En medio de un acalorado debate, la bancada de Construye y RC fueron protagonistas de una riña por la aprobación de las reformas al COIP. En reiteradas ocasiones, el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, pidió orden en la sala con la advertencia de una sanción si continuaba el desorden.

La mayoría del Pleno voto en contra de la moción de presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño (RC) del voto en dos bloques. Ante la resolución el bloque parlamentario abanadonó el lugar.

La fuerza política de la RC rechazó la decisión de Kronfle para apresurar la votación y no permitir que se llegara a un consenso. Por otro lado, recalcó que la aprobación de las reformas al COIP constituyen una vía para evitar la consulta popular.

»El presidente mediante decreto puede dejar insubsistente el llamado a la consulta y utilizar eso USD 60 millones en las afectaciones que en este momento están sufriendo las familias ecuatorianas por la inclemencia del invierno», dijo la asambleísta Viviana Veloz.

Por su parte el titular del Legislativo expresó su rotunda negación a las acciones de RC y del oficialismo, bancada que también abandonó la sesión. Indicó que es necesaria una madurez política para llegar a consenso y no imponer solo que ellos quieren.

La reformas en discordia

El legislativo analiza 86 reformas al COIP, las cuales engloban temas polémicos como endurecer las penas en delitos graves, la posibilidad de que la Asamblea conozca la información reservada de las indagaciones previas de Fiscalía y el recurso de revisión de sentencias por parte de organismos de derechos humanos internacionales. Esta última propuesta generó diversas reacciones.

Si bien la RC señaló que su propuesta no tiene la intención de beneficiar al expresidente Rafael Correa, la legisladora Gissela Garzón manifestó que la verdadera preocupación de algunos legisladores es darse cuenta que no existe el “influjo psíquico” del que fue acusado el expresidente Rafael Correa.

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«Aquí no hay pactos por abajo de la mesa», dijo el titular del Legislativo en un conversatorio con los medios de comunicación.

El próximo 21 de febrero decidirá si dar el visto bueno a los cambios propuestos al COIP. Según Kronfle, la aprobación total del paquete de reformas no tiene la aceptación de la gran mayoría de bancadas por lo que existen las siguientes vías:

• Moción de la Comisión de Justicia: Aprobación total
• Moción de votación por bloques, es decir, lo positivo, lo negativo y lo quer no se cruce con la consulta popular
• Moción de Construye: Archivo total de las reformas

Agregó que también existe la posibilidad de que las propuestas regresen a la comisión parlamentaria para la revisión de textos.

Por su parte, la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) planteó dejar por fuera 17 artículos que ya se serán tratados en la consulta popular. La asambleísta Inés Alarcón manifestó cuentan con el apoyo de legisladores independientes, Partido Social Cristiano (PSC), incluso, del movimiento Construye.

Posición del PSC

Existen varias reformas polémicas que generan el debate al interior del Parlamento, entre ellas el levantamiento de la reserva de información de investigaciones penales y la posibilidad de que entes internacionales revisen las sentencias de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Kronfle señaló que desde la bancada del PSC rechazan ambas propuestas, por un lado dijo que levantar la reserva de los casos implicaría la vulneración de los procesos de investigación y podría existir filtración de información importante.

Respecto al recurso de revisión dijo que este mecanismo debería aplicarse en »errores garrafales» y no debería ser un procedimiento simple. No obstante, resaltó que la ley si acoge este recurso amparándose en los procesos de la Corte Interamericana de Derechos (CIDH). (AGM).

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El legislativo debate 86 reformas al COIP, las cuales engloban temas polémicos como endurecer las penas en delitos graves, la posibilidad de que la Asamblea conozca la información reservada de las indagaciones previas de Fiscalía y el recurso de revisión de sentencias por parte de organismos de derechos humanos. Esta última propuesta generó diversas reacciones.

»Los artículos reformados vienen con una agenda de impunidad. Ahí prácticamente se establece el regreso político del expresidente Rafael Correa’‘, dijo el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel.

Agregó que ser necesario pediría el archivo del proyecto y que la alianza entre el oficialismo el Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC) está haciendo efecto. A su criterio no tienen voz en las comisiones más importantes y se enteran a »última hora» sobre del contenido de los informes que debaten en el Pleno.

