El 21 de julio el ministro del Interior, Juan Zapata se reunió con el presidente de la CNJ Iván Saquicela para establecer una alianza en conjunto. Además, se prevé invitar a la Fiscalía para que tomar acciones ante la delincuencia y que los casos no queden impunes.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, señaló que en la Dirección de Protección existen 56 dispositivos de seguridad integrados por 92 policías que brindan protección a jueces y fiscales.

A falta de armamento…

Respecto a la resolución aprobada para la utilización de armas incautadas a la delincuencia en operativos policiales, el ministro Zapata señaló que a través de la Policía Judicial ya se genera el inventario del armamento con la participación de peritos, la unidad de Criminalística y el apoyo de la Fiscalía.

“Nuestra intención es generar procesos rápidos, pero cumpliendo con la norma para que el armamento pase a mano de la Policía Nacional”, indicó.

También comentó que se incrementaron programas de capacitación en seguridad y autoprotección para jueces y fiscales; y se realiza patrullaje intermitente en las instalaciones del Consejo de la Judicatura (CJ) y Fiscalías de todo el país.  

Atentados a Judicatura

Pesa a que existe un supuesto patrullaje constantes en el CJ, en los últimos meses han existido varios atentados. El 2 de junio un incendio acabó con la Unidad Judicial Civil y de Trabajo de Esmeraldas. El CJ denunció que se trataría de un atentado contra la Función Judicial.

A través de redes sociales, el Consejo advirtió que los ataques ocurren en medio de una “campaña maliciosa y mediática”. Sin embargo, aclaró que no permitirá los amedrentamientos de ningún tipo.

Tres amenazas de bomba ocurrieron el 11 de mayo en las provincias de Manabí, Imbabura y Pichincha, en las direcciones provinciales de Quito, Ibarra y Portoviejo. También sucedió una alerta similar en la dependencia de Quevedo, el 24 de mayo. Más adelante, el 20 de junio ocurrió una alerta de bomba en la dependencia judicial de Santo Domingo. (A.G.M).

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La orden será remitida a la Interpol para proceder con su búsqueda y captura, reportó la periodista Jacqueline Rodas.

El 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso contra 37 personas por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, más conocido como Ina Papers. A partir del 13 de marzo los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello.

La solicitud fue realizada por el fiscal General del Estado subrogante, Wilson Toainga. La decisión de acoger su pedido quedará en las manos del conjuez Bayardo Espinosa.

Sobre el proceso

La Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente. (A.G.M).

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Desde que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso asumió la Presidencia, el desempleo, los bajos sueldos, la pobreza, las muertes y la desigualdad han ido empeorando en el país.

En cuestión de economía, el Producto Interno Bruto (PIB) , que  es valor monetario de los servicios y bienes del país, decreció, pues en el 2019 fue de USD 71.879 millones y en el 2022 de USD 71.022 millones.

Femicidios en el 2022

Según varias organizaciones en favor de los derechos humanos, en el 2022 se registraron 332 muertes violentas de mujeres por razones de género. Guayas, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos son las provincias en donde se registran más casos de femicidios.

Ni para la canasta básica alcanza

Una de las propuestas de Lasso fue incrementar el salario básico a USD 25 por año, sin embargo, el remedio es peor que la enfermedad.

El economista Marcelo Varela manifestó que este aumento al salario básico unificado (SBU) no representó ningún beneficio, porque afectó al precio de la canasta básica. Para Varela, el incremento salarial no pensó en «realidades», sino en el cumplimiento de una campaña política.

En entrevista para Radio La Calle, el experto mencionó que el incremento salarial debió darse con base en las condiciones económicas que vive el país. El aumento de USD 25 al salario básico, este 2022, afectó el precio de la canasta vital que “subió USD 54 solo hasta octubre y aproximadamente USD 65 hasta diciembre del 2022”, resaltó. (A.G.M).

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En el documento se lee que el magistrado tomó la decisión porque hubo “vulneración al debido proceso y al trámite propio de cada procedimiento, desde la presentación de la denuncia”.

Esta medida, según la resolución, deja sin efecto la autorización que el juez Córdova solicitó a la Asamblea Nacional, el pasado 11 de mayo, para levantar la inmunidad parlamentaria y enjuiciar a la legisladora de CREO.

Tras conocer el fallo judicial, la legisladora manifestó que la decisión del magistrado “ratifica” que el proceso legal tuvo irregularidades desde que inició.

“Este proceso fue viciado desde un comienzo, porque la acción estaba prescrita y porque las actividades que realiza un asambleísta, dentro de sus funciones de fiscalización, están protegidas por la inmunidad parlamentaria. Esperamos que con este precedente no se vuelva a repetir esta persecución a los asambleístas en su rol de fiscalización”, enfatizó Cordero.

Héctor Rodríguez denunció a la legisladora por el delito de injurias, tipificado en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En dicho código se establece prisión de 15 a 30 días a la persona que profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra.

