El concejal Wilson Merino, a través de un tweet hizo público el oficio que realizó para el inicio de un proceso disciplinario en la AMT. “He solicitado a la AMT iniciar un proceso disciplinario ante la presunta actuación ilícita del agente metropolitano 0599”, reza el escrito.

También explicó que es necesario impulsar un plan de carrera enfocado en capacitar, formar y evaluar continuamente a los servidores municipales. El objetivo sería promover una cultura de integridad para recuperar la confianza en las instituciones.

Respuesta de la AMT

La AMT difundió un documento en el que se enfatiza el rechazo los actos de corrupción. Asimismo, informó que ya se habrían iniciado los procesos de sanción en contra del agente que aparece en la grabación.

El artículo 295 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, manda que “exigir, recibir o insinuar dádivas o recompensas económicas a cambio de la elaboración de partes sesgados o la no imposición de sanciones por infracciones de tránsito es considerado una falta muy grave.

El agente por el momento sigue en sus funciones hasta que la Administración de la entidad de su veredicto final. (M.W.)

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El exmandatario mencionó que su hija hizo un contrato para retratar familiares en formato pequeño y grande. «Mi hija no pinta garabatos, mi hija pinta precioso. Los cuadros fueron entregados a Xavier Macías y a su esposa, y pagaron por ellos», comentó en Ecuavisa.

Para Moreno, esta «persecución» es tan perversa que las autoridades fueron capaces de investigar a toda su familia.

«Aquí incluyen hasta el IVA, mire como hacen este entramado perverso o usted ha visto que investiguen a toda la familia de algún político», dijo.

Un pie en el país y otro en Paraguay

El expresidente confirmó que solicitará asilo político en Paraguay, esto tras la resolución del juez que dispuso su presentación cada 15 días en el marco del caso «Sinohydro», también conocido como «Ina Papers».  

La razón para solicitar el asilo político sería su condición médica. “Yo he estado hospitalizado dos veces aquí en Paraguay, algo que en el Ecuador no se conoce”, detalló.

«No es investigación es persecución»

El exjefe de Estado considera que la investigación del caso «Sinohydro» es una persecución por parte de la Fiscalía contra él y su familia. Así lo expresó para la televisora colombiana NTN24.

«No es una investigación, es una persecución. Y sabemos exactamente por qué, porque en mi gobierno evitamos que Ecuador sea Venezuela. Evitamos que el Socialismo del Siglo XXI siga imperando con su falta de libertad, autonomía y falta de institucional, con la persecución y arresto de líderes adversos. Yo sabía qué venía. Me la jugué por la libertad y la democracia», señaló el exmandatario en entrevista.

El domingo 5 de marzo, la justicia del Ecuador decidió procesar a Moreno y su familia por el presunto delito de cohecho en el caso «Sinohydro». Dentro del caso, la Fiscalía también acusó a más de 30 personas por formar parte de una supuesta estructura criminal que pedía sobornos en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 2009-2018.

Sobre los implicados pesan medidas cautelares. Moreno debe presentarse periódicamente cada 15 días; dos involucrados más también. Mientras que los demás presuntos criminales tienen prohibido salir del país, usarán grillete electrónico y asistirán ante la justicia cada ocho días.

El orgien de la investigación

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno. (N.J.C)

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El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Adrián Rojas dispuso medidas cautelares de presentación cada quince días para el exmandatario, Judith González Navas y Xavier M., dos de ellos viven en Paraguay.

El resto de los procesados deberán presentarse cada ocho días, tienen prohibido salir del país y usarán un dispositivo de vigilancia. Entre los implicados está la familia de Moreno y son: Luciano C., Henrry G., Francisco C., Cai R., Yang H., Song D., Liu A., Irina M., Guillermo M., Edwin M., Jacqueline V., Martha G., Conto P., María P., Juan P., Patricia P., Manuel P., Victoria P., Juan D., Mauricio P., Francisco Ch., Juan S., Antonio S., Rocío G., Mercedes C., José C., Carlos A., Ximena D., Pablo A., Pablo Z., Francisco E., Mónica O. y María B.

