La decisión se tomó en la audiencia de revisión de medidas cautelares para varios implicados en el caso en la sala de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Moreno debía presentarse ante una autoridad judicial en Ecuador, esto como una alternativa a la prisión preventiva, pero desobedeció esta orden en dos ocasiones. La primera en octubre de 2023 y la segunda en febrero 2024.

En su lugar, detalló que se presentará ante la justicia ecuatoriana cuando considere pertinente y el diagnóstico de sus médicos lo permitan. Además, expresó que el pedido para que responda a las autoridades sería «por pura vanidad«.

En contraparte, sí pidió prisión preventiva para María Auxiliadora P., Xavier M., y tres ciudadanos chinos. Según Salazar, estos no cumplieron con los requisitos de las medidas cautelares, como la presentación periódica. A más de esta petición, pidió difusión roja para su localización y arresto. La audiencia se reanudará el 27 de marzo.

Moreno y Sinohydro

El caso Sinohydro, indaga sobre una presunta red de corrupción asociada a la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Según Salazar, el monto de esas presuntas coimas supera los USD 76 millones: “el más alto por corrupción judicializado hasta el momento en nuestro país“.

En la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía presentó 225 elementos de convicción y se refirió a las cantidades de dinero presuntamente repartidas a cada implicado. Posteriormente, ordenó que el expresidente Moreno y su esposa, Rocío González (radicados en Paraguay), cumplan con la medida cautelar de presentación cada 15 días en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito.

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Según la justicia ecuatoriana, Moreno debía presentarse de manera periódica ante un juez por el delito de cohecho, en caso de corrupción de Sinohydro en el que fue acusado. Esta medida se tomó como alternativa a la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE). De la misma manera, debía declarar cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Sin embargo, el exjefe de Estado hizo caso omiso de las directrices de la Función Judicial.

En su momento, Moreno alegó que la disposición de que se presente ante las diferentes entidades judiciales se debería a una mera «vanidad«. Esta sería la segunda falta que comete el exmandatario. La primera fue en octubre de 2023 y la segunda en febrero de 2024, detalla el Expreso.

Moreno mantiene la certeza de que la fiscal General del Estado, Diana Salazar, no podrá solicitar prisión provisional para él y su esposa porque son personas de la tercera edad. Para él, lo lógico sería que pida prisión domiciliaria, de todos modos «cumple un trabajo con las personas con discapacidad». «Eso no me haría ningún daño», proliferó.

Los antecedentes

El 5 de junio de 2023, el juez Mauricio Espinosa negó el pedido de prisión preventiva para Moreno y su esposa Rocío González, pese a incumplir con las medidas cautelares dictadas. Bajo este amparo, los implicados podían defenderse en libertad, pero debían presentarse en el Consulado de Ecuador en Paraguay.

El exjefe de Estado se pronunció en su cuenta de Twitter. Aseguró que es inocente y agradeció a la “institucionalidad y a la justicia” por esa decisión. Además, rechazó cualquier vinculación y responsabilidad en la construcción de la obra Coca-Codo Sinclair.

Oídos sordos a lo que diga la ley

El 19 de abril de 2023, la FGE pidió prisión preventiva para Moreno, su esposa e hija, Irina Moreno, entre otros involucrados del caso Sinohydro. La orden llegó hasta la Interpol para que los busque y capture. Posterior a eso, el 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso en contra de 37 personas por el presunto delito de cohecho. A partir del 13 de marzo, los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia.

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente , su esposa e hija, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello.

El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil. (N.J.C)

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«Van casi 17 horas de incidentes armados en la Penitenciaría. Mi vida está en riesgo ante las balaceras que existen, sin que revisen se revise mi situación jurídica», expresó.

Vera responsabilizó al Estado por el daño que pueda sufrir. Además, criticó el modo de accionar de la Función Judicial y el pésimo estado de seguridad y protección al interior de los reclusorios.

Sin embargo, el SNAI informó que los protocolos de seguridad se activaron en todos los reclusorios el país y que la situación «estaba controlada». De la misma manera, los familiares de los internos denunciaron la inoperancia del gobierno y se mantienen en vigilia afuera de los centros.

¿Qué hace Vera ahí?

El pasado 16 de mayo, el juez Luis Rivera dictó prisión preventiva para el exministro Vera, quien es investigado por el presunto delito de cohecho.

Rivera también solicitó la retención de cuentas bancarias, pólizas, e inversiones que mantenga Vera en el sistema financiero nacional. Además, no podrá enajenar bienes en Guayas, Santa Elena y Pichincha por USD 160 mil.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, con base en 27 elementos de convicción formuló cargos contra el exministro. Señaló que se habría entregado y receptado dinero a cambio de beneficios personales en la administración pública.

