La jueza Coloma emitió una resolución luego de seis meses de la demanda solicitada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y el director provincial del movimiento Sociedad Patriótica, Edwin Angulo. Ambos sustentaron que Bayas incumplió tanto la normativa electoral como los principios de transparencia en el uso de bienes del Estado.

La decisión judicial causo alarmas en diversos sectores políticos y sociales. Por otro lado, el mismo tribunal sancionó a la parlamentaria Viviana Veloz de la RC con una multa de USD 9.000 por ejecutar campaña anticipada en las elecciones del 2024. Su defensa alegó una posible suplantación de identidad en el peritaje digital.

Tampoco se conocen acciones por parte de la Contraloría General del Estado (CGE) ni del CNE, a pesar de que el caso involucra el uso de recursos estatales durante una campaña electoral. CM

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CNE no podrá proclamar resultados oficiales

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó que, a través de Secretaría General del organismo, se han recibido formalmente cuatro reclamaciones, las cuales se encuentran en proceso de verificación. Una reclamación no fue dada a trámite, de acuerdo con la auditora del movimiento RETO. «Cada reclamación ha sido ingresada con un conjunto de actas específicas. Una vez hecho el registro, se dispone a las áreas técnicas y jurídicas del CNE a realizar la revisión respectiva. Posteriormente, se entregará un informe que servirá de insumo clave para el pronunciamiento del Tribunal», señaló la presidenta del CNE en declaraciones oficiales.

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Las reclamaciones presentadas por la alianza de la excandidata presidencial, Luisa González, detallan:

• 343 actas presentan supuestas inconsistencias en las firmas.
• 171 actas carecerían de la firma del secretario de mesa.
• 780 actas no contarían con la firma ni del presidente ni del secretario.
• 435 actas registrarían inconsistencias numéricas en los resultados.

En total, las denuncias apuntan a 1.875 actas que, de acuerdo con los denunciantes, podrían afectar la transparencia y legalidad del proceso electoral. El excandidato vicepresidencial, Diego Borja, aseguró a este medio que las observaciones en los informes de las misiones internacionales dan cuenta de un gobierno ilegítimo de Daniel Noboa, ante los resultados que aún no han sido proclamados por el CNE. Asimismo, confirmó que no existe tal falta de respaldo a Luisa González por los pronunciamientos de los prefectoss de Pichincha, Manabí y Guayas y de los alcaldes de Quito y Guayaquil, quienes reconocieron los resultados electorales del pasado 13 de abril.

Atamaint anunció que el CNE ya ha activado los mecanismos técnicos y jurídicos para la revisión detallada de cada una de las actas señaladas, y que una vez concluido el análisis, se entregará un informe técnico al pleno del TCE para resolver las reclamaciones.“La institucionalidad democrática debe actuar con responsabilidad. Estamos cumpliendo con los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso”, aseguró.

Reacciones internacionales

Las inconsistencias detectadas han generado inquietud en diversos sectores políticos y sociales, que exigen claridad y celeridad en la revisión. Desde RETO-RC se insiste en que los errores y omisiones podrían alterar los resultados en varios territorios, por lo que solicitan la verificación inmediata y, de ser necesario, la repetición del sufragio en las zonas afectadas. Asimismo, los presidentes de México y Colombia han respaldado el pronunciamiento de Luisa González sobre sus dudas en la transparencia del proceso electoral.

Casi tres meses después, el Tribunal Contencioso Electoral sesionará este 1 de mayo para resolver las denuncias de infracción electoral presentadas por los movimientos Unidad Popular, PSC y PSE en contra del presidente-candidato Daniel Noboa en primera vuelta. Las acciones de inconstitucionalidad se refieren a la licencia para hacer campaña aelectoral que el primer mandatario no solicitó a la Asmablea Nacional, la designación de Cynthia Gelllibert como vicepresidenta y encargo de la presidencia por días, y el uso de recursos públicos que habrían sido usados para fines electorales.

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Los informes preliminares estacaron la alta participación ciudadana y la eficiencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque sugirieron reformas para garantizar equidad en futuros comicios. La MOE/OEA, liderada por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, y la MOE/UE, encabezada por el español Gabriel Mato, coincidieron en que la jornada electoral transcurrió de manera pacífica y bien organizada, con un sistema de transmisión de resultados «confiable». Sin embargo, señalaron que el proceso estuvo marcado por ventajas para el oficialismo, incluida la difusión de publicidad institucional que mezcló el rol del presidente Daniel Noboa como mandatario y candidato.

«Hubo un desdibujamiento de los límites entre el Estado y la campaña», afirmó Mato, quien también criticó que Noboa no solicitara licencia para ausentarse de sus funciones durante la campaña. Por su parte Muñoz resaltó que, «Ecuador demostró madurez democrática, pero persisten prácticas como el uso del aparato estatal en campaña, que exigen correcciones urgentes».

¿Irregularidades en el proceso?

Ambas misiones cuestionaron la resolución del CNE que prohibió el uso de dispositivos electrónicos en las urnas, basada en informes confidenciales de seguridad no divulgados. La medida, destinada a evitar fotografías de papeletas, fue calificada de «desproporcionada» y generó desconfianza en sectores políticos. Con base a testimonios de diferentes interlocutores, la UE añadió que la decisión reflejó una «presión gubernamental» sobre el organismo electoral.

