María José Viteri lo vivió en carne propia cuando intentó cancelar su plan con Claro Ecuador. Lo que prometía ser un trámite rutinario se transformó en una pesadilla financiera: le exigieron pagar USD 25 dólares por una anulación —a pesar de que su plan mensual costaba USD 18— y un mes adicional de servicio por «tiempos administrativos».

«Además les solicité el documento o la aceptación de mi parte donde estaba de acuerdo con estos montos que tenía que pagar y la persona encargada me dijo que busque en la ley, que ahí está. Al final pedí un certificado de ya no adeudar nada y me cobraron USD 3 adicionales. Finalmente terminé pagando casi 3 veces más de mi plan actual«, declaró la usuaria en redes sociales.

Otro es el caso de Alexander Ortega, quien señaló a este medio de comunicación que en reiteradas ocasiones recibe llamadas de Claro para que cambie su operadora telefónica. El ciudadano dijo que la última vez que contestó solicitó que ya no lo contactaran, pero el personal le manifestó que si acepta el servicio lo borrarán de la base de datos.

Sumándose a las denuncias, un usuario en redes sociales manifestó su preocupación al denunciar que canceló el servicio hace dos meses con la confirmación de los mismos asesores de Claro. Sin embargo, relató que aún le exigen el pago de un plan que ya anuló.

Cobros indebidos y una sentencia constitucional

Otro es el caso de Jackie Herrera, tras seis meses esperando inútilmente que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) activara el internet en una nueva vivienda. Canceló y pagó USD 350 por un servicio que nunca recibió. Cinco años después, al ingresar al sector público, descubrió una deuda de USD 3.500 y un juicio coactivas que le impedían ejercer su cargo al tener una deuda con esta empresa pública.

La defensa legal de CNT argumentó que la usuaria nunca entregó los routers de Wi-Fi, pese a que sí lo había hecho, según narró Herrera. Al consultar el valor de cada equipo se enteró que su costo era de USD 1.000 por unidad.

Casos similares se registraron con Movistar hasta 2018 por lo que la Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección contra la operadora perteneciente a Otecel S.A. La demanda exponía como la empresa debitó fondos de 65 quiteños sin contrato alguno.

«Movistar respondía con promesas de ‘investigaciones de seis meses’, pero nunca solucionó el fondo del problema», señaló el organismo. Este patrón de cobros indebidos hacia los usuarios impulsó un fallo histórico. El 5 de marzo de 2025, la Corte Constitucional prohibió a todas las operadoras generar deudas por servicios o equipos no solicitados.

La sentencia, un triunfo colectivo tras años de batallas, ordenó a la Arcotel crear en seis meses protocolos estrictos de verificación de identidad, mecanismos ágiles para reclamos y regulación del manejo de datos personales. La normativa aún sigue en tratamiento. Además, exigió que las empresas informen este derecho a todos los usuarios vía SMS. «Las telefónicas han vulnerado sistemáticamente los sistemas de reparación de quejas», sentenció la Corte.

Réplica

Aún seguimos a la espera de una respuesta, sin embargo, pese a diversas denuncias de esta índole empresas como Claro manifestaron que su portal web cuenta con un portal de denuncias, en donde la operadora se compromete a responde los requerimientos. Además citó lo que estable La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

«La ley busca garantizar el derecho que tienen los ciudadanos ecuatorianos a que se resguarden sus datos personales, a poder acceder libremente a dicha información y a decidir sobre ella», dice la operadora en su página web.

Además, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ya había manifestado en 2023 que atiende bajo demanda diferentes «eventos fortuitos», una vez el cliente se acerca a un centro de atención al cliente. De igual manera señaló que habría notificaciones de cobros excesivo por «descuidos del mismo usuario«.

¿Filtración de datos?

Marco Rodríguez, experto en ciberseguridad, advirtió que el consentimiento forzado en cookies de páginas web frágiles facilita el robo de datos personales. Agregó que las filtraciones masivas —como el ataque a CNT en 2022— vierten nombres, cédulas y teléfonos en la Dark Web, Telegram y Discord. Agregó que grupos delincuenciales pueden comprar estas bases de datos para realizar fraudes o suplantar identidades.

«No solamente atacantes, sino también las empresas telefónicas u otras empresas de otro rubro, llegan a obtener o a comprar esta data para comenzar a ofrecer sus productos de manera insistente, también por llamadas telefónicas», alertó.

Rodríguez recordó a la ciudadanía que la Ley de Protección de Datos personales los ampara y que pueden presentar una denuncia si descubren la filtración de sus datos desde una empresa. Además sugirió protocolos para proteger información personal en la web:

• Un método adicional para el ingreso de aplicaciones como el Authenticator
• Cambiar cada cierto período las contraseñas de cuentas privadas
• Evitar utilizar las redes de Wi-Fi públicas ya que ahí existe más riesgo de robo de datos.

