«Acuerdos por la gobernabilidad»

Henry Kronfle destaca que los acuerdos se centran en trabajar por la gobernabilidad y mejorar la ley. Asegura que la intervención de todos los movimientos políticos garantizará los votos para aprobar proyectos gubernamentales.

«Legislando para el empleo y la eficiencia»

La Asamblea, bajo la presidencia de Kronfle, se enfocará en impulsar el empleo y eficiencia legislativa. Se trabajará en proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal y se buscará despejar 600 proyectos represados, priorizando la dinamización del empleo.

“Compilamos 35 proyectos de (reforma al) Código Orgánico Integral Penal, que ya son uno. Estamos trabajando en los 600 proyectos represados, ojalá los podamos hacer 50 por materia”, señalo.

«Reforma Tributaria y sus matices»

Kronfle elogia la Reforma Tributaria por su impulso a zonas de desarrollo y la deducibilidad para la generación de empleo. Reconoce la necesidad de pulir ciertos aspectos, como la venta ocasional de bienes inmuebles, para fortalecer la industria de la construcción.

“Tiene cosas buenas y hay que pulir otras cosas. Trata de impulsar las zonas especiales desarrollo y las zonas francas (…) Veo muy bien la ley en el impulso a través de la deducibilidad de la generación de empleo para la juventud”, recalcó.

«Vigencia y posible veto presidencial»

Anticipa que la primera ley de Noboa estará vigente antes del 31 de diciembre. Aunque no se ha discutido, duda que el presidente vete su propia ley, a menos que no se ajuste a parámetros aceptables.

«Recuperación de credibilidad y eficiencia legislativa»

Kronfle busca recuperar la credibilidad de la Asamblea a través de un cronograma que permita a los asambleístas trabajar en sus territorios. Aboga por limitar cambios innecesarios en el orden del día y enfocarse en leyes relevantes para evitar pérdidas de tiempo en asuntos triviales.

“Y hay que aprobar las leyes que son necesarias. Y discúlpeme, dejar de perder el tiempo en el Día del Bizcocho, del Mazapán, de la Bicicleta, de la Bujía, porque eso a nadie le interesa”.

El asambleísta debe trabajar en territorio

Kronfle destaca que es necesario que los asambleístas trabajen en territorio y que su tiempo no solo se destine a estar encerrados todo el día en una oficina; aislado de los problemas de la ciudadanía.

“Una vez que pasemos esta etapa de transición de la reapertura de la Asamblea, espero ya en 90 días tener un cronograma para que, por lo menos una semana al mes, el asambleísta no esté encerrado en Quito”, concluyó.

JR

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La víctima, también conocida como «Medusa«, denunció el hecho en marzo de 2021, pero dos años después la justicia resolvió su caso.

La abogada de la mujer, Lissette Jijón, indicó que su defendida fue contratada para un evento de baile al sur de Quito. En el acto, Alex Z., uno de los presentadores habría cometido el delito.

Según la magistrada, el implicado tocó las partes íntimas de la bailarina cuando ella realizaba un paso de baile de twerking. Todo el incidente quedó grabado en una transmisión de Facebook.

«El hecho de realizar un baile exótico o sensual no significa que sea una invitación para tocar a una persona sin su consentimiento», refirió Jijón en El Comercio.

El inicio del proceso

La mujer denunció el hecho un mes después y, finalmente, la audiencia de juicio el 3 de mayo.

Luego de que Jijón presentara los elementos de convicción, las autoridades determinaron que Alex Z., tocó a la bailarina con fines sexuales.

Según el artículo 170 del Código Integral Penal (COIP), el abuso sexual se sanciona con una pena privativa de tres a cinco años. (N.J.C)

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El implicado, quien figuraba en la lista de más buscados del país, fue capturado en Trujillo, Perú. Sobre el individuo figuraba una orden de captura internacional.

Según el agente fiscal del caso, los exámenes médicos revelaron que el sujeto abuso del menor. El hecho se habría perpetrado durante un régimen de visitas durante el mes de agosto de 2018. En ese entonces la víctima tenía tres años de edad.