En cuanto a la suspensión de los derechos políticos a la vicepresidenta Verónica Abad por violencia política de género, las misiones expresaron preocupación. Aunque no se pronunciaron directamente sobre el fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), subrayaron que este tipo de sanciones deben proteger —no limitar— la participación de las mujeres en política. Organizaciones locales habían denunciado que la sentencia establece un «precedente peligroso» para la libertad de expresión.

«La resolución sobre dispositivos electrónicos debió manejarse con mayor transparencia para evitar suspicacias», dijo Nacho Sánchez Amor, delegado del Parlamento Europeo.

La Fake News

El informe de la UE también alertó sobre la desinformación, incluidas acusaciones infundadas de fraude impulsadas por actores políticos, y urgió al CNE a regular el uso de redes sociales. Pese al estado de excepción vigente en algunas provincias por inseguridad, ambas misiones reconocieron que las libertades de reunión y prensa se respetaron durante la campaña.

Las observaciones se dieron a conocer horas después de que el CNE iniciara el escrutinio final, con resultados preliminares que dan una ventaja del 52.3% para Daniel Noboa frente al 47.7% de su rival, Luisa González. Los informes finales de las misiones, con recomendaciones detalladas, se publicarán tras la proclamación oficial de resultados.

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«La Sentencia 23-25-IN/25 de la Corte Constitucional sobre la prohibición de dispositivos móviles en el sufragio es ambigua y limitada. Valida la medida del CNE bajo condiciones, enfocándose solo en reserva de ley y libertad (Art. 66.29.d), pero ignora aspectos clave de la acción de inconstitucionalidad. (…) Hoy más que nunca, se limita la transparencia del proceso electoral y se vulnera la democracia de los ecuatorianos», escribió en su cuenta de X.

Desde el Gobierno

Por su parte, el Ejecutivo manifestó estar de acuerdo con el dictamen de la CC. En un comunicado expresó que la resolución reconoce que no se vulneran derechos y que refuerza la postura democrática del «voto secreto».

«Es de interés de este Gobierno que durante los procesos democráticos se evite la influencia de los grupos de delincuencia organizada. (…) Aplaudimos la decisión del CNE de escuchar el clamor ciudadano».

El pasado 13 de marzo, el CNE aprobó “PROHIBIR el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las Juntas Receptoras del Voto; y, a partir de las 17:00 horas y durante toda la jornada de escrutinio a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV), excepto a uno de sus integrantes para que pueda realizar las operaciones matemáticas necesarias para el llenado de las actas de escrutinio”.

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«No tienen por qué haber más gente para que le tome la foto del voto del ciudadano. Si el candidato o el ciudadano levanta la papeleta, no hay nadie que le tome la foto, para empezar, ¿verdad?, pero si el candidato que va acompañado de los medios de comunicación hace el gesto de levantar su papeleta, no estará en la prohibición«, detalló Atamaint.

El CNE ratificó que, durante la segunda vuelta presidencial del 13 de abril, los votantes no podrán utilizar teléfonos móviles al momento de emitir su sufragio, aunque sí estarán permitidos en el recinto electoral. La medida busca garantizar el secreto del voto y la seguridad ciudadana ante presuntas extorsiones, según un informe reservado de las Fuerzas Armadas.

Detalles de la restricción:

• Votantes: Podrán ingresar con sus dispositivos, pero deberán guardarlos al recibir la papeleta y hasta terminar de votar.
• Fiscalización: Los miembros de las juntas receptoras del voto supervisarán el cumplimiento y notificarán ante las diferentes delegaciones provinciales a quienes incumplan la norma. Los infractores enfrentarán multas entre USD 9.870 y USD 32.900, según la gravedad.
• Excepciones: Delegados de partidos, medios de comunicación y misiones de observación podrán grabar el proceso de escrutinio, que inicia a las 17H00.

La Corte Constitucional aún no resuelve una acción de inconstitucionalidad contra la medida, aunque la calificó como «prioritaria». Paralelamente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) recibirá los reportes de las infracciones.

Aunque la norma aplica para todos los ciudadanos, incluidos los candidatos Daniel Noboa y Luisa González, el CNE aclaró que no puede impedir que muestren su voto ante cámaras. No obstante, instó a denunciar cualquier registro no autorizado de papeletas. Más de 13.7 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en el balotaje, donde se espera la presencia de 41.000 delegados partidistas. El CNE destacó que el acto de votación, de acuerdo a los simulacros, no supera los dos minutos por persona.

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Nájera reveló que, desde octubre de 2024, presentó ocho memorandos ante la presidencia del CNE, dirigida por Diana Atamaint, exigiendo que el Pleno se pronuncie sobre el incumplimiento del artículo por parte del presidente Daniel Noboa, quien optó por declararse en «ausencia temporal por fuerza mayor» mediante decretos, en lugar de pedir licencia. Sin embargo, el 30 de diciembre, su pedido fue rechazado bajo el argumento de que no contaba con el respaldo de al menos dos consejeros.

