Desde el 2019, Perenco acudió a la justicia norteamericana con el fin de que Ecuador cancelara toda la indemnización. Para Perenco, el estado ecuatoriano debería cancelar la deuda que se concretó anteriormente en un laudo arbitral.

Ecuador había solicitado al tribunal que se haga un descuento en el valor a pagar, pues la petrolera tiene una deuda pendiente por impuestos no pagados. Sin embargo, la jueza federal, Jia Cobb decidió que los argumentos no eran suficientes y que deberá cancelar de forma inmediata. Además, Cobb mencionó que después se tomará una decisión por el cálculo de intereses que adeuda la petrolera.

En diciembre de 2022, Ecuador junto a la petrolera llegaron a un acuerdo para el millonario pago de USD 374,3 millones. Hasta el momento, la el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado el pago del 57% de la deuda, y asegura que el pago total se hará hasta final del año.

Perenco en Ecuador

Perenco inició la explotación de petróleo desde el 2000 en dos bloques de yacimientos en el territorio nacional. En el primer contrato se acordó que Ecuador también sería participe de las ganancias de la operación.

El problema

En el 2006, con la Ley de Hidrocarburos, se estableció la participación mínima del Estado. En donde el 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos pasarían a manos del país.

Para 2007, en el gobierno de Rafael Correa, el porcentaje de adquisición de los excedentes pasó de 50% al 99%. Es decir, los ingresos para el Estado y los ecuatorianos por su petróleo subieron.

Sin embargo, este mandato modificó los contratos que año tras año se hacía entre Ecuador y Francia para la exploración y explotación de los bloques 7 y 21 de la Amazonía.

En la solicitud que llegó al tribunal federal del Distrito de Columbia, Ecuador canceló los contratos con Perenco porque no estaba recibiendo la parte que estaba estipulada por la ley. Incluso en ese periodo, Perenco tuvo «ganancias extraordinariamente altas cuando subieron los precios del petróleo».

La demanda

Para 2008, Perenco denunció a Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) reclamando, inicialmente, 1.423 millones de dólares como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción en 2006 de la Ley 42.

El CIADI, que es un ente del Banco Mundial con sede en Washington DC, arbitró el caso y fallo a favor de Perenco con una indemnización de 374,4 millones de dólares más intereses. (D.C.)

Fuente: EFE

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El 18 de marzo de 2022 se conoció que Roberto y William Isaías iniciarán una demanda en contra del Estado ecuatoriano por supuestos daños causados.

«A consecuencia de errores en las incautaciones, falta de inventario y otros abusos de poder. Esta demanda es consecuencia de esos juicios y de arbitrariedades que ningún Estado de derecho admite. Así lo determinó la ONU, condenando al Ecuador por el Mandato 13, expedido por sus Asamblea Constituyente que negó el derecho a la defensa de los Isaías», respondió Noboa en su cuenta de Twitter.

Así también, a través de unos trinos, el abogado Noboa dijo al expresidente Rafael Correa que «asuma su responsabilidad», ya que una de las causas de la demanda fue el juicio de insolvencia contra los Isaías ejecutado en 2014, «donde no se pudo probar nada».

«Le recuerdo que en 2014, su gobierno inició juicios de insolvencia contra los Isaías. Los perdieron sus propios funcionarios del BCE Y UGEDEP el 2018. La responsabilidad objetiva del Estado y de su Gobierno es consecuencia natural de un sinnúmero de abusos que tarde o temprano, habría que resarcir». expuso.

Asignación de árbitros y cancilleres para el CIADI

El oficio para designar árbitros fue dirigido el pasado 11 de agosto de 2021 al Canciller en ese entonces, Manuel Montalvo, donde constaban los nombres de los árbitros y conciliadores designados por Lasso.

«Por instrucción del Señor Presidente de la República, Guerrillero Lasso Mendoza, solicito a Usted que de conformidad con el Art 13(1) del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de Otros Estados, se realicen y comuniquen los instrumentos necesarios por lo que la República del Ecuador designe a las siguientes personas para la conformación de la lista de árbitros y conciliadores del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI)», dice el oficio.