Durante la audiencia, la madre y abuela materna de la víctima, explicaron que el niño mostraba resistencia a la compañía del progenitor. Esto habría sucedido luego del abuso.

Según el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de violación es sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años.

JR

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Entre las recomendaciones planteadas por el Cosepe al presidente Guillermo Lasso figura aplicar medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales. Sin embargo, el decreto aún no ha sido emitido por el primer mandatario, quien afronta un proceso de juicio político en su contra por presunto delito de peculado.

Sólo tras emitirse dicho decreto, las Fuerzas Armadas podrán desplegar sus estrategias y operativos militares para combatir al terrorismo. No obstante, el gobierno no ha específicado qué agrupaciones delictivas serán identificadas como terroristas. Pero. extraoficialmente se sabe que serían ocho.

Luis Lara Jaramillo, ministro de Defensa, afirmó que esto posibilitará a las Fuerzas Armadas el uso legítimo de la fuerza. «No vacilaremos en poner en práctica toda la experiencia, capacidad y práctica, toda la experiencia. Es hora de decir ¡basta!».

¿Qué dicta la ley ecuatoriana respecto a casos de terrorismo?

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el terrorismo está tipificado en el Art. 366 que menciona: «La persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años«.

Adicionalmente, la norma actual describe 10 acciones que también son sancionadas con pena privativa de la libertad (que pueden llegar a condenadas de hasta 26 años), al estar categorizadas como delitos de terrorismo. Se trata de las siguiente:

1. La persona que, respecto de un transporte terrestre, una nave o aeronave, plataformas fijas marinas, se apodere de ella, ejerza control sobre la misma por medios tecnológicos, violentos, amenaza o intimidación; derribe, destruya, cause daños, coloque o haga colocar un artefacto o sustancia capaz de destruirlo o causar daños que le incapaciten para su transportación.
2. La persona que destruya por cualquier medio, edificación pública o privada, plataforma fija marina, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales, así como de las instalaciones o servicios de transportación terrestre, navegación aérea o marítima, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para la seguridad de la transportación terrestre, de las aeronaves o naves, como de la seguridad de las plataformas y demás edificaciones.
3. La persona que realice actos de violencia que por su naturaleza, causen o puedan causar lesiones o constituyan un peligro para la seguridad de estos o sus ocupantes, en un transporte terrestre, a bordo de una aeronave, nave, en una plataforma fija marina, en puertos, aeropuertos, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales o ambiente.
4. La persona que comunique, difunda o transmita informes falsos poniendo con ello en peligro la seguridad de un transporte terrestre, de una nave o aeronave.
5. La persona que, irrumpa los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de las personas internacionalmente protegidas.
6. La persona que realice por sí misma o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras económicas, con el objeto de dar apariencia de licitud para desarrollar actividades terroristas tipificadas en este Código.
7. La persona que hurte, robe, malverse, obtenga mediante fraude o extraiga mediante amenazas, uso de la violencia o intimidación materiales nucleares.
8. La persona que reciba, posea, use, transfiera, altere, evacúe o disperse materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa lesiones graves a una persona o grupo de personas o daños materiales sustanciales.
9. La persona que entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura, con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales a las personas o con el fin de causar una destrucción material significativa.
10. Cuando por la realización de estos actos se produzca la muerte de una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

JR

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El caso se hizo público tras la difusión de un vídeo, el pasado 17 de noviembre de 2022. En el mismo se puede observar el maltrato que recibió un perro antes de ser ahorcado en un árbol. Según se sabe, en hecho ocurrió en el sector de San Carlos, al sur de Quito.

Spayk, era el nombre de la mascota de uno de los vecinos del sector. El ciudadano, debido a un viaje, encargó el animal a un familiar para que lo cuidara. Sin embargo, no volvería a encontrar al perro con vida.