El pasado 11 de febrero del 2025 la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea cuestionó que Noboa mezclara actos de gobierno con campaña, aprovechando recursos estatales. Aunque la Corte Constitucional anuló dos de sus decretos de «ausencia», no aclaró si estos equivalían a una licencia. Por su parte, la OEA advirtió que la incertidumbre jurídica generó «tensión y desconfianza», especialmente porque Noboa es el primer presidente en reelegirse tras la «muerte cruzada».

Contexto político: TCE define futuro de Abad

La solicitud de Nájera coincide con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad, acusada de violencia de género por la canciller Gabriela Sommerfeld. La consejera vinculó este escenario con una supuesta intención del CNE de favorecer al oficialismo, al actualizar el calendario electoral.

Nájera exigió al CNE convocar una sesión urgente para resolver el tema de la licencia, tal como se modificó ágilmente el calendario electoral. «La ley debe aplicarse con igualdad», insistió, recordando que el artículo 93 busca evitar el uso indebido de recursos públicos.

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¿Qué festejaba ADN?

Luego de los resultados preliminares de las elecciones del pasado domingo 9 de febrero, el presidente-candidato Daniel Noboa no salió a festejar junto a sus simpatizantes en el evento que su partido le tenía preparado en el Hotel Le Parc de Quito. Un día después, el primer mandatario decidió que su mejor salida pública sería un comunicado en redes sociales para “agradecer” a sus votantes, sin embargo, lejos de mostrar humildad y aceptar su derrota de primera vuelta en urnas, aseguró que ADN había ganado a los partidos del “Viejo Ecuador” y que se habían convertido en la primera fuerza política del país.

Horas más tarde de ese lunes post electoral, se conocía que la Revolución Ciudadana tenía más curules en la Asamblea Nacional. Pero, Noboa intentó sostener la narrativa de haber ganado, pero ¿a quién? Este viernes 14 de febrero, el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo la sesión de audiencia pública para conocer el reporte de los resultados de las actas de escrutinio de los comicios de primera vuelta para las dignidades de presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Los consejeros no tuvieron ninguna observación y los resultados finales serán proclamados mediante resolución de pleno, luego del análisis de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del órgano electoral.

Vea también: «Prohibición de fotos en el voto: CNE evalúa medida ante denuncias de presiones«

Sin embargo, con 67 curules para la próxima Asamblea Nacional la Revolución Ciudadana se impone como la fuerza política con una diferencia mínima de ADN. El partido oficialista obtuvo mayores resultados en la Sierra ecuatoriana, pero la RC ganó ampliamente en la Costa, ante lo que presidente Noboa se refirió en una entrevista del martes como las provincias que votaron por el narcotráfico.

Estas declaraciones dadas en cadena radial el lunes en la mañana, gracias a la retransmisión de los medios aliados a radio Centro Digital, conocido medio afín al oficialismo, provocaron reacciones de autoridades de gobierno y una ciudadanía que afirmaba que estos señalamientos estigmatizaban el voto de los costeños. La excandidata vicepresidencial, Cristina Reyes, fue una de las primeras en manifestar su rechazo en redes sociales. Luisa González, candidata presidencial de la RC, respondió a sus declaraciones pidiendo respeto por el país y el electorado que no le dio el voto. Asimismo, la presidenta de la actual Asamblea, Viviana Veloz, aprovechó la sesión ordinaria del pleno del miércoles 12 de febrero, para rechazar sus señalamientos. Del mismo modo, se manifestaron alcaldes y prefectos de las provincias, cantones y parroquias de la Costa del país.

Dato que mata relato

Según la aplicación del Consejo Nacional Electoral, los resultados con corte al 15 de febrero corresponden al 100% de actas escrutadas a nivel nacional e internacional. Estos datos que serán oficializados por el pleno del CNE muestran que el movimiento de la Revolución Ciudadana se reivindica como la primera fuerza política del país con 67 asambleístas sobre los 66 de ADN, 9 de Pachakutik, 4 del Partido Social Cristiano, 1 de la Alianza UP-PID-PSE, 1 de Construye y 2 de partidos locales. Noboa y sus voceros aseguraron que se habría dado un fraude por tres curules legislativos con supuestas inconsistencias en provincias de la Costa ecuatoriana, situación que fue resuelta por los observadores internacionales de la OEA, quienes desmintieron estas aseveraciones del primer mandatario.

Ver «Comunicado de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Ecuador»

La tendencia es irreversible

Los resultados de la Asamblea Nacional reflejan el escenario político que tendrá el país para los próximos cuatro años de gobierno, sobre una división de poderes entre la Revolución Ciudadana y ADN. Para el balotaje de abril, los candidatos de ambos partidos tienen una diferencia mínima en menos del 1% de que marca una polarización aún más profundizada, que podría vaticinar que Ecuador va hacia un bipartidismo.

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¿A qué se debe esta medida?

Esta posible restricción surge a raíz de denuncias sobre presuntas presiones de grupos delictivos para influir en el voto a favor de una u otra candidatura.