¿Qué dice la Defensoría del Pueblo?

Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, puntualizó que el primer paso es resolver los conflictos legales entre los usuarios y las empresas de telefonía. Si en esta instancia no se logran resolver las denuncias puede entrar en actuación la Defensoría tal como lo hizo en el 2018 al respaldar la acción de protección contra Movistar. Asimismo detalló que el organismo cuenta con mecanismos internos para llegar a acuerdos entre las partes y se repare la vulneración de derechos.

De igual manera aclaró que la sentencia de la Corte Constitucional no solo aplica para Otecel.S.A conocida como Movistar sino para todas las operadoras telefónicas. Recalcó que este dictamen genera un jurisprudencia vinculante y obligaciones de las empresas con sus usuarios.

Por otro lado, hizo hincapié en la transparencia que deben tener las empresas con sus usuarios y el respeto a la libertad de contratación. Resaltó que valores extra de pago deben estar sujetos a una documento que justifique ese cobro, de lo contrario el usuario ya puede acogerse al dictamen de la Corte Constitucional antes mencionado.

Respecto a la protección de datos, Varela declaró que actualmente trabajan en mesas técnicas con la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) para reforzar la normativa que protege la información ciudadana. Recalcó que las empresas tienen la obligación de proteger la privacidad ciudadana, incluso, delegar a una equipo especializado que se encargue del tema.

Otras formas de denuncia

Frente a este panorama, desde octubre de 2024 la Superintendencia de Protección de Datos se convirtió en el bastión de defensa ciudadana. Cualquier persona puede denunciar llamadas no autorizadas, filtraciones o uso indebido de información personal.

El proceso es claro: descargar el formulario en sdpdp.gob.ec, adjuntar pruebas como grabaciones o capturas de pantalla, y enviarlo con firma electrónica a denuncias@sdpdp.gob.ec. «Antes de denunciar, revise si en algún contrato autorizó uso publicitario de sus datos», precisó René Orbe, intendente de Control y Sanción en Ecuavisa. Si se comprueba la infracción, las multas pueden alcanzar el 1% de la facturación anual de la empresa —una cifra millonaria para gigantes como Claro— y se ordena la suspensión inmediata del acoso. La resolución debería tardar un máximo de 40 días.

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»La remuneración mensual unificada de los servidores y trabajadores del sector
público, que integran las instituciones del Estado, incluidas las entidades que conforman el
régimen seccional autónomo y las Empresas Públicas (EP), en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá ser igual o superior a la remuneración mensual unificada del Presidente de la República», dicta el Acuerdo Ministerial MDT-2024-039-20254 firmado el 17 de marzo.

En comparación a enero del 2024, antes de la firma del acuerdo ministerial, no existe una diferencia en los sueldos que perciben más de 10 trabajadores de la estatal. Por ejemplo, el Gerente General mantuvo su salario de USD 6.210 hasta junio, el actual Gerente Subrogante recibe una remuneración de USD 5.256.

Por otro lado, varios cargos registrados en la última nómina de julio no constan en la de enero. La lista de julio expone que un Subgerente de Proyectos Especiales gana USD 6.120, en enero no existía este puesto según los datos de la Empresa Pública.

¿Qué establece la ley?

El artículo 3 del Acuerdo Ministerial MDT-2024-039-20254 establece que las entidades públicas que registren cargos que sobrepasen la remuneración de grado 10 por razones de interés público deberán presentar un informa justificado al Ministerio del Trabajo.

De igual manera, el directorio de cada empresa pública debía emitir la normativa correspondiente, a fin de que las remuneraciones del personal se sujeten a los valores determinados en la escala nacional establecida.

Este medio de comunicación consultó a Petroecuador si existen excepcionalidades en los salarios de sus empleados. El mismo cuestionamiento fue enviado al Ministerio del Trabajo y seguimos a la espera de una respuesta.

Un dólar menos que el Presidente

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) también formaban parte de la lista de »sueldos dorados», actualmente el salario más de alto que puede percibir un funcionario es de USD 5.071, es decir, un dólar menos que el Presidente de la República.

Por ejemplo, la Gerencia General de CNT pasó de ganar 5.707 mensuales a USD 5.071 según el último reporte de agosto. (AGM)

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Según un reporte de Radio Pichincha, el pasado 10 de julio la empresa Wursta Technology of Ecuador S.A. denunció ante el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la Contraloría y los integrantes del Consejo Directivo del IESS, un supuesto direccionamiento en la contratación del servicio de call center para el ente de la seguridad social.

