¿Por qué es polémico el D’Hondt?

D’Hondt es un sistema de asignación de curules que premia a los ganadores: los partidos con más votos ganan un porcentaje aún mayor de escaños. Así, un partido que obtenga el 40% de votos puede recibir hasta un 60 % de asientos, según expertos de Democracia Sí.

Voces críticas

1. PSC declaró la reforma un “golpe” a la Constitución, y señala que el CNE aún no ha concluido su proceso en Sevilla Don Bosco.
2. CREO acusa a ADN y RC de repartirse el poder y de revivir la “era de las aplanadoras” autoritarias.
3. Independientes, como Benavidez, critican que el acuerdo marginaliza a organizaciones locales y partidos pequeños.
4. Pachakutik, por boca de Yumbay, dijo que esta reforma es un “retroceso hacia la monopolización” y contrario a la pluralidad.
5. Avanza lamenta perder la oportunidad de una reforma electoral más justa que favorezca acuerdos de largo plazo.
6. Democracía Sí, con Larrea, advirtió que permitir que un 40 % de los votos se traduzca en 70 % de escaños representa “concentración injusta del poder” y quiebra la equidad electoral.

¿Qué se juega con esta reforma?

• Menos pluralismo. Las minorías —como indígenas, movimientos locales o nuevas formaciones— difícilmente llegarán a la Asamblea.
• Distorsión constitucional. La Carta Magna manda representación proporcional; D’Hondt podría “sobrerrepresentar” a los grandes.
• Autoritarismo suave. Se restan incentivos para negociar alianzas amplias y se refuerza el bipartidismo formal.

¿Qué falta?

• Debatir si priorizar representación real o beneficios de gobernabilidad rápida.
• Garantizar participación de voces emergentes y minorías.
• Evitar que la Asamblea modifique reglas electorales sin un proceso adecuado y sin observación ciudadana.

Reflexión La Calle:
Un modelo democrático serio no puede ceder a la tentación de legitimar mayorías reforzadas por fórmulas. La diversidad política no es un lujo: es la base de una democracia viva. Ecuador necesita más pluralidad, no más polaridad. La justicia electoral exige equilibrio, no acaparamiento.

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Según un documento firmado por el secretario jurídico de Presidencia, Stalin Andino, la medida se tomó debido a una «situación compleja» generada por actores políticos, lo que llevó al jefe de Estado a optar por una «ausencia temporal por fuerza mayor» en lugar de solicitar una licencia sin sueldo, como establece el Código de la Democracia.

Acción de inconstitucionalidad

La Corte Constitucional está evaluando una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Gabriel Pereira Gómez, quien impugnó el Decreto Ejecutivo 500, emitido el 7 de enero. A través de dicho decreto, Noboa encargó temporalmente la Presidencia de la República a su secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert.

El abogado demandante cuestiona la legalidad de la decisión, argumentando que se vulneran los artículos de la Constitución relacionados con las causales de cesación de funciones del presidente, especialmente el artículo 145. Sin embargo, el Gobierno defiende que la medida no constituye una infracción electoral.

Justificación del Gobierno por «fuerza mayor»

En la respuesta presentada ante la Corte Constitucional, el Gobierno, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, señaló que Noboa, en su calidad de presidente, mantiene una responsabilidad política y democrática con sus seguidores. La administración resaltó que la situación política del país, marcada por una crisis interna, hizo necesario que el mandatario continuara con el ejercicio de su cargo sin dejar de lado su proyecto de reelección.

Además, se explicó que el presidente no tenía la obligación constitucional de solicitar una licencia para participar en actividades proselitistas, y que Noboa tomó medidas para garantizar que su participación en la campaña no implicara el uso de recursos públicos. Según el Ejecutivo, la decisión se ajustó a lo dispuesto por la ley.

Controversia por actividades de campaña

El Decreto Ejecutivo 500 se enmarca dentro de un periodo electoral de gran tensión. Noboa utilizó los días de ausencia para recorrer varias provincias del país, participando en caravanas móviles y eventos junto a su esposa y la candidata a la Vicepresidencia, María José Pinto, entre otros miembros de su entorno político.