El presidente de la República y candidato a la reelección, Daniel Noboa, denunció el martes 11 de febrero que algunos electores habrían sido sometidos a presiones para votar a favor de su rival, Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

«En ciertas provincias, inclusive votantes, recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa», expresó.

José de la Gasca denuncia amenazas

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, también se refirió esta mañana a la propuesta de prohibir la toma de fotografías a la papeleta de voto.

«Me han hecho llegar un sin número de alertas y de denuncias en las cuales me dicen a mí ‘me pedían que muestre la foto para que no me voten y no me renueven el permiso en la alcaldía’, (…) ‘esto es territorio de Los Lobos, esto es territorio de Los Choneros y tengo que mostrar el voto porque si no ya sabe lo que me pasa’. ¿Usted cree que quieren denunciar?», dijo en RTP Radio.

Ante esta situación, instó al CNE a tomar medidas y a prohibir que los votantes porten un celular al momento de marcar la papeleta.

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Respecto a la falta de licencia de Noboa para realizar campaña, Pita señaló que el CNE no tiene potestad sancionatoria, pese a que el artículo 93 del Código de la Democracia establece la obligatoriedad de este permiso para autoridades en funciones que buscan la reelección. Sin embargo, señaló que la norma no contempla sanciones para quienes incumplan, lo que impediría al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tomar acciones.

“No estoy tratando de justificar un hecho que ha sido evidente y que posiblemente disguste a muchos de los ecuatorianos (…) Se trata de circunstancias que, al no tener base legal, dificultan su aplicación”, afirmó Pita en entrevista con Ecuavisa.

Respecto al control del gasto electoral, el CNE está recopilando información sobre la publicidad en redes sociales de los candidatos y sus organizaciones políticas, la cual será cotejada con los informes financieros que deben presentar en un plazo de 60 días. “No podemos controlar la publicidad en redes porque la ley no nos permite, pero el gasto electoral sí y vamos a sancionar”, aseguró Pita.

Los informes de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) destacaron la transparencia del proceso del 9 de febrero, aunque señalaron vacíos normativos en aspectos como la concesión de licencias y el control del financiamiento de campañas. En este sentido, recomendaron que las autoridades ecuatorianas emitan criterios claros y oportunos para evitar controversias en futuros comicios.

¿Proselitismo desde Carondelet?

El pasado 5 de enero empezó el plazo para hacer campaña electoral de primera vuelta, ese día supuestos simpatizantes de Noboa se congregaron en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito, para expresar su respaldo a la gestión del primer mandatario. No obstante, varios funcionarios públicos denunciaron que fueron convocados a este plantón, según capturas de chats en redes sociales y el reporte de periodistas.

«En cinco semanas venceremos. Para esto necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes, necesitamos una Asamblea que apoye, poderes de Estado que se pongan la camiseta y necesitamos que nuestras fuerzas del orden estén muy atentas», fueron las palabras del primer mandatario en el balcón de Carondelet, pese a no pedir licencia para hacer proselitismo político. Además el material audiovisual se difundió en las redes sociales de Presidencia.

Dádivas del gobierno por campaña

«Mientras otros duermen y descansan, el asambleísta del pueblo dando este obsequio del presidente (Daniel Noboa). Un contenedor de 40 pies de plátano verde», dijo el candidato a la reelección por Guayas Jorge Chamba en un video publicado en sus redes sociales el pasado 23 de noviembre del 2024.

A este dádiva se sumó la candidata a la reelección por Santo Domingo, Yadira Bayas, quien entregó cocinas de inducción, los electrodomésticos formaban parte de un gran lote que el Gobierno anunció que iban a entregarse a las personas de bajos recursos.

En un vídeo de Tik Tok, la legisladora llega con un camión que lleva las cocinas. «Más de 80.000 cocinas embodegadas, pagaron USD 10 millones para tenerlas embodegadas cuando hay tanta necesidad y eso es lo que a mí realmente me indigna».

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Página del CNE no disponible

Existen dificultades para acceder al portal web del CNE, impidiendo el seguimiento en tiempo real de los resultados electorales. Hasta el momento, la página sigue fuera de servicio.

Comunicado del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que las Juntas Receptoras del Voto continúan con el conteo de votos tras el cierre de la jornada electoral.

Aproximadamente a partir de las 19h30, los primeros resultados comenzarán a ingresarse al sistema, y la ciudadanía podrá conocerlos a través de los canales oficiales.

El CNE reiteró que cualquier sondeo de opinión no constituye un dato oficial y recordó que es la única institución autorizada para publicar los resultados de las Elecciones Generales 2025.

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Participación electoral

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que hasta el momento ha acudido a sufragar más del 55% de los electores, manteniendo así el porcentaje histórico de participación.

Atamaint hizo un llamado a los ciudadanos para que continúen ejerciendo su derecho al voto y participen en este proceso democrático.

Compromiso con la transparencia

Como parte del compromiso con la transparencia, la presidenta recordó que el pasado 6 de febrero se realizó el encerramiento y sellado del sistema informático de escrutinio y resultados para las elecciones de 2025. Este procedimiento se llevó a cabo con la presencia de delegados, observadores y un notario público, garantizando que el sistema informático se encuentra en cero, es decir, sin registros previos de actas ni de resultados.

