Sin embargo, lo más preocupante son la declaración de emergencia nacional en la frontera con México, las restricciones en el derecho de ciudadanía por nacimiento y la eliminación de la aplicación para pedir asilo CBP One. Las acciones han llevado a que miles de personas se queden desamparadas en la frontera estadounidense – mexicana. 

Unos tienen permiso para quedarse 20 días en México, otros menos. La mayoría son familias con niños pequeños. José Louiza, acompañado de su esposa y su hijo de 13 años, tenía el turno de las 13:00. Sin embargo, a las 11:00 dieron el aviso: «Las citas existentes programadas de CBP One ya no son válidas». Venían de Venezuela y su frustración era latente tras cruzar una selva y seis países, recoge diario El País.

Las opciones que tienen son pocas. Trump anunció que establecerá de nuevo el programa Quédate en México que obliga a los migrantes a quedarse en ese país hasta que se les asigne una cita para continuar con el trámite de refugio. La medida pone en manos del gobierno mexicano el destino de cientos de migrantes a lo que se suma las olas de deportados mexicanos. La situación de los deportados y migrantes de otros países es incierta.

Dependiendo del país de origen, los migrantes pueden solicitar el parole humanitario para casos urgentes o hacer el trámite de visado.

Ciudadanía por nacimiento 

La enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos indica que: «Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en donde residen». En el decreto ejecutivo, Trump agregó: «pero la Enmienda 14 jamás se interpretó para extender la ciudadanía universalmente a cualquiera que haya nacido dentro de Estados Unidos». 

Detallan dos casos:

– Cuando la madre de la persona estuvo ilegalmente presente en Estados Unidos y el padre no era un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente al momento en que dicha persona nació.

– Cuando la madre de la persona, al momento del nacimiento, estuvo presente en Estados Unidos de manera legal, pero temporal y el padre no era un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal al momento en que dicha persona nació. 

La orden ejecutiva indica que con la permanencia temporal de la madre al momento del nacimiento de la persona se refieren, «por ejemplo, y no limitado a», quienes visiten Estados Unidos bajo el respaldo del Visa Waiver Program, o estén en el país con una visa de estudiante, trabajo o turista. 

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Los ciudadanos se reunieron en la noche del 10 de mayo tras la aparición de un documento en donde los dirigentes daban su aprobación al proyecto Echo que busca construir un complejo de edificios en una zona considerada como bosque protector.

¿Qué pasó?

Las cosas en Olón subieron de tono cuando los comuneros se enteraron que parte de los dirigentes, sin consultarlos, firmaron una carta de apoyo para las operaciones que Vinazin planea hacer en Esterillo Oloncito.

Los miembros de la comuna recriminaron que la vicepresidenta Tomasa Suárez y cuatro personas más firmaran en apoyo a la empresa, donde la esposa del presidente es accionista mayoritaria. «Pensamos que iba a llamar realmente a una comisión. Esto es una burla para el pueblo, es decepcionante porque desde el inicio hemos estado aquí, con miedo, pero hemos estado aquí dando respaldo», le increpó uno de los ciudadanos.

Asimismo en la tarde, se reunieron exigiendo una Asamblea extraordinaria para destituir a una directiva que sería afín a los proyectos de la familia Noboa. No se sabe a ciencia cierto porque, dos días después de oponerse a la construcción en un bosque protegido, ahora apoyen el proyecto inmobiliario.

El primer documento

En el documento se redacta que la actual dirigencia de la comuna de Olón «no se apone al desarrollo de nuestra comunidad y al proyecto denominado Echo. (…) Saludamos gustosamente la decisión de la constructora de mantener su proyecto en la comunidad y estaremos atentos a que se cumplan con todas las normas ambientales y de construcción conversadas hoy en la Casa comunal de Olón». Los vecinos de la comuna se preguntan quiénes conversaron aquello porque ellos no fueron tomados en cuenta.