Salazar en oposición

La Fiscalía señaló que el paquete de reformas al COIP serían un intento por »instaurar la impunidad en el país». En el caso de que se apruebe el mecanismo de que los entes internacionales revisen las sentencias nacionales, la entidad resaltó que »todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor, abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia ejecutoriada sea puesto en libertad».

Respecto al levantamiento de la información reservada en investigaciones penales al Legislativo, Judicatura y otras instancias manifestó que este artículo pondría en riesgo los operativos de la Fiscalía en coordinación con la Policía.

¿Qué dice la RC?

“No tenemos la intención de beneficiar al expresidente Rafael Correa”, dijo la asambleísta de la RC, Viviana Veloz, ante los cuestionamientos de la propuesta al COIP.

La parlamentaria argumentó que no confían en los jueces que muchas veces ceden a presiones políticas y quizá a preocupación de »ciertos sectores políticos» es que los magistrados internacionales revisen sentencias que se dieron de »manera espuria» en este país.

Ratificó la falsedad del argumento del movimiento Construye respecto al supuesto regreso de Correa con la aprobación de esta reforma. Indicó que las reformas al COIP no abordan la extinción de una pena. (AGM).

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Tras cumplir con el proceso de revisión en la Corte Constitucional, el mandatario envió seis preguntas vía consulta popular y cuatro vía referéndum:

Preguntas consulta popular

1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso los centros de rehabilitación social?
2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: terrorismo y su financiación; producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; delincuencia organizada; asesinato; sicariato; trata de personas; secuestro extorsivo; tráfico de armas; lavado de activos; y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el COIP conforme el Anexo de la pregunta?
3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el COIP en el referido Anexo?
4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de
   armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas
   Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para
   uso civil, reformando el COIP conforme el Anexo de la
   pregunta?
5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones, o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el COIP conforme el Anexo de la pregunta?
6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?

Preguntas referéndum

1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?
2. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?
3. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?

Diferencia entre consulta popular y referéndum

El referéndum es uno de los mecanismos de participación de democracia directa.  La ciudadanía debe decidir sobre un tema interés nacional. Su diferencia con la consulta popular radica en el carácter normativo, en este caso, el referéndum es convocado cuando se busca una enmienda constitucional.

Por otro lado, en la consulta popular el Estado convoca a elecciones para la aprobación de una propuesta de ley o iniciativa que no consta en sistema legal y de administración pública. 

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«Las personas que circulen durante el horario de toque de queda serán puestas a órdenes de la autoridad judicial competente», sostiene el decreto 110 firmado por el mandatario.

El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) relacionada al incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente establece una pena privativa de libertad de uno a tres años a quien incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas.

¿Quién sí puede circular?

La disposición firmada por el jefe de Estado indica que hay ciertos sectores y funcionarios que podrán circular durante el horario establecido para el toque de queda:

• Servicios de salud de la red de salud pública integral y de la red privada complementaria;
• Seguridad y fuerza pública, seguridad privada complementaria y los servicios de gestión de riesgos y atención de emergencias
• Servicios de emergencia vial
• Los servidores públicos de la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado y cuerpo diplomático acreditado en el país
• Los servidores públicos o contratistas de entidades públicas que acrediten que deben desplazarse para asegurar la continuidad de los servicios públicos
• Personal del sector exportador, quienes deberán demostrar la licitud de la carga que transportan
• Personas que deban trasladarse desde y hacia aeropuertos por vuelos programados dentro del horario del toque de queda
• Abogados que acrediten la necesidad de acudir a una diligencia judicial
• Funcionarios de función judicial
• Trabajadores de medios de comunicación, siempre que acrediten la necesidad
• Trabajadores de los sectores estratégicos y servicios públicos definidos como tales en la Constitución: energía, las telecomunicaciones, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, la provisión de los servicios públicos, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias.

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La solicitud consistía en emitir una orden a la Asamblea Nacional para que realice cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP) con base a las recomendaciones de entes internacionales.

