregar la información sobre la venta de la institución financiera. La legisladora Ana Belén Marín indicó que a pesar de que la Asamblea pidió un informe sobre la venta, el presidente no lo entregó.

“Llama la atención que, existiendo un pronunciamiento de la Asamblea, el presidente de CFN se negó a entregar información sobre la eventual venta del BP (…) El país exige que se haga pública esta información”, expresó.

Otros pronunciamientos

Por otra parte, los asambleístas Esteban Albornoz y Rodrigo Collaguazo se unieron al rechazo del accionar de Dunn. Collaguazo recalcó que el Banco del Pacífico tiene USD 6.000 millones en activos. Mientras que el legislador Juan Cárdenas recomendó un juicio político contra el Superintendente de Bancos.

Informe del Legislativo

En sesión virtual, el 16 de octubre de este año, la Comisión del Régimen Económico aprobó, con 7 votos a favor y 6 abstenciones, el informe sobre la evaluación, valorización, desinversión y venta del Banco del Pacífico. El informe pasó a un primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional durante la sesión N.680 del 25 de agosto. Allí, el legislativo, mediante resolución N.076, dispuso la desclasificación de la información referente al proceso sobre la venta del Banco del Pacífico.

La Comisión del Régimen Económico dio seguimiento al tema. Tras una sola comparecencia de Roberto Dunn ante la comisión, calificada como una burla por la asambleísta Lira Villalva, el ente legislativo resolvió poner a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe aprobado este miércoles 11 de noviembre. (JEB – MIB).

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Este proceso se declaró como reservado por parte del Directorio de la CFN y habría iniciado hace más de un año por petición del Ministerio de Finanzas. “Esa tarea la realiza la firma internacional Bank of América y se la retomó en junio pasado, después de haber sido suspendida por la pandemia”.

Ante esto, el titular de la CFN explicó que aún no se ha concretado la venta del Banco del Pacífico, ya que están esperando su valoración final. “Estamos lejos de llegar a la venta. Ni siquiera tenemos la valoración final”.

De la misma manera, explicó que entregarán el informe final en dos semanas al Ministerio, al Banco Central, al Directorio de la CFN y a la Superintendencia de Bancos, y luego se deberá armar una estrategia para una posible venta.

Los asambleístas rechazaron los argumentos de Dunn y explicaron que, al tratarse de una entidad financiera pública, no cabe la reserva ya que, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, solo cabe en dos casos: aquellos expresamente establecidos como tal en las leyes y por motivos de seguridad nacional.

Además, comentaron que se trata del segundo mayor banco del país con un patrimonio de USD 750 millones y activos de USD 6.500 millones.

Finalmente, la Asamblea aprobó una resolución para que la CFN entregue la información de manera reservada.

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La información sobre venta de Banco del Pacífico sería declarada como reservada hasta el 2035.

Se consideró que estos datos solamente podían darse a conocer por el Consejo de Seguridad Nacional, con base en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Accesos a la Información Pública. Y que no podía mostrarse al público en todas sus fases.

En respuesta, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) creó una veeduría para observar las acciones que lleve a cabo la Corporación Financiera Nacional (CFN), que actualmente es dueña de la entidad.

La CFN, en respuesta a la veeduría, emitió un documento donde aclara que se convocará a una reunión para revisar la valorización del banco, que está siendo llevada a cabo por Bank of America Securities Inc.

En el documento de la CFN señala que la información sobre la valorización del Banco será pública en nueve meses, después de que termine el proceso de esta fase y parte de las negociaciones.

Debido a esto, el consejero del CPCCS, Juan Javier Dávalos, se pronunció en su cuenta Twitter, enfatizando que «Nueve meses es demasiado tiempo. El pueblo ecuatoriano les exige trasparencia hoy».

Asimismo, la reserva de la venta, se precisó, «aplica al momento de la valoración y durante una parte de la negociación, con el evidente objetivo de maximizar los beneficios para el país. 

Finalmente, una vez culminado el proceso en estas fases, cuya duración se estima en aproximadamente nueve meses, la información deberá ser de total conocimiento público», señala la entidad financiera, que en esta ocasión no se refiere a los 15 años de silencio, inicialmente establecidos. 

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