En las afueras de la audiencia contra Paola Pabón, las voces de cientos de personas celebraron la decisión de la Corte. “Libertad, libertad, libertad” fueron los gritos que recibieron a la Prefecta tras su salida de la sala de audiencias. Desde un micrófono, encuadrado con pancartas de apoyo, se pronunció Pabón: “Gracias a todos los países de América Latina que se han solidarizado con la causa. Con la causa de los derechos humanos, con la causa de la libertad de expresión, con la causa de decir: ¡no más perseguidos en el Ecuador!” manifestó la Prefecta.

Pabón aseguró que esta victoria la alcanzó en conjunto con el pueblo. “¡Viva Paolita libre!”, respondieron los simpatizantes de la Prefecta. “Yo me quedo queridos compañeros y me quedo con ustedes a resistir (…) ¡Qué viva la Revolución Ciudadana!” sentenció la Prefecta.

El Fiscal aseguraba que la prefecta había solicitado asilo político en la embajada de México. Ante una eventual fuga, Santillán solicitó el cambio de medida. Tanto la embajada de México como otras más repondieron que no existe tal solicitud.

Antecedentes

En febrero del 2019, Paola Pabón ganó las elecciones para la prefectura de Pichincha. En mayo, la exasambleísta asumió el cargo. Su posición, antes y después de su victoria, está marcada por afinidades políticas e ideológicas con el movimiento de la Revolución Ciudadana. 

El 14 de octubre del 2019, en el marco de una amplia movilización popular y un rechazo generalizado a un paquete de medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, la Policía detuvo a Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González, militantes de la Revolución Ciudadana. Según Fiscalía, ellos cometieron el delito de rebelión. De inmediato, Pabón, Hernández recibieron prisión preventiva en su contra, omitiendo el fuero de corte que amparaba a la Prefecta de Pichincha.

En los meses siguientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de los acusados. Ante eso, la defensa de los procesados exigió su liberación inmediata. La madrugada del 25 de diciembre del 2019, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra, aceptó el pedido de revocatoria de prisión preventiva y otorgó las medidas cautelares para su defensa en libertad. No obstante, el sistema judicial insistió en la presentación periódica de los implicados ante FGE y el uso de grillete electrónico.

Caso Rebelión

El Caso Rebelión agrupa al conjunto de procesos penales contra Pabón, Hernández y González por el supuesto delito de rebelión.

El fiscal Alberto Santillán presentó elementos de convicción suficientes para concluir que los implicados estuvieron directamente vinculados a acciones violentas acontecidas en octubre del 2019. Según Santillán, ellos financiaron movilizaciones sociales para desestabilizar al Gobierno Nacional. Hernández respondió, en múltiples espacios, que tales pruebas no existen y que, en su contra, se tienen apenas dos tuits donde propone una resolución constitucional del conflicto.

No obstante, la opinión pública no tiene acceso a las supuestas pruebas de Fiscalía. Las audiencias contra los implicados son de carácter reservado porque, al tratarse de un supuesto delito contra la estructura del Estado constitucional, así lo dispone el artículo 562 del Código Integral Penal. (JBS)

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En un comunidado oficial, el CONGOPE expresó su solidaridad con la prefecta Paola Pabón. El organismo, que aglutina a 23 prefectos del país, fue énfatico en rechazar “cualquier acción que afecte la dignidad y los derechos de las prefectas y prefectos del país”.  Esto ocurre en el marco del anuncio sobre la revisión de las medidas cautelares que, hasta el momento, cumple Paola Pabón.

El comunicado puntualiza el hecho de que las Prefecturas son dignidades de elección popular que trabajan en medio de duras circunstancias. “Trabajamos en nuestras respectivas provincias en condiciones muy adversas (…) a pesar de no contar con los recursos económicos, y sin apoyo del Gobierno Central, razón por la cual solicitamos se respete nuestra representación”, señaló el CONGOPE.

Entre los firmantes del documento se encuentran el actual precandidato a la Presidencia por Pachakutik Yaku Pérez Guartambel. Además de la prefecta socialcristiana de Guayas, Susana González y el prefecto de Manabí Leonardo Orlando.

Antecedentes

El 14 de octubre del 2019, Pabón fue detenida junto a Virgilio Hernández y Christian González. Esto, en el marco de la movilización popular y el rechazo a las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno. Los tres son militantes de la Revolución Ciudadana. La Fiscalía inició una investigación por el supuesto delito de rebelión.