Sin embargo, con ocho votos a favor el tribunal explicó que la acción presentada por las organizaciones sociales estaba mal planteada e incompleta. Además, enfatizó en que faltaban documentos para justificar sus argumentos.

Actualmente, hay dos causales de aborto permitidas en el país: una por violación y otra para evitar la muerte de la madre en caso de riesgo. En este ocasión, la CC vuelve a rechazar esta solicitud. En 2021, concluyó que este tema requiere un debate en el Legislativo, en donde se recojan opiniones de expertos. (AGM).

ALERTA!!!

Hoy la @CorteConstEcu conocerá una demanda de incumplimiento que busca que se despenalice el aborto por malformaciones congénitas incompatibles con la vida, entre otras causales. #EsUrgenteCorte pic.twitter.com/1AKXwqwRI7

— Surkuna (@SurkunaEc) September 27, 2023

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»El Consorcio Aerosuspendido Guayaquil, operador del Sistema de transporte Aerovía, rechaza rotundamente que en nuestras instalaciones se hayan realizado actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, así como la difusión del material audiovisual que circuló de manera masiva», dijo.

¿Fue un delito?

Pese a que esta acción no es considerada como un delito en el Código Integral Penal (COIP), las Municipalidades de cada ciudad pueden emitir ordenanzas que sancionen y prohíban esta clase de actos en el espacio público. De igual manera, se debe tomar en cuenta lo que dicta el reglamento de la empresa del transporte público.

En este caso, la Aerovia establece como prohibición ”realizar actos indebidos que atenten contra las buenas costumbres e integridad de los usuarios o personal de la Aerovía”.

Además, resaltó que ”no será responsable de las posibles consecuencias o accidentes derivados de la contravención de cualquiera”.

¿Violación a la intimidad?

Del otro lado de la moneda, el video difundido salió de las cámaras de seguridad de la Aerovia. Según expertos, puede existir un delito violación a la intimidad contemplado en el artículo 178 del COIP.

Art. 178.- Violación a la intimidad. – La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El reglamento del sistema también indica que toda persona que utilice la Aerovía da su consentimiento para ser grabada, sin embargo, los vídeos no pueden ser difundidos. La responsabilidad del monitoreo y grabación de las cámaras recae en el operador, quien debe ”respetar las imágenes”. (A.G.M).

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“Señores usuarios de la cabina 117 les recuerdo que están siendo monitoreados por las cámaras de seguridad, en la siguiente estación serán desembarcado por personal de seguridad”, dijo uno de los operadores del transporte por medio de un parlante.

El hecho ocurrió el 24 de junio, sin embargo, el video apenas se hizo viral en redes sociales. Hasta el momento no ha existido ningún pronunciamiento de las autoridades y si se aplicó alguna sanción.

¿Fue un delito?

Pese a que esta acción no es considerada como un delito en el Código Integral Penal (COIP), las Municipalidades de cada ciudad pueden emitir ordenanzas que sancionen y prohíban esta clase de actos en el espacio público. De igual manera, se debe tomar en cuenta lo que dicta el reglamento de la empresa del transporte público.

En este caso, la Aerovia establece como prohibición »realizar actos indebidos que atenten contra las buenas costumbres e integridad de los usuarios o personal de la Aerovía».

Además, resaltó que »no será responsable de las posibles consecuencias o accidentes derivados de la contravención de cualquiera».

¿Violación a la intimidad?

Del otro lado de la moneda, el video difundido salió de las cámaras de seguridad de la Aerovia. Según expertos, puede existir un delito violación a la intimidad contemplado en el artículo 178 del COIP.

Art. 178.- Violación a la intimidad. – La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El reglamento del sistema también indica que toda persona que utilice la Aerovía da su consentimiento para ser grabada, sin embargo, los vídeos no pueden ser difundidos. La responsabilidad del monitoreo y grabación de las cámaras recae en el operador, quien debe »respetar las imágenes». (A.G.M).

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El 7 de junio se formuló cargo contra los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, como presuntos autores directos del supuesto delito de tráfico de influencias. En el caso también se encontraba involucrado el juez Vladimir Jhayya.

El argumento de la Fiscal se basa en un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa constitucional que derivó en la destitución de Guadalupe Llori, hasta ese entonces presidenta de la Asamblea Nacional.

