La periodista Elena Rodríguez Yánez reportó que las organizaciones criminales que manejan las ciudades de Durán, Guayaquil, Babahoyo y Esmeraldas, comenzaron sus amenazas contra varias instituciones educativas. Así lo refleja en un supuesto comunicado que uno de los grupos dejó en las afueras de un plantel.

“Para su protección, la de sus estudiantes y sus maestros, deben cancelar la suma de 30 dólares semanales por cada maestro y tres dólares por cada estudiante para contar con nuestro cuidado y protección”, dice el comunicado.

Y si no, ¿qué?

“En caso de resistirse a cancelar los valores de protección, nos veremos en la necesidad de explotar sus aulas, o asistir a su domicilio”, concluye el mensaje.

Las autoridades correspondientes aún no se han pronunciado sobre el reciente hecho de amenazas para identificar si es verdadero o no. Sin embargo, aquello no solo aviva la inseguridad que vive la ciudadanía.

No es un hecho reciente

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, admitió la grave situación meses atrás. “Hasta niños de las escuelas están pagando vacunas. Los extorsionadores los esperan afuera de las escuelas y colegios y les piden desde USD 1”, mencionó Viteri. Además las amenazas también llegaron a los directores de las instituciones.

El Gobierno del presidente Lasso habría dispuesto la implementación de patrulleros a la salida de cada centro educativo. Moradores de distintas zonas han denunciado el incumplimiento de estas medidas.

¿Y la solución?

Viteri mencionó que una solución es “armar a los inocentes y desarmar a los delincuentes”. Así le solicitó al presidente Lasso mediante un video. (J.P.C)

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La cartera de Estado argumentó que tomó esa medida para precautelar la seguridad e integridad de los estudiantes de las instituciones públicas debido a la ola de violencia que atraviesa el Ecuador. Sin embargo, se acatarán estas disposiciones:

• La jornada nocturna se encuentra suspendida de manera general para todas las escuelas y colegios.
• Se continuarán las clases a distancia con el apoyo de tutores y fichas pedagógicas. Si es necesario se reprogramarán para el día sábado.
• Se reduce la jornada vespertina hasta las 16:30.

Son 10 los planteles se se acogerán a la modalidad a distancia (virtual):

• Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano
• Unidad Educativa Fiscal Vicente de Piedrahita
• Escuela de Educación Básica fiscal Matilde Hidalgo
• Escuela de Educación Básica fiscal Nicolás Augusto
• Unidad Educativa Particular Ancon
• Unidad Educativa Fiscal General Eloy Alfaro
• Escuela de Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño
• Unidad Educativa Fiscal Provincia del Cañar
• Unidad Educativa Fiscal Durán
• Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Twinza

Por otro lado, Educación señaló que los centros particulares podrán acogerse de manera voluntaria a la virtualidad por la inseguridad en la provincia.

Finalmente, precisó que «se mantienen en sesión permanente en las mesas de seguridad, evaluando la situación con los organismos de control, a fin de informar de manera oportuna a la comunidad educativa nuevas disposiciones». Así reza el comunicado de la Subsecretaría de Ecuación Zona 8.

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Asimismo, en este plan participa el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (CUACME). Además, a esta tarea ahora se suman, al menos, 85 agentes de control metropolitano para que los estudiantes se sientan más seguros.

También, la alcaldesa Cynthia Viteri manifestó que estas medidas son parte de la implementación de los Puntos Municipales de Atención y Seguridad (PUMAS). Este plan arrancó con 30 planteles educativos y a cada uno se le han asignado dos metropolitanos.

“Este plan tiene como propósito garantizar que los estudiantes, tanto de colegios como de escuelas, tengan las mejores condiciones para un retorno a clases seguro. Aquí hablamos de seguridad, porque el comercio informal es usado en muchísimas ocasiones por microtraficantes para expender sus ilícitos productos en los exteriores de las unidades educativas”, indicó Jaime Dávalos, director del Cuerpo Uniformado de Agentes de Control Metropolitano (Cuacme).

Los padres de familia

Los padres de familia están de acuerdo con los controles porque les preocupa que ahora los delincuentes no respetan ni a los estudiantes. Asimismo, aseguran que los antisociales son capaces de disparar a los jovenes por robarles un celular.

Esta afirmación se complementa con lo ocurrido en el suburbio de Guayaquil hace una semana. En este caso un adolescente que subía a un autobús resultó herido por resistirse al robo de unos motorizados.

Asimismo, se dio un caso similar en Babahoyo, Los Ríos, donde un estudiante de 15 años con discapacidad intelectual recibió una puñalada en el hombro en medio del robo de su teléfono. Todos estos casos han derivado en resguardo policial y ahora también de metropolitanos fuera de los planteles.

Sin embargo, los padres consideran que los controles también deberían darse dentro de las aulas. Por lo que, piden a la Policía de Antinarcóticos implementar las requisas. Asimismo, no descartan que los mismos estudiantes estén siendo los microexpendedores de sus compañeros.

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La autorización debe regirse a los informes de la Comisión de Educación Superior y las «Recomendaciones para el retorno progresivo de las actividades académicas”.

El monitoreo de estos planes está a cargo de la Secretaría de la Senescyt y el Consejo de Educación Superior (CES).

Conforme a la situación de la pandemia, el COE Nacional podrá modificar la autorización en cuestión. En el listado de instituciones educativas constan instituciones privadas y fiscales.

A finales de octubre, la ministra de Educación, Monserrat Creamer aseguró que «no es momento para pensar en el retorno a clases presenciales».

La funcionaria declaró que la infraestructura del sistema educativo fiscal del país no está en condiciones óptimas para el retorno a las aulas.

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