«recuerda que la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, conforme estándares interamericanos de derechos humanos», escribió la organización en un post de X.

De acuerdo con medios internacionales, los miembros de la gendarmería y la Policía federal arremetieron contra los manifestantes lanzándoles las motocicletas y arrojando gas pimienta, balas de gomas. Además de crear un círculo de seguridad que impedía el tránsito en las calles.

El final de la jornada de protestas terminó con la detención de tres personas, incluido un ciudadano chileno, a quien arrestaron por presuntamente agredir a dos policías.

¿Qué es la ley omnibús?

El mega proyecto del presidente Javier Milei contenía orginalmente 664 artículos, de los cuales se eliminó la mitad. El mandatario sostiene la importancia de su ley argumentando que es una herramienta para enfrentar la crisis económica que enfrenta el país.

La propuesta de ley de Milei busca reformar diversos aspectos, incluyendo privatizaciones y ampliación del poder del Ejecutivo en asuntos económicos. Tras negociaciones, los artículos se redujeron a 280. El mandatario debió hacerle cambios por lo que se retiraron reformas a las pensiones y algunos de los artículos más controvertidos relacionados con protestas. Sin embargo, la privatización de más de 40 empresas estatales, la reducción de protecciones ambientales y otros aspectos de la legislación sobre protestas permanecen sin cambios.

Si el proyecto se aprueba en ambas Cámaras y no hay más modificaciones, Milei obtendría poderes especiales hasta finales de 2024 para legislar sobre asuntos económicos, financieros, de seguridad, fiscales, energéticos y administrativos. El Congreso podría extender este período por un año adicional.

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El 6 de noviembre la CIDH recibió en Washington, Estados Unidos, a varios periodistas ecuatorianos, entre ellos Noroña y a uno de los familiares de los trabajadores del Grupo El Comercio, asesinados por el Frente Óliver Sinisterra.

De acuerdo a Noroña, la mayoría de los exiliados no quieren levantar una denuncia porque no confían en la Fiscalía ecuatoriana ni en el Consejo de Comunicación. Ella aseveró que quienes quisieron matarla son protegidos por el Estado ecuatoriano.

»Digo esto con total dureza porque gozan de todo privilegio en prisión, incluido el ingreso de armas, ordenan crímenes desde adentro y son beneficiados por la justicia», expresó.

El exilio de Karol Noroña

«El 23 de marzo de 2023, supe que los miembros de una organización narcocriminal que sirve logísticamente a carteles internacionales presentes en Ecuador, planeaban un atentado en mi contra», indicó la periodista.

Agregó que tuvo acceso a chats y audios de las amenazas en su contra, del medio en el que trabajaba (GK) y un plan de asesinato. «Al día siguiente salí de mi país, Ecuador, sin una fecha de regreso. Ahí empezó mi exilio y desde entonces han pasado 8 meses», resaltó.

Desde ese momento no ha podido publicar nuevas investigaciones, debido a las secuelas psicológicas. De igual manera, GK decidió no cubrir más al crimen organizado y las cárceles, por el riesgo que corren los periodistas y sus familias.

Nos faltan tres

Por otro lado, Ricardo Rivas, hermano del periodista Paúl Rivas quien fue secuestrado y asesinado en la frontera entre Ecuador y Colombia, señaló que después de seis años no tiene verdad ni justicia sobre este caso, solo impunidad.

En febrero del 2021, el Consejo de Seguridad Nacional negó el acceso a la información sobre el crimen del equipo periodístico de El Comercio por supuesta afectación a la seguridad del Estado. Dos años después los datos pasaron de ser reservados a secretos.

De acuerdo con Rivera, tanto el expresidente Lenín Moreno como el actual mandatario Guillermo Lasso han ofrecido en 10 ocasiones desclasificar el caso.

«En acto público, Moreno nos dio 800 hojas que fueron entregadas al ESE de la CIDH. Ninguno de estos documentos tenía contenido relevante», argumentó.

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La CIDH decidió rechazar a Pigozzi como comisionado ya que obtuvo solamente nueve votos a favor. El exvicecanciller Fernando Yépez señaló que este es otro fracaso para la política exterior del régimen de Guillermo Lasso. Con el último lugar, «se evidencia una clara desaprobación regional», sostuvo.

Durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) se determinaron cuatro cupos para los nuevos comisionados. Se escogió a Christopher Arif Bulkan (Guyana), Stuardo Ralón (Guatemala), Gloria Monique de Mees (Surinam) y Andrea Pochak (Argentina). Todos duplicaron el número de votos que obtuvo Pigozzi, de hecho, Arif Bulkan lo triplicó.

En febrero de 2023, la Cancillería de Ecuador propuso a Pigozzi como representante de Ecuador para la CIDH. Organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos exigieron que se retire de manera urgente su candidatura por sus posturas retrógradas. En una ocasión, paradójicamente, señaló que las resoluciones de la CIDH no deberían tener cabida en la decisiones del Estado.

El Panel Independiente -que evalúa a los nominados a órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)- identificó inconsistencias en el perfil de Pigozzi. Si bien cuenta con la preparación académica, «mantienen posiciones que detonan retrocesos en la protección de derechos humanos» como:

• Matrimonio igualitario;
• Derecho de las parejas del mismo sexo para adoptar;
• Derechos sexuales y reproductivos; y,
• Uso del derecho penal para dirimir conflictos entre la libertad de expresión y el honor de personas y funcionarios públicos.

El Panel enfatizó que el candidato expresó públicamente contradicciones que no pudo sostener referente a los temas planteados. Asimismo, tuvo una pésima exposición sobre en la audiencia sobre su participación como perito del Estado ecuatoriano en el «caso García Ibarra y otros versus Ecuador», donde no respondió ni una sola pregunta.

Finalmente, Pigozzi ha comparecido frente a la Asamblea Nacional para hablar en contra del avance de los derechos como el matrinomio igualitario, temas LGBTI, educación sexual y acceso al aborto, según recoge Confirmado.net.

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El objetivo de esta iniciativa es el fortalecimiento de acciones para la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la seguridad jurídica. El plan fue socializado en una sesión del Pleno de la institución.

“Es necesario instrumentar la normativa de jueces ya sea sin rostros o identidad protegida de jueces, fiscales y defensores para proteger los derechos de todas las personas que interactúan dentro de un procedimiento judicial”, dijo Terán.

¿Cómo se manejaría este mecanismo?

La motivación para aplicar esta medida fueron las recurrentes amenazas a los funcionarios a cargo de casos relacionados con el crimen organizado. Terán especificó que la intimidaciones surgen del acceso a la información personal.

Según él, estas vulneraciones afectan al principio de objetividad a la independencia interna y externa e imparcialidad con la que deben actuar.

Por otro lado, aclaró que la anonimización no afectaría la inmediación, pues las partes involucradas conocerían la identidad del personal al frente de los procesos. De igual manera, argumentó que la difusión auditiva de las audiencias protegerá la identidad de los jueces.

La justicia sin rostro en otros países

El sistema de justicia sin rostro ha sido implementado en países vecinos como Colombia y Perú. En el primer, caso la implementación de este mecanismo surgió como respuesta a la creciente tendencia de amenazas a los servidores de la justicia en la década de los 90.

Según datos de la Comisión Andina de Juristas (Colombia), entre 1979 y 1991, se registraron 515 casos de violencia contra abogados, jueces y magistrados. De esta cifra, 278 fueron homicidios.

Del otro lado de la moneda…

En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) se pronunció respecto al caso de Wilson García vs Perú. El hombre fue sentenciado por el delito de terrorismo a través de un juez sin rostro.

Según la CIDH, existió una vulneración en el proceso, pues todo procesado tiene el derecho de conocer a sus juzgadores. »El 18 de abril de 1996 fue condenado bajo un proceso con jueces “sin rostros”. Durante su detención el señor García fue sometido a aislamiento celular, un régimen de visitas restringido, condiciones carcelarias no adecuadas y falta de atención médica», dicta la ficha técnica.

Para el abogado penalista, Ramiro García este mecanismo desembocaría en varias irregularidades en los procesos judiciales. Señaló que no se estaría protegiendo en absoluto a los jueces si las partes procesales conocen su identidad.

»Sino se estaría tratando de evitar la mala prensa que tienen por las decisiones que emiten», dijo en entrevista con Notimundo. (A.G.M).