La investigación

El caso inició por una denuncia presentada por exasambleístas, debido a unos audios publicados en un medio digital que revelarían conversaciones entre los procesados para influir en el resultado de un proceso político.

Los vocales habrían pedido apoyo al juez encargado de resolver un recurso judicial que presentó Guadalupe Llori para impedir su destitución de la presidencia de la Asamblea.

La Fiscal señaló que se habría obstaculizado la investigación por parte de los procesados por su falta de cooperación en la diligencia de reconocimiento de voz. «Hay un evidente riesgo que implica procesar a las máximas autoridades del órgano colegiado de la Función Judicial», sostuvo.

Para el procesado Vladimir J., la Fiscal solicitó medidas alternativas de prohibición de salida del país, uso de grillete y presentación periódica; puesto que no representa los mismos riesgos procesales que los vocales de Judicatura.

Pedidos y sanciones

Fiscalía indicó que las medidas alternativas a la privación de libertad no serían suficientes para impedir que los procesados continúen interfiriendo en el proceso, por lo que es necesaria, proporcional e idónea la prisión preventiva.

El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece el tráfico de influencias y lo sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

El órgano presentó 41 elementos de convicción, entre ellos, transcripción de la grabación, copia certificada del acta de testimonio anticipado de la jueza, certificados, versiones, etc. La magistrada que grabó la conversación habría sido incluida en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, pues habría sido víctima de amenazas. (M.W).

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La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que el suceso ocurrió en la Escuela Superior de Policía, en Pusuquí, norte de Quito.

Los uniformados activaron los protocolos de internos para iniciar con loas investigaciones y procesos administrativos y disciplinarios.

«La Institución actúa con total transparencia en este hecho y brinda todas las facilidades a los entes de la justicia», reza el comunicado.

Otro caso

La Fiscalía investigaba un caso similar al interior de la Escuela de la Policía, en octubre de 2022. La madre de otra cadete habría denunciado que su hija fue víctima de abuso sexual cuando estaba de guardia en el lugar.

Además, el pasado 11 de septiembre en el mismo lugar el expolicía Germán Cáceres asesinó a su esposa María Belén Bernal. Cerca de cumplirse un años de este atentado que causó revuelo en todo Ecuador, aún no tiene una resolución.

La audiencia de Cáceres estaba prevista para el viernes 19 de mayo. Sin embargo, la defensa del expolicía no se presentó y el proceso se aplazó para el 25 de mayo.

¿Qué dice el COIP?

El Código Integral Orgánico Penal (COIP) el delito de abuso sexual será sancionada con una pena privativa de tres a cinco años y si la persona es menor de edad o no tiene la capacidad para defenderse la pena será de siete a diez años. (N.J.C)

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Entre las recomendaciones planteadas por el Cosepe al presidente Guillermo Lasso figura aplicar medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales. Sin embargo, el decreto aún no ha sido emitido por el primer mandatario, quien afronta un proceso de juicio político en su contra por presunto delito de peculado.

Sólo tras emitirse dicho decreto, las Fuerzas Armadas podrán desplegar sus estrategias y operativos militares para combatir al terrorismo. No obstante, el gobierno no ha específicado qué agrupaciones delictivas serán identificadas como terroristas. Pero. extraoficialmente se sabe que serían ocho.

Luis Lara Jaramillo, ministro de Defensa, afirmó que esto posibilitará a las Fuerzas Armadas el uso legítimo de la fuerza. «No vacilaremos en poner en práctica toda la experiencia, capacidad y práctica, toda la experiencia. Es hora de decir ¡basta!».

¿Qué dicta la ley ecuatoriana respecto a casos de terrorismo?

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el terrorismo está tipificado en el Art. 366 que menciona: «La persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años«.

