La jueza Coloma emitió una resolución luego de seis meses de la demanda solicitada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y el director provincial del movimiento Sociedad Patriótica, Edwin Angulo. Ambos sustentaron que Bayas incumplió tanto la normativa electoral como los principios de transparencia en el uso de bienes del Estado.

La decisión judicial causo alarmas en diversos sectores políticos y sociales. Por otro lado, el mismo tribunal sancionó a la parlamentaria Viviana Veloz de la RC con una multa de USD 9.000 por ejecutar campaña anticipada en las elecciones del 2024. Su defensa alegó una posible suplantación de identidad en el peritaje digital.

Tampoco se conocen acciones por parte de la Contraloría General del Estado (CGE) ni del CNE, a pesar de que el caso involucra el uso de recursos estatales durante una campaña electoral. CM

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La CGE afirmó que se usó USD 676 mil para cancelar a 13 asesores de los exalcaldes Mauricio Rodas, Jorge Yunda y el actual burgomaestre, Santiago Guarderas.

También se destinó dinero público para pagar a 18 asesores más, que formaron parte de los equipos de 12 concejales y exconcejales, donde también se encuentra Guarderas.

Proceso de contratación

El departamento de Recursos Humanos no analizó las solicitudes de los alcaldes para la contratación de los funcionarios. También agregó que el Municipio no cuenta con un análisis técnico para la contratación de más servidores.

La ley dicta que los alcaldes pueden tener máximo ocho asesores, mientras que los concejales un máximo de cuatro. Sin embargo, analistas y jefes de la Unidad de Ejecución inobservaron que el número de asesores para cada funcionario ya estaba completo, según el informe.

Horas extras

Se reporta una liquidación de USD 470 mil por 68.318 horas extra injustificadas. El año más alto en cancelación de horas extras fue el 2018 por un monto de USD 144.394. Este sería el último año donde se encontraba el exalcalde Mauricio Rodas.

Además, se menciona que los directores metropolitanos de Recursos Humanos no tomaron en cuenta que el número de horas no debe sobrepasar las 60 por mes, de acuerdo a la ley. Para Contraloría, la falta de supervisión y control en los reportes para pagos de horas extras reflejaron en los roles de pago que hubo horas extras correspondientes a meses pasados (D.C.)

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«80% de ciudadanos no eligieron al alcalde de Quito y es así como hoy, por los actos de corrupción que se han destapado en el Municipio y por errores de la administración. Exigimos que resuelva a favor de los quiteños para pasar a la fase de recolección de firmas», explicó Marcelo Hallo, líder del Frente.

«La revocatoria de mandato, jurídicamente no es declaratoria de nulidad. Es una forma constitucional de finalizar el período, luego de un proceso administrativo, recolección de firmas, sufragio y resultado», aclaró el abogado Carlos Jaramillo.

Este grupo ciudadano presentó en junio la iniciativa de revocatoria para iniciar el proceso. El plazo del CNE para dar una respuesta a la petición finalizó el 4 de septiembre. Sin embargo, aún no existe respuesta por parte del organismo electoral.

Si la respuesta del CNE es positiva, el Frente deberá iniciar la siguiente fase de recolección de firmas. Hallo aspira a que el Frente recoja 300.000 firmas.

El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas dijo al respecto “la revocatoria es una institución democrática establecida en la Constitución, nosotros tenemos que respetar y esperar que el pueblo se pronuncie”.

Guarderas añadió que Contraloría y Fiscalía “tienen que hacer su trabajo y llegar a los resultados que, conforme sus procedimientos, les corresponde”

Presuntos actos de corrupción

Fiscalía general del Estado (FGE) abrió una investigación a partir de una denuncia presentada por el político César Montúfar contra Yunda, por presuntos delitos de corrupción y delincuencia organizada.

El 16 de junio, el alcalde rindió declaraciones en FGE sobre la investigación en la compra de pruebas PCR de Covid-19 por parte del Municipio.

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Al momento de buscar las ofertas para decidir la compra, la comisión técnica del Municipio “no incluyó el análisis comparativo de los ítems y precios ofertados a la Secretaría, que permita establecer adecuadamente el presupuesto referencial”, aseguró la Contraloría.

Según el informe de la Contraloría, en abril que se efectuó la compra, el entonces secretario metropolitano de salud, Lenín Mantilla “no presentó el plan de contingencia solicitado por el Alcalde (Jorge Yunda), a fin de establecer las características de la necesidad”.

El valor del contrato se estableció con base en la oferta ganadora, “el 13 de abril de 2020 se aprobó el inicio del proceso, se elaboró el acta de recepción de ofertas y el informe de viabilidad, en el que se recomendó la adjudicación del proceso sin analizar las propuestas económicas y técnicas de los otros dos oferentes”, explicó CGE.

Al momento, no hay pronunciamientos oficiales del alcalde Jorge Yunda, ni de las autoridades competentes.

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