Juan publicó dos fotografías de facturas con los mismos productos de consumo, un pastel mil hojas y un cappuccino. El precio normal de los productos, es decir al 12% de IVA es de USD 2,41 y USD 2,46 respectivamente.

La primera factura es del 17 de abril, día en el que aplicaba la reducción del IVA. La factura presenta un valor subtotal de USD 5,05 e IVA del 8% de USD 0,40, lo que da un total de USD 5,45. Siendo que el valor de los productos aumentó a USD 2,50 y USD 2,55.

La segunda factura es del 19 de abril, ya no rige la reducción al IVA. La factura presenta un valor subtotal de USD 4,87 e IVA del 12% de USD 0,58, lo que da un total de USD 5,45.

La empresa ya se pronunció sobre la situación y emitió un comunicado en el que indica que el error se produjo en 3 de sus 120 locales en todo el país.

Además, indican que tras una auditoria realizada identificaron que 3,16% de las facturas emitidas durante el feriado de Semana Santa presentaron fallos. El sistema recaudó un valor de USD 538,05 “involuntariamente facturado”.

Es así como tomaran medidas para compensar a los consumidores afectados. Contactarán con los clientes de modo que acordaran “la forma más cómoda y sencilla de devolver los valores erróneamente facturados que van desde USD 1,40 hasta USD 0,05. Adicional a ellos, estos clientes recibirán una cortesía” indica el comunicado de la cafetería.

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Las maestras aseguraron que la Fundación «Unidad Cooperante» les retiene 142 dólares de un sueldo de USD 583, recibiendo finalmente USD 441.

Este esquema de corrupción fue puesto en conocimiento de Fausto Cobo, director zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Manabí, sin embargo, no existe respuesta alguna.

Una de las maestras afectadas afirmó que al momento de postular para el cargo jamás les mencionaron que les descontarían esa cantidad de dinero. “A nosotros nunca nos dijeron de este acuerdo. En nuestra postulación se mencionaba un sueldo de USD 583”, sostuvo.

Las educadoras del MIES anteriormente ya han sufrido diversos tipos de atropellos. El año pasado denunciaron que el gobierno les adeudaba sueldos y además no se encontraban afiliadas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

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«En relación a los cobros en exceso en los comercios, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece que el precio para el pago con tarjeta de crédito será el mismo precio al contado (Art. 50)», publicó la Superintendencia a través de Twitter.

La Súper añadió que es responsabilidad de la Defensoría del Pueblo pronunciarse sobre las quejas de los consumidores, por violación a sus derechos, según el artículo 80 de la misma ley.

Asimismo, explicó que la autoridad no tiene injerencia directa en comercios o establecimientos, debido a que se encuentra fuera de su ámbito de control.

Finalmente, la Superintendencia dispuso al sistema financiero bancario, la suspensión de operaciones de las emisoras y operadoras de tarjetas con el establecimiento que haga «cobros en exceso». De igual forma, hizo un llamado a los ciudadanos a que denuncien estas prácticas tanto en las instituciones financieras como en la Defensoría del Pueblo.

Comisión a los bancos

Cuando un comprador realiza el pago con tarjeta, los comercios están obligados a pagar al banco una comisión del 4,2 % si el pago se realiza con tarjeta de crédito, o del 2 % si es con tarjeta de débito, según la Superintendencia.

«El valor de la mencionada comisión debe ser asumido por el establecimiento comercial, quien no puede trasladarlo al comprador (tarjetahabiente)», aclara el comunicado.

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Quito, 16 mar (La Calle).- Aproximadamente, 1 millón de dólares sería el perjuicio a ciudadanos amonestados por un foto radar, ubicado en una vía principal de Ambato. Javier Altamirano, alcalde de la ciudad, dice que el cobro es ilegal y arbitrario.

El burgomaestre justificó que no tienen el valor preciso en sanciones por que hay multas que hasta la fecha ya están prescritas y que hay otras que ya fueron canceladas. “Estimamos que es un rubro que supera el millón de dólares”, dijo.

Informó que este inconveniente no solo afecta a los ambateños, sino que, al ser considerada una principal vía que conecta a varios cantones, los afectados son varios transportistas que desconocen la existencia del radar.

Este es el noveno radar que posee la ciudad y está ubicado en la Avenida Bolivariana. Safety Enforcement Seguridad Vial, es la empresa adjudicada a los contratos, no obstante, la ubicación de este radar se dio de manera ilegal pues la competencia está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras públicas.

Acciones

En una entrevista con Radio La Calle, Altamirano explicó que han dialogado con la Agencia Nacional de Tránsito para identificar la manera legal, que permita hacer efectiva la devolución de rubros. La otra acción es dar por terminado el contrato con la empresa por irregularidades en el cumplimiento del convenio.