Según detalló la empresa, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ganó el contrato aún cuando no presentó algunos requisitos solicitados por el IESS; CNT subcontrata el servicio de call center pese a las prohibiciones de la ley; y su oferta era la más alta en comparación a los demás postulantes.

Wursta argumentó que con la decisión del IESS existiría un perjuicio al Estado por USD 141.048,38. Asimismo solicitaron al SERCOP que emita las sanciones correspondientes a los funcionarios del IESS las sanciones correspondientes ante lo que sería un »claro favorecimiento a una empresa».

Por otro lado, ESPOLTEL, empresa que estuvo a cargo de este servicio hasta el 14 de julio, denunció que el IESS no respondió a sus oficios para que el IESS notifique la intención de dar continuidad al contrato o culminar el servicio.

Contratos millonarios

Según los datos del portal web del SERCOP, el IESS firmó el contrato con CNT por un valor de USD 5,000,171.17, mientras el Ministerio de Salud (MSP) adjudicó la misma prestación por USD 7,593,419.73 para los establecimientos de primer nivel de atención. El costo del servicio entre ambas entidades sumaría un total de USD 12 millones. La negociación fue bajo la modalidad de régimen especial.

Llama la atención que en el caso del MSP, el único oferente registrado sea CNT con un informe favorable de la comisión técnica sobre el cumplimiento de requisitos. El contrato fue suscrito el 26 de junio.

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“Vamos a ahorrar USD 20 millones mensuales y más de USD 200 millones anuales, que el Estado sí lo requiere”, dijo la titular de la cartera de Estado, Ivonne Nuñez.

La tabla compartida por el Ministerio se divide en 10 grados, en donde los salarios van desde los USD 2.115 hasta los USD 5.072, que es el sueldo que recibe el Jefe de Estado. Además, la Contraloría será la encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo apenas sea publicado en el Registro Oficial.

Los sueldos dorados: Caso CNT

A inicios del 2024 la ministra Nuñez anticipó que en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) hay sueldos que rondean los USD 7 mil, un monto que se habría establecido a pocas semanas de que el presidente Noboa asumiera las riendas del país.

No obstante, la empresa aclaró que el máximo sueldo es de USD 5.635, que recibe el gerente general, mientras que para el administrador de agencia regional el sueldo es de USD 3.890 con base a la tabla aprobada por el directorio en el 2013.

Por el contrario, el informe técnico de la cartera de Estado expuso que USD 6.973 es el segundo mayor sueldo de CNT, el cual lo percibe el asesor de gerencia general. El tercer y cuarto mayor sueldo corresponde al gerente nacional jurídico y el asesor de gerencia general, quienes recibían USD 6.492.

Celec y Petroecuador

El documento también expuso la situación de Petroecuador y de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), en el primer caso el sueldo más alto lo tiene el supervisor de operaciones de transparencia y almacenaje de Esmeraldas, el cual es de USD 10.567, en este sentido, hay 149 trabajadores que ganan más que el presidente.

El panorama en CELEC es más crítico, pues el salario más alto es el del jefe de Tesorería, en Esmeraldas, quien gana USD 64.845, un monto incluso mayor a la remuneración del presidente de EE.UU (que es de alrededor de USD 40 mil), luego está el técnico de mantenimiento mecánico en Manta con un salario de USD 35.238 y el asistente técnico de operaciones en Santa Elena con un sueldo de USD 28.460. En la estatal 28 empleados ganan más que el presidente.

Aunque el gobierno haya tomado cartas en el asunto y regule los salarios queda suelto el control en los viáticos que reciben los funcionarios en los sectores estratégicos que se convirtieron en el principal foco de corrupción. (AGM)

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Núñez detalló que una de esas empresas sería CNT. Sin embargo, el Comité de la entidad recalcó que ningún funcionario percibe un sueldo superior a los USD 5 mil. Además, exigió una rectificación de las declaraciones de la funcionaria y los medios de comunicación que difundieron la noticia.

Radio La Calle revisó el portal de las empresas CNT, CELEC y Petroecuador que corresponden a los meses: septiembre, octubre y noviembre, meses antes de que el presidente Daniel Noboa ejerciera el cargo y estos fueron los resultados.

De acuerdo con la información publica en el portal de la institución en los meses de septiembre, octubre y noviembre, antes de que Daniel Noboa asuma la presidencia. En septiembre, la entidad registra el salario más alto de USD 4.892. Lo mismo ocurre en la nómina de octubre y noviembre.

Algo similar ocurre en la plataforma de CELEC, que el mayor sueldo alcanza los USD 4 mil en el mes de septiembre. En el mes de octubre y noviembre ocurre lo mismo, pues el salario de los empleado bordea los USD 4 mil.