De todos los involucrados, Wu Y. fue el único de los procesado al que se le dictó prisión preventiva. Además, entre los presunto criminales consta José Carmigniani, abogado de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso e involucrado en la presunta red de corrupción «El Gran Padrino».

«Expuso que otros valores se habrían cobrado a través de terceras personas, bajo la figura de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canalizadas a través de la empresa Recorsa –cuyo objeto social fue cambiado convenientemente en 2010–, que abrió una cuenta bancaria en Panamá, desde donde se canalizaron parte de las coimas», reza el boletín de prensa de FGE.

Sobre el proceso

La Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostiene que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa, Rocío de Moreno, habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente.

Otras medidas

La justicia ecuatoriana ordenó la inmovilización y prohibición de enajenar bienes por USD 154 millones a nivel nacional, que equivale al duplo del monto que habría sido entregado a los procesados.

Por otro lado, la Fiscalía deberá ponerse en contacto con Asistencia Penal Internacional para inmovilizar las cuentas bancarias de los procesado en bancos de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.

Moreno quedó contento

El exjefe de Estado se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Moreno agradeció que el juez haya desestimado la prisión preventiva que solicitó Fiscalía en un inicio. Tildó de arbitrarias e inhumanas» las medidas de la entidad de control.

Según él, se buscaba irrespetar la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

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“Hoy día se ha hecho justicia mediante una sentencia jurídica. El fondo es que el Estado ecuatoriano jamás fue perjudicado por este contrato”, dijo el exministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor.

La decisión del tribunal se expuso la mañana del 10 de noviembre. En el caso Singue está involucrados el exvicepresidente de la República Jorge Glas, el exministro de Hidrocarburos Wilson Pástor, el exministro de Energía Carlos Pareja Yanuzzeli y otros exfuncionarios del gobierno de Correa.

¿Glas puede salir en libertad?

Según el artículo 55 del Código Integral Penal (COIP), la acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de cuarenta años. Por el contrario, en una entrevista para Ecuador Verifica, el penalista Pablo Encalada explicó que el beneficio de acumulación de penas se debe aplicar.

“La falta más grave absorbe a la menos grave y la prelibertad sería aplicable con el 40 % de la pena cumplida. Entonces, el delito de 8 años por cohecho absorbe el delito de 6 años por asociación ilícita y con 3 años con 2 meses en prisión, Glas podría acceder a dicho beneficio”, manifestó en 2021.

Sin embargo, una de las trabas para acceder a la acumulación de penas hasta ese momento, era la sentencia pendiente del caso Singue. Según el artículo 254 del reglamento del SNAI, es un requisito no tener juicios pendientes para acceder a este beneficio penitenciario. Actualmente, con la resolución del caso Singue, ahora la libertada por acumulación de penas privativas puede ser una salida para Jorge Glas.

Por otro lado, Radio La Calle habló con el abogado Paul Ocaña de la firma POM Servicios Legales Integrales, empresa a cargo de la defensa de Carlos Pareja Yanuzzeli, manifestó que uno de los argumentos presentados fue la nulidad del proceso de acuerdo al artículo 652 del COIP.

Según este artículo, se puede declarar nulo un proceso si existe indefensión para las partes procesales. En este caso, se indica que el Informe de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría General de Estado (CGE) tenía un efecto de caducidad.

En este sentido, la Ley Orgánica de la CGE dice que para emitir ese informe tienen un plazo de 180 días improrrogables. Para el caso Singue se envió el IRP en el día 226 «eso hace que se declare la caducidad de dicho IRP y eso hace que vuelva nulo», dijo Ocaña.

Este documento es importante porque es un requisito de procedibilidad para iniciar con el proceso legal en contra de las personas implicadas en el caso.

 ¿Cuántos años va preso?

El exvicepresidente se entregó a la justicia a inicios de octubre de 2017. Fue condenado por dos casos de corrupción. El primero por asociación ilícita en la trama de corrupción de la petrolera brasileña Odebrecht, en la cual recibió seis años de prisión. El segundo caso por cohecho (coimas) por financiamiento ilegal para las presidenciales de Alianza País (AP); aquí recibió ocho años de cárcel.

Caso Singue

En 2015, el portal Focus, en el trabajaba Fernando Villavicencio, supuestamente reveló varios actos de corrupción en la entrega del campo Singue para su explotación petrolera.