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El presidente de la CIDH, Ricardo Pérez, manifestó que el Estado deberá pagar una indemnización de USD 31 mil a la víctima por daños materiales e inmateriales. En la resolución del caso, el titular recalcó que se violaron las garantías judiciales, la libertad e integridad personal de Cortez.

El afectado estuvo casi once años sometido a un proceso penal sin justificación. Por ese motivo, los jueces vieron vulnerada la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Respecto a las detenciones ilegales, la Corte resaltó que permaneció incomunicado y a cargo de una autoridad que no tenía la competencia para entender el caso.

Primera detención

Gonzalo Orlando Cortéz Espinoza fue miembro de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) durante 15 años, hasta llegar al rango de Sargento Segundo. El exmiembro laboró como especialista técnico de equipo electrónico de comunicación y navegación terrestre de la Fuerza Aérea. El 28 de febrebro de 1994 fue dado de baja de la institución tras una petición voluntaria del mismo Cortez.

Según un informe de la CIDH, el 19 de marzo de 1997, el Juez Penal Militar de la Primera Zona Aérea ordenó la detención provisional de Cortez por el presunto robo de un equipo electrónico. Los peticionarios del caso alegaron que la orden fue improcedente e ilegal ya que un juez militar no era competente para ordenar la detención de un civil.

Segunda detención

El 11 de julio de 1997 fue detenido sin boleta de encarcelamiento por agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Luego lo trasladaron a la Base Aérea y estuvo incomunicado. La boleta fue dictada cinco días después y la víctima fue presentada ante el juez 19 días tarde.

Durante esta detención, Cortez fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los guardias pateaban la puerta de la celda de la víctima y era agredido verbalmente para crearle temor.  También fue obligado a pagar por sus alimentos y los servían con escupitajos y masticados. 

Tercera detención

El exmilitar fue liberado al pagar una considerable suma para su fianza. Sin embargo, apeló por sus derechos ante un juez, quien resolvió la devolución de su dinero. El 28 de febrero del 2000, Cortez fue a la Base Aérea a hacer el retiro de dicha fianza. En ese momento, nuevamente fue detenido por miembros del servicio de inteligencia militar sin orden detención.

Los peticionarios manifestaron que un policía se prestó a redactar un parte policial falso haciendo contar que él efectuó el arresto en la calle Montúfar, cuando realmente se efectuó en la Base Aérea “Mariscal Sucre”.

El proceso penal se prolongó por casi diez años, en donde la víctima tenía incertidumbre sobre su libertad y fue juzgado dos veces por el mismo delito. Además, la defensa resaltó que el tener este caso abierto fue un obstáculo para que Cortez accediera a otras oportunidades laborales. (A.G.M).

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Por un lado, la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández fue sentenciada a seis años de prisión y tiene inhabilitado ejercer cargos de por vida. Mientras que el ahora expresidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso de Perú por tratar de disolverlo. En su lugar, Dina Boluarte fue posesionada el 7 de diciembre.

Apoyo a Fernández

Ante la delicada situación en Argentina varios mandatarios y exmandatarios iberoamericanos han levantado su voz en apoyo a la vicepresidenta.

El Grupo de Puebla convocó a una reunión el próximo 12 de diciembre para mostrar su apoyo a Fernández. Según el organismo, la reunión la impulsó el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Además, informaron que a la sesión asistirán la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz y los expresidentes latinoamericanos: Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez (España) y Ernesto Samper (Colombia).

El foro político progresista informó que este encuentro pretende denunciar que la vicepresidenta argentina fue “víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la Justicia y medios de comunicación para sacarla del debate político”.

Apoyo para Castillo

El expresidente de Perú fue destituido por su intención de disolver el Congreso. Por lo que el presidente colombiano, Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, solicitó a la CIDH intervenir a favor de Castillo y expandir medidas precautelares.

También lamentó que Castillo no pudo “movilizar al pueblo que lo escogió”. “Indudablemente se equivocó al tratar de usar el artículo de la Constitución peruana que permite disolver el Congreso que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular”, expresó a través de sus redes sociales.

Finalizó diciendo que espera que Perú encuentre la seda del diálogo.