Testimonios de moradores confirman que a partir de las 11h00 fue la última ocasión que vieron al animal a salvo. Pues minutos después varios chillidos fueron el indicio de algo terrible. Cuando algunos vecinos se percataron fue muy tarde. La mascota, sofocada, no presentaba signos vitales. Algunos registraron el momento en imágenes para denunciar lo ocurrido.

Unidad de Bienestar Animal (UBA), Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizaron el levantamiento del cadáver del animal.

¿Qué dijo la autora de la matanza?

Dichos entes localizaron a la atacante. Se trataba de una mujer que intentó justificar su acción al alegar que el perro atacó a uno de sus animales de corral hace más de un año. Esa acción le valió una multa administrativa de más de USD 4.250, de acuerdo al Código Municipal del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito por «Sacrificar o causar la muerte de animales de compañía, ya sea en forma masiva o individual, sean que estos se encuentren bajo su tenencia responsable o en la de otros”.

Posteriormente, Animal Libre (organización sin fines de lucro) realizó una acusación formal en contra de la responsable de asesinar al canino. Se busca la prisión de la atacante.

¿Cuál sería la pena máxima?

El delito en cuestión también puede ser sancionado a través de un proceso penal cuya consecuencia podría ser la pena privativa de libertad. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) expresa que «la persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años«.

JR

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Dicha institución recalcó que el congelamiento o la retención de arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas está prohibido. Esto ante los rumores que empezaron a circular en redes, que insinuaban que las cuentas de clientes estarían en riesgo o peligro.

Ante ello, la superintendencia enfatizó que: «La persona que divulge noticias falsas que causen alarmas en la población y provoquen retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero (…) que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, será sancionada con una pena privativa de la libertad de cinco a siete años«. Normativa que corresponde al Artículo 322 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, la institución solicitó a la ciudadanía a mantenerse informada unicamente por canales oficiales.

¿Cuáles fueron las razones de la intermitencia?

La tarde de este 18 de febrero varios ciudadanos expresaron su malestar en Twitter al percatarse que el soporte informático de algunos bancos presentaban fallas. Ante los reclamos, Asociacion De Bancos del Ecuador (Asobanca) aclaró que el problema tenía que ver con el proveedor de red.

«Por un inconveniente de un proveedor de servicios de conectividad se produjo intermitencia en algunos servicios bancarios del país. Al momento, los técnicos se encuentran resolviendo el problema«, explicaron en un comunicado de la asociación.

JR

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Tandazo criticó el discurso del presidente Guillermo Lasso y otros abogados sobre el caso del exsegundo mandatario. Sus retractores argumentan que Glas no podría salir de prisión si no paga la reparación económica que debe al Estado. Ejemplificó que es ilógico que si una persona no paga los millones que adeuda no podrá salir de prisión.

“Si esto existiera, este tipo de deudas se convertirían en una cadena perpetua”, comentó. Además, el analista indicó que no existe una ley que justifique la prisión por deudas a menos que sea de alimentos.

Unificación de penas

Tandazo mencionó que le negaron la prelibertad a Glas en dos ocasiones porque no se esclarecía su participación en el caso Singue. Sin embargo, una vez anulado el caso ya no tenía ningún impedimento para solicitar nuevamente esta acción. También aclaró que Glas fue juzgado con las reglas de un Código Orgánico Integral Penal (COIP) antiguo y tiene derecho a la prelibertad como cualquier reo porque cumplió todos los trámites.

“Ese COIP contempla la unificación de penas. Es decir, la pena mayor absorbe a las penas menores. Él (Glas) no tiene que cumplir los 14 años que le condenaron por los casos atribuidos. Solo debe cumplir la mayor, sobre esos ocho años hay que calcular y ver si es beneficiario o no de la prelibertad”, enfatizó.  

Además, precisó que fue la propia Corte Nacional de Justicia (CNJ) quien mencionó que el dictamen fue extemporáneo. Es decir, La Contraloría perdió efecto en este caso porque su función caducaba a los siete años del proceso y esta investigación se realizó desde el 2011.