En los meses siguientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de Pabón, Hernández y González. Así, la defensa de los procesados exigió su liberación inmediata. La madrugada del 25 de diciembre del 2019, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el pedido de revocatoria de prisión preventiva. Así, otorgó las medidas cautelares para su defensa en libertad. Ahora, el Fiscal Alberto Santillán pidió la revisión de esas medidas so pretexto de infundadas acusaciones sobre intenciones de la prefecta Pabón de asilarse en la Embajada Méxicana. El pasado 31 de agosto, la sede diplómatica desmintió los hechos. (JBS)

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En su cuenta oficial de Twitter, la Embajada de México emitió un aviso dirigido a la opinión pública en general. “Ante diversos señalamientos, la Embajada de México en Ecuador informa que no ha recibido solicitudes de asilo de ningún nacional ecuatoriano”, aclaró la sede diplomática en horas de la tarde.

El pronunciamiento de la embajada se enmarca en hechos recientes. Hace pocas horas, el Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana alertó de que el fiscal Alberto Santillán pretendía acusar a Pabón de solicitar asilo político en la Embajada de México. La Prefecta negó rotundamente la acusación. “No he pedido asilo político, soy la prefecta; no voy a ir a ningún lado, estaré trabajando, como hoy, hasta el 2023. ¡Basta de persecución política!”, señaló.

Antecedentes

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández, secretario del Movimiento Revolución Ciudadana, y Christian González, activista político, son procesados por el presunto delito de rebelión. Esto porque, según las acusaciones de la Fiscalía, ellos habrían respaldado las movilizaciones ciudadanas de octubre del 2019 en contra de la eliminación del subsidio a la gasolina.

El pasado 27 de agosto, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, llamó a juicio a Pabón, Hernández y González. El sistema judicial ecuatoriano rechazó la petición de sobreseimiento, interpuesta por la defensa de los implicados, y decidió dar paso al juicio. Rafael Correa, líder del Movimiento Revolución Ciudadana, se pronunció vía Twitter “sin pruebas y por un delito ridículo intentan encarcelar a Paola Pabón, elegida por votación popular”, comentó el ex mandatario. (JBS)

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La audiencia preparatoria de juicio inició el pasado 21 de agosto y concluyó este 27 tras seis días de diligencia. Se desarrolló de forma reservada en el Complejo Judicial Norte en Quito. Lo hicieron ante Jhayya Flor debido al fuero de Corte Provincial del que goza la Prefecta.

Según el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, Pabón es la autora mediata del presunto delito. Mientras que Hernández y González son autores directos, afirmó. En su sustentación, anunció 140 pruebas testimoniales y 43 documentales.

Además, el presidente de la Corte Provincial mantuvo las presentaciones semanales ante la Fiscalía Provincial para Pabón, Hernández y González. También, tienen prohibida la salida del país y el uso de dispositivo de vigilancia electrónica. Mientras tanto, tienen prohibido inmovilizar sus cuentas y enajenar bienes.

Contexto

La Fiscalía decidió procesar a los tres ciudadanos por presuntamente participar activamente en el paro nacional de octubre de 2019.

El delito consta en el artículo 336, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La audiencia preparatoria de juicio fue reservada, por tratarse de un delito contra la estructura del Estado constitucional, según el artículo 562 del COIP. Esto, debido a que el delito de rebelión está detallado en el capítulo sexto: delitos contra la estructura del Estado Constitucional. (SGA)

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“Lenin Moreno acusó con nombres y apellidos en cadena nacional a los asambleístas y líderes de la Revolución Ciudadana por el delito de liderar las manifestaciones de octubre. Esas formas de presión son auspiciadas por los medios de comunicación. Todos sabemos que se inició con los transportistas y después adhirieron otros sectores de la población”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

El abogado señaló que después del dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas en favor de los tres ciudadanos, la ministra Romo se tomó los medios para fallar el caso a favor de sus intereses. “Algunos medios tuvieron acceso a los documentos de la Fiscalía y los presentaron a la ciudadanía ejerciendo presión social”, aseguró Jarrin. 

Incongruencias en el caso

La justicia, de acuerdo con las declaraciones de Jarrín, presentó pruebas inconsistentes para detener a Pabón, Hernández y González. La institución presentó como prueba del delito de rebelión unos tuits de los inculpados.

El abogado aseguró que en este caso no existe un delito de por medio porque los ciudadanos estaban en su derecho de manifestarse. Los jueces que están a favor del caso tienen respaldo de la CIDH a pesar de que la Fiscalía tiene otra intención de por medio. “La decisión de la CIDH le permite actuar a los jueces con mayor independencia, ejecutar órdenes y una posibilidad de actuar en derecho y sin presión”, aseguró.

El día jueves 27 de agosto del 2020 se instalará una audiencia para definir el caso de Virgilio Hernández, Cristian González y Paola Pabón. Ellos actualmente gozan de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. (GG)

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