El presidente de México, Manuel López Obrador, también mostró su apoyo a Castillo. El expresidente peruano solicitó asilo político al país y Obrador comentó que lo estaban analizando. Para Obrador, el encarcelamiento que vive Castillo se debe a que nunca fue aceptado por la “oposición”. “Desde que ganó, Pedro Castillo fue víctima de acoso, confrontación, no aceptaron sus adversarios que él gobernara”, indicó en rueda de prensa. (N.J.C)

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«La desaparición de Germán Cáceres tiene responsabilidad compartida”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Matovelle recalcó que la Fiscalía tenía elementos para detener al entonces teniente cuando rindió su declaración. Sin embargo, quedó libre al no existir suficientes pruebas en su contra, según la institución. Cáceres declaró que salió de la Escuela de Policía con María Belén y posteriormente la dejó en la avenida Simón Bolívar, donde ella tomó un taxi.

El jurista reiteró que la Policía tenía la obligación de investigar a Cáceres. “Es sospechoso que la institución policial no le haya puesto el ojo y resulta que se les escape”, afirmó. Además, comentó que el plazo para encontrarlo ya venció y aún se desconoce su paradero. El abogado aseveró que el único objetivo es encontrar a Cáceres y que cumpla con la condena que le corresponde.

Por último, manifestó que no son ajenos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si el caso lo amerita. “Se actuará conforme a lo que se permita dentro del marco legal nacional e internacional”, sostuvo.

Caso Bernal

María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre en la Escuela de Policía y su esposo figura como el principal sospechoso del femicidio. El 21 de septiembre, equipos de búsqueda encontraron el cuerpo de la abogada enterrado en el cerro Casitagua. El femicidio de Bernal dejó en evidencia una serie de negligencias por parte de la Fiscalía y la Policía. Todavía no se tienen datos sobre el paradero del exteniente.

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«El caso Pueblos Indígenas Tagaeri-Taromenane vs. Ecuador comienza en 2003 con una masacre hacia estos pueblos. Luego en 2006 hay otra masacre por lo que se presenta una serie de denuncias en la Comisión Interamericana y se otorga medidas cautelares», explicó durante una entrevista con Radio La Calle.

Bermeo detalló que en 2013 hubo otra masacre donde murieron 30 personas, principalmente mujeres y niños. Finalmente, la CIDH elaboró un informe en el que declara que Ecuador vulneró los derechos de los pueblos aislados y presentó el caso ante la Corte Interamericana.

 “Esperamos que finalmente haya justicia para estos pueblos. Lo que han vivido es un genocidio que está a punto de exterminar su cultura”, aseguró Bermeo.

El activista sostuvo que es importante que los ecuatorianos comprendan la importancia del rol que cumplen los pueblos no contactados en el cuidado y protección de la naturaleza.

El dirigente comentó que este caso lleva 16 años de lucha y finalmente llegó a la CIDH en busca de justicia para los pueblos no contactados. El caso llegó a la Corte para poner un freno a las actividades extractivas en las zonas aisladas.

Además, aseveró que es totalmente falso que el petróleo nos va a sacar de la pobreza. Los últimos 50 años han sido a través del petróleo y no ha mejorado la calidad de vida, sobre todo de las personas que viven en estos territorios.

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El expresidente Rafael Correa publicó un video a través de Twitter en el que afirma que la CIDH aplica un procedimiento excepcional para tratar este caso debido a los atentados contra los derechos ciudadanos de Glas y ausencia del debido proceso.

La Comisión Interamericana expuso aplicará el artículo 36 (3) de su Reglamento, en concordancia con al Resolución 1/6 sobre Medidas para reducri el atraso procesal. En consecuencia, otorgó un plazo máximo de cuatro meses, que podrá extenderse dos meses más.

«La CIDH le solicita que presente sus observaciones adicionales sobre el fondo en un plazo de cuatro meses, prorrogables si fuese necesario hasta un máximo de seis mese contados a partir de la transmisión de la presente comunicación», dicta el escrito.

Finalmente, el documento enfatiza que no se podrá dar más tiempo para responder a la solicitud.

«Se advierte la imposibilidad de otorgar solicitudes de prórroga que excedan el plazo arriba indicado. El plazo de seis meses mencionado es improrrogable, de conformidad con el artículo 37(2) del Reglamento de la CIDH»

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“Se dejó sin efecto todo un modelo que estaba puesto en marcha, donde existía una política de rehabilitación, pero también de clasificación para los privados libertad”, manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

Zúñiga recalcó que es importante clasificar a los privados de libertad para iniciar con el proceso de rehabilitación. “No se puede hablar de rehabilitación si está todo el grupo en un mismo modelo de atención sin importar el nivel de peligrosidad”, aseguró la exministra.            