¿Conflicto de intereses? Noboa responde: «Ninguno señor. Si algún día me toca ser árbitro e algún caso, el Ecuador no formará parte del mismo. Los árbitro internacionales no podemos ser jueces en casos que involucren a nuestros países».

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Quito, 26 de ago, (La Calle). – La asambleísta Esther Cuesta (UNES) realizó una demanda de inconstitucionalidad por el regreso del Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Ecuador retornará al CIADI 11 años después de su salida en el 2009. La embajadora Ivonne Baki, firmó el pasado 21 de junio del 2021 el convenio para la resolución de conflictos de inversión a nivel internacional.

La asambleísta, comentó para Radio La Calle que el retorno al CIADI representa una relación violatoria de derechos, maltrato, humillación y de perdida de soberanía.

La bancada de asambleístas Unión por la Esperanza (UNES) presentó 3 demandas de inconstitucionalidad sobre la suscripción del Ecuador a este convenio. Mientras dura este proceso, solicitan la suspensión temporal la vigencia del CIADI

«Es reversible como toda acción humana. Si la Corte se pronuncia y hace una interpretación integral de la Constitución, declararía la inconstitucionalidad. La Corte deberá disponer al Ejecutivo el retiro de la disposición del regreso al CIADI”, explicó.

Historia del CIADI en Ecuador

El Ecuador formó parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones desde el 15 de enero de 1986 durante el Gobierno del ex presidente León Febres Cordero, hasta el 6 de julio de 2009 durante el Gobierno del ex presidente Rafael Correa.

Ecuador sustentó su salida del CIADI con el argumento de una violación constitucional. “No celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales”.

Específicamente, el conflicto radica en el Artículo 422 de la Constitución declara inconstitucional que Ecuador someta a arbitraje a menos que se cuente con un ciudadano latinoamericano y en un foro latinoamericano.

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Esther Cuesta, asambleísta de UNES, sostuvo que el Legislativo, según lo dispone el artículo 419 de la Constitución, debía conocer y aprobar el ingreso al organismo, previo a su ratificación por parte del gobierno de Guillermo Lasso.

En este sentio, indica que el retorno al CIADI es inconstitucional porque viola los artículos 419 y 422, así como la relación con los artículos 167 y 172 de la Constitución de la República.

“La acción inconstitucional del gobierno de Lasso violenta el espíritu de la Constitución y los procedimientos legales establecidos en ella. El Ecuador pierde soberanía. Millones de dólares de los ecuatorianos irán a transnacionales”, señaló en su cuenta de Twitter.

La legisladora Pamela Aguirre añadió que, en 14 casos ante el CIADI, el Ecuador tuvo que desembolsar 1.178.6 millones de dólares. “No se puede anteponer las transnacionales sobre el país”, aseguró.

Santana recordó que, en 1986, el gobierno de León Febres Cordero entró al CIADI con aprobación del Congreso. Asimismo, aseguró que, en 2009, el expresidente Rafael Correa puso fin al convenio con la aprobación de la Asamblea Nacional. Mientras que, en 2021, el presidente Lasso suscribió y ratificó el convenio con el CIADI, violando la Constitución y aduciendo no requerir aprobación de Asamblea.

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Su expedición, de acuerdo a interpretaciones técnicas, se contrapone al artículo 422 de la Constitución de la República. De la misma forma, el decreto torna al Procurador del Estado, (abogado de la nación), en una especie de «facilitador» del uso de estos centros de arbitraje.

 “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.

La disposición según un economista, que solicitó no ser identificado, es que el Gobierno, expresa su manifiesta decisión de seguir gobernando a punta de decretos ejecutivos.

“Hay que tener muy claro que la prelación en términos legales no ubica a los decretos ejecutivos, como los cuerpos normativos más significativos, en primer lugar está la Constitución, a continuación las leyes orgánicas y otras emitidas por la Asamblea Nacional, mientras que los decretos se ubican en un lugar secundario”.  

