En esta ocasión, la empresa estatal solicita un remolcador obsoleto fabricado en 1979 para realizar operaciones en el Terminal Petrolero de la Libertad, las cuales involucran a buques tanqueros de combustible o petróleo.

Es evidente que este contrato está dirigido a una empresa, cuyo dueño es amigo del exgerente subrogante de Petroecuador, Reinaldo Armijos ya que solo una empresa en el país oferta remolcadores tan viejos.

Accidentes con tanqueros

En lo que va de 2023, ya han ocurrido dos graves siniestros que involucran a tanqueros. En abril, en el puerto petrolero de Balao, el remolcador CORSARIO IV, parte de la misma flota obsoleta a la que se pertenece el remolcador que está solicitando Petroecuador, sufrió un incendio a metros del buque tanque Cartagena, que en ese momento contaba con una carga de gasolina de 298.271 barriles.

Un segundo accidente provocado por estos remolcadores obsoletos ocurrió el 1 de julio, cuando otro de los remolcadores obsoletos destrozó la hélice del buque Maria Elena cargado con petróleo en el Puerto Petrolero de La Libertad, donde volverán a operar por pedido de Petroecuador.

Los tratados internacionales exigen que los remolcadores marítimos, por la delicadeza de sus funciones, cumplan con una serie de requerimientos, entre los que destacan la gran capacidad en sus motores que les permita arrastrar gigantescos buques, así como la posibilidad de realizar giros sobre su propio eje (giro azimutal), de tal manera que puedan realizar maniobras complejas evitando los siniestros.

El Colectivo denuncia que tanto los trabajadores de puertos y embarcaciones como los ecosistemas marinos se encuentran en peligro a raíz de que durante la administración del exministro de Transporte, César Rohon se relajaron los controles y se permite el continuo uso de remolcadores obsoletos, los cuales constantemente ocasionan siniestros. (MIB)

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«La idea generar una acción de protección que impugne las exigencias impuestas por la carta de intención del FMI. Esta acción de protección promueve la privatización del Banco Central, lo que va en contra de Constitución. El artículo 88 de la Constitución viabiliza este pedido ciudadano», dijo Richard González, miembro de AJP.

El Ministerio de Finanzas planea enviar a la Asamblea la Reforma al Código Monetario y Financiero el próximo viernes 15 de enero de 2021. Esta reforma forma parte de los acuerdos con el FMI, que, a decir del colectivo, apuntan hacia la privatización de Banco Central, además de los ya sucedidos despidos y reducciones salariales.

El colectivo de Acción Jurídica Popular, en coincidencia con el Centro de Derechos Económicos Culturales y Sociales (CEDES) y el Observatorio de la Dolarización hacen un llamado a la defensa de los derechos constitucionales. Esta organización generó una plataforma para la recolección de firmas que respalden su acción. Quienes estén interesados en evitar la privatización del Banco Central del Ecuador deben ingresar aquí: NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL BCE.

El lunes 11 de enero de 2021, el colectivo pretende enviar una demanda de Acción de Protección Al juez de Garantías Penales de Quito. Por ello, busca la mayor adhesión de ecuatorianos que quieran aportar con su firma en la demanda para continuar con la defensa de los derechos de los ciudadanos.

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“Las reivindicaciones laborales de los trabajadores de Lácteos González deben ser procesadas con respeto de las reglas y los derechos que los trabajadores tienen para impulsar sus legítimos reclamos. Por eso exigimos al Ministerio de Gobierno y de Trabajo transparenten sus acciones. Hasta el momento por la acción del primero y el silencio del segundo se ha irrespetado el derecho a la protesta”, dice parte del comunicado del colectivo.

La organización envía toda su solidaridad a los trabajadores. «Su lucha redunda en favor de los demás trabajadores y personas de clase media y baja. Personas que no disponemos de los recursos suficientes para afrontar la crisis. Sin embargo, las clases pudientes del país pretenden que la llevemos en nuestras espaldas”.

Intervención de la Policía

El pasado 24 de septiembre, un pelotón de policías a cargo del coronel Ernesto Pérez Hidalgo impidió la toma de instalaciones de la empresa.

A pesar de que uno de los trabajadores indica que tienen los papeles correspondientes y están esperando al abogado. “Yo hago mi trabajo como Policía Nacional, no me interesan sus problemas o porque está aquí”, responde el coronel.

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