Además, comentó que los privados de libertad deben tener las posibilidades de estudiar, trabajar y de poder reinsertarse cuando salgan libres.

La exministra recalcó que debe existir personal que trabaje en la política de rehabilitación acompañada con el tema de seguridad.

«Lastimosamente, el presidente Lasso ha cometido varios errores al elegir a la cabeza del SNAI. Ha habido expolicías y exmilitares, pero ellos no tienen la formación para el proceso de rehabilitación”, sostuvo Zúñiga.

Por último, reiteró que no podrá existir una transformación de la crisis carcelaria si no se trabaja en un sistema óptimo de rehabilitación.

La entrada Zúñiga: «Expolicías y exmilitares, no tienen la formación para el proceso de rehabilitación» se publicó primero en La Calle.

Asimismo, señala que Ecuador vive una grave crisis penitenciaria que se caracteriza por niveles de corrupción y violencia sin precedentes. El informe indica que esta crisis es el resultado del abandono del sistema penitenciario, por parte del Estado, y de la ausencia de una política criminal integral.

Las conclusiones del informe recomiendan y entregan herramientas más detalladas para contrarrestar la crisis.

Las propuestas se enfocan en ocho ejes: condiciones de detención, reducción de población carcelaria, violencia, investigación y medidas de no repetición, institucionalidad del sistema penitenciario, reinserción social, acciones de tipo transversal, aplicación de prisión preventiva y medidas alternativas.

CIDH recibió informe del legislativo sobre crisis carcelaria

Las recomendaciones incluyen también el establecimiento de una ruta común entre los tres poderes del Estado. Asimismo, la adopción de perspectivas de género y de tratamiento diferenciado. Otra sugerencia es la participación de personas detenidas, familiares y organizaciones civiles, en la adopción de medidas inmediatas y de tipo estructural en las cárceles del Ecuador.

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La intención de la comisión internacional fue “monitorear la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Ecuador”, indica su comunicado. Además, señalan la necesidad de “dar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares a favor de Jorge Glas”. Finalmente, según los delegados, entrevistaron al exvicepresidente.

Los miembros de la CIDH estuvieron alrededor de tres horas en el centro penitenciario. No obstante, no dieron declaraciones a los medios de comunicación presentes. Mientras tanto en los exteriores de la cárcel, se reunieron decenas de personas pertenecientes a un colectivo afín a la Revolución Ciudadana. Los ciudadanos exigieron la liberación del exvicepresidente.

Finalizada la visita en la prisión de Latacunga, la comitiva se dirigió a otro centro penitenciario en Quito. También, planean reunirse con el gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena.

Según el director de la prisión, coronel (s.p.) Víctor Andrade, los delegados de la CIDH “cumplieron con todas las actividades que estuvieron planificadas, todas se desarrollaron dentro de la normalidad y manifestaron que van satisfechos luego de la visita realizada”, reseñó diario El Universo.

Motivo de la visita

La CIDH ha expresado su preocupación ante las masacres ocurridas durante los últimos meses en los centros de rehabilitación social del Ecuador. Por lo que ha instado al Gobierno de Guillermo Lasso a tomar “medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal” de las personas privadas de la libertad.

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El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, señaló que uno de los problemas detectados es que el cuerpo de seguridad de los centros penitenciarios no cuenta con los elementos necesarios para defenderse. Asimismo, recalcó que es superado en número por las personas privadas de libertad.

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, reiteró que es notorio el abandono, por parte de las autoridades, para lograr un proceso de rehabilitación social. Insistió en que la rehabilitación social es un objetivo constitucional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Destacó que es importante el compromiso de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, para trabajar en iniciativas legislativas y de control político, que permitan mejorar la situación penitenciaria.

Geraldine Weber, asambleísta del PSC, expuso que en los centros de rehabilitación social hay casos de mujeres violentadas y violadas, por la falta de separación en las instalaciones. También insistió en la necesidad de brindar ayuda psicológica a las personas privadas de la libertad.

El informe entregado a la CIDH, aprobado por la Comisión y la Asamblea Nacional, cuenta con 55 conclusiones y más de 75 recomendaciones a las instituciones del Estado. Sin embargo, no establece responsables directos por las masacres carcelarias que han dejado más de 300 asesinatos, durante el 2021.