El pasado julio y con 75 votos a favor, en su mayoría de las bancadas del correísmo y de Pachakutik, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que condena la firma de un acuerdo con el CIADI por parte del Gobierno de Guillermo Lasso.

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Quito, 29 de jul, (La Calle). –Sería lamentable. Así califica el economista Diego Borja, el posible ingreso del Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, (CIADI).

Para el economista y exministro de Finanzas, el ingreso del país a ese organismo significaría que tenemos una memoria muy corta sobre las consecuencias de esa “relación tóxica” entre Ecuador y el organismo internacional.

 “Anteriormente, el CIADI multó al país con cerca de 412 millones de dólares, sería negativo volver a ese organismo, pues se facilitaría el pago de nuevas multas”.

Borja, entrevistado en el noticiero La Ventana de Radio La Calle, sostuvo que el caso Perenco es un ejemplo de las injusticias a las que nos podríamos someter en el CIADI.

“La empresa Perenco enjuició al país, de manera ilegal, en 2008 y no hubo la adecuada defensa en este organismo de arbitraje”.

¿Y cuándo el CIADI falla en contra de las empresas?

El CIADI es un organismo que sanciona con multas a las naciones en sus conflictos con empresas de todo tipo. Varios Estado ya lo han calificado de “hostil” hacia los países, pues se busca favorecer a los capitales privados.

“Es seguro que el dinero para temas sociales, como salud y educación, terminará en los bolsillos de las empresas que demanden al país”.

¿Recuperación económica?

Es común escuchar en las calles acerca de una recuperación económica en el país. ¿Es así?, “hablar de una recuperación económica es un ‘espejismo’. La agenda del Gobierno es acelerar los temas de privatización y de contratación petrolera, nada más”.

Ya nos pasó en 1999, dice Diego Borja, cuando luego de la gigantesca caída de la economía nacional, se arrancó con una etapa endeudamiento sin final.

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El Partido Social Cristiano aseguró estar de acuerdo con que el Ecuador someta sus controversias a instancias de arbitraje internacional. En un comunicado, señala que “un país que no garantiza seguridad jurídica a la inversión extranjera, simplemente no puede esperar atraerla, pretendiendo ser juez y parte al mismo tiempo”.

También argumenta que la Corte Constitucional hizo lo correcto con su dictamen, porque el artículo 419 de la Constitución no se aplica al convenio con el CIADI. Por tanto, “no debería pasar por la Asamblea Nacional”.

Del artículo 422 asegura que, de manera expresa, dispone que no se podrán celebrar tratados en los que el Estado ceda jurisdicción soberana en controversias contractuales o de índole comercial, lo que podría afectar la constitucionalidad de los convenios que se firmen al tenor de la CIADI.

Por su lado, Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática, sostuvo que la posición de su partido es “respetar la institucionalidad pública y los dictámenes de la Corte Constitucional que, en este caso, se pronunció favorablemente sobre el ingreso al CIADI, sin requerir aprobación de la Asamblea”.

Andrade subrayó que el acuerdo 419 de la Constitución si requiere aprobación legislativa. Sin embargo, ratificó que “la ID será un punto de equilibrio para evitar posturas radicales y cerrar paso a la reactivación económica con nuevas inversiones”.

Bancadas a favor

Las bancadas de UNES y Pachakutik rechazaron el retorno del país al arbitraje de inversiones. La presidenta de la Asamblea y representante de Pachakutik, Guadalupe Llori tuiteó: “con sentido de Patria, hoy hemos aprobado la resolución que rechaza el retorno al CIADI. Velaremos por la soberanía nacional y el respeto al Estado Ecuatoriano».

Ricardo Ulcuango, proponente de la resolución, señaló que esta ha sido una bandera liderada por UNES, “en defensa de la soberanía del país y los recursos de los ecuatorianos”.