Algo diferente ocurre con Petroecuador. Según su portal, los salarios más altos oscilan entre los USD 5 mil y USD 6 mil en septiembre, octubre y noviembre.

Radio La Calle intentó contactarse con algún vocero o dirigente del Ministerio de Trabajo para aclarar la nómica o datos que mencionó la ministra. No obstante, hasta el cierre de este reportaje no obtuvo ninguna respuesta.

Además, Núñez aseguró que en pactos colectivos o la contratación colectiva identificó valores que son «realmente sorprendentes». Indicó que los contratos supuestamente llega a los USD 400 millones.

«Es realmente impensable en un Estado como el nuestro que, por un lado, requiere un reajuste y pago de otras necesidades, tenga que realizar ese tipo de cosas», repitió.

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La gerente general de CNT, Lourdes Cuesta, mencionó que al menos 306 mil personas se beneficiarán de esta actualización. Recalcó que esta medida es válida para «personas naturales», mas no para empresas públicas o privadas y personas que mantengan con procesos pendientes o coactivas.

El formulario estará disponible en las oficinas de CNT, a la que podrán acceder de manera gratuita y sin la necesidad de presentar un abogado. Las autoridades no descartan la posibilidad de que se pueda llenar el documento de manera virtual en semanas posteriores.

«Lo pueden descargar en nuestra página web. Solo deben llenar los datos personales que se requiere y la respuesta la obtendrán en máximo 30 días», dijo en rueda de prensa.

De acuerdo con la entidad, el 40 % de estas deudas se originaron con el quiebre de las empresas Andinatel, Pacifictel y Allegro. Mientras que otras responden a cambios de domicilio, deudas heredadas o suplantación de identidad, problemas que nunca fueron atendidos.

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Sin embargo, las acusaciones del vicepresidente, Enrique Pita, hicieron que el exdirector de la Junta, John Gamboa fuera removido de sus funciones.

Según Atamaint, lo que se encontró en Guayas fue un grupo de personas que imprimían actas de reconteo. Estos documentos son procesados cuando la junta provincial electoral autoriza la apertura de las urnas por las inconsistencias. Posterior a esto, se hace el reconteo del voto a voto, se llenan nuevamente las actas y se publica esta información.

«Este proceso electoral estaba muy bien blindado de un sabotaje interno o externo. Si el supuesto fraude afectaba al referéndum, cuál era la intención si la tendencia ya estaba dado, no había posibilidad de revertir el resultado», mencionó para Sonorama TV.

Comentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la finalidad de estas impresiones. La presidenta aseguró que este proceso no afecta la tendencia del referéndum porque no manipulaba la información interna del procesamiento de resultados.

El misterioso data center alterno

Atamaint detalló que el CNE contrató un data center con CNT como una estrategia de contingencia por la vulnerabilidad a la que podía estar expuesto el escrutinio.

«Utilizamos esta opción como una vía de respaldo y para portegernos de los apagones. No tiene nada de irregular o clandestino», apuntó.

Señaló que el CNE elaboró un proceso electoral con estrategias físicas a nivel nacional y se demostró sin protestas o estallidos.

«Ahora estamos saliendo de un proceso en el que se muestran los resultados que el Ecuador dio», dijo.

Las declaraciones de Villavicencio

Atamaint negó las declaraciones del asambleísta Fernando Villavicencio sobre las advertencias y protecciones del proceso que fue alertado por Microsoft. Aseguró que la plataforma Azure (la nube donde se deposita la información) no tiene nada que ver con el sistema de escrutinio.

Detalló que no ha recibido una carta del legislador en la que solicita la información pertinente sobre el caso. Atamaint reiteró que esta plataforma solo escanea las actas y guarda la información en un repositorio que permite a las organizaciones, medios de comunicación y ciudadanos acceder a los resultados.

«Los rumores hacen daño y afectan a la institucionalidad. No hubo una firma con Microsoft, firmamos con CNT. Él hace estos simulacros y presentan advertencias que se tomaron las medidas correctivas», explicó.

Le costó el puesto al expresidente de la Junta Provincial

Los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) cesaron de sus funciones a John Gamboa, director del órgano en Guayas, tras desmentir las acusaciones de Pita sobre el «centro de cómputo paralelo».

En sesión extraordinaria, el vicepresidente ratificó su versión sobre la existencia de un «centro paralelo» con «actas falsas» que favorecieron al «NO». Con base en las versiones del vicepresidente, cuatro de los cinco miembros del CNE decidieron separar del cargo a Gamboa por «evadir sus responsabilidades» y «violar el principio de legalidad».