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La institución expresó su preocupación ante los graves hechos de violencia ocurridos en la Penitenciaría del Litoral, los días 12 y 13 de noviembre, en los que resultaron, al menos, 68 personas privadas de libertad asesinadas y 25 heridas.

La misión liderada por el relator de Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura, Stuardo Ralón, junto con el equipo de la Secretaría Ejecutiva del organismo, Tania Reneaum, se reunió hoy con el presidente Guillermo Lasso, los ministros de Gobierno y Defensa, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y con representantes de la Defensoría del Pueblo.

Durante el jueves y viernes, los comisionados visitarán centros penitenciarios de Quito, Guayaquil y Latacunga. También se reunirán con organizaciones de la sociedad civil y familiares de las víctimas de las últimas masacres carcelarias.

La organización defensora de los Derechos Humanos, Alianza contra las Presiones anunció que entregaron a la CIDH información relacionada con las masacres carcelarias, la violencia racista, el abuso de la prisión preventiva, la precarización de la vida en prisión, el hacinamiento y la vulneración continua de los derechos humanos.

La CIDH quiere visitar al exvicepresidente Jorge Glas

Aprovechando su presencia en Ecuador, la CIDH solicitó visitar al exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, actualmente detenido en la cárcel de Latacunga.

Mediante una carta dirigida al embajador ecuatoriano ante la OEA, Carlos Játiva, la secretaria relatora de la organización señala: “La Comisión Interamericana quisiera aprovechar la oportunidad para dar seguimiento a la implementación de la medida cautelar 1581-18 – Jorge Glas, en el marco de la visita que se va a realizar en el periodo del 1 al 3 de diciembre de 2021 y, de ser posible, visitar y entrevistarse con el beneficiario. Adicionalmente, la CIDH expresa su interés de establecer el diálogo con las autoridades ecuatorianas responsables por la implementación de dicha medida”.

Sin embargo, se desconoce una respuesta del Gobierno de Guillermo Lasso a este requerimiento.

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La institución expresó su preocupación ante los graves hechos de violencia ocurridos en la Penitenciaría del Litoral, los días 12 y 13 de noviembre, en los resultaron, al menos, 68 personas privadas de libertad asesinadas y 25 heridas.

Asimismo, el documento expresa que «urge al Estado adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia; investigar estos hechos, identificar y sancionar a los responsables; y prevenir su repetición». 

La CIDH indicó que «toma nota» de las medidas adoptadas por el Estado para recuperar la Penitenciaría, en particular, el despliegue de casi 1.000 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que habrían logrado recuperar el control de todos los pabellones de la cárcel.

Además, la Comisión señala que observa con preocupación la declaración de huelga de hambre, de personas privadas de libertad los días 13 y 14 de noviembre, en las cárceles de Turi y Cotopaxi, en rechazo a los hechos de violencia. Aunque esta acción ya habría concluido, según información del Estado.

La Comisión Interamericana advierte que estas muertes ocurrieron en un contexto de reiterados enfrentamientos. «En lo que va del año 2021 se documentaron 316 personas privadas de libertad fallecidas, como resultado de estos hechos de violencia. Estas cifras multiplican, casi siete veces, las muertes violentas en detención, respecto a los 46 fallecimientos reportados en 2020», señala el comunicado. 

El organismo reitera que es deber del Estado ecuatoriano implementar acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en centros de privación de la libertad. También es su obligación prevenir el accionar de organizaciones delictivas, imponer controles efectivos, implementar protocolos para prevenir amotinamientos, restablecer las condiciones de seguridad e incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior.

De igual forma, reitera que el Estado debe investigar de oficio, de forma seria, pronta e imparcial los hechos de violencia e identificar y sancionar a los responsables.

La entrada Del 1 al 3 de diciembre, la CIDH analizará la situación de las cárceles en Ecuador se publicó primero en La Calle.

La negativa fue firmada el pasado 7 de octubre y señala que la solicitud de Áñez fue revisada y oportunamente cerrada. Sin embargo, el organismo hizo un llamado a recordar los derechos de las personas privadas de libertad. También hizo énfasis en que el Estado debe velar por el derecho a la vida, precautelando la salud física y mental de los reos.