Cierre de jornada y conteo de votos

La jornada electoral concluirá a las 5:00 p.m., momento en el que los miembros de mesa procederán con el conteo de votos. Los resultados se registrarán en el sistema del CNE y se irán publicando en tiempo real y en vivo para el conocimiento de la ciudadanía.

Observadores internacionales llaman a votar

Desde la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz, destacó que la jornada transcurre con normalidad, calma y una buena participación.

Esta misión ha observado más de 640 juntas electorales en todo el país, y el jefe de la misión hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a votar:

«Nos parece importante la participación de las mujeres y hombres para elegir el futuro. Cuando se elige, se hace más democracia.»

Además, Muñoz coincidió con el observador de la Unión Europea, quien reportó dificultades para algunos delegados en el cumplimiento de sus funciones.

«En algunos lados hemos observado problemas con la presencia de las y los delegados de partidos; es necesario que todos puedan realizar su trabajo», explicó.

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Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó que 527 mujeres y 5.691 hombres se encontraban habilitados para sufragar.

Además, agregó que se ubicaron 62 juntas electorales en 42 Centros de Privación de Libertad en 20 provincias del país.

Luis Eduardo Zaldumbide, director del SNAI, señaló que la jornada refleja el compromiso por la participación política en el país.

Por otro lado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, mencionó que trabajaron junto al Registro Civil, para la facilitación de las cédulas; para el tema de seguridad, contaron con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional, junto a los mencionados se establecieron medidas de seguridad para garantizar normalidad en el desarrollo de la jornada.

Dos funcionarios electorales y un privado de la libertad que conste en el padrón electoral son quienes integraron las juntas receptoras del voto.

Al terminar la jornada, los paquetes electorales son sellados y trasladados a los centros de procesamiento electoral. Es ahí donde estarán guardados hasta las 17:00 del domingo 9 de febrero, cuando se inicie el conteo de votos.

IF

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A través de un oficio al que accedió El Universo Noboa justificó su decisión argumentando que existe una «imposibilidad temporal» de ejercer sus funciones mientras realiza actividades proselitistas, debido a vacíos legales que lo exponen a sanciones electorales. Sin embargo, este planteamiento ha generado críticas, pues podría interpretarse como una maniobra para beneficiarse de su doble condición de presidente y candidato.

Un conflicto institucional en desarrollo

Desde el inicio del proceso electoral, Noboa ha intentado ausentarse del cargo sin recurrir a la Asamblea. En anteriores ocasiones, delegó temporalmente la Presidencia a Gellibert mediante decretos ejecutivos, pero la Corte Constitucional declaró inconstitucionales estos encargos.

Ahora, el mandatario recurre al argumento de «fuerza mayor» para justificar su ausencia, afirmando que la falta de pronunciamientos de entidades como la Procuraduría General del Estado (PGE) ha generado una vulneración a la seguridad jurídica, colocándolo en una situación de incertidumbre sobre cómo proceder con su licencia.

El debate sobre la normativa electoral

Noboa también menciona una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que prohíbe a autoridades de elección popular realizar actos que puedan interpretarse como proselitismo mientras ejercen su cargo. No obstante, expertos en derecho constitucional advierten que la normativa vigente no le impide continuar en funciones mientras participa en la campaña electoral.

En este contexto, la notificación enviada a la Asamblea no equivale a una solicitud de licencia formal, lo que genera un limbo jurídico que podría ser interpretado como una estrategia para evitar el control legislativo mientras continúa con su campaña.

Posibles implicaciones políticas

La ausencia de un procedimiento claro para que un presidente en ejercicio solicite licencia durante una campaña electoral evidencia las debilidades del marco legal ecuatoriano. Sin embargo, la decisión de Noboa podría sentar un precedente que permitiría a futuros mandatarios autodeclararse inhabilitados temporalmente sin una regulación específica que lo justifique.

A pocas horas del cierre de campaña, la medida adoptada por Noboa deja abiertas varias interrogantes: ¿es una medida legítima para garantizar la transparencia electoral, o una maniobra calculada para evitar rendir cuentas mientras busca la reelección? La falta de claridad en la normativa podría generar interpretaciones discrecionales que debiliten el equilibrio de poderes en el país.

La entrada Noboa notifica a la Asamblea su ausencia para el cierre de campaña en medio de cuestionamientos legales se publicó primero en La Calle.

En entrevista para FM Mundo, De la Gasca afirmó que el fallo no afecta el encargo de la Vicepresidencia a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración, y subrayó que la Corte no se pronunció sobre la causal de «fuerza mayor» invocada por Noboa para apartarse temporalmente del cargo por motivos de campaña. Sin embargo, evitó precisar cómo procederá el mandatario para el cierre de su campaña o ante una eventual segunda vuelta electoral.

El Ministro insistió en que la decisión de la Corte solo establece que Noboa no puede delegar la Presidencia por decreto y reiteró que la situación de Verónica Abad no ha cambiado, argumentando que su negativa a trasladarse a la embajada en Turquía podría derivar en una “ausencia indefinida” del cargo.