Adicionalmente, la norma actual describe 10 acciones que también son sancionadas con pena privativa de la libertad (que pueden llegar a condenadas de hasta 26 años), al estar categorizadas como delitos de terrorismo. Se trata de las siguiente:

1. La persona que, respecto de un transporte terrestre, una nave o aeronave, plataformas fijas marinas, se apodere de ella, ejerza control sobre la misma por medios tecnológicos, violentos, amenaza o intimidación; derribe, destruya, cause daños, coloque o haga colocar un artefacto o sustancia capaz de destruirlo o causar daños que le incapaciten para su transportación.
2. La persona que destruya por cualquier medio, edificación pública o privada, plataforma fija marina, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales, así como de las instalaciones o servicios de transportación terrestre, navegación aérea o marítima, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para la seguridad de la transportación terrestre, de las aeronaves o naves, como de la seguridad de las plataformas y demás edificaciones.
3. La persona que realice actos de violencia que por su naturaleza, causen o puedan causar lesiones o constituyan un peligro para la seguridad de estos o sus ocupantes, en un transporte terrestre, a bordo de una aeronave, nave, en una plataforma fija marina, en puertos, aeropuertos, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales o ambiente.
4. La persona que comunique, difunda o transmita informes falsos poniendo con ello en peligro la seguridad de un transporte terrestre, de una nave o aeronave.
5. La persona que, irrumpa los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de las personas internacionalmente protegidas.
6. La persona que realice por sí misma o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras económicas, con el objeto de dar apariencia de licitud para desarrollar actividades terroristas tipificadas en este Código.
7. La persona que hurte, robe, malverse, obtenga mediante fraude o extraiga mediante amenazas, uso de la violencia o intimidación materiales nucleares.
8. La persona que reciba, posea, use, transfiera, altere, evacúe o disperse materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa lesiones graves a una persona o grupo de personas o daños materiales sustanciales.
9. La persona que entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura, con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales a las personas o con el fin de causar una destrucción material significativa.
10. Cuando por la realización de estos actos se produzca la muerte de una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

JR

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Luego de la decisión del juez, Espinoza salió de prisión, pero continuará el proceso investigativo bajo libertad condicionada. Además, deberá presentarse periódicamente antes las autoridades y no podrá salir del país.

La entidad de control explicó que los elementos bajo los cuales se solicitó prisión preventiva no han cambiado, por lo que no tenía sustento legal para que la petición sea aceptada.

«La FGE considera un desacierto la decisión del juez Calderón, pues su resolución no cumple con las condiciones estipuladas en la Ley para que sean revisadas y modificadas», reza el comunicado.

El motivo de su detención

El 28 de febrero, la Policía Nacional detuvo a Espinoza con 10 mil videos sexuales de niños. La Fiscalía y los uniformados realizaron cuatro allanamientos en Guayaquil y Daule como parte de la investigación por pornografía infantil. En el operativo apresaron a tres ciudadanos, entre ellos, Espinoza.

¿Qué dice el COIP?

Según el artículo 104 del COIP, la persona que “publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda, por cualquier medio, para uso personal o para intercambio de pornografía de niños, niñas y adolescentes, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años”.

El polémico video que terminó en investigación

El pasado 22 de diciembre, la Fiscalía inició una investigación contra la influencer por el video que realizó junto a estudiantes de un colegio en Guayaquil para subirlo a su página de OnlyFans.

Espinoza ofrecía caramelos a los jóvenes a cambio de que le toquen sus senos mientras iba en su auto vestida de mamá Noela. La implicada se justificó al decir los estudiantes aparentaban 16 o 17 años y que solo subió una parte del video.

«No hice algo bien, no hice algo correcto. Pero hoy en día, pelados de 15, 14, 13 años de colegio salen drogándose; que solo me hayan cogido las $%&# cuestión de segundos, ya está. Ya fue», indicó para el Extra. (N.J.C)

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La acción implicaría una intromisión en la Constitución vigente del país ya que los militares solamente pueden ejecutar operaciones cuando se ha declarado una emergencia o “estado de excepción”. De esta forma, la acción deberá ser “mitigada” por una reforma parcial de la Carta Magna, aprobada por la Asamblea Nacional.

“Es una acción importante. (…) para tener claro quiénes son los verdaderos enemigos. (…) (permitiría) inclusive la utilización de armamento, justificado por supuesto”, mencionó el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.

