En el informe se señaló la existencia de incidentes técnicos en diferentes sistemas y subsistemas, como los que se han presentado en el sistema de recaudo y los derivados de este. No obstante, el alcalde Santiago Guarderas dijo que eran «pequeños errores que se iban a corregir«.

No han pasado ni 10 días desde que el Metro empezó con la etapa de cobro y la operadora internacional tuvo que suspender las actividades. «Para garantizar la seguridad de los ciudadanos tenemos que estabilizar algunos equipos y sistemas asignados», explicaron en el comunicado.

Asimismo, Eommt insistió en que la medida es vital para «mantener los estándares de calidad y seguridad ante la alta demanda de personas». Sin embargo, las autoridades del Metro y el alcalde saliente insisten en continuar con el funcionamiento de este medio de transporte.

“Esta situación es inaceptable y esperamos retomar la prestación del servicio una vez solventados los inconvenientes con la empresa operadora”, reza el comunicado del Metro de Quito.

El sistema del Metro no funciona

Las críticas al servicio del Metro de Quito han venido desde diversos sectores de la ciudad. Tanto la ciudadanía como autoridades han titulado al servicio de «pésimo».

El alcalde electo, Pabel Muñoz a través de un video criticó la apresurada apertura del Metro. “Acelerar el funcionamiento del Metro para que algunos se tomen fotos es una severa irresponsablidad”, dijo.

Según el próximo burgomaestre, el cobro del pasaje en el Metro de Quito es una prueba más que presenta fallas dentro del sistema. “La confianza, la esperanza y la credibilidad que la gente tiene con el metro se va a perder”, explicó.

Por otro lado, el alcalde Guarderas ha sido enfático en cada una de sus publicaciones en recalcar que «hay errores que serán pulidos«. «Es cierto, las placas recordatorias no importan; lo importante es que el Metro de Quito funcione», declaró días antes de que la fase de pago fallara. (D.C.)

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Expresó que ha solicitado en la sesión de consejo de la Prefectura de Pichincha que se socialice dicha ordenanza con la ciudadanía, pues, al afectar el bolsillo de los ciudadanos, se generan dificultades e inclusive procesos políticos malintencionados.

“Hemos pedido que se socialice esta ordenanza para recoger criterios, aportes y sugerencias desde los usuarios y así no tener dificultades en la aplicación de este cobro”, manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

Recalcó la importancia de buscar mecanismos de socialización e información para no afectar a los ciudadanos. Además, de que deben existir mecanismos de coordinación en el territorio para no triplicar esfuerzos institucionales y, al contrario, se pueda mejorar la vialidad de Pichincha.

Por otro lado, manifestó que han realizado una sugerencia al Consejo Provincial para que el cobro de la tasa sea equilibrado. “Los autos de alta gama deben pagar un valor y aquellos autos que están dedicados a la producción económica deberían ser exonerados de este pago”, aseguró Churuchumbi.

Por último, comentó que han presentado una tabla de cobros para que se pueda establecer una tasa equilibrada,que no afecte a los bolsillos de los pichinchanos, pero también depende de la voluntad del resto de los consejeros para revisar o tomar otras alternativas.

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“El momento en el que el gobierno del socialismo del Siglo XXI fija la tasa de interés, prohíbe el cobro de servicios bancarios y los que permite él los fija ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres?”, dijo el ahora mandatario en un conversatorio.

En la actualidad

Aunque Lasso dejó su puesto en el Banco de Guayaquil existe un beneficio indirecto a la banca con el veto a la Ley en defensa del cliente en cobros indebidos o servicios no solicitados. El Banco de Guayaquil es una de las instituciones que se benefician con esos contratos.

Entre los acuerdos que tiene el Banco de Guayaquil está uno firmado con GEA, una empresa de seguros con base en Guayaquil que ofrece sus servicios por medio de los bancos, descontando el dinero de los clientes para pagar esos seguros.

De acuerdo con el Informe Delloite, una auditora internacional, de 2018, en junio de 2007 “Banco de Guayaquil y GEA firmaron un acuerdo por alianza comercial y uso de marca para prestar servicios de asistencia a los afiliados del Banco que acepten incorporarse a los programas de asistencia de GEA Ecuador”, indica el documento.

En 2017, GEA reconoció una ganancia de USD 6.3 millones y el pago al Banco de Guayaquil de USD 4.3 millones.

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La acción ilegal la habría realizado Mauricio, hermano del concejal Orlando Núñez y la exasesora Janeth Lascano.

Lugmaña indicó, durante su intervención, que en noviembre de 2020, un socio le presentó a unos señores. “ A Mauricio Núñez y Janeth Lascano, que nos iban a ayudar en Procuraduría, para obtener el anhelado permiso de funcionamiento”.

Núñez y Lascano le pidieron a cada socio de la cooperativa la entrega de USD 800. Cifra que después habría aumentado a USD 1.000.

“Los señores Núñez nos solicitaron que ayudemos al Municipio con unos kits solidarios. Con la compra de 10 quintales de arroz, azúcar y papas. (…) Nosotros le entregamos al señor Núñez USD 5.000.

En la segunda parte, mi gerente le hizo una transferencia de USD 5.000 a Lascano”, añadió.

Lascano justificó el pago del dinero en una entrevista con Primicias. Indicó que el monto que le entregó a Héctor Freire, gerente de TaxisSangay, corresponde a servicios profesionales ajenos al Municipio.

“El señor Freire fue mi cliente hace muchos años y me debía dinero. Le ayudaba con trámites de legalización de negocios mineros”, dijo.

Reacciones de los concejales

Al conocerse la denuncia, los ediles Luz Elena Coloma y Fernando Morales se pronunciaron al respecto en sus redes.

“Hago un llamado a Fiscalía para que actúe inmediatamente. Muy graves las denuncias presentadas en Comisión de Movilidad. Una de las supuestas beneficiarias de pagos ilícitos es la Registradora de la Propiedad. El Alcalde debe dar una explicación”, escribió Coloma.

Por su parte, Morales dijo: “Gravísima denuncia, otro tema para que duerma en Fiscalía”.

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La Defensoría presentó una medida cautelar ante los jueces competentes, solicitando la suspensión inmediata de todo cobro indebido realizado por los bancos y cooperativas.

Hay testigos de varias personas que solicitaron servicios financieros como: diferimientos extraordinarios, prórrogas, refinanciamientos o reestructuras crediticias de sus obligaciones; u han sido víctimas de estos cobros.

La DPE busca garantizar los derechos de las personas a recibir servicios de óptima calidad, información adecuada, veraz, clara y completa; así como un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo en la prestación de servicios públicos o privados del sector financiero nacional.

La respuesta de la Banca

La Superintendencia de Bancos hizo un pedido por escrito, que evitó que la audiencia sea transmitida por medios telemáticos. Además la audiencia fue suspendida para la acción de protección. Freddy Carrion Intriago, defensor del pueblo, reaccionó como consecuencia:

 “Son miles de ciudadanos afectados por los cobros ilegales, abusivos, no autorizados por algunos bancos y cooperativas de ahorro y crédito y, frente a eso, las autoridades de control no han ejercido su trabajo. Hemos activado la tutela judicial efectiva para que el juez. Un tercero imparcial, determine o no la vulneración de derechos y las medidas de reparación”, señaló el Defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo, mediante esta acción, solicitó a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que se realice una aclaración respecto de las resoluciones emitidas sobre los diferimientos extraordinarios de créditos, con un lenguaje claro para los usuarios y entidades, evitando así interpretaciones erróneas sobre su aplicación.

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