Últimas declaraciones de Gamboa

Gomboa rechazó las acusaciones de fraude en la delegación provincial. En videos, señaló que el proceso fue totalmente transparente y que era imposible que eso hubiera pasado. Añadió que recibió presiones de Pita y otros poderes del Estado para culminar con las votaciones. También advirtió que los vocales persiguen intereses políticos.

«En ningún momento se ha vulnerado la voluntad popular, ni se ha realizado ningún acto delictivo para beneficiar o perjudicar a alguien», refirió.(N.J.C)

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Otros usuarios señalaron que sus deudas no fueron notificadas, sino hasta que sus cuentas de bancarias fueron bloqueadas por los procesos legales que CNT levantó en su contra. Debido a los múltiples reclamos, más de 30.000 acciones coactivas se están revisando.

Según diario Expreso, se reportaron casos de suplantación de identidad, falsificaciones de firma y servicios que no se dieron de baja.

Según la Fiscalía General del Estado, solo en Guayaquil, se registraron 4.809 denuncias por suplantación de identidad entre 2020 y 2022, además es complicado determinar cuántas están relacionadas con CNT.

Existen canales para denunciar las inconsistencias de CNT. Sin embargo, muchos usuarios prefieren pagar la deuda injustificada antes que perder tiempo en procesos legales largos y costosos.

El portal oficial del Ministerio de Telecomunicaciones respondió que «para quienes tengan respaldos que la deuda no les pertenece, las unidades de post venta en los Centros de Atención al Cliente, a escala nacional, tienen la obligación de estudiar dichos casos. Si la deuda no le pertenece se realizarán las enmiendas respectivas».

La principal recomendación para todos los usuarios que finalizan su contrato con CNT es guardar toda documentación posible y exigir un certificado de cancelación de deudas. (O.S.V)

La entrada Continúan los reclamos por deudas injustificadas en CNT se publicó primero en La Calle.

«Al presidente de la EMCO le hemos pedido que cite a los directorios de todas las empresas públicas, de manera que todos los gerentes pongan sus cargos a disposición«, mencionó el funcionario en una entrevista con Ecuavisa. EMCO EP tiene a su cargo entidades como Petroecuador, Flopec, Celec, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), entre otras.

Según Correa, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) tendrán la responsabilidad de otorgar todas la facilidades a Fiscalía para continuar con los procesos respectivos. Los asembleístas, también, pueden solicitar esa información.

Ex presidente de EMCO renunció

EL servidor público recalcó que Hernán Luque, ex representante de EMCO EP presentó su renuncia, luego de que la información de presuntos casos de corrupción salieron a la luz. Asimismo, Correa sostuvo que no tiene relación alguna con Rubén Cherres Faggioni, quien también es partícipe en los audios revelados en torno al este caso.

Por ahora, se espera que la Secretaría Anticorrupción presente un informé relacionado a este suceso el próximo lunes 23 de enero.

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El año que mejores ventas tuvieron fue en el 2017 donde alcanzaban USD1.000 millones. CNT no se encuentra con irregularidades solo en este año, sino que desde el 2018, la empresa contaba con clientes que abandonaron de a poco sus servicios. Además, en mayo del mismo año subió la nómina de empleados en USD 10 millones.

Ibarra manifestó que las autoridades en vez de tomar los correctivos pertinentes, solo han reconocido que las ventas disminuyeron el 30 % este año y habrá déficit presupuestario. Sumado a esto, CNT no pudo justificar la compra de un software de digitalización por USD 7 millones, debido a que dicha herramienta ya la poseían.

Presunta solución de la empresa CNT

El exviceministro expuso la intención de vender la empresa, asemejándose a los casos de Correos del Ecuador y Tame, en donde empresas privadas se apoderaron de estas y obtuvieron beneficios.

A su vez, también mencionó que el cierre de la empresa trae la consecuencia negativa de que los sectores rurales se queden desconectados, es decir que el 40 % de la ruralidad no tenga cobertura.

Valores a pagar por la empresa

Hasta el 2017, CNT estaba valorada en USD 2.000 millones, sin la marca. Hasta el día de hoy, esta cantidad desciende a USD 1.200 millones, en el mejor de los casos. Dicho valor cada vez se ve afectado con la disminución de sus clientes y las critica negativas de los mismos. (J.P)

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Estas deudas han afectado a varios ciudadanos. CNT a través de notificaciones les pedía que cancelen las órdenes de cobro. Sin embargo, los ciudadanos aseguraron que no han contratado ningún servicio para dicho cobro.