Gobierno defiende legalidad de la designación de Gellibert en la Presidencia

El Ministerio de Gobierno difundió un comunicado en el que argumentó que los decretos ejecutivos 500, 505, 513 y 519 tenían como objetivo “proteger los recursos públicos y evitar un vacío de poder”, asegurando que Noboa no utilizó bienes estatales ni recibió remuneración durante su campaña.

Según el Ejecutivo, la sentencia confirma que la Corte no tiene competencia para analizar la existencia de la fuerza mayor alegada por el Presidente, ni para cuestionar la validez del Decreto 494, que designa a Gellibert como vicepresidenta encargada. También sostuvo que el fallo refuerza el criterio de que Noboa no está obligado a solicitar una licencia sin sueldo para realizar campaña electoral.

Asamblea Nacional: Noboa actuó contra la Constitución

En contraste, la Asamblea Nacional señaló en un comunicado que la anulación de los decretos 500 y 505 evidencia que el Primer Mandatario actuó fuera del marco constitucional.

“Este accionar debe ser observado por las instancias competentes, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Todos los ciudadanos, sin excepción, debemos cumplir la normativa”, indicó el Legislativo, recordando que devolvió los decretos a la Presidencia con el pedido de que Noboa se ciña a la Constitución y solicite licencia.

Estrategia política y escenario legal

El constitucionalista André Benavides explicó a Visionarias que el Gobierno busca ganar tiempo hasta que se configure la ausencia definitiva de Verónica Abad, lo que ocurriría tras 90 días sin ejercer funciones. De cumplirse este plazo en marzo, el Ejecutivo podría enviar una terna a la Asamblea para designar una nueva vicepresidenta, lo que coincidiría con los tiempos de la campaña electoral.

Por su parte, Ismael Quintana argumentó en Centro Digital que la Corte solo ratificó lo básico: en caso de ausencia del Presidente, debe asumir quien ostente la Vicepresidencia. No obstante, criticó la interpretación de Abad de que el fallo le da la razón, ya que la Corte no estableció explícitamente que ella deba ocupar el cargo.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Vicepresidencia sigue sin resolverse, mientras el Gobierno mantiene su estrategia de consolidar el liderazgo de Gellibert en la línea de sucesión presidencial.

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Según la plataforma de transparencia del financiamiento político del CNE, de los 16 binomios presidenciales en contienda para las elecciones del próximos 9 de febrero. Dos fuerzas políticas no han presentado los reportes quincenales obligatorios: ADN y Suma 23.

El movimiento liderado por el presidente-candidato Daniel Noboa, no cuenta con ningún registro en la plataforma, sin embargo, tan solo entre el 14 y el 20 de enero de este año, su cuenta invirtió USD 25.514 en anuncios relacionados con temas sociales, elecciones y política, según datos de Meta.

¿Qué dice el Código de la Democracia?

El CNE estableció un límite de USD 5.49 millones por binomio presidencial para la campaña electoral. El incumplimiento en los reportes contraviene el artículo 211.1 del Código de la Democracia, el cual exige que las organizaciones políticas registren sus gastos cada 15 días y prohíbe la contabilidad transitoria o múltiple. Además, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización y Control del Gasto Electoral establece:

«Durante los quince días calendario posteriores a la calificación de las candidaturas las organizaciones políticas presentarán obligatoriamente su presupuesto de campaña electoral (…) Los gastos e ingresos reportados deberán ser presentados cada quince días ante el CNE para ser publicados en la página web institucional»

Con base a la normativa, los diferentes movimientos políticos deben tener al menos ocho informes quincenales registrados desde octubre del 2024. No obstante en caso de que el responsable del manejo económico, no hubiese cumplido con la obligación de presentar las cuentas de campaña electoral existe un plazo adicional de 90 días contables a partir del sufragio.

Ante la ausencia de este informe financiero, el CNE tiene la potestad de presentar un denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que juzgue la infracción.

Otros partidos con irregularidades en sus reportes

El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), que apoya al presidenciable Pedro Granja, ha registrado un presupuesto de USD 12.575 para la campaña, pero sin informes quincenales. Mientras que el Partido Sociedad Patriótica (PSP) que postula a Andrea González, reportó un presupuesto de USD 3.002.200, pero sin datos de gastos.

Asimismo, el Movimiento Avanza, con Luis Felipe Tillería como candidato, reportó un presupuesto de USD 317.718, pero con informes parciales. Otros partidos con reportes limitados incluyen el Movimiento Amigo (Juan Iván Cueva), Pachakutik (Leonidas Iza) y Unidad Popular (Jorge Escala).

En contraste, el movimiento Democracia Sí (Iván Saquicela) reflejó un presupuesto de USD 300.000, pero sus reportes muestran gastos en cero en su mayoría. Similarmente, el partido CREO (Francesco Tabacchi) declaró USD 80.000, mientras que Construye (Henry Cucalón) destinó USD 200.000 a la campaña, pero sin detallar sus desembolsos.