“La Contraloría ya no tiene competencia porque ya caducó. El caso está muerto y no se puede juzgar dos veces a una persona por las misma causa y materia”, manifestó.

Finalmente, planteó que la “supuesta” Comisión Nacional Anticorrupción es un aparato que no tiene ninguna función. Según el analista, en la Constitución del 2008 esta comisión desapareció y esta atribución se la tomaron varios sujetos en nombre de la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT). (N.J.C)

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En la sesión ordinaria del 28 de noviembre, la Corte resolvió con seis votos concurrentes y dos votos salvados parciales que las preguntas “no actúan con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdireccionales y Control Constitucional”, reza el boletín.

Más preguntas a la consulta popular

El 31 de octubre, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, entregó el último paquete de preguntas para la consulta popular ante la Corte Constitucional.

Las preguntas eran las siguientes:

1. ¿Está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia?

Todos los recursos decomisados por delitos de corrupción se invertirán en la educación de niños y adolescentes. Las cifras oficiales apuntan que en Ecuador existen 668.203 niños entre 3 y 4 años, de los cuales el 49,75% no recibe atención de ningún servicio educativo inicial.

2. ¿Está de acuerdo en tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa de libertad de 7 a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada?

El Estado pretende reducir la impunidad de la extorsión por “protección”. Para este fin, se agregará un nuevo artículo al Código Integral Penal (COIP), que tipifique la extorsión con 7 a 10 años de prisión.

3. ¿Está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la Renta para quienes emplean a personas de 45 años o más?

Según el ministro, los empleadores que contraten a personas de más de 45 años recibirán un incentivo tributario en sus exenciones de los impuestos a la renta. (N.J.C)

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El proyecto de Ley, apoyado por 107 legisladores, fue presentado para proteger a las víctimas de violencia sexual digital y ciberacoso.

No obstante, la ambigüedad en las figuras reformatorias modificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) restringe la libertad de expresión y obstaculizarían la lucha contra el crimen.

La reforma del artículo 178 del COIP resalta la mayor polémica al señalar que “la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunda, publique, o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a contenidos de terceros, datos personales, mensajes de datos, voz, audios o video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, contenidos digitales o comunicaciones privadas o reservadas, por cualquier medio o por intermedio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, será sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres años”.

La decisión del legislativo no tardó en generar respuestas por parte de entidades y organizaciones de la sociedad e internacional.

La Fiscalía General del Estado (FGE) expresó su preocupación debido a que “la reforma causa un efecto negativo en las investigaciones penales que dirige la FGE, tomando en cuenta que muchas de las evidencias importantes contra la corrupción se obtienen mediante esta clase de excepciones (…) esta ley elevaría el índice de impunidad, pues dichas actuaciones se considerarían ilegales y no podrían ser utilizadas como prueba en los juicios penales”, señaló la entidad en un comunicado en su Twitter.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que  “la norma criminaliza en forma agravada y desproporcionada algunas expresiones o acciones en el ámbito digital que están contempladas en los códigos Civil y Penal”.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que «preocupa que el nuevo estatuto pueda afectar a periodistas que, en el ejercicio de su trabajo, tienen que revelar información».

Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, añadió que «la generalidad de la ley permite que los periodistas puedan ser demandados por incurrir en el delito de violación de la intimidad, sin establecerse diferencias respecto de asuntos de interés público».

De igual forma, Estudio de Medios (Fundamedios) rechazó la aprobación de la normativa ya que “representa una vulneración extrema a los derechos y a las garantías constitucionales; además incluye contenido relacionado con el manejo e incautación de contenido digital que como se señaló anteriormente no responde a la finalidad del proyecto”. La  también encontró restricciones a los derechos y libertades en los artículos 18,497 y 499.

Fiscalía informó que remitirá un informe técnico a Presidencia, mientras que las organizaciones esperan que el presidente Lenín Moreno reconsidere los contras de la Ley y la vete antes de finalizar su mandato.    

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