Pugna en redes

El economista Alberto Acosta Burneo, en una de sus publicaciones de Twitter, señala que es preciso que Ecuador se adhiera al CIADI porque “tenemos instituciones débiles y caudillos caprichosos que con sus rabietas irrespetan los contratos con inversionistas”

Por su parte, el abogado Ismael Quintana sostiene que, si la Asamblea rechaza decisiones gubernamentales, el presidente Lasso tiene dos opciones: “gobierna vía consulta popular, con los costos políticos y económicos que ello provoca o firma el decreto y disuelve la Legislatura”.

Desde otra visión, el abogado y defensor de los Derechos Humanos, Pablo Fajardo, felicitó la decisión de la Asamblea. “El CIADI profundiza la captura corporativa de la democracia en Ecuador”, señaló en un tuit.

Asimismo, el analista en políticas públicas, Juan Pablo Jaramillo, en su cuenta de Twitter, aseguró que cuando el Ecuador fue parte del CIADI no tuvo más inversión. “Lo que sí teníamos es un Estado sometido a una justicia supranacional, en la cual perdíamos todos los juicios. Si quieren más inversión es la justicia nacional la que debe funcionar”, enfatizó.

Postura oficial

El acuerdo de adhesión al CIADI fue ratificado a través de un Decreto Ejecutivo, firmado por el presidente Guillermo Lasso. Proceder con la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte recae directamente sobre la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori.

Por su parte, el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, señaló en su cuenta oficial de Twitter que “el CIADI brinda seguridad y fortalece nuestra imagen como país a nivel internacional. La decisión es de la Corte Constitucional. El regreso de Ecuador es fundamental para lograr un entorno serio que atraiga oportunidades de inversión”.

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En una parte de la resolución se lee: «Desaprobar la suscripción del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados de 1965 (CIADI) por parte de la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, el 21 de junio de 2021. Firma en representación del Presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza. El Convenio es contrario al mandato consagrado en el artículo 422 de la Constitución de la República».

La moción impulsada por el asambleísta Ricardo Ulcuango obtuvo votos favorables, en su mayoría, de las bancadas de UNES y Pachakutik. Los votos en contra fueron de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), mientras que las abstenciones vinieron de la Izquierda Democrática y del Partido Social Cristiano.

Los legisladores también resolvieron imponer una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC). De este proceso hará seguimiento el departamento Jurídico de la Asamblea.

Dispusieron, además, notificar de la resolución al presidente, Guillermo Lasso; al canciller, Mauricio Montalvo; al procurador, Íñigo Salvador y al presidente de la CC, Hernán Salgado.

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-Asesores Ad honorem:

 “Todo esto de tener asesores Ad honorem es una forma de eludir la ley. Esas formas de trabajo no se incluyen entre las opciones que tiene un funcionario público. Ya que estos asesores no tienen remuneración, puede hacer lo que les de la gana”.

 “Este es un gobierno de la Democracia Popular reeencauchada. Ellos son los responsables de la sucretización de la deuda, la dolarización y ahora vienen “por el vuelto”, dijo Tandazo.

“Nos duela no o no: la derecha sabe cómo hacer las picardías. Tienen ya controles de los medios de comunicación, de la política, mientras la izquierda vive pajareando sin profundizar en los temas”.

-Ingreso al CIADI:

“Hace 20 años, Hernán Salgado suscribió el dictamen del Tribunal Constitucional para que el Congreso ratifique el ingreso del Ecuador CIADI, ahora, en cambio dice que no tiene prerrogativas para tratar el tema”.

“En 2009, Íñigo Salvador, procurador del Estado, realizó un estudio donde pone como la “maravilla número uno” al CIADI».

-Política petrolera:

“Con esta política petrolera actual está claro que quieren entregar los campos de producción a las empresas internacionales y dejarle el hueso a Petroecuador”.

“Están detrás de los campos Inshpingo, Coca Payamino y  Sacha.

“Qué importa que se eleve la producción petrolera, si la mayor cantidad dd ingresos van para las compañías”.