Según el secretario de Gobierno, esta decisión se fundamenta también en la soberanía o existencia propia del estado. “Los grupos de crimen organizado y narcotráfico no pueden tener a su merced a los ecuatorianos. Atentan contra la existencia del estado. (…) han elevado, lastimosamente, su peligrosidad”, expresó Cucalón.

Así pues, las autoridades consideran que ambos cambios, la declaración y posible reforma, son una solución oportuna para la crisis de violencia que existe en el Ecuador.

¿Cuándo se cataloga a un individuo u organismo como terrorista?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sí identifica el delito de terrorismo. Es decir, los implicados en un acto terrorista pueden ser juzgados por dicho crimen. Pero la situación es diferente a que un individuo o grupo sea netamente rastreado, identificado y sometido con todo el vigor y herramientas de las Fuerzas Armadas.

Así pues, el delito de terrorismo está ya definido en el capítulo séptimo del artículo 366 del COIP, que se especifica:

“La persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”.

En el inciso diez del mismo artículo, se define que “cuando por la realización de estos actos se produzca la muerte de una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”. (B.T.R).

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Según información oficial de Fiscalía, la notificación relacionada a la pretensión de Danilo Carrera de salir del país ocurrió aproximadamente a las 18h00. Fiscalía solicitó su retención a las 18h30, rigiéndose en el Art. 444, numeral 8, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

«Rendirá la ampliación de su versión en las próximas horas», se limitó a explicar Fiscalía a través de su cuenta oficial de Twitter.

Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, figura como uno de los implicados directos de una presunta trama de corrupción expuesta a través de la investigación conocida como ‘El Gran Padrino’.

Carrera, además fue un amigo cercano de Rubén Cherres (otro de los implicados en la investigación), hallado muerto y con signos de tortura a finales de marzo de 2023.

JR

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«Estamos vendiendo acceso a información de pacientes vacunados entre 2021 y 2023, hay millones de registros (…) En resumen, podríamos hablar de toda la población ecuatoriana vacunada«, dice el aviso publicado originalmente en inglés.

Dicha información se encuentra clasificada por variables de año, mes, día, hora; punto de vacunacion, establecimiento, zona, distrito, provincia, cantón; apellidos, nombres y tipo identificación y número de documento, entre otras veinte específicaciones que incluyen números de teléfono y correo electrónico. Lotes y fases de vacunación (también vacunador y digitador) estan incluídos.

Aunque en dicha publicación no se exhiben precios o valores para obtener la información, sí existe un enlace hacia una cuenta de red Telegram para conseguir más detalles. En tanto, Fiscalía y Policía Nacional aún no han realizado un pronunciamiento oficial respecto al suceso.

El hecho contradice lo publicado por MSP sobre base de datos

El pasado 6 de marzo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) afirmó que nunca existió una filtración de base de datos de la institución. Esto ante rumores surgidos en redes sociales sobre una posible filtración.

Dicho Organismo argumentó que sus sistemas informáticos no fueron vulnerados pues estos «operan con la normativa gubernamental, internacional y protocolos informáticos propios de la industria«.

En dicho comunicado aclaró que la revelación ilegal de bases de datos es sancionada por el Código Órganico Integral Penal (COIP) y la Ley Órganica de Protección de Datos Personales.

Por ahora, se presume que dicha filtración de información ocurre porque esas bases de datos «no estaban anonimizadas». Según explicó Oporto (a través de un tweet), «simplemente publican ellos mismos todo«, refiriéndose al MSP.

JR

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Mediante una entrevista en un programa radial, Nájera afirmó que “en la reunión, cuatro consejeros electorales planificaron repartirse las presidencias y vicepresidencias de las Juntas Provinciales”. Posiblemente se estarían vendiendo los cargos para puestos en provincias.

Sanción en Fiscalía

Ante estos actos, la Fiscalía puede tomar acciones legales contra las personas que intervinieron en la transacción al formular cargos por presunta concusión. Según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el trabajador público que haya abusado de su cargo, además de exigir y ordenar la entrega de contribuciones, intereses, sueldos o gratificaciones no autorizadas, ni debidas será sancionado con tres a cinco años de cárcel. Además, en el caso de que se agraven las acciones con actos de violencia o amenaza, la privación de la libertad será de cinco a siete años.

