«Aproximadamente, a las 09:20, se reportó un incidente dentro de la unidad V08, que operaba en el circuito E3 desde el Playón de la Marín hacia la Estación Río Coca. En esta unidad una persona fue agredida, presuntamente con arma blanca», dice el comunicado.

Agregan que a pesar de que lo atendieron los cuerpos de socorro, el ciudadano falleció y el atacante fue detenido y puesto a ordenes de las autoridades competentes. La empresa de pasajeros realizará las investigaciones del caso. (MIB)

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La Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo) informó que el ECU 911 acudió al lugar para verificar el hecho. Después la emergencia fue atendida por miembros de la Policía Nacional que realizaron las diligencias de ley. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal.

El contenedor de basura -ya inspeccionado- fue vaciado y vuelto a colocar en su sitio para que la ciudadanía pueda disponer de los residuos en los horarios y frecuencias establecidas.

Se desconoce la identidad del sujeto y las causas de su deceso. Este es el segundo caso de un cuerpo humano encontrado sin vida en similares circunstancias en menos de un mes.

El primero aconteció a inicios el 19 de mayo, cuando la Secretaría de Ambiente de la ciudad reportó el hallazgo de un cadáver en el recolector de la Estación de Transferencia Norte (ETZ) Zámbiza, en la ruta Parque de los Recuerdos.

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Aclaración: La imagen utilizada en esta nota periodística es referencial.

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«Lo que pasa es que, por ejemplo, allá en Pallatanga nos están ayudando con las casas y bueno por el partido ese que nos está apoyando, por eso estamos aquí», le dijo Rosendo Cayambe al periodista Andrés Durán.

El hombre agregó que todavía no les entregan las casas y que el proyecto comenzaría a construirse en marzo, pero aún no arranca. «estamos acá porque lo que ofreció debe cumplir. Nosotros acudimos por eso».

Cayambe expresó que «que lo se ofrece, debe cumplirse y no engañar a la gente como los políticos anteriores que engañan al pueblo». Según su declaración, el jefe político nos dijo que si nosotros no íbamos que nos botaban de la lista de las viviendas». (MIB)

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Una de las cámaras de seguridad grabó el momento exacto del ataque. Uno de los agresores insulta al servidor de seguridad. Luego se da la vuelta y lo ahorca. Acto seguido, se suman sus compañeros, quienes continúan con los ataques.

El otro sujeto de gorra incluso saca lo que parecer ser un cuchillo y lo amenaza. Después los tres golpean al guardia.

Pasaron algunos segundos y dos tipos más se unen al delito contra el trabajador. Finalmente, lo someten en el piso mientras lo insultan.

Un usuario en Twitter identificó a dos de los sujetos. Se trataría de Rubén León (princial agresor) y Juan Esteban Marín (el «hombre» que intimida con arma blanca).

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Al parecer para que una institución bancaria pública te otorgue un crédito es necesario decirle al presidente del Ecuador. Al menos ese fue el caso de Ángel Freire, que en un evento de entrega de casas reclamó al presidente la falta de empleo.

El mandatario le dijo que ni siquiera era necesario que haga fila, el Gobernador del Guayas hablaría con el gerente de la agencia Pedro Carbo.

El ‘tráfico’ de influencias

Sin embargo, el palanqueo o padrinazgo es una práctica antiética, aunque común en el país. El presidente lo hizo publicamente y su orden se cumplió.

«Sí aplica al #Crédito1X30» fue el mensaje que recibió Ángel Freire Rodríguez tras la respectiva aprobación de su solicitud en nuestra agencia del cantón #PedroCarbo. Él será el ahijado 41.618 del Presidente Guillermo Lasso cuya iniciativa está cambiando la vida de la gente», escribió el BanEcuador en Twitter.

El presidente replicó la información. «Animamos a Ángel para que acceda al #Crédito1x30 de BanEcuador. Me alegra que ahora él y su familia hayan ingresado los papeles para este beneficio crediticio».

¿Presidente o padrino?: Lasso ofrece traficar influencias en BanEcuador

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«Quito se respeta. El amor por nuestros niños, queda bloqueado este lugar de oscuridad. Nuestros ancestros se respetan y voy por ti, España. La liberación, porque no somos burla. Nuestras mamitas que han luchado fue por amor no para que se vengan a burlar», dijo en un vídeo de Tik Tok.