María Gabriela Erazo es una de las afectadas por estos servicios sin un contrato previo. Según la empresa, la ciudadana tiene una deuda de USD 270 por una línea telefónica, con equipos incluidos. Según el contrato, Erazo solicitó el servicio el 28 de junio del 2007.

La ciudadana acudió en varias ocasiones a CNT, pero la respuesta siempre fue la misma. «Debe cancelar la deuda porque el servicio presuntamente contratado consta en el sistema de la entidad»

Ante la negativa de la telefónica, acudió a la Fiscalía General del Estado, organismo que el 16 de diciembre de 2021, solicitó a CNT los contratos, audios, videos y documentos que demuestren que la ciudadana adquirió un plan con la empresa.

El 23 de diciembre, la analista de post ventas masivas de CNT, Ximena Plaza, respondió a la Fiscalía. Según la analista la entidad no cuenta con el contrato, pero la deuda consta en el sistema transaccional.

Plaza argumentó que hasta el año 2015 un contrato físico no era requisito obligatorio para acceder a servicios. Esto porque así se establecía en la Ley Especial de Telecomunicaciones de 1992.

No obstante, este argumento no fue aceptado por la Fiscalía por lo que señaló que, al no poseer CNT un contrato físico, ni un documento que respalde la contratación de un servicio o plan por parte de la ciudadana María Gabriela Erazo, no existe deuda alguna.

Entre enero y febrero de 2022, CNT recibió 2.161 quejas por procesos de coactiva. Por tal motivo, la entidad suspendió por dos ocasiones los cobros, hasta el pasado 15 de abril.

La Fiscalía detectó 2.107 casos de suplantación de identidad ente los años 2017 y 2021.

La entrada Fiscalía se pronunció a favor de la ciudadanía por cobros ilegales de CNT se publicó primero en La Calle.

“El 11 de abril se cumplen 3 años desde que el sueco fue arrestado en el aeropuerto de Quito y liberado, 70 días después, gracias a un habeas corpus que reconoció que se violaron derechos fundamentales. Más de 100 violaciones al debido proceso han sido detectadas en este caso”, señala la cuenta Justicia Minuto a Minuto.

Los usuarios en redes dicen que se trata de persecución y hostigamiento, nuevamente, por parte del Gobierno. Además, consideran que se trata de una pantalla de humo sobre el escape de “Don Naza”.

Juicio a Ola Bini

El 11 de abril de 2019, Ola Bini fue detenido en el aeropuerto cuando disponía viajar a Japón. María Paula Romo, entonces ministra de Gobierno, dijo que había evidencias suficientes sobre posibles ataques informáticos al Estado Ecuatoriano, que tenían relación con órdenes del activista Julián Assange.

Bini fue procesado por ataque a la integridad de sistemas informáticos. El 19 de enero de 2022, se inició el juzgamiento por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático. Sin embargo, hubo una moción para declarar el abandono de la acusación de parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). La moción no procedió.

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El mandatario aseguró que están dando los pasos necesarios para que, a través de una subasta pública internacional, todo el Ecuador pueda conocer el proceso de venta de la institución.

“Será público no haré lo que hizo el Gobierno del señor Correa, que vendió el Pacific National Bank, que era una subsidiaria del Banco Pacífico, y no sabemos a quién, no sabemos el precio de venta, no sabemos la valoración del banco, no sabemos las condiciones en que lo vendió”, dijo.

Lasso sostuvo que hay que llevar ante la justicia al expresidente de la Corporación Financiera Nacional, Camilo Saman, al que calificó como un “personaje oscuro”, para que explique a quien vendió el Pacific National Bank. “No vamos a cometer esos errores. En nuestro Gobierno las cosas se hacen a la luz del día, con absoluta transparencia, teniendo claro que estos activos le pertenecen a los 17.7 millones de ecuatorianos y todos tienen derecho a conocer como el Gobierno está administrando sus activos”, señaló.

El mandatario sostuvo que el primer paso fue nombrar a un administrador técnico para el banco, a “un verdadero banquero” y no a un político «que se pasaba otorgando prebendas a políticos para comprar su tranquilidad y estabilidad».

El segundo paso, explicó, fue que en 2021 se utilizaron todas las utilidades del banco para “limpiar los activos malogrados de la administración política, de los 14 años anteriores”. El tercer paso, entonces, es organizar la subasta pública, para la venta de la institución.

¿Qué pasa con CNT?

El presidente dijo que el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) es más difícil, porque es un mercado distinto. “Espero tener noticias pronto, pero no hemos avanzado tanto como se ha avanzado en el caso del Banco del Pacífico que, en cierto modo, es más sencillo”, aseguró.

La entrada Lasso: En el segundo semestre de este año se concretaría la venta del Banco del Pacífico se publicó primero en La Calle.