Declaraciones de la vocal del CNE

Nájera dijo que se excusan bajo el trabajo de seguimiento de la provincia de Napo. Mientras que el panorama es totalmente distinto. Los cuatro consejeros se habriàn reunido para distribuirse, no solamente las personas que tienen a su cargo, sino las que no se les otorgaron en un determinado momento y que pertenecían al consejero Luis Verdesoto. Posteriormente en esta reunión ya estaban planificando repartirse las presidencias y vicepresidencias de las juntas provinciales electorales.

La funcionaria aseveró que “hay que aclararle a la ciudadanía que una cosa es el control de la Dirección Provincial Electoral y otra es el control de la Junta Provincial Electoral”. Inmediatamente, la vocal se refirió a un proceso en contra de la presidenta del CNE, Diana Atamaint “Pero si del ingeniero Pita que siguió un juicio político contra la señora Atamaint, y en ese juicio en el diario Expreso, cuando él comparece a las comisiones de fiscalización dice ‘tener mayoría no sale gratis’”.

Nájera, en su denuncia, expresó que aunque durante la sesión se habló de fraude electoral, la palabra que más escandalizó a los integrantes de Comisión de Fiscalización fue otro “reparto”. A su vez, la consejera del CNE indicó que “Enrique Pita explicó cuántas coordinaciones, direcciones y secretarías le fueron entregadas a cada consejero y que él dijo que “Diana Atamaint permitió eso” y no es gratis. ­ Pero ahora resulta que él es parte de la mayoría y del reparto”. Al finalizar, Nájera vuelve a exponer que “tener una mayoría se paga gestionando y ubicando gente como yo. Pues si no hay transparencia, entonces ¿de qué estamos hablando?”. (J.P)

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Valladares recalcó que el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 30, establece que no existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por la necesidad o legítima defensa.

“Mediante la ley lo que se pretende es garantizar y salvaguardar el trabajo de los buenos miembros policiales que existen”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, reiteró que los principios básicos la Organización de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza progresiva establecen que se puede actuar utilizando armas cuando corre riesgo no solo la vida de los miembros de seguridad, sino de las personas.

“Lastimosamente las autoridades, Fiscalía y muchos jueces no observan la ley y van de manera directa a procesar y sancionar a las personas”, sostuvo Valladares.

Respecto al uso de animales para reprimir a las personas en manifestaciones, el juriconsultor aseguró que es lógico y preciso eliminar este mecanismo, pues se busca respetar los derechos y las garantías de los animales.

Valladares también reiteró que el uso progresivo de la fuerza no es en base a los ciudadanos. “Los ciudadanos tienen el derecho a la resistencia, garantizado en la Constitución de la República”, afirmó.

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“El objetivo es autorizar el uso progresivo de la fuerza, respaldando a los policías y a los militares, también reformará la Ley de Seguridad Pública y del Estado para mejorar la cooperación entre la Policía y Fuerzas Armadas, sin esperar estados de excepción, sino en tiempo regular”, señaló.

Asimismo, dijo que la normativa busca asegurar que los servidores policiales tengan patrocinio legal cuando son sujetos de investigaciones. “Que no pase lo del cabo Santiago Olmedo que tiene que asumir el costo de su defensa. El estado asumirá el costo de la defensa de la policía y de los elementos de las Fuerzas Armada que resulten enjuiciados, en el cumplimiento de su deber”, afirmó el presidente.

También informó que este proyecto de Ley propone reformar el COIP y ordenar que existan investigaciones más diligentes. Explicó que se crea el delito de terrorismo en los centros de privación de libertad y que no será necesario que el juez notifique al sospechoso, disminuyendo así el peligro de fuga.

Además, sostuvo que el cuerpo legal tendrá disposiciones legales orientadas a reducir el hacinamiento y a fortalecer la gestión en los centros de privación de libertad.

Otras acciones inmediatas

Entre las acciones inmediatas dispuestas por Lasso, está el cambio del comandante General de la Policía. Lasso designó a Carlos Fernando Cabrera en reemplazo de Tannya Varela.