Para 2017, la Contraloría emitió un informe de examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución suscritos entre el Estado ecuatoriano y el consorcio ecuatoriano Dygoil-Gente Oil Ecuador. Según la autoridad, halló presuntos incumplimientos e indicios de responsabilidad penal.

Ya en 2019, la Fiscalía decidió investigar el caso. El impulso fiscal inició la indagación por delito de peculado y determinó irregularidades en la estimación de cantidad petrolera para explotar el campo. Examinó el contrato de abril de 2012 durante la gestión del exministro y exviceministro de Hidrocarburos, Wilson Pastór y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente.

Finalmente, Pareja y Pastór, junto al exvicepresidente Jorge Glas y nueve funcionarios del entonces gobierno de Rafael Correa, fueron procesados por el delito de peculado en el denominado caso Singue.

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Los audios demostrarían que Jesús Miguel Trabada, el principal de Bustren, habría realizado el pago de coimas al Metro de Quito para adjudicarse un contrato de consultoría.

El convenio, de USD 15.3 millones, y que está vigente, se habría otorgado a cambio de una coima de USD 1.2 millones a funcionarios ecuatorianos.

Según el diario ABC, el audio es en la oficina de Trabada. El diálogo se produce con unos rusos que acabarían siendo sus socios para hacer trabajos, precisamente, en el Metro de Moscú.

“Nosotros, por la dirección de obra (de Quito), hemos ofertado 15 millones sobre una cosa que cuesta 1.200”, expresa el empresario en la conversación. Después afirma: “Bueno, no lo hemos ofertado. Nos lo han dado. Estamos dándonos de alta en Quito y en cuanto seamos empresa ecuatoriana, nos firman el contrato.”

Trabada conversó con ABC y negó que los diálogos demuestren que conocía de antemano los requisitos del concurso y que se hayan entregado coimas a funcionarios quiteños.

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«¿Para qué pagar si puedes coimar? El abogado de la Asociación de Gastro Bares de Quito denunció que algunos funcionarios de la AMC estarían pagando sus consumos desmedidos con amenazas o supuestos beneficios», publicó el medio a través de Twitter.

La Asociación de Gastrobares de Quito impuso una denuncia en Fiscalía General del Estado (FGE) contra el funcionario. El abogado de la asociación, Juan Pablo Torres, señaló que Villacreses fue a celebrar el cumpleaños de un amigo al gastrobar House of Rock y se fue sin pagar. Según Torres, Villacreses habría ofrecido ayuda o preferencias con los permisos para que la cuenta le saliera «gratis».

«Consumió con sus amigos una cuenta aproximada de USD 1 mil. Y al momento de pagar, él (Villacreses) dijo que él no tenía que pagar, porque él les iba a ayudar en algún momento con alguna posible clausura, entonces, que no le cobren», dijo Torres.

Por su parte, Jaime Villacreses dijo que todas esas denuncias son falsas. Aseguró que todo este problema es una estrategia política en su contra. «Los consumos que yo hice tengo los respaldos y los presentaré en el momento requerido. Respecto a las supuestas dádivas, niego cualquier señalamiento contra mí y denuncié los depósito inusuales hechos a mi cuenta bancaria», explicó el supervisor, quien puso una denuncia por calumnias.

No sería el único en la AMC

El abogado de la asociación expresó que este local no es el único que sufre este tipo de ilegalidades por parte de los agentes de control. De hecho, estos establecimientos decidiero juntarse y tomar acciones legales.

La Agencia responde

La AMC rechazó las acusaciones de La Posta. Además, advirtió que interpuso acciones jurídicas para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

«Informamos a la ciudadanía sobre la postura de la Agencia Metropolitana de Control de Quito frente a la publicación malintencionada de un medio digital. Reafirmamos nuestros valores como institución así como el compromiso con la ciudad», reza el comunicado en su cuenta de Twitter.

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La autoridad judicial aceptó el recurso de régimen semiabierto solicitado por Rivera el pasado mes de mayo. La medida se acogió gracias al informe de buen comportamiento y al no tener otros procesos penales en curso.