De los firmantes destacan los nombres de Jhon Reyes, presidente de la comuna, la vicepresidenta Tomasa Suárez y un abogado llamado Gilberto Pino. Éste último es nada más y nada menos que el representante del presidente en el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito.

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 Quito DM, 27 de diciembre de 2023

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Dirección Metropolitana Financiera, en cumplimiento del procedimiento establecido en los Arts. 496 y 522 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), notifica a la ciudadanía que, el Concejo Metropolitano de Quito, con Ordenanza No. 065-2023 sancionada el día 14 de diciembre de 2023, aprobó el plano del valor de la tierra, el valor de las edificaciones de los predios urbanos y rurales del Distrito Metropolitano de Quito, a regir para el bienio 2024-2025, cuya implementación se encuentra en proceso para la emisión del año 2024. El texto completo de la ordenanza se encuentra publicado en:

https://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Administraci%C3%B3n%202023-2027/Ordenanzas/2023/

Consulte a partir del 01 de enero de 2024 su nuevo avalúo en:

https://pam.quito.gob.ec/mdmq_web_irm/irm/buscarPredio.jsf

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El primer mandatario cuenta con una credibilidad de 14.5 %, promediando las tres firmas. Perfiles de Opinión calcula la credibilidad de Lasso en un 11 %; Market un 13.1 %; y CID Gallup un 19.3 %. Es decir, una de cada 10 personas le cree al Lasso.

Sin embargo, las encuestadoras coinciden en que el inicio del mundial y los festejos de fin de año podrían favorecer la percepción de los problemas del país y la gestión del Presidente y las otras funciones del Estado.

Sobre su gestión por sectorial

La encuestadora Market arroja resultados desastrosos (pero esperados) sobre el mandato de Lasso en diferentes frentes del Ecuador. La desaprobación es generalizada y causa tanta indignación que la ciudadanía ve como salida para avanzar a la propia sociedad civil y al empresariado.

Situación del país

Según las firmas Click Report, el 79 % de los ecuatorianos ve como mala la situación actual del país; solo un 20.3 % considera que es buena. En la ciudad, un 72 % cree que las cosas van mal y en las encuestas personales un 58 % tiene el mismo presentimiento. Por su lado, Market refleja que el 50 % siente que la situación actual es pésima y un 37 % califica como mala.

Los problema de la ciudadanía

Son nueve los problemas principales que enfrenta el Ecuador para los ciudadanos:

A nivel de ciudad, los resultados son:

La delincuencia y el desempleo son, tanto a nivel de país como de ciudad, los problemas más difíciles que pesan sobre los ciudadanos.

¿Qué preocupa a los ecuatorianos?

De plano, la seguridad y la situación económica son las principales preocupaciones para el ciudadano, según la encuestadora IPSOS.

Los resultados de las encuestas tienen como corte octubre de 2022. Solamente IPSOS tuvo un alcance hasta agosto del año en curso.

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«Compañeros policías, la ciudadanía se vuelca para respaldarlos. Nuestro respeto y apoyo para ustedes siempre. Gracias por su gentil y respetuoso trabajo. Simplemente una colaboración de los ciudadanos para ustedes», dijo el periodista Diego Arcos en un vídeo en su cuenta de Twitter.

Uno de los policías respondió. «Este tipo de actos como Policía nos compromete a seguir trabajando por la ciudadanía frente a la ola delincuencial que se está viviendo a nivel nacional. Los policías comprometidos con la seguridad de toda la ciudadanía somos más. Este tipo de actos nos fortalecen. Vamos a trabajar fuerte. Muchas gracias por este apoyo moral».

¿Y el aporte del Estado?

Las buenas intenciones de la gente no deben ser necesarias en un Estado que se supone destina una parte del presupuesto para la Policía Nacional. Según el ministro Arosemena, el presupuesto anual es de USD 1200 millones. «De lo que va del año está ejecutado el 75%», expresó en una entrevista.