La subasta pública internacional de la CNT tiene dos objetivos. Mejorar su eficiencia y aumentar su capacidad. “Es otra de las oportunidades que ofrece Ecuador”, agregó el mandatario.

Además de esta acción, el presidente y su comitiva mostraron al Banco del Pacífico como un gran activo que podría ser atractivo para los inversores del ‘gigante asiático’.

“No solo vemos el valor monetario de lo que significaría para el Gobierno, sino que además vemos el interés o la posibilidad de que un banco extranjero invierta en el Banco del Pacífico con modernizar el sistema bancario. Profundizar la bancarización. Reducir las tasas de interés, los precios de servicios bancarios. Además de ampliar las posibilidades de financiamiento al pueblo ecuatoriano”, señaló.

El Gobierno Nacional espera firmar un tratado de libre comercio con China. El Ejecutivo informó que en el país existen más de 40 proyectos de inversión que suman
aproximadamente USD 30.000 millones.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicación (SECOM), los protocolo de bioseguridad impiden reuniones presenciales. Con la excepción del encuentro con el presidente Xi Jinping el 5 de febrero.

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«El ataque que sufrió CNT es una consecuencia de la falta de estructura y procesos internos. En medio de las investigaciones llevadas a cabo existe una fuerte sospecha de colaboración interna», dijo la ministra Vianna Maino.

Entre las acciones que tomarán está: designar a un experto que evalúe la situación real de CNT, también se declaró el Estado de emergencia institucional en la compañía para poder tomar acción.

Además se realizará una auditoría externa con expertos a nivel internacional y dotarán a CNT de un grupo de expertos en cyber seguridad. Para este objetivo van a crear la Agencia Nacional de Cyberseguridad.

También se anunció que guardarán la información en nubes internacionales y no solo en servidores físicos locales.

Secuestro de información

El ataque pertenece al virus informático de la familia RansomEXX y mantendrá los datos incriptados hasta que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) pueda resolverlo o se efectúe un pago de USD 90 millones.

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«¿Cuál es el equivalente a lo que fue Snowden en este país?», dijo Verá a sus entrevistados. Se nota que no son periodistas, ¿pudo haber hecho esto Ola Bini por venganza cuando usaba un aparato de CNT y considera que su juicio es injusto?», añadió.

Su invitado Francisco Espinosa, de la compañía Anzen, indicó que «claro que lo podría hacer y no solo él, otros grupos que incluso pueden estar fuera del país».

Acusación sin pruebas

«No seguiremos ningún proceso contra él, pero si haremos uso del derecho a la réplica por las expresiones que dio sin conocimiento ni pruebas», indicó Carlos Soria, abogado de Ola Bini a Radio La Calle.

Añadió que espera que Vera les ofrezca un espacio en su programa para rebatir sus insinuaciones. «Sus declaraciones pueden también afectar el juicio de Ola Bini que ya tiene nuevos jueces», añadió.

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Además, la empresa CNT informó el mismo día en su cuenta de twitter @CNTInforma debido al ataque se interrumpieron los canales de atención al cliente. Por tal razón, no se cortará el servicio por falta de pago y las líneas prepago recibirán un bono de 1Gb de internet sin costo.

Virus encriptado en CNT

Con el “virus” ramsomwareExx la información vulnerada se encriptó (bloqueó el acceso).

La ministra desmintió el secuestro de la información al mismo tiempo dijo que en un principio sí les solicitaron dinero por medio de los primeros mensaje de amenaza. Aseguró que “no existe una solicitud de rescate de la información porque el data center no fue afectado”, puntualizó.

Se conoce de forma extraoficial que el rescate fue habría llegado a 90 millones de dólares.

Debido a este evento, la funcionalidad de las páginas de otras instituciones públicas y también la atención al cliente desde agencias se afectaron. El call center se desactivó y también el cobro de facturas en ventanillas articuladas con el sistema financiero nacional.

La semana anterior ya se registraban problemas en el sistema, al respecto el comunicado publicado el 15 de julio, dice: “CNT informa a la ciudadanía que se registran intermitencias en los sistemas de atención al cliente, agencias y contact center. La Corporación está trabajando para solucionar este inconveniente.” Maino informó que se ha presentado la denuncia en la Fiscalía  correspondiente al delito de “ataque a los sistemas informáticos”. Además dijo que no hay evidencias de la perdida de datos o si la información sensible de los ciudadanos se haya comprometido. Para la ministra el objetivo del ataque solo fue causar daño y perjudicar.

Después de nueve días los servicios de pagos en bancos para los clientes y transferencias internas para proveedores se lograron activar.