Aunque Rivera cumplirá el resto de su condena en libertad, tendrá que acatar una serie de medidas de control dispuestas por la justicia. Así pues, no podrá salir del país, usará un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete), deberá presentarse periódicamente y recibir tratamiento psicológico ante una entidad estatal.

Delito por caso Odebretch

En junio de 2017, Ricardo Rivera fue detenido tras haberse revelado la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebretch. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos descubrió que la empresa brasileña había repartido sobornos a cambio de obras con el Estado ecuatoriano. La justicia norteamericana ubicó que Rivera, a nombre de su sobrino Jorge Glas, habría sido uno de los enlaces de esta trama criminal. La investigación determinó USD 13.5 millones fueron repartidos en coimas a cambio de contratos con el estado.

En diciembre de 2017, Rivera -junto con Jorge Glas y otros tres implicados- fueron sentenciados a seis años de cárcel por asociación ilícita en el Centro Penitenciario Regional Número 4 del Guayas hasta el día de hoy.  

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“El 7 de septiembre a las 12:30pm en garita salió una persona que estaba con un collarín amarillo y me preguntó: ¿usted es el señor de las máquinas? Yo le dije que sí y me supo decir: su empresa va a ganar el contrato de máquinas, pero debería generar un porcentaje del 7.5%, a lo que respondí: no podría ganar un contrato porque yo ya esto de proveedor. Me dijo: ¿usted no es el señor René Escudero de la empresa Hanaska? Dije que no. Se sorprendió y se retiró”, dice parte de la carta que publicó el portal La Historia.

Villavicencio indicó que ese 7.5% se cobraría de los USD 2.000 de la ganancia de las ventas totales.

Problemas con los funcionarios

Además de este incidente el proveedor también le comentó a Villavicencio un percance con Laly Caicedo que se identificó como secretaría de Asuntos de la Presidencia de la Asamblea. En efecto, Caicedo consta como parte de la nómina del Legislativo. Fue asambleísta constituyente por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y en 2008 fue acusada de falsificar su título de abogada.

“El lunes procedimos a cambiar al personal que hace labores de promoción del producto en las máquinas, porque la persona daba mal servicio. El martes recibí la llamada de Laly Caicedo, quien me supo manifestar que solucionemos el problema con la persona que removimos, caso contrario, enviará un informe a Presidencia para poner una amonestación a mi empresa”, explicó.

El departamento jurídico de la Asamblea solicitó que el proveedor haga la denuncia correspondiente para que verifiquen si estos incidentes son ciertos o no. Ninguna de las autoridades se ha pronunciado todavía sobre el tema.

Esta nueva denuncia aparece tras conocerse que la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, solicitó el reembolso de los viáticos por un viaje a Tena y Guayaquil.

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No solo serían USD18.3 millones de los que se benefició sino que hay algunos ceros más a la derecha porque se habla del 4% de comisiones de la constructora Sinohydro, agregó.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, informó que el próximo caso que esa agrupación legislativa investigará es el InaPapers que salpica a Lenín Moreno donde se habla de comisiones que cobraba a empresas chinas para dar paso, no solo la construcción, de Coca Codo, sino también a otras hidroeléctricas, cuando fungía de Vicepresidente de la República.

Indicó que efectivamente habría una información proveniente de China que ya la tiene Fiscalía donde se corrobora los sobornos que pedía Moreno en complicidad de Conto Patiño y Xavier Macías.

“No solo serían USD18.3 millones en comisiones sino algunos ceros más a la derecha”.

Aseveró que Moreno habría pedido el 4% de comisiones a la constructora Sinohydro que le significó USD80 millones, pues el monto del contrato era de USD 2.000 millones.

“No puede separarse de lo que significó la negociación de Coca Codo cuando Lenín era vicepresidente donde hay audios y documentos donde se confirma que Moreno apareció negociando con el exembajador chino el contrato de Coca Codo”.

Puntualizó que este mismo esquema continuo operando en el Gobierno de Moreno de mano de Santiago Cuesta.

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“Él subió a tu oficina, yo hablo con él me dijo. Él (Reina) quiere USD 6.000”, dice Dahan. Reina le responde “Si, yo di la orden. Íbamos a compartir, pero Novillo no me ha dado nada”. Dahan continúa “¿Tú sabes cuánto dinero he pagado en estos casi dos meses aquí? Como USD 47.000”.