El movimiento Revolución Ciudadana-Reto, que apoya a Luisa González, declaró un presupuesto de USD 99.980, con reportes de gastos que varían desde USD 2,25 hasta USD 4.255 por quincena. Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) con Henry Kronfle como candidato, fijó un presupuesto de USD 50.000, mientras que el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (Víctor Araus) declaró USD 260.000.

Centro Democrático, que impulsa la candidatura de Jimmy Jairala, no ha reportado un presupuesto total, pero ha cumplido con los informes quincenales.

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Entre las disposiciones relevantes de los requisitos establecidos a las encuestadoras destaca el artículo 16, que regula la difusión de resultados, permitiendo su publicación únicamente a partir de las 17h00 del día de las elecciones.

Estos resultados deben ser identificados como “no oficiales” y cumplir con especificaciones como el margen de error estadístico del ±3%, tamaño de muestra, metodología, y la información sobre los financistas de la encuesta. Además, se prohíbe su publicación durante el periodo de silencio electoral, 48 horas antes de los comicios.

Para personas jurídicas:

1. Completar el formulario disponible en el portal del CNE.
2. Presentar documentos habilitantes, entre ellos:
   • Escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil.
   • Registro del representante legal.
   • Declaración del impuesto a la renta del año previo.
   • Justificación de financiamiento.
   • Listado de profesionales con experiencia mínima de tres años en áreas relacionadas, respaldada por certificaciones académicas y laborales.
   • Documentos metodológicos, que incluyen la metodología de trabajo, análisis de factibilidad y formatos de papeletas no oficiales.

Para personas naturales:

1. Completar el formulario disponible en línea.
2. Adjuntar:
   • Cédula de identidad o pasaporte (para extranjeros).
   • Certificado de apoliticismo.
   • Declaración de impuesto a la renta.
   • Hoja de vida que acredite experiencia de al menos dos años en áreas relacionadas.
   • Detalles metodológicos y listado de profesionales, en caso de ser necesario.

Documentación metodológica:

El reglamento exige que los postulantes, tanto naturales como jurídicos, presenten un detallado análisis metodológico que incluya:

• Tipo y tamaño de muestra.
• Ámbito geográfico.
• Instrumentos técnicos utilizados.
• Formato de papeletas no oficiales, con características específicas como logos visibles, frases indicativas y colores diferentes a las papeletas oficiales.

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones será sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral, previo informe técnico de la Dirección Nacional de Estadística. El CNE enfatizó que los medios de comunicación también deben abstenerse de publicar resultados antes del horario permitido, bajo responsabilidad legal.

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En rueda de prensa, Mato aseguró que el equipo evaluará detenidamente cualquier cuestión que pueda incidir en el desarrollo del proceso electoral, incluyendo las polémicas en torno al presidente Daniel Noboa y el uso de licencias electorales. “Nosotros vamos a analizar todo lo relacionado con estas cuestiones y, si tienen incidencia en el proceso electoral, lo incluiremos en nuestras consideraciones”, afirmó Mato.

El jefe de la misión destacó que aún es prematuro emitir juicios definitivos, ya que algunas controversias están bajo la jurisdicción de órganos judiciales, constitucionales o electorales, como el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, Mato garantizó que la misión seguirá de cerca los acontecimientos para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso.

Preocupación por la seguridad

Uno de los aspectos prioritarios para la misión de observación es la seguridad. Mato expresó su preocupación por la necesidad de garantizar un ambiente seguro no solo para los candidatos y partidos políticos, sino también para los ciudadanos que acudirán a las urnas. “Es absolutamente fundamental que se implementen todas las medidas de seguridad necesarias para que el proceso electoral se desarrolle en paz y tranquilidad”, subrayó.

Asimismo, el jefe de la misión hizo un llamado a mantener la calma y evitar situaciones de violencia durante el periodo electoral. Indicó que la seguridad es crucial no solo para la vida diaria, sino también para fortalecer la confianza en el sistema democrático.

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El fundamento de la recusación señala que la jueza Vera, quien ordenó que la vicepresidenta Verónica Abad retome su cargo, estaría afiliada al partido político Avanza. Sin embargo, el texto presentado no incluiría una certificación que respalde la afirmación. Por ello, su defensa solicitó a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), que confirme o desmienta la supuesta afiliación.

Washington Andrade afirmó que también pedirán al director del partido Avanza, Ramiro Ortiz, el registro de afiliación correspondiente, el cual debería incluir la firma auténtica de la jueza Vera. En caso de no encontrar evidencia concluyente, se denunciaría una posible falsificación del documento.

Denuncia de irregularidades

El abogado calificó la maniobra como «una grave leguleyada» que podría constituir una infracción penal. Asimismo, criticó al partido político que auspicia al candidato presidencial Luis Tillería, conocido por su propuesta de «reseteo» del país, señalando que estaría avalando acciones destinadas a obstaculizar la justicia y ejercer tráfico de influencias.

La causa en la que participa la jueza Nubia Vera se enmarca en un proceso judicial de alto perfil que ha generado controversia y tensiones políticas.

Su defensa subrayó que estas acciones legales se han vuelto una «bola de nieve de mentiras» para encubrir presuntas obstrucciones a la justicia y actos de tráfico de influencias. Añadió que tomarán las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del proceso y la reputación de su defendida.

