Los implicados solicitaron USD 20 mil a una ciudadana a cambio de incluir a más personas en una instrucción fiscal. La víctima entregó el dinero a Jaime H., y dio aviso a las autoridades.

En mayo de 2021, la Fiscalía junto a la Policía Nacional iniciaron un operativo y aprehendieron al sujeto. En el transcurso de la investigación, los agentes descubrieron que Byron también estuvo involucrado en el acto, por lo que fue vinculado al proceso en junio de ese mismo año.

Los elementos de convicción que presentaron fueron: testimonio anticipado de la víctima, testimonio de los agentes, informe del reconocimiento del lugar, levantamiento de evidencias, perfil criminal, cotejamiento de la voz de la víctima, mensajería de los implicados, entre otras.

Según el Código Integral Penal (COIP), este delito se sanciona con una pena de tres a cinco años de prisión a funcionarios públicos o personas con potestad estatal, que abusan de su cargo para exigir bienes o dinero.

La entrada Exfuncionarios de Fiscalía sentenciados a cuatro años de prisión por concusión se publicó primero en La Calle.

La tendencia indica que el año anterior ocurrió un rapto cada nueve días. No obstante, en la actualidad se registra un nuevo secuestro cada tres días. Según las autoridades, de esos 24 casos, solo 22 fueron resueltos.

Funcionarios de la policía sostienen que el blanco de estos secuestros no solo son ciudadanos con poder adquisitivo (o estratos altos). Ahora también figura un segmento de la clase media ecuatoriana.

Entre los principales afectados figura los propietarios de almacenes, comerciantes, dueños de tiendas pertenecientes a la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), sitio en el que se han reportado ocho casos de secuestro extorsivo.

Información preliminar, sugiere que el precio por liberar a las víctimas de secuestro oscila entre los USD 20.000 hasta USD 200.000. Sin embargo, ninguna de estas cifras ha sido entregada a los secuestradores debido a la intervención de la policía.

«El 100 % de los secuestrados han sido liberados. Trabajamos día y noche junto con la Policía Nacional y la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) para tener estos resultados», manifestó Francesco Tabacchi, gobernador del Guayas.

El Código Integral Penal dicta que el delito de secuestro se sanciona con pena privativa de libertad de entre 10 y 13 años.

En el último operativo liberaron a tres personas

El pasado domingo de 12 de marzo, se logró la liberación de tres ciudadanos durante un operativo policial. Inicialmente, agentes de las Unase pretendían encontrar a Bolívar P. (47 años). Los secuestradores exigían USD 20.000 para liberarlo.

En dicha operación, los policías no solo dieron con el paradero del desaparecido, sino también con otros dos conductores José V. (28 años) y Jorge A. 25 años).

Cada día existen más casos de secuestros

A estos sucesos se suman la liberación de una mujer en Guayaquil, a quien sus captores abandonaron al verse acorralados por la presión policial. Los secuestradores pedían USD 70.000 por dejarla libre.

El caso más reciente de secuestro ocurrió en la ciudad de Quito el pasado fin de semana. Una pareja de esposos fue secuestrada mientras iban en su vehículo por la Ruta Viva. El caso se viralizó en redes sociales. Dos días después fueron localizados durante un operativo efectuado en el sector de la Ferroviaria Alta (Distrito Sur).

JR

La entrada En Ecuador se registra un caso de secuestro cada tres días se publicó primero en La Calle.

Esta nueva disposición modifica algunos artículos del Código Integral Penal (COIP) y las sanciones por delitos de intimidación, robo o prevaricato.

Además, la nueva ley modifica nueve cuerpos legales, entre ellos:

• Ley de Seguridad Pública y del Estado;
• Ley de Defensa Nacional;
• Código Orgánico Integral Penal (COIP);
• Código de la Niñez y Adolescencia;
• Ley Orgánica de Extinción del Dominio;
• Código Orgánico de la Función Judicial;
• Ley Orgánica del Servicio Público;
• Ley de Telecomunicaciones; y,
• Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP)

La primera modificación se realizó en el artículo 185 del COIP. En este apartado, al delito de extorsión se agrega el agravante de las vacunas. Con esta nueva orden este delito podrá ser sancionado con hasta 80 salarios básicos. Es decir, con la suma de USD 34 mil.

Los menores de edad en la mira…

También el artículo 369 cambió. Ahora, esta sección incluye el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Por este caso, los implicados podrían recibir entre 10 y 13 años de prisión.

Entre los delitos se incluyen: delitos contra la propiedad privada, la vida, la integridad sexual y reproductiva, sicariato, extorsión robo o terrorismo.

Beneficios según Narváez

El presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, aseguró que entre los beneficios que otorga esta ley están:

• Fortalecer las capacidades institucionales del Estado;
• Coordinación de las instituciones estatales para que logren cumplir su misión;
• Fortalecer la seguridad del Estado;
• Rediseñar el sistema de rehabilitación social; y,   
• Establecer la institucionalización de la política criminal (N.J.C)

La entrada <strong>Las “vacunas” ya se consideran un delito dentro del COIP</strong> se publicó primero en La Calle.

El informe sombra de 2020 detectó que dentro del Código Integral Penal existen diversas falencias que no han sido reconocidas por el estado ecuatoriano. No obstante, existe un trabajo interno entre instituciones para reformar las leyes.

La principal problemática de la legislación vigente es que toma en cuenta los diversos contextos de investigación sobre un caso. “No se realizan análisis de contexto de las relaciones de género, no toma en cuenta las boletas de auxilio. Se desnaturaliza el contexto de violencia por ende se generan ambigüedades en los procesos” indicó Rocío.

Informe Sombra 2020

El informe sombra 2020 se realizó en conjunto con la CNME y 42 instituciones que apoyaron en la investigación. Es así que el documento recoge once temas distribuidos en nueve documentos. Los temas que plantea el informe sombra son los siguientes: legislación discriminatoria hacia las mujeres, acceso a la justicia, violencia de género, trata de personas, participación en la vida pública y política, situación de las mujeres en la educación, empoderamiento de la vida económica de las mujeres, situación de las mujeres indígenas rurales y afrodescendientes, mujeres migrantes y refugiadas, igualdad en el matrimonio y relaciones familiares. Finalmente se añadió información sobre la situación de mujeres en pandemia.

Los informes se realizaron sobre un diagnostico de la aplicación de la convención de la CEDAW durante los últimos cinco años. Es decir, este informe recoge información de 2015 a 2020. De parte de la CNME se realizaron recomendaciones al Estado y a las diversas instituciones públicas encargadas en los diversos temas de política pública relacionada a mujeres y niñas en el país. “Es importante señalar que el informe es una fuente de información de primer grado que permite actualizar la agenda temática nacional sobre temas relacionados a las mujeres” señaló Rocío Rosero, representante de la CNME.

¿Qué acciones se espera de parte de el Estado sobre las recomendaciones?

De parte de la CNME se instalará una mesa de seguimiento de las recomendaciones del comité para establecer una hoja de ruta del comité que permita dar seguimiento a las observaciones planteadas en el informe.

Así también se manejará de forma vinculante un seguimiento a través de la Asamblea Nacional y la comisión parlamentaria correspondiente asuma la tarea de regular los códigos legislativos que deberían ser de ser de aplicación directa.

El objetivo principal es que los temas de género se posicionen en la Asamblea y formen parte de la agenda de primera mano, señaló Rosero.

La entrada El Código Penal tiene vacíos en prevención de violencia de género se publicó primero en La Calle.