Asimismo, dispuso que el viceministro del Interior, Max Campos, se traslade a la ciudad de Guayaquil, específicamente al Cuartel Modelo, como centro de operaciones y “esté presente frente a hechos delincuenciales y tener una respuesta lo más rápida posible”.

Indicó que una de las primeras acciones a ejecutar y coordinar, por parte de Campos, es la presencia de 1.100 policías adicionales a los que existen en Guayaquil. Asimismo, deberá coordinar con las Fuerzas Armadas su presencia en las calles.

Lasso informó que el ministro de Defensa, Luis Hernández, ya ordenó operativos para que los militares vigilen Guayaquil, desde las 17:00 de este domingo. También indicó que las Fuerzas Armadas fortalecerán aún más el control en el cordón fronterizo para evitar el ingreso de droga desde el norte o armas desde el sur.

Dijo tambien que las Fuerzas Armadas deberán robustecer los sistemas de control y trazabilidad sobre la producción de municiones y armas utilizadas en actos delincuenciales.

El mandatario también informó que dispuso 9 millones de dólares del Presupuesto General del Estado para que, inmediatamente, la Policía lo invierta en equipamiento, como autos, motos y otros equipos para sus operaciones en Guayaquil.

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“Hay más de 65 sicarios que han cometido delitos y estamos esperando que cometan otro delito para notificarlos”, añadió.

En una entrevista con Teleamazonas, Varela sostuvo que para cambiar esta situación se necesita modificar las normas del uso progresivo de la fuerza, aprobar la Ley de Inteligencia, que está en la Asamblea, y cambiar el Código Orgánico Integral Penal (COIP). «Es importante. Tenemos qu cambiar el COIP, hay que analizar el articulado para que nosotros podamos hacer», dijo.

Asimismo, indicó que han tenido más de 90.000 detenidos en flagrancia y que la reincidencia no es considerada.

Sobre el asesinato del ciudadano holandés en Guayaquil, aseguró “sabemos quién es, lo tenemos identificado, es una persona consumidora de drogas que tiene 6 antecedentes”, dijo Varela.

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El COIP en su capítulo segundo, sección primera, indica:

Art. 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Artículo 143.- Sicariato.- La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Ninguno de los artículos señala que debe existir una notificación de investigación previa. Sin embargo, Varela recalcó que hace falta un nuevo código penal que agilice los procesos de investigación de delitos.

Turista holandés asesinado

El turista identificado como Vogel Jacob Cornelis, de 56 años fue asesinado con un disparo en el tórax por resistirse al robo. El hecho ocurrió el pasado 19 de enero, en un establecimiento ubicado en la escalinata del Cerro Santa Ana. Este crimen se suma a la larga lista de asesinatos suscitados en la semana, que sigue en aumento. Al momento de la realización de esta nota y durante este fin de semana se han registrado al menos cuatro robos a mano armada que han terminado en tragedia. Tambien se contaron 5 asesinatos y 12 heridos por una masacre en Playita del Guasmo.

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“En el mismo cuerpo legal atacaremos la raíz del problema: los jefes de las mafias. Tipificaremos el nuevo delito de “autoría por dominio de organización”. Es decir: los jefes de las bandas pagarán también por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices”, explicó Lasso. 

“El problema con la propuesta es que se trata de un tipo de autoría, no de un tipo penal y lo segundo es que ya está legislado en el Art. 42 del COIP, le hacen pasar vergüenza al presidente los ignorantes que tiene a su lado”, indicó el asambleísta Fausto Jarrín. 

La correcciòn

Las criticas sobre si Lasso o sus asesores no manejan la tipificación que existe dentro del COIP llevó al mandatario a retractarse y mostrar una fe de erratas. Solamente ampliarán el tratamiento del delito. 

“Fe de erratas: En el mismo cuerpo legal atacaremos la raíz del problema: los jefes de las mafias. Ampliaremos y aplicaremos la teoría de autoría por dominio de organización. Es decir, los jefes de bandas también pagarán por los delitos que ordenen cometer”, anunció.  

La Ley

El artículo 42 del COIP define varios tipos de autores al momento de cometer un delito. Entre ellos están los de autoría mediata que incluyen:

a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre
que tal acción ha determinado su comisión.

b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto.

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda
calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin.

d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva.

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