Aún las agencias en oficinas y centros de atención de la empresa están fuera de servicio porque entraron en un proceso de revisión y control.

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«Por el momento presentamos intermitencias en nuestros sistemas de Atención al Cliente en Agencias de CNT y Contact Center. Estamos trabajando para resolverlo en el menor tiempo posible. Agradecemos tu confianza y comprensión», es el mensaje que responden en redes sociales ante las quejas de usuarios que no pueden realizar recargas o pagos.

«La información de nuestros clientes está debidamente resguardada y estamos investigando las causas de esta intermitencia». Varios clientes hablaron de ‘ransomware’ y el secuestro de datos, sin embargo, la empresa no ha explicado las razones.

¿Hackeo?

De acuerdo con David O’Brien de Investigación de privacidad y seguridad de la Universidad de Harvard, «El ransomware es un tipo de hackeo malicioso que encripta los datos y pide un rescate por ellos. Antes de llegar a ese punto, primero deben tener acceso al sistema».

Según un estudio, empresas, gobierno, compañías de salud son propensas a sufrir este tipo de ataques. Muchas veces si no se paga el rescate, los hackers filtran la información en la web.

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En entrevista con el Noticiero Ecuador Radio, Moncayo celebró las alianzas entre CNT y el sector privado. En el marco de una reciente “Feria Inclusiva”, la empresa pública de telecomunicaciones abrió sus puertas a vínculos con PYMES y actores privados. A decir de Moncayo, estas acciones deberían continuarse para, en un futuro, “mejorarla totalmente – y voy a decirlo- como una empresa privada”.

Camino a la privatización

La privatización de CNT, aunque es la aspiración última de su directiva, no es una alternativa inmediata. “El mercado está totalmente deprimido, (la privatización) hoy deja de ser una opción”, señaló Moncayo. Sin embargo, a decir de la funcionaria, sí hay acciones que podrían tomarse por ahora.

Moncayo recomendó entregar la administración de las torres y antenas de CNT a actores privados. “Realmente, producen altísimos costos de mantenimiento, sin el retorno que deberíamos tener. Esa es la parte que sirve, (…) se podría arrendar a 20 años”, sugirió la funcionaria.

Igualmente, consideró importante fortalecer los vínculos con “socios estratégicos”, con miras a la futura privatización de la empresa.

Antecedentes

El Gobierno de Moreno ha estado marcado por su incesante lucha por estigmatizar lo público y justificar su privatización. Desde el 2019, el Observatorio de la Dolarización advirtió las intenciones del régimen por privatizar áreas estratégicas, incluidas las refinerías, CNT y hasta el Banco del Pacífico.

En el marco de la pandemia, el Gobierno ha impulsado esas intenciones. El 10 de julio, Moreno firmó un decreto que delega la Refinería de Esmeraldas a una empresa privada por 25 años. El 19 de mayo, el Ejecutivo anunció la liquidación de varias empresas públicas, entre ellas Ferrocarriles del Ecuador, Correos del Ecuador y Medios Públicos.

Estas acciones del Gobierno y las aspiraciones de Moncayo preludian la inminente posibilidad de privatizar una de las empresas públicas más rentables, como es CNT.

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“Su gobierno es tan pueril don Lenín que pretende sacar dinero hasta de los ecuatorianos muertos. Mi abuela murió hace un cuarto de siglo y su CNT pretende cobrarle una supuesta deuda. Lo que hace es infame. ¿A cuántos ciudadanos más estará incomodando? Ud. es una vergüenza!”, escribió el jurista en un tuit.

En el correo adjunto donde se coloca el nombre y cédula de la ciudadana se le informa que mantiene “una deuda pendiente de pago, por servicios de telecomunicaciones y/o televisión. Para saber el valor pendiente y mayor información sobre la deuda enviar un mail al Ing. Roberto Romero, analista de cobranza extrajudicial”, explica.

“Mi abuela Victoria murió en 1995. No estábamos dolarizados, no existía CNT, ni siquiera había email y su gobierno de payasos don Lenín, ¡tiene la incompetencia Infame de inventarse deudas de los muertos! ¡Le repito Ud. es IMPRESENTABLE!”, agrega indignado Aguilar.

Otras voces de usuarios también compartieron sus denuncias. “No tengo relación con CNT hace varios años por su pésimo servicio y me llegó un correo que debo USD 60 de un teléfono que nunca contraté. Les estoy pidiendo pruebas de mi deuda y sigo esperando. Están desesperados por plata”, dijo un usuario.

“A mí también me llegó una igualita, pero yo no tengo servicio con CNT hace unos 15 años. Y en esa época no tenían ni servicio de tv. Por cable”, indicó otro.

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