El pasado 16 de mayo, el alcalde Santiago Guarderas, en el marco del Bicentenario, inauguró este mural a cargo del artista español Okuda San Miguel. “A través de la Secretaría de Patrimonio de Quito y la Embajada de España en Ecuador, hoy se entregó en el Bulevar 24 de Mayo, un mural pintado por el artista español Okuda San Miguel. Esta obra artística es parte del proyecto CaminArte y se realiza en el marco del Bicentenario”, dijo el Municipio en esa ocasión.

Las críticas al Cabildo quiteño no han parado. La semana anterior, debido a las reformas al Convento de la Inmaculada Concepción, se borró el mural que retrata una parte de la pintura de Luigi Stornaiolo «Los Jubilados». El hecho causó críticas en redes sociales y llevó al municipio a planificar un nuevo lugar para pintarlo.

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Quito, 07 jun (La Calle). – Un ciudadano que presenta un grave problema cardíaco no ha sido atendido en el hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), por lo que su vida peligra. El hospital tiene 10 días para cumplir una acción de protección a favor del señor y realizarle la operación. Así informa Darío Ferrín, presidente de la ONG que acompaña este caso.

Atendemos el caso de un chico de 21 años, cuyo padre tiene un problema importante a nivel cardíaco. Él recibió atención en el Hospital San Francisco en abril del 2021 por un infarto. En octubre de ese mismo año fue derivado al Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), pese a que sus médicos determinaron que requiere una cirugía emergente, no le operan”, explicó a Radio La Calle.

La negligencia del hospital del IESS ha puesto en peligro la vida del ciudadano. “Nosotros iniciamos acciones legales. Una acción de protección al IESS y al HCAM por vulneración del derecho a la salud y se dispuso judicialmente que en el término de 10 días operen al señor, pero todavía no ocurre”.

A pesar de que se han realizado las acciones legales, el experto explica que esto no garantiza que, en el caso de complicaciones en su salud, el ciudadano se mantenga con vida mientras se cumple el plazo que dictaminó el juzgado.

El camino legal

La acción presentada a la justicia por el paciente fue aceptada por un juez de Sangolquí. “Se acepta la presente acción de protección parcialmente presentada, declarándose la vulneración al derecho a la salud, por cuanto requiere atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna por parte del Instituto de Seguridad Social (IESS)”, dice el documento.

La operación que el HCAM debe efectuar en el plazo de 10 días es por cardiomiopatía isquémica. “La audiencia de esta acción de protección fue hace no menos de dos semanas. Pese a tener conocimiento del tema, el hospital todavía no agenda la operación del paciente. Como el HCAM no tiene personería jurídica, la acción fue contra el presidente del directorio del IESS, Francisco Cepeda, quien renunció el 6 de junio”. Al no existir personería jurídica, la gerente del hospital no se hace cargo de las denuncias a esa institución de salud.

El BIESS primero

A esta falta de legalidad se suma el nulo pronunciamiento de las autoridades. “Poco les importa. Es de conocimiento público que no hay insumos y medicamentos, pero también es de conocimiento público que el BIESS tiene USD 750 millones en créditos hipotecarios”. USD 250 millones ya se han destinado, así lo informó Iván Tobar en una entrevista con Sonorama.

Este uso indiscriminado de los recursos del IESS atenta a la Constitución. “Los recursos que tienen quieren colocarlos en hipotecas, incumpliendo la Constitución. Deben cumplir la contingencia, es decir, jubilación, cesantía y atención en salud”. Los excedentes, de acuerdo con Ferrín, deben ir al BIESS que está lleno de dinero y los hospitales no tienen nada”.

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Una lista de espera

La acción penal empezó a correr desde el 6 de junio y finalizaría el 15 de junio. Si no se cumple la operación, iniciarán accionales penales contra Cepeda como representante del directorio y la gerente del HCAM. “Dentro del proceso consta un listado de 80 personas que tienen una situación similar a la del señor”. Otra solución sería derivar a los hospitales privados, pero al no recibir el pago por parte del IESS, no aceptan esta posibilidad. “Tienen recursos y no los utilizan ¿cuál es la razón? ¿indolencia o no saber administrar la cosa pública? Creo que las dos”, se pregunta el jurista.