Sin embargo, un evento «espontáneo» el 5 de enero, en el que un grupo de ciudadanos se reunió en Quito en defensa de la democracia, desató controversia. Aunque el presidente no organizó el acto, sí saludó a los asistentes y ofreció breves declaraciones. La cobertura mediática del evento generó críticas, ya que algunos sectores consideraron que el acto podría interpretarse como un acto de proselitismo.

«En el primer día de la campaña electoral, que coincidió con ser un día de fin de semana, el Presidente de la República se encontraba en su residencia en el Palacio de Carondelet, como es habitual (…) Ante esta situación, y por cortesía, el Presidente de la República saludó a la ciudadanía, y dedicó unas pocas palabras enfocadas en la defensa de la democracia, más nunca incitó al voto», señala el documento.

Espera por el fallo de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el Decreto Ejecutivo 500 y las justificaciones presentadas por el Gobierno. Este fallo es clave, ya que podría establecer un precedente en la interpretación de la Constitución y el Código de la Democracia, especialmente en relación con las ausencias temporales del presidente durante un proceso electoral.

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El oficialismo calificó esta acción como ilegal y advirtió sobre posibles delitos de usurpación y simulación de funciones públicas. Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a lo que consideran un intento de desestabilizar al gobierno. “Defenderemos al Ecuador bajo el amparo de la ley”, señaló.

Por su parte, la bancada de Construye anunció que presentará una resolución en el Pleno Legislativo el 4 de enero, exigiendo que el presidente Noboa solicite licencia para participar en la campaña electoral. La iniciativa también busca que el Consejo Nacional Electoral (CNE) garantice igualdad de condiciones para todos los candidatos y fiscalice el uso de recursos públicos durante el proceso electoral.

La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, convocó a una sesión virtual del Pleno para tratar las licencias sin remuneración de asambleístas candidatos y debatir la posibilidad de que Noboa solicite una licencia. La reunión está programada para las 19:00 del sábado 4 de enero.

Normativa electoral y solicitudes de licencia

De acuerdo con el artículo 93 del Código de la Democracia, los dignatarios que buscan la reelección deben tomar licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña electoral. Hasta ahora, 80 asambleístas de diversas bancadas han solicitado este permiso. Sin embargo, la coalición oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) inicialmente se opuso, basándose en un fallo de la Corte Constitucional de 2010 que eximiría a algunos dignatarios bajo el contexto de la “muerte cruzada” de esta obligación.

El plan B de Noboa

La disputa entre el presidente Noboa y su exvicepresidenta Verónica Abad también contribuye a la crisis. Noboa designó temporalmente a Sariha Moya como vicepresidenta, alegando que Abad habría incumplido sus funciones al no asistir a una misión oficial en Turquía. La segunda mandataria tenía que viajar hasta el 27 de diciembre.

Abad calificó esta acción como inconstitucional y acusó al presidente de buscar impedir que asuma la presidencia durante el periodo de campaña.

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El Pleno del CNE argumentó que MOVER no alcanzó ni el 4 % de votaciones en las elecciones del 2023. La decisión tuvo tres votos a favor (de Diana Atamaint, Enrique Pita y José Cabrera), y una abstención de la consejera Elena Nájera.

El ente electoral inició el proceso de «depuración» el 28 de diciembre de 2023. Desde entonces, el CNE mencionó que el movimiento no cumplía con los requisitos electorales establecidos en el artículo 327 del Código de la Democracia.

Según la ley, Mover debía tener mínimo tres representantes en la Asamblea Nacional; al menos el 8 % de las alcaldías; o, un concejal en el 10 % de cantones.

La decadencia de Mover

El movimiento fue fundado en 2006 y sus representantes fueron figuras destacadas como los expresidentes Rafael Correa y Lenin Moreno. Sin embargo, el CNE señaló que Mover no cumplió con el 3% de votos en las dos últimas elecciones, lo que lo hace sujeto a eliminación según el Código de la Democracia.