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Desde el Ejecutivo, se ha reiterado que el presidente Noboa no planea tomar licencia, argumentando que la normativa solo aplica a quienes buscan la reelección para un segundo período completo. Según esta interpretación, Noboa estaría culminando el mandato presidencial interrumpido de Guillermo Lasso tras la disolución de la Asamblea Nacional en 2023.

Sin embargo, la incertidumbre persiste. En caso de que Noboa decida acogerse a una licencia, encargaría la Presidencia a Cynthia Gellibert, designada como vicepresidenta encargada mediante decreto firmado el pasado 4 de enero, tras la renuncia de Sariha Moya al cargo.

Contexto del reemplazo de la vicepresidenta Abad

En diciembre de 2024, Noboa asignó a Verónica Abad como consejera de la Embajada de Ecuador en Turquía, con la obligación de asumir funciones desde el 27 de diciembre. Al no cumplir con esta designación, el Ejecutivo declaró su ausencia temporal, impidiendo que Abad asuma la Presidencia en ausencia de Noboa.

La decisión ha generado controversia, ya que Abad, actualmente de vacaciones, sostiene que tiene un mandato constitucional para asumir el poder.

En medio de la tensión, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron comunicados afirmando su compromiso con la obediencia al orden civil y a las disposiciones del presidente Daniel Noboa. Ambas instituciones reconocen como vicepresidenta en funciones a Cynthia Gellibert.

Declaraciones de Verónica Abad

A través de un video publicado en redes sociales, Abad reafirmó su intención de asumir la presidencia este 5 de enero, argumentando un mandato expreso en la Constitución. La funcionaria llamó al apoyo de las instituciones del Estado, Fuerzas Armadas y medios de comunicación, prometiendo una gestión enfocada en la estabilidad democrática, la paz y el respeto a las garantías constitucionales.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a monitorear la situación en Ecuador y prevenir cualquier intento de desestabilización política. “Reitero mi compromiso con la estabilidad de nuestro querido Ecuador, respetando la democracia, el Estado Constitucional y la paz social”, declaró Abad.

La expectativa recae en la decisión que tome el presidente Noboa respecto a su licencia. La medida podría definir el curso de la campaña electoral, que se extenderá hasta las elecciones generales del próximo 2 de febrero.

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Según Nájera, el pronunciamiento del CNE es fundamental para disipar dudas sobre la aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia, que establece esta obligación para los dignatarios que buscan la reelección. Sin embargo, la mayoría del pleno argumentó que la norma es clara y no requiere interpretación.

“El CNE no puede atribuirse funciones de interpretación legal; esa responsabilidad corresponde al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) si se presentaran denuncias por infracciones,” declaró el consejero Enrique Pita.

Por su parte, el consejero José Cabrera afirmó que, aunque el CNE está comprometido a denunciar irregularidades ante el TCE, no considera necesario un pronunciamiento adicional respecto a esta norma.

Nájera, en cambio, insistió en que la falta de una declaración oficial podría agravar las discrepancias políticas y legales en torno al tema. “Existen posturas enfrentadas incluso dentro del CNE, lo que subraya la necesidad de un pronunciamiento claro,” puntualizó.

Debate sobre la licencia y sucesión presidencial

El conflicto ocurre a pocos días del inicio de la campaña electoral, programada para el 5 de enero, en la que Noboa buscará la reelección en los comicios del 9 de febrero. De solicitar licencia, como establece la normativa, el presidente debería delegar sus funciones a la vicepresidenta Verónica Abad, con quien mantiene una notoria disputa política.

Analistas favorables al gobierno han cuestionado la aplicación de esta regla en el caso de Noboa, argumentando que su mandato responde a elecciones extraordinarias tras la “muerte cruzada” invocada por el expresidente Guillermo Lasso en 2023. Sin embargo, el artículo 93 del Código de la Democracia especifica que todos los dignatarios que opten por la reelección inmediata deben acogerse a una licencia sin sueldo durante la campaña.

En un intento por limitar la posibilidad de que Abad asuma la Presidencia temporalmente, Noboa la designó recientemente como consejera económica en la Embajada de Ecuador en Turquía. No obstante, la vicepresidenta anunció que postergará su viaje y que está preparada para asumir el cargo si el presidente formaliza su licencia.

Reacciones y críticas

La consejera Elena Nájera cuestionó duramente la decisión del pleno. En redes sociales, expresó: “Un CNE comprometido con el poder de turno elude su responsabilidad. No hubo apoyo a mi moción para que el CNE se pronuncie con resolución en el sentido de que todos los dignatarios de reelección deben pedir licencia sin sueldo previo a la campaña.”

Por otro lado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, generó controversia al sugerir que, si Noboa no solicita licencia, los asambleístas tampoco deberían hacerlo. Esta postura ha sido interpretada por algunos como una falta de imparcialidad en la conducción del proceso electoral.

La posibilidad de que Noboa participe en la campaña sin solicitar licencia plantea preocupaciones sobre el uso de recursos estatales para fortalecer su candidatura, lo que podría generar una ventaja injusta sobre otros contendientes.

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