Ferrín expresa que una solución es declarar emergencia en los hospitales del IESS para que se puedan comprar insumos y medicinas de manera directa. “No tienen la capacidad administrativa ni de ejecución. No saben cómo y lo más grave es que la doctora gerente, con todo respeto, no es la representante legal. Con la renuncia de Cepeda queda un vacío. Incluso si van presos por las acciones negligencias ¿quién les devuelve la vida a los ciudadanos?”. MIB

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En un video se observa a varios policías que patean y empujan a un ciudadano que presuntamente insultó a los agentes. Según el testigo, luego de la detención los agentes seguían golpeando al civil y rociando gas lacrimógeno.

Ante los golpes recibidos, los policías trasladaron al ciudadano a un hospital para realizar una valoración médica. Según la hermana del ciudadano detenido, los detalles de la valoración no constan en los informes emitidos por los agentes. Además, la testigo explicó que el civil pasó alrededor de dos horas en el hospital hasta lograr estabilizarlo.

En las imágenes compartidas por la usuaria en twitter se observa al detenido con moretones y raspones en todo el cuerpo.

Luego de estabilizar al civil, procedieron a efectuarle un juicio al día siguiente, donde lo declararon culpable, por agresión contra los agentes policiales. Por tal motivo, el detenido debe cumplir 120 horas de trabajo comunitario. Además, de ofrecer disculpas públicas a los policías por el incidente.

Hasta el momento, los agentes aún no se han pronunciado sobre el incidente. Sin embargo, los operativos de control continúan, con el fin de «precautelar» la seguridad de la ciudadanía. Además, de «disminuir» el índice delincuencial en varias provincias del país.

Antecedente

El uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas no es un fenómeno nuevo. Otro de los momentos en los que se observó agresiones por parte de la policía fue el pasado 8 de marzo.

En la marcha, cientos de mujeres ecuatorianas salieron a las calles a reclamar a las autoridades que protejan y garanticen sus derechos. No obstante, las manifestantes resultaron agredidas.

En dicho incidente, una periodista recibió un golpe con un tolete por parte de los miembros policiales. Además, de uso indiscriminado de gas lacrimógeno y gas pimienta.

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En el audiovisual se puede observar como un hombre se baja de una motocicleta en un parqueadero. Dos sujetos que lo perseguían en otra motocicleta llegan detrás de él. Finalmente corre alrededor de un taxi con los sujetos detrás de él que lo encierran y le disparan repetidas veces en el cuerpo. El ciudadano deja caer un celular que es recogido por los antisociales.

Violencia en el país

Un total de 1255 muertes violentas se detectaron a nivel nacional de enero al 26 de abril del 2022, 587 casos más que en 2021. La zona más peligrosa del país es la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), donde 436 muertes violentas tuvieron lugar entre enero y el 26 de abril del 2022.

Otra provincia violenta es Esmeraldas con un incremento de 106 muertes de enero al 16 de abril. Le sigue Los Ríos, con 95 muertes violentas, 66 más que 2021.

Por el incremento de la violencia, el presidente Lasso decretó estado de Excepción en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manabí, que implica el toque de queda en cuatro parroquias: Eloy Alfaro (Durán), Esmeraldas (Esmeraldas), Ximena y Pascuales (Guayaquil).

Sin embargo, desde el viernes 29 de abril hasta la madrugada del 3 de mayo se han contabilizado al menos 16 asesinatos en distintos sectores de Guayaquil y la zona 8. MIB

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La policía y miembros de la unidad forense realizaron el levantamiento del cadáver. El ciudadano tendría alrededor de 30 años. Al momento no hay pronunciamiento oficial ni de la Policía ni del Ministerio de Gobierno, sobre este hecho.

Accidentes

La autopista mojada provocó múltiples accidente de tránsito en esta avenida que une a Quito con Guápulo y los valles de Tumbaco y los Chillos.