No obstante, según una investigación de diario Expreso, los gendarmes deben conseguir su propia indumentaria desde hace siete años. Así mismo, los vehículos de patrullaje presentan problemas que no han tenido la debida solución. Surge entonces la pregunta sobre el destino del dinero ya ejecutado.

Además, el funcionario estatal dijo que el presidente Lasso planteó la búsqueda de recursos adicionales con un financiamiento externo para la infraestructura de seguridad. (MIB)

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“Para recuperar los espacios de diálogo, el gobierno debe tener credibilidad. Se ha peleado con todo el mundo. La ciudadanía ya no le cree”, dijo a Radio La Calle. Para el excandidato es importante abordar cinco puntos: salud, educación, empleo, seguridad y reactivación económica en el país.

Para Rabascall, hay que buscar otras vías distintas a la violencia. “Excluir cualquier espacio de violencia. La revocatoria del mandato es un instrumento constitucional, pero establece un procedimiento. Primero que el CNE no se haga el loco, después recolectar firmas, ¿el problema del Ecuador es el presidente o el modelo económico? La pregunta es ¿Borrero representa el mismo modelo? Si la revocatoria es para los dos, sube el presidente de la Asamblea para convocar a elecciones. Se podría convocar a la muerte cruzada”.

El trabajo del Gobierno

El excandidato indica que el modelo de gobierno de Lasso no da cabida a otros modos de manejo del país. “Tenemos tres visiones: izquierda, derecha, progresismo y una cuarta vía. La derecha no quiere salir de su modelo que excluye la economía social. No creen en eso y difícilmente van a abrir las opciones de participación a pensamientos distintos. Tenemos que empezar a reconstruir el país con sujetos ciudadanos políticos. Yo creo que Lasso no quiere ir por ese camino. Un cambio de gobierno nos afecta, pero el desgaste del Estado”.

Rabascall dijo que vivimos en un estado de conmoción social. “El audio que circuló a través de un medio de comunicación, donde dos consejeros hablan con un juez para que fallen a favor de Llori por pedido del presidente. Esas cosas tienen que revisar. Si esto sigue escalando ¿acaso no estamos viviendo un ambiente de conmoción social? Aumento de la inseguridad, problemas en los hospitales, escuelas, sectores productivos”.

Por último, el político invitó al diálogo y dejar las diferencias para poder mejorar la realidad del Ecuador. “Si seguimos viendo para atrás nos quedaremos con tortícolis. Si seguimos así, estaremos afectados. Debemos sentir al pueblo. Sentémonos a conversar. Si creen que la solución es derrocar sin pensar en el día después. Debemos crear espacios de convivencia sana por más diferencias que existan”. MIB

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Bajo el grito de asesinos y sin importar que los efectivos policiales custodiaban a los presuntos perpetradores, un grupo de personas propinaron patadas y golpes a los tres individuos en las afueras de la Unidad Judicial Penal de Imbabura. La Policía intentó que los sospechosos subieran a los autos de patrulla, pero los ciudadanos actuaron más rápido y lograron golpearlos.

Prisión preventiva

En la mañana del 21 de abril se desarrolló la audiencia de formulación de cargos por el delito de sicariato contra Ufredo B., José Luis L. y el policía en servicio activo, Luis Andrés L., autores del hecho de sangre. La Fiscal a cargo del caso presentó más de 10 elementos de convicción y solicitó la prisión preventiva para los acusados. Medida que dispuso el juez Francisco Chacón.

Chacón también dispuso medidas de protección contra la madre de la víctima, quien sufrió golpes en la cabeza. La prohibición de que los procesados se acerquen a ella o los testigos, prohibición de efectuar actos de persecución o intimidación contra ella, emitir una boleta de auxilio a favor de la víctima y su tratamiento psicológico.