El fotosensor fue instalado en el 2020. En el 2021 comenzaron los conflictos entre los implicados y después de 6 meses de pugnas legales entre la empresa y el municipio de Ambato, los jueces de la Corte Provincial de los Ríos le dieron la razón al cabildo.

Aunque la resolución de dejar sin funcionamiento al radar fue en el año pasado, con ayuda de la fuerza pública y el MTOP recién se pudo paralizar los servicios de la empresa la semana pasada, “Ha sido una empresa tozuda (…) se les ratificó a la empresa que no tienen autorización y, sin embargo, deciden entrar en funcionamiento”, rechazó.

Otros temas

El alcalde recalcó que Ambato es una ciudad industrial. Esta ciudad y en general Tungurahua, se encarga del 44% de la producción de calzado a nivel nacional. Mientras que 6 de cada 10 buses son elaborados en este cantón.

Aspira a que, de parte del Gobierno central, se tomen las medidas que apoyen a la reactivación económica de la ciudad. Asimismo, hizo un llamado de atención para que toda empresa, nacional o extranjera, compita de manera legal y no desleal. “Necesitamos fortalecer la industria local, Ambato es primera productora de cuero y calzado del país” dijo.

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Sin embargo, un artículo periodístico de Diario Expreso recoge denuncias de usuarios en redes sociales donde denuncian haber pagado hasta 14% más por pagar sus compras con tarjetas.

La entidad reguladora, ya extinta, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, establecía que dicho valor debe ser asumido por el comercio y no ser trasladado al cliente final.

Según indica el artículo la practica es ilegal, pues la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 50, dice que el precio para el pago con tarjeta de crédito será el mismo precio que al contado.

Al momento los usuarios afectados por estos cobros indebido pueden denunciar la situación en la Defensoría del Pueblo y en la Defensoría del Consumidor, quienes eran las entidades llamadas a investigar. No obstante, son pocas o nulas las denuncias que se efectúan. Por ahora, las quejas solo se exponen en redes sociales.

Expreso indica que para que la denuncia se efectué debe existir pruebas, pero los comercios han ideado formas de que no quede ninguna. “Cuando cobran el recargo, lo que hacen es aumentar el precio final, por ejemplo si costaba 400 dólares al pagar con el plástico el precio final es de 428 dólares y no queda la evidencia. Hay ciertos locales que lo único que hacen es que al momento de pagar te advierten que con tarjeta de crédito cuesta más”, señaló Nory Yépez, contadora pública autorizada, al medio.

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Asimismo, con 134 votos a favor se acogió las 12 sugerencias planteadas en la objeción parcial del presidente Guillermo Lasso.

La Ley fue debatida la tarde de este miércoles 2 de febrero y será publicada en el Registro Oficial en las próximas horas.

“Gracias al trabajo de esta nueva Asamblea Nacional, el pueblo ecuatoriano por fin cuenta con una ley que nos defienda de los cobros abusivos y de las malas prácticas que se han venido produciendo en el sistema financiero”, indicó la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.

El asambleísta por UNES, Pabel Muñoz, resaltó que “la regulación pretende ampliar los derechos de los clientes de los bancos y evitar que sean afectados”.

Ahora las entidades financieras tienen prohibido hacer llamadas o mensajes de hostigamiento sobre cobros u ofertas de servicios no solicitados. Además, si ocurren este tipo de llamadas deberán realizarse desde un número identificable, no sin antes la autorización del cliente o destinatario.

Otras normas de la Ley

La normativa obliga a las instituciones financieras a realizar y reforzar los controles sobre los servicios que dan a través de la banca electrónica y demás canales electrónicos. También dispone que las entidades bancarias lleven a cabo sistemas de seguridad más estrictos que protejan el dinero de sus usuarios y clientes.

Otro aspecto del proyecto determina que deberán informar a sus usuarios y clientes sobre las medidas de seguridad que adoptarán respecto al uso de claves y contraseñas.

Desde ahora los bancos presentarán informes

El proyecto establece que las instituciones financieras deberán remitir un informe de rendición de cuentas a la Asamblea Nacional. Este informe deben realizarlo durante el primer trimestre de cada año basándose en el ejercicio económico del anterior trimestre.

“(…) en él se incluirá una descripción general del estado financiero nacional, así como los resultados del control y de la defensa de los derechos de los usuarios y clientes”, reza el comunicado del Legislativo.

En el caso de servicios no financieros prestados por terceros, entidades financieras deberán dar la información relacionada con el proceso de cobro o cargo.