Eso no fue todo…

La FGE seguía las huellas de Vera por varios presuntos actos de corrupción. Desde un supuesto cohecho hasta tenencia ilegal de carné de discapacidad. A todo esto, se le suma los posibles trapos sucios en el proyecto de inversión petrolera Ronda Intracampos II, en Sucumbíos.

Según fuentes cercanas a la cartera de Estado, la obra estaría envuelta en una cortina de dudas y falta de transparencia. Todo apuntó a que el estudio jurídico Bustamante Fabara, firma allegada a Vera, habría sostenido reuniones opacas con compañías interesadas en invertir en el proyecto. Con esto, los “cercanos” del exministro habrían tenido acceso a información privilegiada del proceso, dichas reuniones se habrían llevado a cabo durante visitas a Houston, EE.UU., y México D.F. (N.J.C)

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Rivera también solicitó la retención de cuentas bancarias, pólizas, e inversiones que mantenga Vera en el sistema financiero nacional. Además, no podrá enajenar bienes en Guayas, Santa Elena y Pichincha por USD 160 mil.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, con base en 27 elementos de convicción formuló cargos contra el exministro. Señaló que se habría entregado y receptado dinero a cambio de beneficios personales en la administración pública.

Tras la pista

La Fiscalía seguía las huellas de Vera por varios presuntos actos de corrupción. Desde un supuesto cohecho hasta tenencia ilegal de carné de discapacidad. A todo esto, se le suma los posibles trapos sucios en el proyecto de inversión petrolera Ronda Intracampos II, en Sucumbíos.

Según fuentes cercanas a la cartera de Estado, la obra estaría envuelta en una cortina de dudas y falta de transparencia. Todo apunta a que el estudio jurídico Bustamante Fabara, firma allegada a Vera, habría sostenido reuniones opacas con compañías interesadas en invertir en el proyecto. Con esto, los “cercanos” del exministro habrían tenido acceso a información privilegiada del proceso. Dichas reuniones se habrían llevado a cabo durante visitas a Houston, EE.UU., y México D.F.

Pero el entramado no acaba allí. Presumiblemente, para no dejar huella, es otra la empresa encargada de manejar las relaciones con los compradores interesados. El 6 de octubre de 2022, el Ministerio de Energía y Minas lanzó la Ronda Intracampos II y contrató a la empresa petrolera Hole Maker. Según las autoridades, fue la “única” con la capacidad de tener contacto con los posibles ofertantes de los campos a licitar.

Sobre la Ronda Intracampos II

El Gobierno Nacional busca captar inversión privada por USD 2.051 millones con la licitación de la Ronda Petrolera Intercampos II. El proyecto está conformado por seis bloques petroleros en la provincia de Sucumbíos: Lumbaqui, Saywa, Tamya, Tetete Sur, VHR este y VHR oeste. Según el Ministerio, la obra se socializó con las comunidades del sector: las nacionalidades Kichwa, Cofán y Shuar.

En el proceso de contratación de la empresa a cargo del proyecto se produjeron irregularidades que beneficiaron a Vera. En principio, el Ministerio demoró en la entrega de certificados durante la etapa de registro y calificación de empresas. Algunas de ellas se registraron fuera del tiempo reglamentario.

En el proceso también se aumentó a última hora la capacidad de carga de los documentos reglamentarios, lo que derivaría en el beneficio de ciertas empresas. La semana anterior a la presentación de ofertas, el Ministerio especificó que solamente ofertaría pozos de avanzada para el Bloque 11 “Lumbaqui”. Esto pudo afectar a la confianza de las empresas y limitar el número de ofertantes.

Los cambios en el proceso no solo han llevado a develar las relaciones de interés del exministro sino que han manchado al Ministerio de Energía y sus procesos de contratación.

Vera, toda una ‘joyita’

Desde mediados de octubre de 2022, se destapó una serie de escándalos de corrupción en los que estaría involucrado Xavier Vera. La mayoría de los casos se habrían cometido cuando ejercía la titularidad del Ministerio del ramo.

La primera piedra para Vera apareció cuando el medio digital Zoom publicó un documento en el que supuestamente demostraba que el ex alto funcionario tenía carné de discapacidad. Con la especie, Vera se habría beneficiado de un descuento en la tarifa de luz. Más adelante, el portal digital La Posta reportó más documentos sobre el carné “trucho”. Finalmente, la asambleísta por UNES, Sofía Espín denunció a Vera por uso doloso y tenencia ilícita de carné de discapacidad.

