De acuerdo con el informe, el caso estudia 9 países de la región: México, Honduras, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina y Ecuador.

Según el portal de la organización Salva la Selva, la investigación resalta que el sector minero, sobre todo el metalífero, vivió un boom económico, que hizo que las comunidades sigan lidiando con las consecuencias, no solo sanitarias y socio-económicas, sino también la crisis ambiental y situaciones de violencia.

«Las mineras no han dado tregua, han seguido operando, mientras que las comunidades han tenido que enfrentar nuevos riesgos y amenazas para sostener su trabajo (…) que va dirigido al cuidado de sus territorios, la tierra, el agua y los procesos de organización local», reza el escrito.

El documento también explica que los Gobiernos, al desregularizar las actividades, facilitaron el avance de los proyectos de las mineras.

«Los gobiernos (…) han favorecido a la industria con la desregulación de actividades y ajustes administrativos, lo que ha facilitado el avance de los proyectos mineros», escribe la Coalición.

La Coalición está integrada por activistas y organizaciones de defensa de los derechos humanos (DD. HH.)

Ecuador

De acuerdo con el informe, nuestro país no solo estuvo dentro de los diez países con los niveles más altos de fatalidad por número de casos confirmados de COVID-19; sino también fue uno de los países donde las empresas mineras continuaron sus
actividades sin restricción e incluso profundizaron sus actividades de exploración avanzada.

Según los testimonios recopilados en la investigación, las mineras «convirtieron esta época de pandemia en uno de los momentos más difíciles para la resistencia (…) en contra de la minería a gran escala y en defensa de su territorio», según la localidad y los proyectos mineros.

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