Los usuarios cuentan con el derecho a elegir libremente productos y servicios, financieros o no financieros. Todo esto “en función de los precios, tarifas, gastos, costos, así como los beneficios existentes y a suscribir instrumentos, sin ser presionados, coaccionados o inducidos”, finaliza el escrito.

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De acuerdo con el Informe Delloite, una auditora internacional, de 2018, en junio de 2007 “Banco de Guayaquil y Gea firmaron un acuerdo por alianza comercial y uso de marca para prestar servicios de asistencia a los afiliados del Banco que acepten incorporarse a los programas de asistencia de GEA Ecuador”, indica el documento.

El acuerdo

Como sucede con este tipo de servicios, los clientes que acepten deberán pagar una tarifa fija mensual. Parte del contrato es que “la Compañía se obliga a cancelar mensualmente al Banco por cada cliente que se haya afiliado al servicio por ser el medio de cobro. El contrato dura dos años y se renueva sistemáticamente, en caso de que una de las partes termine el acuerdo”.

Además del contrato, ambas compañías firmaron anexos por cada servicio que ofrece GEA, el cobro varía dependiendo de la cuenta del cliente. Ahorros, corriente o tarjeta. Entre los principales programas de GEA que ofrece mediante el Banco de Guayaquil están: “Pronto asistencia”, “Multiasistencia Banco de Guayaquil”, “Multiasistencia PC”, entre otros.

EN 2017, GEA reconoció una ganancia de USD 6.3 millones y el pago al Banco de Guayaquil de USD 4.3 millones.

Veto a la ley de cobros indebidos

Con este antecendente, el presidente Guillermo Lasso vetó el proyecto de Ley para evitar Cobros Indebidos y Servicios No solicitados. De acuerdo con el Ejecutivo, las empresas no podrían procesar cargos de servicios financieros y no financieros sin contar con la autorización de los clientes.

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En su declaración menciona: “Soy un afectado más de la Banca en especial de la Cooperativa Alianza del Valle, que dijeron que me iban a ayudar y me hicieron un refinanciamiento en el que tengo que pagar 8 mil dólares más.”

La DPE presentó un recurso de apelación para que se retire esta decisión.

A través de esta acción constitucional, la Defensoría busca que las personas usuarias de servicios financieros que han solicitado y han sido beneficiadas con diferimientos extraordinarios, prórrogas, refinanciamientos o reestructuras crediticias de sus obligaciones, no paguen otros nuevos intereses generados por este servicio; así como tampoco ningún otro tipo de gastos, recargos, multas u otros cobros relacionados con seguros adicionales, que no hayan sido solicitados por las y los clientes.

“En esta pandemia los únicos beneficiados fueron los bancos y cooperativas, es hora que todos no unamos y hagamos que nos escuchen, nosotros somos más, se está vulnerando nuestros derechos.”

También hay testimonios como el de Sofía Trujillo, también afectada por los cobros indebidos de la Banca.

Asímismo, hay el testimonio de Paulo Gallegos.

La acción incluye, además, la solicitud del cese inmediato de cualquier tipo de hostigamiento en la cobranza de créditos a las personas beneficiarias.

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La Defensoría presentó una medida cautelar ante los jueces competentes, solicitando la suspensión inmediata de todo cobro indebido realizado por los bancos y cooperativas.

Hay testigos de varias personas que solicitaron servicios financieros como: diferimientos extraordinarios, prórrogas, refinanciamientos o reestructuras crediticias de sus obligaciones; u han sido víctimas de estos cobros.

La DPE busca garantizar los derechos de las personas a recibir servicios de óptima calidad, información adecuada, veraz, clara y completa; así como un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo en la prestación de servicios públicos o privados del sector financiero nacional.

La respuesta de la Banca

La Superintendencia de Bancos hizo un pedido por escrito, que evitó que la audiencia sea transmitida por medios telemáticos. Además la audiencia fue suspendida para la acción de protección. Freddy Carrion Intriago, defensor del pueblo, reaccionó como consecuencia:

 “Son miles de ciudadanos afectados por los cobros ilegales, abusivos, no autorizados por algunos bancos y cooperativas de ahorro y crédito y, frente a eso, las autoridades de control no han ejercido su trabajo. Hemos activado la tutela judicial efectiva para que el juez. Un tercero imparcial, determine o no la vulneración de derechos y las medidas de reparación”, señaló el Defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo, mediante esta acción, solicitó a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que se realice una aclaración respecto de las resoluciones emitidas sobre los diferimientos extraordinarios de créditos, con un lenguaje claro para los usuarios y entidades, evitando así interpretaciones erróneas sobre su aplicación.

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