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El procurador Íñigo Salvador informó que ya recibió la notificación formal y continuará con el proceso de recuperación de activos de todos los casos parte del fuero de Corte, particularmente del Caso Sobornos.

“No crea nadie que porque estoy amenazado con juicio político por aquella bancada de la que provienen justamente los condenados, en el Caso Sobornos, voy a dejar de ejercer mi función de recuperar los dineros del Estado. Con los delincuentes no se tiene ninguna conmiseración. Yo no la voy a tener por más amenaza de juicio político que tenga”, dijo.

En septiembre, el Tribunal de Juzgamiento resolvió inhibirse de continuar con la sustanciación de la ejecución y remitir al juez de primer nivel de la Unidad Judicial, donde estén domiciliados los 20 sentenciados, para que continúe ejecutándose el fallo. Esto por algunos criterios referentes a la competencia para ejecutar la sentencia dictada en procesos penales, cuyo juzgamiento se sustanció en la Corte Nacional de Justicia, en razón del fuero personal.

La Corte Nacional, en octubre, emitió una resolución aclaratoria sobre la competencia de los juzgadores, que deben conocer la reparación integral a favor de las víctimas. Se precisó que los jueces competentes para ejecutar la reparación integral son aquellos que dictaron la primera sentencia condenatoria.

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«La Procuraduría General del Estado envió al tribunal de ejecución de la Corte Nacional de Justicia la solicitud de inicio de la ejecución forzosa y orden de embargo de valores en cuentas bancarias. Entre ellos figura el expresidente Rafael Correa; el exvicepresidente, Jorge Glas; y, los exministros y exfuncionarios de su gobierno sentenciados dentro del caso Sobornos 2012-2016», informó el viernes Ecuavisa.

La justicia de Ecuador sentenció a 20 personas acusadas de formar parte de una estructura delictiva que pedía sobornos a contratistas del Estado para financiar las campañas de Alianza País (AP). Entre los sentenciados están Correa, Glas, varios de sus funcionarios y empresarios privados.

El 27 de mayo finalizó el plazo para que los sentenciados paguen la reparación al Estado por USD 14,7 millones fijado en la sentencia.

Ante el incumplimiento, dicha entidad estatal solicitó el embargo de las cuentas que figuran a nombre de 18 condenados. También pidió como la transferencia de estos valores a la cuenta del Consejo de la Judicatura y a la cuenta del Tesoro Nacional. Hasta el momento dos empresarios privados pagaron la parte proporcional de la reparación que les corresponde.

En el caso de un contratista fallecido hace dos meses, condenado dentro del mismo proceso, la Procuraduría solicitó que se notifique con la orden de pago a los herederos. Tras el embargo de las cuentas bancarias de los sentenciados, la Procuraduría solicitará la misma acción sobre los bienes muebles e inmuebles de los condenados. El fallo en el caso de sobornos quedó ratificado en última y definitiva instancia a mediados de septiembre. Un Tribunal de Casación de la CNJ negó los recursos de aclaración y apelación interpuestos por varios sentenciados. Correa y los demás implicados fueron sentenciados a 8 años de prisión. El expresidente reside en Bélgica desde 2017.

Fuente: Sputnik

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¿Y Guillermo Lasso?

El denunciante mencionó que el banquero era ministro y colaborador de Mahuad en ese entonces, pero no tiene detalles respecto a su gestión durante el feriado bancario. “Eso hay que preguntarle a la Superintendencia de Bancos”, indicó.

El político y catedrático recordó que tuvieron que pasar 21 años hasta que el proceso prospere. “Si hay peculado, los que se beneficiaron del Feriado Bancario tienen que ser procesados por el mismo delito. Las administraciones de los bancos, por ejemplo, no pagaron lo que les correspondía”, señaló.

El jurista cuenta que los nombres de los ciudadanos afectados por las tasas de interés de los bancos constan en 11.000 páginas del proceso judicial. “No quiero culpar a nadie ni tampoco exculpar personas porque no tengo evidencias. Los afectados son decenas de miles y los que sacaron provecho son un puñado de banqueros”, concluyó.

Un delito imprescriptible

Víctor Granda y Jorge Rodríguez iniciaron un proceso penal en el año 2000 contra el expresidente Jamil Mahuad por el congelamiento de depósitos de los cuenta ahorristas, ocurrido en marzo de 1999. En 2014 fue sentenciado por primera vez a 12 años de cárcel. Tres años después, un Tribunal de Apelación de la Corte Nacional redujo la pena a ocho años. Finalmente, este 14 de octubre, esa sentencia fue ratificada, tras la audiencia de casación.

El artículo 121 del Código Integral Penal de 1998 reza que “los dignatarios elegidos por votación popular estarán sujetos a las sanciones por cometer delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aun en ausencia de los acusados”. (GG)

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