El segundo tropiezo (consecutivo) ocurrió cuando La Posta reveló audios y chats sobre presuntos sobornos que habría pedido Vera. En un audio, el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño afirmó que el exministro le habría ofrecido USD 2 millones por la gerencia de transporte. En otro archivo, el abogado Adrián Zamora dijo que le habría pagado a Vera USD 150 mil por un puesto.

Por este último caso, Fiscalía allanó tres inmuebles, dos de Vera, uno en Quito y el otro en Guayaquil; y su despacho en el Ministerio de Energía. Actualmente, Fiscalía lo investiga por el presunto delito de cohecho. Al acumularse las denuncias, Vera renunció el 28 de octubre a la jefatura de Minas.

No es todo…

Otras posibles irregularidades habrían sucedido en el transcurso de los dos últimos casos. Un periodista de La Posta también mostró una hoja de ruta de cómo Vera habría manejado el Ministerio fuera de sus competencias. Ante las revelaciones, sujetos habrían intentado sobornar al periodista.

Ahora, otro posible caso de soborno sale a la luz y comprometería más al exfuncionario. Se trataría de una presunta venta de cargos públicos en el área minera. Radio La Calle tuvo acceso a una conversación entre un delegado del ex ministro con un “interesado”. A continuación, un chat de funcionarios de la cartera de Estado:

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“Desde ciertos sectores -que manejan sus propios intereses y agendas- se me acusa de criminalizar a la profesión”, expresó la fiscal inicialmente en su texto publicado a través de Twitter. El suceso ocurre 24 horas despúes de formularse cargos contra 37 personas por el presunto delito de cohecho.

El caso Sinohydro, indaga sobre una presunta red de corrupción asociada a la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Según Salazar, el monto de esas presuntas coimas supera los USD 76 millones: «el más alto por corrupción judicializado hasta el momento en nuestro país«.

Ante la relevancia del suceso pidió a los interesados revisar el expediente del caso, para dimensionar su magnitud. Asimismo, sostuvo que ciertos procesados han invocado un «espíritu de cuerpo que podría encubrir actos reñidos con ley».

«Más allá de presiones económicas, mediáticas, políticas y de cualquier otra índole, mi compromiso estará siempre con el Estado de derecho, la justicia y las víctimas», mencionó Salazar.

En la audiencia de formulación de cargos, efectuada el pasado viernes, Fiscalía presentó 225 elementos de convicción y se refirió a las cantidades de dinero presuntamente repartidas a cada implicado.

Posteriormente, se ordenó que el expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González (radicados en Paraguay), cumplan con la medida cautelar de presentación cada 15 días en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito.

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El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Adrián Rojas dispuso medidas cautelares de presentación cada quince días para el exmandatario, Judith González Navas y Xavier M., dos de ellos viven en Paraguay.

El resto de los procesados deberán presentarse cada ocho días, tienen prohibido salir del país y usarán un dispositivo de vigilancia. Entre los implicados está la familia de Moreno y son: Luciano C., Henrry G., Francisco C., Cai R., Yang H., Song D., Liu A., Irina M., Guillermo M., Edwin M., Jacqueline V., Martha G., Conto P., María P., Juan P., Patricia P., Manuel P., Victoria P., Juan D., Mauricio P., Francisco Ch., Juan S., Antonio S., Rocío G., Mercedes C., José C., Carlos A., Ximena D., Pablo A., Pablo Z., Francisco E., Mónica O. y María B.

De todos los involucrados, Wu Y. fue el único de los procesado al que se le dictó prisión preventiva. Además, entre los presunto criminales consta José Carmigniani, abogado de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso e involucrado en la presunta red de corrupción «El Gran Padrino».

«Expuso que otros valores se habrían cobrado a través de terceras personas, bajo la figura de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canalizadas a través de la empresa Recorsa –cuyo objeto social fue cambiado convenientemente en 2010–, que abrió una cuenta bancaria en Panamá, desde donde se canalizaron parte de las coimas», reza el boletín de prensa de FGE.

Sobre el proceso

La Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostiene que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa, Rocío de Moreno, habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente.

Otras medidas

La justicia ecuatoriana ordenó la inmovilización y prohibición de enajenar bienes por USD 154 millones a nivel nacional, que equivale al duplo del monto que habría sido entregado a los procesados.

Por otro lado, la Fiscalía deberá ponerse en contacto con Asistencia Penal Internacional para inmovilizar las cuentas bancarias de los procesado en bancos de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.

Moreno quedó contento

El exjefe de Estado se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Moreno agradeció que el juez haya desestimado la prisión preventiva que solicitó Fiscalía en un inicio. Tildó de arbitrarias e inhumanas» las medidas de la entidad de control.

Según él, se buscaba irrespetar la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

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