El proceso fiscal durará 30 días. Si los sentencian como culpables, a los detenidos les espera una condena de 22 a 26 años de prisión, de acuerdo con el Código Integral Penal (COIP). MIB

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Bastidas, en entrevista con Radio La Calle señaló que el principal objetivo es que el Metro de Quito esté en funcionamiento a finales de este año, pues eso ayudaría al reordenamiento de la movilidad y tránsito de la ciudad.

“Estamos necesitando ya, la operación del Metro de Quito. Estamos requiriendo que el metro resuelva la vida a los ciudadanos, porque el metro va a moverse entre sus 12 estaciones extremo, Labrador y Quitumbe, en apenas 34 minutos. El metro va a reconfigurar la ciudad”, expresó.

Para Bastidas, la parte más complicada es la política, por los intereses de por medio, pues se sabe que un cambio de gerencia en este tipo de proyectos haría que el trabajo realizado se detenga.

“Hay políticos que quisieran que yo me retire, que yo me vaya, sabiendo que claramente eso podría retroceder o frenar el proceso de avance. La parte política es la más compleja, hay muchos odios, amores, gente a favor, detractores, gente que ni siquiera entiende el sistema o ni siquiera entiende el trabajo que llevamos, pero opina sin conocimiento de causa”, dijo.

Modelo de gestión

Con respecto al modelo de gestión, Bastidas aseguró que era un proceso que debió de realizarse desde mucho antes, pues al conocer que el país no cuenta con especialistas en la operatividad del metro era algo que debió prevenirse.

“Es claro que eso debió hacerse desde el pasado (…). En general, la municipalidad o las diferentes municipalidades no han hecho su tarea. A lo largo del tiempo no se ha hecho esa tarea y nos vemos hoy en día, casi en la obligación de buscar un operador ferroviario internacional”, señaló.

Así también, Bastidas indicó que serían 10 los operadores ferroviarios internacionales interesados en operar el Metro de Quito. «En las próximas semanas harán sus ofertas y con ello erigiríamos al mejor operador ferroviario para los próximos años”.

La disponibilidad del cargo de Gerente General del Metro de Quito

Por otra parte, el Gerente del metro dijo que la disponibilidad de su cargo dependerá del directorio y que él no tiene ninguna acción legal o jurídica en su contra, ni en este país ni en ningún otro.

“Yo he puesto la disponibilidad de mi cargo de una manera transparente y delicada para que el señor alcalde y el directorio sepan si es que me reconfirman en el puesto y yo continuo de aquí en adelante siguiendo en este proceso o si es que deciden que no, que los escándalos mediáticos son más fuertes, entonces es decisión del directorio”

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Ya en 2018 tras el traslado del exvicepresidente Jorge Glas a la cárcel de Latacunga, donde Lasso indicó que no era una decisión que respete el debido proceso, se mencionó el nombre de “Lorenza”.

“Moriré defendiendo los sueños de Lorenza, mi amiga de Bastión Popular. Ella quiere un Ecuador de oportunidades, no de odios ni revanchas. Cuenten conmigo para los propósitos de Lorenza, no para las revanchas ni los odios”, escribió.

Lorenza ya no está en Bastión

En 2021, Lasso vuelve a trae a Lorenza en su discurso. Ya no está en Bastión Popular y sobrevive con menos de USD 1. “Me voy a referir a una mujer que conocí en campaña que vive en el Guasmo. Me refiero a Lorenza de 43 años que vino del campo a la ciudad en busca de su gran sueño. Vive en una casa de caña, no tiene baño, va a una letrina en un barrio. Gana cuando tiene empleo USD 1 ¿qué es eso? USD 20 al mes”

Para rematar, el mandatario soltó una perla. “Cualquier valor superior a USD 20 con estabilidad, con seguridad social y oportunidad para que Lorenza pueda prosperar es bastante”, expresó.

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Entre las organizaciones convocantes se encuentra la Fundación Esquel. Ana Abril sostuvo que la ciudadanía se siente en estos momentos vulnerable frente al poder y resulta lógico que se demande un “respeto por los ciudadanos”. 

