“No hay nada que curar, la homosexualidad no es una enfermedad, no estamos enfermos”, dijo Temístocles Villanueva, diputado LGBTIQ+ por Morena y creador de la propuesta de ley.

Con 49 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones, el Congreso reformó dos artículos del Código Penal de la CDMX para sancionar con penas de dos a cinco años de prisión y entre 50 y 100 horas de trabajo comunitario a las personas que quieran aplicar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).

Los Ecosig han sido señalados por la Organización de las Naciones Unidas como lugares donde existe violencia física, toma de hormonas, terapias de electrochoque, aislamiento e insultos. “Después de horas en la carretera, se detuvieron en medio de la nada y nos formaron con las manos sobre la camioneta como si fuéramos delincuentes (…) putitos, nos decían, aquí los vamos a curar”, relata uno de los testimonios obtenidos por la organización Yaaj, una de las asociaciones que promovieron la nueva ley.

¿Qué pasa en Ecuador?

En nuestro país, las llamadas “clínicas de deshomosexualización” son un tema que no ha tenido discusión en el plano legal. De modo que, no existen leyes para cortarlas de raíz y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Hasta 2013, el Ministerio de Salud (MSP) recabó la existencia de 268 “clínicas” de este tipo. Sin embargo desde 2017, el MSP dijo a la organización Silueta X que los datos estaban perdidos. Hasta la fecha la Federación Ecuatoriana de Asociaciones LGBTI y otros colectivos en defensa de esta comunidad esperan un cambio en las leyes ecuatorianas.

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