Además, durante las elecciones generales de 2021, el movimiento obtuvo un porcentaje de votación pluripersonal de 2,9347 %, o sea, no tuvo ningún asambleísta. Mientras que, en las elecciones seccionales de 2023, consiguió el 3,7952 %: que se traduce en tan solo cuatro alcaldes en alianzas electorales.

Todo para no desaparecer

Mover anunció su respaldo a la candidatura presidencial del ahora presidente Daniel Noboa. Según la organización política, buscarían una alianza para conformar listas en las pasadas elecciones legislativas con representación nacional, provincial y de circunscripciones en el exterior.

“En sesión del Comité Ejecutivo Nacional, Mover resolvió apoyar la candidatura de Daniel Noboa, en el marco de una alianza que permita, sobre el diálogo y participación directa, estructurar listas para asambleístas”, señala el comunicado

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Los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 99.6 % dejan en la delantera a Luisa González con el 33.63 % y a Daniel Noboa con el 23.43 %, es decir, pasarán a segunda vuelta.

El principal fracaso de estos comicios electorales fue para Hervas (0.49 %) y Pérez (3.94 %) quienes tuvieron una caída descomunal en la intención del voto a comparación del 2021 en donde ocuparon el tercer y cuarto lugar respectivamente.

Ahora tendrán que compensar la mitad del monto asignado en su campaña electoral según lo establece el Código de la Democracia. El CNE designó un fondo de USD 309.243 a cada organización política en la participación de este proceso, quienes formaron alianzas obtuvieron 20 % más por cada movimiento o partido.

A devolver la plata

»Las organizaciones políticas o candidato que haya recibido financiamiento del Estado a
través del Fondo de Promoción Electoral, deberán reintegrar el 50 % de los valores y montos entregados por el Estado luego de la segunda elección cuando el mismo candidato no obtenga al menos un 4 % de los votos válidos», dicta el artículo 223.1

El candidato Bolívar Armijos quien obtuvo el 0.36 % no entra en este grupo ya que era la primera vez que participaba en un proceso electoral. La ley establece que la devolución del dinero deberá efectuarse dentro de los noventa días contados a partir de la fecha en el que se firme una resolución del organismos electoral.

No obstante el abogado constitucionalista Mauro Andino consideró necesario ser más rigurosos con este tema y planteó dos alternativas;

• Aquellos que en la primera elección no obtengan el 4 % de los votos válidos en la respectiva dignidad, devuelvan el 50 % del monto entregado por concepto del Fondo de Promoción Electoral.

• Los candidatos que en segunda elección no obtengan el 4 % de los votos válidos en la respectiva dignidad devuelvan el 100 % del financiamiento estatal correspondiente al Fondo de Promoción Electoral.

Ejecución del presupuesto

Según datos del CNE, el presupuesto menos ambicioso para la campaña electoral justamente fue el de Hervas y Pérez, quienes planteaban gastar USD 210 mil y USD 600 mil, en el orden dado. Ahora ambos tendrán que devolver parte de la financiación pública, es decir, USD 154.621 y USD 185.546 cada uno.

Los fondos de la entidad pública son destinados a la difusión de propuestas y spots de los candidatos en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales.

De acuerdo a la ley, desde el inicio de campaña cada candidato debía presentar un informe de los gastos cada quince días, y luego de 90 días de terminadas las elecciones la liquidación total. Los excandidatos Otto Sonnenholzner, Bolívar Armijos y Daniel Noboa aún no exponen sus gastos de campaña.

El último reporte quincenal del movimiento Reto del 23 de julio al 4 de agosto señaló que hubo un gasto de USD 4.038,21 entre movilización y propagandas electorales. Por otro lado, la alianza Claro que se puede solo presentó el presupuesto asignado a campaña. (A.G.M).