A las 05:30, el ECU 911 informó de un siniestro de tránsito en el sector de Guápulo. Una persona resultó herida. A las 07:00 otro incidente ocurrió en el sector de Gualo. Dos choques a la altura de la Universidad Internacional pasaron media hora más tarde.

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Esas fueron las palabras del gobernador de El Oro, Francisco Vera, a un ciudadano tras arribar al sitio del derrumbe por un socavón en Zaruma.

En actitud prepotente y ante el reclamo del hombre, Vera dice «Se calla. Usted no tiene que saber. Usted se calla». El ciudadano responde que «ya es demasiado tarde», en referencia a las dos viviendas destruidas. El gobernador responde «¿O sea que debo estar antes de que pasen las cosas?».

Un problema recurrente

El gobernador podía estar para ayudar al cantón antes del desastre. Los hundimientos de casa y edificios no son de hoy.

En 2016, la escuela de La Inmaculada Fe y Alegría empezó a hundirse. Un edificio centenario que sufrió el embate del agujereado suelo del cantón.

De acuerdo con un reportaje de la BBC en 2017, 260 estudiantes y los profesores tuvieron que trasladarse a otro lugar. La institución no tuvo pérdidas de vidas humanas.

En ese año, Lenín Moreno decretó estado de excepción, pero el problema está bajo tierra. El nulo control de la minería ilegal de oro pone en peligro a la ciudad que se convierte, de acuerdo con el reportaje, en un queso gruyere, lleno de agujeros.

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En el audiovisual se puede observar a un grupo de personas protestando en las calles Madrid y Avenida 12 de Octubre donde se encuentra el monumento a la Reina Isabel La Católica. En un momento, los uniformados se acercan con toletes a golpear a los ciudadanos ahí congregados para después arrastrar a un joven, Martín Miranda, fuera de ese grupo.

Los hechos

“Varias personas, colectivos y organizaciones nos dimos cita en el monumento a Isabel La Católica que amaneció vallado y según informaciones policiales estuvo así desde las 23:00 del 11 de octubre. El plantón fue artístico cultural. Hubo música. A partir de que un grupo de compañeras llevó su performance hacia la calle sobre el tema colonial y el falso descubrimiento de América. Se habló con la policía de que iba a ser por un momento, sucedió de manera espontánea. De un momento al otro, la policía nos dijo que nos retiremos o nos iban a reprimir”, explicó a Radio la Calle Álvaro Paredes, uno de los asistentes.

Cuando la lluvia inició y la gente continuaba allí la policía procedió a reprimirlos. “Sacaron sus toletes para golpear a los compañeros, intentando empujarnos. Lanzaron gas pimienta. Allí detienen a un compañero que se encontraba tranquilo, levantó los brazos y posterior la Policía lo empujó y lo arrastró”.

La cosa no queda allí, algunos testimonios de personas que estaban cerca de la UPC móvil indican que fue golpeado, agredido. “Lo quieren judicializar por ataque y resistencia porque en la autodefensa que ejerció un policía resultó herido”, explicó.

Martín está detenido de forma ilegal en una UPC desde las 18:30. Sus compañeros pudieron contactar abogado para su posterior defensa. “Las organizaciones nos mantenemos vigilantes. No sabemos si pertenece a un colectivo. El anterior año estuvo un grupo de hispanista, ahora estuvieron nazi-fascistas provocando a la Policía. Diciendo que somos terroristas. Esto fue un acto de resistencia”, precisó.

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«Una persona llamó al ECU 911 1.200 veces a pedir comida o taxis. Mientras alguien juega con la línea, muchas personas requieren esos recursos de manera inmediata y puede jugar con la vida de una ciudadano», dijo

La magnitud de “esta irresponsabilidad”, según mencionó, le costaría a los centros ECU 911 el cierre de sus actividades durante 50 días, equivalente a casi USD 4 millones.

Medidas sancionatorias

La entidad recibió alrededor de 1 millón y medio de llamadas sin un fin emergente. El representante solicitó una reforma al reglamento de sanciones debido a este inconveniente.

Si se aprueba la reforma, el cobro de dos infracciones será de USD 200 hasta la máxima sanción que equivaldría a USD 1.000. (GG)

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