Reina le pidió comprar un iphone para poder comunicarse y no usar su celular. Dahan le pregunta cuál iphone quiere y él responde que el 11. A pesar de que es último en salir al mercado, Reina le dice que es para comunicarse nada más.

Sin embargo, no fue el único al que le dio dinero. Dahan menciona algunos nombres. “Novillo” USD 6.000, Johnny Vargas USD 20.000, el subdirector USD 2.500, la guía para traer la comida USD 20 diarios. Agrega que tiene todos los papeles de los retiros que lo confirman.

Prisión preventiva

El 1 de octubre, autoridades de la Policía detuvieron a Héctor Reina, director de la Penitenciaria del Litoral con fines investigativos. “En Guayas, autoridades detienen a Héctor R., exdirector de la Penitenciaría del Litoral, quien es investigado por Fiscalía. La audiencia de formulación de cargos será en las próximas horas”, escribió Fiscalía en un tuit.

Oren Sheinman, el otro israelí en prisión, acusó a Vivar de exigirle USD 30.000 a cambio de garantizar su seguridad cuando ingresó a la Penitenciaría. Durante los últimos meses, esa prisión ha sido escenario de asesinatos, motines y peleas entre pandillas.

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Mendoza es uno de los procesados por el delito de delincuencia organizada en la fallida construcción del hospital.  Esta es la tercera ampliación de su versión ante el fiscal Xavier Rosero.

Acercamiento

Un primer acercamiento entre Azuero y Mendoza se da por Franklin Calderón. Este último le solicitó, a  Jean Carlos Benavides (exasesor de Mendoza) que contacte a René Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras. La razón era la adjudicación de la fiscalización del Hospital de Pedernales.

“La propuesta del ingeniero Calderón incluía un monto de dinero que no recuerdo con exactitud si era $ 300.000 o $ 350.000 y que Franklin Calderón propuso se le ofreciera una parte para Eliseo Azuero y otra parte para el movimiento político Mejor, del cual Jean Carlos Benavides es secretario ejecutivo y yo soy miembro”, dijo Mendoza.

Azuero aceptó el trato y empezó a contactarse con Mendoza. “El Secob era una institución de ámbito nacional con obras en todo el país. Esta institución fue entregada a Eliseo Azuero en representación de su bancada BADI”, agregó el exasambleísta.

Presiones

Mendoza agrega que Azuero lo presionó para la efectivización del pago de la coima. “Me solicitó ayuda para poder efectivizar lo que el contratista le estaba entregando por concepto de pago de coima para él y los integrantes de su bancada legislativa. Él aclaró que utilizaba a Jorge Jalil y otras personas para cumplir con esas entregas de dinero a sus colegas de bancada”.

El exlegislador indicó que ese momento se estaba tramitando una Ley Económica Urgente en la Asamblea. “(Azuero) intentaba presionarme para que lo ayude con la efectivización de dicho cheque o él y sus compañeros de bancada no votarían a favor del proyecto de ley”.

Efectivización de la coima

Benavides también rindió testimonio e indicó que pidió ayuda para sacar el dinero

“A Miguel Ganchozo, mi vecino y amigo, le pedí que me hiciera el favor de darme cobrando un cheque de USD 40.000, yo tenía USD 400.000 divididos en 10 cheques”, expresó. 

 “En total en mi poder tenía 10 cheques de USD 40.000, de los cuales dos cobró Miguel Ganchozo; dos me incautaron el día de mi detención y seis cheques quedaron a mi recaudo y fueron entregados a Fiscalía. Esos cheques eran del Consorcio Pedernales y me los hizo llegar el señor Franklin Calderón a Daniel y a mí para que se puedan cobrar en BanEcuador, ya que su gerente Galo Fernández era cuota política nuestra”, añadió.

Finalmente, Benvides entregó el dinero en el domicilio de Azuero en el Valle de los Chillos. El pasado 8 de septiembre, Azuero renució a su curul por medio de una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. La decisión aparece después de que una Comisión Multipartidista de Investigación recomendó su destitución.

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