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»Si nosotros llegamos a cinco días más y no tenemos las candidaturas en firme realmente estamos cruzando la línea roja de no poder cerrar los paquetes electorales para nosotros cumplir con las elecciones del 20 de agosto», dijo en un conversatorio.

Agregó que siempre planifican »días de colchón» para este tipo de casos por lo cual pueden espero un poco más. No obstante, si esperan otros ocho u diez días más, el CNE estaría en alerta roja. Ante esta situación, la titular señaló que aplazar la fecha de las elecciones no es una opción ya que sería un incumplimiento a la Constitución.

»Si hay una sentencia de última instancia tomada por el pleno del TCE piden ampliación o aclaración cuando se sabe que esa sentencia no va a cambiar y eso alarga tres o cuatro días más nuestras decisiones como la de imprimir papeletas», indicó.

Respuesta del Tribunal

Por su parte, la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma indicó que su principal objetivo es garantizar los derechos de participación. La última causa que entró al órgano electoral fue el 14 de julio relacionada con una reacusación a un candidato para la Asamblea Nacional.

»Es imposible que estos casos se resuelvan en tres días. Los plazos no van en ese sentido y es por eso que el Código de la Democracia contempla un tiempo de resolución de 15 días», aclaró.

En este punto resumió el proceso para efectuar estos casos que de manera obligatoria deben pasar por una fase de admisibilidad que consiste en la revisión de requisitos. Una vez superada esta etapa el juez recién está habilitado para resolver la causa.

Por otro lado, resaltó que ellos no pueden ignorar los derechos de las organizaciones políticas, lo cual significa una retraso no imputables al órgano de administración de justicia. De igual manera manifestó que deben requerir expedientes al CNE y que muchas veces no han llegado completos por lo que realizan una segunda petición.

Pesa a que el TCE sigue resolviendo casos, Coloma destacó que aún siguen dentro de los plazos establecidos. (A.G.M).

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De todo el financiamiento de la campaña del jefe de Estado, tres personas naturales, con un vínculo familiar, saldaron el 91 % del proceso. El propio Lasso aportó USD 460 mil; su hermano Carlos Lasso Mendoza USD 350 mil y su cuñado Danilo Carrera USD 250 mil, en total reunió más de USD 1 millón.

La lista de aportantes a la campaña son:

• El presidente Lasso;
• su hermano Carlos Lasso Mendoza;
• su cuñado Danilo Carrera;
• los asambleístas Omar Zambrano Zambrano y Guido Chiriboga High (CREO),
• el accionista de Minitec S.A., Fernando Villacís Cadena;
• Luiggi Merejildo;
• el presidente y accionista de Lettera S.A., Eduardo Bonilla Salcedo;
• German Cobos Cajamarca;
• Fabián Pozo Neira;
• Sergio Iannuzzelli Lecaro;
• Ralph Suastegui Brborich;
• Galo Martínez Morán;
• Mario Blum Moreno;
• Alanis Zambrano Castro;
• Edmundo Valdez Peralta; y,
• Shirley Solís Alvarado.

Esto son los puestos que ocuparon

Villacís que se desempañaba como responsable económico de la campaña, hoy es el representante de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público-Inmobiliar.

Bonilla Salcedo fue nombrado secretario General de Comunicación de la Presidencia el mismo día que el Gobierno entró en funciones. De la misma manera, Pozo fue el secretario Jurídico.

Suastegui se convirtió en el secretario general de la Presidencia el 25 de mayo de 2021 hasta el 31 de septiembre de ese año. Luego pasó a la Gerencia de la Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT). Asimismo, Iannuzzelli Lecaro es el actual subsecretario general de la Presidencia.

Valdez es analista en la Agencia de Regulación y Control de Energía, entidad que se creo en 2020, según el informe.

Alvarado fue administrador zonal de Inmueble Tipo D en la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – Inmobiliar.

Aportaron demás…

El Código de la Democracia dicta que todo aporte que supere los USD 10 mil debe estar respaldado con un formulario de origen lícito. Sin embargo, siete de los aportantes a Lasso evaden la norma por una diferencia de USD 10 o 30.