“Quieren volver a entregar los contratos y prolongar los plazos, licuar las responsabilidades, favoreciendo a las compañías transnacionales”. Estas fueron parte de las declaraciones del conocido analista político en el noticiero La Ventana.

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«El Pleno de la Corte Constitucional por dictamen resolvió que para la ratificación del CIADI no se requiere de aprobación legislativa ni de dictamen previo vinculante de constitucionalidad. El dictamen es inapelable», dice parte del decreto.

El país abandonó este Convenio en 2009 frente a la vulneración de derechos constitucionales.

La Constitución ecuatoriana prohíbe «los tratados internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional”.

Trato desigual

El regreso al CIADI traerá como consecuencia que Ecuador se someterá a los los arbitrajes internacionales para resolver litigios entre el Estado y transnacionales que soliciten este servicio. Como se conoce, este arbitraje tiende a beneficiar a las empresas grandes y no al Estado como fue el caso de nuestro país hasta 2009. Es más, las empresas pueden nombrar a la mayoría de jueces.

Hasta ese año, (2009) Ecuador enfrentaba en el CIADI un reclamo del pago de USD 12.994 millones, la mayoría presentados por petroleras extranjeras que alegaban incumplimientos contractuales.

Aunque el decreto no eliminó las demandas, si blindaba a la país frente a futuros litigios que impliquen arbitrajes internacionales.

Perenco, una petrolera francesa, solicitó el pago de más de USD 300 millones. Cifra que, de acuerdo con la Procuraduría General del Estado, el país está dispuesto a pagar.

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“La Fiscalía podría abrir expedientes en contra de los vocales de la Corte Constitucional por arrogación de funciones, pues no tienen la posibilidad de interpretar el 419 y el 422 de la Constitución, adicionalmente la Asamblea Nacional podría plantear la inconstitucionalidad del fallo”. Ese criterio lo expuso en el contexto de una entrevista en el noticiero La Ventana de Radio la Calle. Ninguno de esos pasos anteriores se ha realizado.

El polémico ingreso del Ecuador al CIADI, como explicaron otros entrevistados, tiene varios inconvenientes, como que las empresas privadas están en la capacidad de nombrar dos de tres jueces que fallan en este organismo, pero, adicionalmente, se ha generado una debilidad de base.

“¿Cómo el Procurador va a litigar en el CIADI?: ese es otro problema en el que nos ha metido la Corte, falta un paso como es la aprobación de la Asamblea Nacional. Con seguridad se van a multiplicar casos como Perenco y Chevron”, sostuvo el Constitucionalista.

En ese contexto plantea un eje de investigación: ¿cuántos Jueces de la Corte defendieron a las petroleras”, plantea Molina?

“Se van a multiplicar casos como los de Chevron y Perenco, el Estado va a tener que pagar cantidades exorbitantes a empresas internacionales”.

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«El bloque de asambleístas de Pachakutik rechaza la inconstitucional firma del CIADI ya que atenta a la soberanía y seguridad económica del Estado», dice parte del comunicado.

De acuerdo con los legisladores en la sesión 713, la prioridad era «viabilizar el juicio político contra el contralor subrogante, Pablo Celi». En la siguiente sesión propondrán el tratamiento de la vulnerabilidad que genera la suscripción de este convenio.

Posición de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional (CC) emitió una decisión sobre el regreso de nuestro país al CIADI. Para el organismo no es necesario que la Asamblea Nacional apruebe esta decisión, sino que los distintos acuerdos tendrán que pasar bajo el beneplácito de la CC.

No obstante, el pronunciamiento viola dos artículos de la Constitución que señalan que los temas de arbitraje internacional pasarán por la discusión en el Legislativo.

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«El artículo 419 de Constitución del Ecuador establece que solamente el presidente de la República está facultado a suscribir tratados internacionales. Desde allí empieza el primer incumplimiento porque no se le faculta ni al canciller, ni a los embajadores suscribir este tipo de tratados. Ivonne Baki no tiene competencia», le dijo a Radio La Calle.