“Es por eso que convocamos a los ciudadanos a unirnos en una sola fuerza para denunciar infracciones electorales.

Abril detalló algunas infracciones:

-Entregas de dádivas o recompensas económicas

-Fondos de dinero en efectivo.

-Actos de violencia de género.

-Pauta o promoción de espacios publicitarios.

En tales circunstantes de solicita grabar o fotografiar infracciones electorales.

Anunzziatta Valdez solicitó a la ciudadanía “actuar como veedores y recomendó que, en cambio, se respete el derecho del voto secreto y no se compartan más imágenes de teléfonos celular con el voto de los ciudadanos.

Priscilla Moreno, joven integrante del colectivo, reiteró que 20 organizaciones están trabajando para las elecciones de abril.

Cambiar miembros de juntas electorales

Fausto Camacho, representante de uno de los colectivos, recomendó al Consejo Nacional Electoral, cambiar a los miembros de juntas receptoras del voto, que no cumplieron con sus tareas.

“Lo que no está permitido es cambiar el padrón electoral, pero claro que se puede llamar a otros miembros de juntas receptoras: no hay ninguna norma”.

De la misma forma, Pablo Córdova sostuvo que es necesario un mantenimiento efectivo de los scanners del Consejo Nacional Electoral.

Los ciudadanos deben identificarse para sus denuncias. Se pueden presentar en este link: Esquel.org.ec/denuncias

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Si el resultado del referendo en Chile es la ‘aprobación’, la Constitución será redactada por una convención ciudadana elegida por votación popular. Este se convertiría en un hecho histórico, pues es la primera vez desde 1833.

Este referendo es el resultado de un ciclo gigante de manifestaciones; inicaron con marchas estudiantiles en 2006 y culminiaron con el estallido social de octubre 2019.

Una Constitución legítima

La Constitución vigente en Chile fue redactada bajo el régimen dictatorial de Augusto Pinochet, en 1980. Mundo Negretto, consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países de América Latina explica que, de ganar ‘la aprobación’, la nueva Constitución tendría legitimidad en su origen.

«Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico», dice el experto.

Por otra parte, la posición mayoritaria quedaría en duda si la ‘aprobación’ gana con un margen pequeño. Negrettoasegura : «sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño. El trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el «Sí» a Pinochet obtuvo un 43% y el «No» un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria».

Una política legítima

La resistencia de la ciudadanía en las calles y su protesta son factores indispensables en la posibilidad del plebiscito chileno. Así lo afirma Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York.

«La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía; incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'», añade Murillo.

Un proceso importante en Latinoamérica

«Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único», explica la politóloga Miriam Henríquez.

La experta se refiere a que en el caso de Chile, no será el Gobierno quien decida el cambio de la Constitución ni elija una institución para este objetivo. Sino, la ciudadanía.

«Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos», finaliza Henríquez.

Este proceso toma fuerza semanas después de las manifestaciones en Chile. Uno de los casos más indignantes durante las protestas en el país fue el de un agente de la Policía Nacional chilena que arrojó a un menor de 16 años de edad desde un puente al Río Mapocho.

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«Se trata de una asociación de ciudadanos que aglutina a los familiares de las 11 víctimas mortales de las jornadas de protesta de octubre pasado, además familiares de los más de 1.300 heridos, y aquellos que vieron desmembrados sus órganos», informó un medio internacional.

Buscarán la sostenibilidad jurídica para investigar a fondo los casos de abuso a los derechos humanos (DD.HH), aquellos que el gobierno pretende dejar en el olvido, como el uso de gases caducados y la violencia policial y militar.

Por otro lado, el canciller José Valencia relanzó una plataforma de información y análisis sobre la situación de los DD.HH.

La primera acción de la asociación de ciudadanos es solicitar a la Corte Constitucional que desclasifique los archivos reservados y secretos de las fuerzas de control.

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