Los aportantes en este caso son Fernando Villacís, Guido Chiriboga, Luiggi Merejildo, Eduardo Bonilla, Germán Cobos, Fabián Pozo y Omar Zambrano.

Los aportes de Villacís en la primera y segunda vuelta del mandatario superan el límite económico que establece el Código de la Democracia, pues hizo dos depósitos de USD 10.090.

Como la ley no especifica si el monto aplica para la suma de la primera y segunda vuelta, Villacis no estuvo obligado a presentar un informe de origen ilícitos de fondos.

De la misma manera, Zambrano realizó dos aportes de más de USD 11 mil, dos de USD 4.990, cada una y otras dos de USD 800 en especies.

Lo que establece la ley

La campaña electoral tiene una función mixta, por un lado el Fondo de Promoción Electoral en 2021 contó con más de USD 16 millones para que los candidatos se promocionen en medios de comunicación. Por otro lado, tienen la posibilidad de recaudar recursos por cuenta de los candidatos y organizaciones políticas.

Los aportes económicos pueden ser de personas naturales, militantes, simpatizantes o actividades promocionales y renta de sus bienes de los propios candidatos. (N.J.C)

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Tras el proceso de votación, efectuado a inicios de febrero, se contabilizó oficialmente 1.882 votos nulos (48%) y 1.806 votos válidos (46%). El número de ciudadanos que sufragaron fue de 3.880 sufragantes.

Ahora, la responsabilidad de declarar la nulidad total o parcial de las elecciones, o definir fechas para repetir el proceso, de dicha parroquia corresponde al TCE.

Según el artículo 147 numeral 3 del Código de la Democracia, se declarará la nulidad del proceso de elecciones cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos, o de las respectivas listas, en una circunscripción determinada, para cada dignidad.

¿Quiénes se postularon?

Para el proceso electoral programado en Calacalí se postularon tres organizaciones políticas y una alianza (cada una con cinco). Se trata de Centro Democrático (CD) lista 1; Revolución Ciudadana (RC) lista 5; Izquierda Democrática lista (ID) 12; y la alianza ‘Va por ti’, compuesta por las listas 21, 25, 65, 33.

JR

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Tras el 100 % de la actas procesadas, Omar Menéndez ganó la alcaldía de Puerto López. El segundo lugar lo ocupó el candidato del Movimiento Amigo, Javier Pincay quien también buscaba la reelección. Pincay obtuvo un total de 3071 votos, lo que equivale al 21.41 %.

El cantón registró un 85.85 % de sufragantes y el 14.14 % de ausentismos. De igual manera ,un 9.73 % de la población votó nulo y el 8.11% votó en blanco.

¿Quién reemplazará a Menéndez?

Después del trágico suceso de Menéndez, la RC5 escogió en su reemplazo a Verónica Lucas Marcillo. Esta postulación tendrá que pasar por la fases de calificación que las realizará el CNE. Una vez sea aprobada como candidata podrá obtener los votos de Menéndez.

Según el artículo 112 del Código de la Democracia:

«Si un candidato o candidata a elección popular fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o legal comprobada antes de las respectivas elecciones, la organización política o alianza que auspicie esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza.

Cuando el hecho a que se refiere el inciso anterior se produjere hasta antes de la impresión de las papeletas correspondientes, se imprimirán nuevas papeletas con la fotografía y el nombre del reemplazante, en caso contrario, serán utilizadas las papeletas ya impresas, computándose para el nuevo candidato los votos emitidos para el inscrito anteriormente«, reza el artículo. (A.G.M)

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En los videos que difundió en redes sociales, Changuín habla sobre las preguntas y persuade por el SÍ en la consulta popular del Gobierno Nacional.

Algo similar ocurrió en la provincia de Cotopaxi. La viceministra mantuvo una “socialización” sobre la consulta popular con empleados de una empresa privada.

Sin embargo, la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en el artículo 24 prohíbe a las servidoras y servidores públicos ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines.