La segunda inconstitucional aparece en el mismo artículo que » también le da competencias a la Asamblea Nacional para aprobar previamente acuerdos que firme el presidente, justamente los que establecen un tipo de arbitraje», añadió.

Finalmente el artículo  422 establece que «se prohíbe la firma de tratados internacionales de sometimiento a arbitrajes internacionales donde  se deje de lado la jurisdicción ecuatoriana sobre los temas a tratar».

Ciadi y los TBI

Este gobierno no es el primero en pasar por alto la Constitución. El jurista explica que «desde febrero del 2020 se encuentra pendiente en Corte Constitucional una demanda de interpretación constitucional al artículo 422. Allí se habla de los tratados bilaterales de inversiones (TBI) que Moreno suscribió sin consultar a la Asamblea Nacional».

«Beneficios»

De acuerdo con las razones que esgrimió Baki para el reingreso de Ecuador a la Ciadi están los condicionamientos para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México. Para Molina hay que tener claro que «ningún tratado pasa por en cima de la soberanía nacional. En ese caso la solución sería suscribir un TLC con reservas, es decir evitando la parte de los arbitrajes internacionales por ir contra la Constitución».

El experto alertó que está demostrado que los TBI benefician a los grandes grupos económicos y a los consorcios de abogados que realizan lobing a favor de transnacionales y en detrimento del Estado ecuatoriano

«Habría que preguntarse cuáles grupos están detrás de este reingreso al Ciadi y a partir de eso podremos evidenciar los intereses ocultos», precisó.

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Ante esta decisión los líderes de Pachakutik mostraron su rechazo. “El mismo equipo que manejó las petroleras hace 40 años siguen en estos puestos de poder en el Ministerio de Energía, seguramente para poner trabas al sueño del país de desarrollar su industria petrolera. En el caso Perenco son USD 374 millones que el Ecuador tiene que pagar que se suman a los USD 9.000 millones que debemos luego de estos arbitrajes injustos. Rechazamos los anuncios de la embajadora sobre este ingreso al CIADI”, dijo en rueda de prensa el asambleísta nacional Salvador Quishpe.

Primeros días del gobierno

El dirigente de PK, Marlon Santi dijo que esperaron el mes de rigor y ahora ya se hacen necesarias respuestas. “Todavía no dice que va a pasar con la fiscalización del plan de vacunación. Nosotros, en coherencia con las bases del pueblo ecuatoriano, estaremos atentos y, desde la Asamblea Nacional, aprobaremos las Leyes. No permitiremos que se diga que existe una alianza con el Ejecutivo. No nos responsabilizamos de los puestos que, de manera individual, gestionen integrantes del movimiento con el Gobierno “,  expresó.

Quishpe explicó que deben evaluarse los proyectos mineros con transnacionales. “Menos de USD 70 millones por la concesión minera de cobre con una empresa china  ¿cuál es el aporte?, se trato de un engaño, una burla para el Ecuador. En esos territorios pueden realizarse agricultura, investigación”, el asambleísta indicó que debería realizarse una Consulta Popular para decidir el destino de las concesiones mineras.

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Quito, 01 jun (La Calle).- El gobierno ecuatoriano se comprometió a pagar en 60 días, 412 millones de dólares a la petrolera anglo-francesa Perenco.

La Secretaria General de Comunicación de la Presidencia se expresó en un comunicado: “El Estado ecuatoriano respetará y honrará sus compromisos internacionales, a pesar de cualquier discrepancia jurídica”.

Perenco demandó al Estado ecuatoriano en  2009 debido a un aumento del 50% al 99% de la participación del Estado en las ganancias extraordinarias de la empresa. La ley que permitió esto fue aplicada en el gobierno de Alfredo Palacio.

En 2019, el Comité  Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones  del Banco Mundial (CIADI) concedió a Perenco un laudo de 448 millones. Ecuador tramitó la disminución del monto, por lo que el 28 de mayo del 2021 el CIADI fijó el monto en 412 millones de dólares.

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