La CIDH hizo un llamado tanto al Estado boliviano como a Áñez, para cooperar en los procesos médicos necesarios y así precautelar su bienestar físico y mental.

Además, el documento de la CIDH no negó la posibilidad de que Áñez presente una nueva petición, en caso de cumplir los requerimientos necesarios. Los requerimientos se encuentran en el artículo 25 del reglamento, señala el escrito.

De igual forma, la CIDH consideró que es fundamental que la exmandataria mantenga su derecho a recibir visitas y al acompañamiento permanente de sus familiares.

Petición de Medidas Cautelares

A finales de agosto, la defensa de Áñez solicitó medidas cautelares para la exmandataria. El documento buscaba “restituir” los derechos de la mujer. Por otro lado, señalaba que Áñez sufría de “amenazas, hostigamiento, y agresiones en contra de su vida e integridad”. Asimismo, se indicó que el lugar no era adecuado para que la exmandataria recupere su salud.

Intento de suicidio

Jeanine Áñez esta retenida más de año y medio, debido a un proceso iniciado en su contra por el Gobierno. Áñez es acusada de conspiración, terrorismo y sedición, por el golpe de Estado del 2019, en Bolivia.

El pasado 21 de agosto la expresidenta intentó suicidarse con cortes en el antebrazo, según informaron medios bolivianos.

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“Tomamos el control de los pabellones 1 y 3, donde tenemos cinco fallecidos. Posteriormente, llegamos al pabellón 5, donde fue más violento. En el momento en que ingresamos hallamos 19 cadáveres afectados por impactos de armas de fuego y granadas. Igualmente, hay 48 personas heridas, que fueron atendidas inmediatamente”, dijo Fausto Buenaño, comandante de la Zona 8 de la Policía. 

Los hechos habrían iniciado a las 9:00 de este martes. “Evacuamos al personal administrativo y llamamos al Comité de Crisis (…) A las 10:40 iniciamos el protocolo de control”, dijo Bolívar Garzón, flamante director de la SNAI. Las autoridades retomaron el control del centro carcelario después de cerca de cuatro horas, a las 14:00. 

Cobo dejó la víspera el Servicio de Protección de Personas Privadas de Libertad (SNAI) para asumir la conducción del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). En su parecer cumplió con su tarea y bajó “significativamente el nivel de violencia”.

El pasado 13 de septiembre, la Penitenciería del Litoral fue atacada con drones en medio de «una guerra entre cárteles internacionales», informaron las autoridades.

Ecuador registra oficialmente más de 120 reos asesinados en lo que va del año. En uno de esos episodios hubo incluso degollamientos y otras imágenes macabras que conmocionaron a la ciudadanía.

Estos hechos se dan menos de un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó los hechos de violencia que sucedieron en distintas cárceles de Ecuador y exigió al Estado que adopte medidas frente a la crisis carcelaria.

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Quito, 22 sep (La Calle).- Para el asambleísta Fausto Jarrín, la admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de tres exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (CPCCS), anticipa un fallo contrario al Estado ecuatoriano.

“La admisibilidad de la CIDH es un preámbulo de situaciones delicadas para el país. No olvidemos que tuvimos dos fiscales encargados que formularon cargos y llevaron a juicio a personas inocentes”, dijo en entrevista con el noticiero «La Ventana» de Radio La Calle.

Jarrín dijo además que la consulta de Moreno incumplió garantías y derechos humanos al no contar con la autorización de la Corte. Por otro lado, criticó al Gobierno de Lasso, pues a su parecer, debería realizar un examen profundo al mandato de Moreno. En lugar de ello, el Gobierno plantea una Consulta.

Según los denunciantes, la Consulta Popular de Moreno fue «inconstitucional» y dio paso a que se designen autoridades «a dedo» a través del Consejo de Participación Ciudadana transitorio.

CIDH acepta la denuncia de los exconsejeros

En 2018, la CIDH emitió medidas provisionales para que el Estado «se abstenga de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho. Esto incluía los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivos de los derechos humanos”.

Actualmente la CIDH ha abierto la posibilidad de establecer un diálogo entre las partes y llegar a un acuerdo amistoso.