Además, el artículo 276 del Código de la Democracia prohíbe el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales.  

Entre las sanciones que podría recibir Changuín es la destitución del cargo hasta las multas por infringir la ley.

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«El artículo 270.3 del Código de la Democracia establece claramente que en el caso de los vocales del Consejo Nacional Electoral, la sentencia no puede llevar ni a la suspensión de los derechos políticos, ni a la destitución de su cargo. De tal manera que en este momento la decisión del juez Torres resulta ilegal, arbitraria y contraria al Código de la Democracia», indicó el jurista en diálogo con Radio La Calle.

El CNE, de acuerdo con la ley, tendrá dos días para apelar el fallo del Tribunal Contencioso Electoral y el pleno del TCE resolverá ese pedido de apelación dentro de los siete días siguientes.

El TCE debería revocar la decisión del juez Torres y plantea la posibilidad de destituir a dicho juez por incumplimiento de la norma. «Todo esto debe resolverse por medio de una sola instancia que es el TCE y sin afectar al desarrollo de las elecciones 2021».

Intereses y retraso de las elecciones

Para Molina, existen intereses políticos en torno a la sentencia del juez Torres. «El objetivo claro es dilatar las elecciones. Con una sentencia que es contraria al Código de la Democracia lo que quieren es que el candidato Álvaro Noboa pueda ingresar por la ventana y a última hora. Detener el proceso de impresión de papeletas y proceder a la inscripción de Noboa y el retraso de las elecciones», expresó.

¿Qué sucedió?

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita y Luis Verdesoto culpables de infracción electoral muy grave. El TCE ordenó una sanción equivalente a 70 remuneraciones básicas, destitución de cargos y suspensión de derechos de participación por 4 años.

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Para el magistrado, las cinco resoluciones emitidas por el pleno del CNE con las que se dispuso su cancelación afectan la garantía básica del debido proceso. Explicó que el CNE no garantizó los medios adecuados para ejercer el derecho a la defensa, vulneró el derecho a la seguridad jurídica e inobservó el plazo razonable para la decisión administrativa y falta de motivación.

Por ello, exigió que el organismo electoral adopte las medidas administrativas para que AEA realice sus procesos de democracia interna. Posterior a esto, la tienda puede presentar candidatos para las elecciones generales del 2021. Entre ellos, Álvaro Noboa que ya mostró su interés por participar en las elecciones

Entre las observaciones, el juez solicitó que el CNE incorpore una disposición en el reglamento de Cancelación, Liquidación y Extinción de Organizaciones Políticas, para que se dé un plazo mínimo de 90 días antes de la convocatoria a elecciones para que se resuelvan los procedimientos administrativos en estos casos.

Resolución del CNE

Según el CNE, el artículo 327 del Código de la Democracia ampara la cancelación de AEA. Esto implica que la tienda política no alcanzó el 4% de votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional. Tampoco llegó a tres tres representantes a la Asamblea Nacional, al 8% de alcaldías, por lo menos un concejal o concejala en cada uno de, al menos, el 10% de los cantones del país.

Trascendió que el CNE apelará la resolución del juez Torres. De acuerdo al calendario electoral, este domingo concluirá el proceso de primarias en los partidos y movimientos políticos. (SGA)

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“La norma tiene como propósito garantizar la participación de las mujeres en los procesos electorales, mejorar la distribución de escaños en las elecciones pluripersonales y generar mecanismos de transparencia en el control del gasto en campañas”, publicó la Asamblea Nacional en su página web.

En la sesión del 20 de diciembre del 2017, los miembros de la Comisión presentaron sus observaciones sobre el borrador del informe para el primer debate del Código de la Democracia.

Del mismo modo, se discutieron las observaciones para el segundo debate y propuestas como: la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la distribución equitativa de la pauta en los medios de comunicación; reconocimiento del derecho de organizaciones parroquiales, cantonales y provinciales para presentar candidaturas; control de medios públicos en los procesos electorales y la ruptura de organizaciones políticas nacionales.

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