Correlación de fuerzas en la Asamblea

Además, la bancada de UNES se encuentra preocupada por las leyes neoliberales que se están instaurando en el país. Y están esperando que las fuerzas ‘progresistas’ se sienten a la mesa para estudiar los temas de primera línea, indicó Jarrín

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El exconsejero Edwin Jarrín explicó a Radio La Calle que, en diciembre del 2017, solicitó a la CIDH pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales, en relación a la Consulta Popular de febrero. La demanda solicitaba la suspensión de la pregunta 3, porque al no existir un informe de constitucionalidad y por las competencias extraordinarias otorgadas a un Consejo Transitorio, se configuraba una violación a la Constitución y los derechos humanos.

El 6 de febrero del 2018 la Comisión Interamericana solicitó a la Corte medidas provisionales. Sin embargo, la Corte rechazó el pedido porque la consulta ya fue ejecutada y existían resultados electorales. “Nos dijo que agotemos las medidas nacionales y que ellos no se iban a pronunciar sobre el fondo de la consulta. Tenían la seguridad que eso lo iban a analizar posteriormente”, señaló Jarrín.

En este proceso, hay que resaltar el voto salvado del juez Eugenio Zaffaroni, quien advirtió el desastre institucional y a la democracia que ocurriría si se hacía efectiva la Consulta.

¿Qué implica la resolución de la CIDH?

La Comisión admitió la causa de Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, porque se violentaron sus derechos humanos. Además, porque ocurrieron procesos fuera de la norma constitucional, implementados por el Consejo Transitorio.

Ahora, los demandantes disponen de un plazo de 6 meses para allanarse al dictamen o agregar temas de fondo. La notificación de la CIDH le dice al Estado que, para evitar el litigio, tiene 6 meses para establecer un acuerdo reparatorio a las víctimas.

“Lo que viene es un plazo de 6 meses para que nosotros argumentemos cosas en la resolución, en función de lo que están planteando ellos, para llegar a la Corte Interamericana. Después de esos seis meses, la Comisión pasará el expediente completo a la Corte Interamericana.

En términos políticos, para Jarrín, esta resolución confirmaría que la Consulta hecha por el presidente Lenín Moreno fue utilizada para dar un golpe a las Funciones del Estado: a la de Transparencia y Control Social, a la Electoral y a la Función Judicial, además de la Corte Constitucional.

“Moreno justificó la Consulta para poner a sus autoridades y Lasso está volviendo a plantear una Consulta. Lo advertí en 2017, que cada presidente va a llamar a una Consulta para poner sus propias autoridades. Lasso amenazó con una Consulta para este año, lo que esta buscando es hacer exactamente lo mismo. Él quiere ver cómo pone sus autoridades en todas las funciones del Estado”, aseguró.

¿Lasso y la dedocracia en la Consulta?

“Poner su Consejo de la Judicatura, su Corte Nacional, su Corte Constitucional, su Fiscal, su Defensor del Pueblo, su Contralor. Es decir, designar él, con pretexto de una Consulta Popular, para volver a dar un golpe de Estado a las instituciones», sostuvo.

Jarrín también advirtió que la resolución de la Corte Constitucional, emitida la víspera, que desestimó el pedido de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, transformar a la Asamblea en bicameral y una mayor autonomía para la Fiscalía, ha sido fatal para el gobierno de Lasso.

Con este panorama posible que se caiga la Consulta de Lenín Moreno; también es posible que se caiga la Consulta que pretende realizar Lasso.

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«La CIDH condena los hechos de violencia ocurridos en diversas penitenciarías del Estado ecuatoriano, que resultaron en que al menos 121 personas privadas de libertad perdieran la vida. La Comisión urge al Estado a adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia, así como para prevenir la repetición de estos hechos», dice la comisión en un comunicado.

La CIDH recordó que desde enero de 2021 se produjeron diversos enfrentamientos entre personas detenidas, que ocasionaron la muerte de al menos 121 personas privadas de libertad, y decenas heridos. La organización advirtió que estas muertes suceden en «un contexto de reiterados actos de violencia en los centros penitenciarios de Ecuador».

El organismo recordó las distintas acciones que llevó a cabo el Estado ecuatoriano; señaló que el 17 de abril, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) creó el Grupo Especial de Acción Penitenciaria, y el 28 de julio, el director general de ese organismo declaró situación de emergencia en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social por 60 días.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), creado a partir de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene la misión de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

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