Meses atrás la Secretaría de Seguridad indicó que los comerciantes autónomos tienen la opción de retirar la mercadería decomisada. Sin embargo, lo que se evidencia más allá de los decomisos es la agresión con la que actúan los agentes.

En el artículo 329 de la Constitución se establece lo siguiente respecto al trabajo autónomo:

“Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, herramientas o materiales de trabajo.”

Este tipo de agresiones y abusos son el pan de cada día para los comerciantes. Por ejemplo, en noviembre del año pasado imágenes de vendedores con golpes en la cara y cabeza fueron compartidas por la Asociación de Trabajadores Autónomos (Asotrab), producto de enfrentamientos con los agentes.

También el 31 de octubre del 2021 en las calles Imbabura y Chile en Quito se produjo un acto violento por parte de la policía metropolitana en el cual resultó herida una comerciante autónoma.

El Municipio ha insistido en que hay cuatro espacios o centros de expendio en donde busca la reubicación de los comerciantes del centro, pero a pesar de eso no ha brindado medidas de protección para los comerciantes.

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«Cómo es esto que en los centros comerciales no hay ningún control, pero para los ambulantes que trabajan en un espacio abierto, hay grupos especializados como el GAT para que se los reprima. Sabemos de que lado está el Estado con su actual gobernante Guillermo Lasso», señalan en un trino.

Con la pandemia de la COVID-19 y las políticas neoliberales de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, el desempleó creció en el Ecuador. Miles de ecuatorianos han pasado a la informalidad y se han tomado las calles del país con la intención de obtener recursos para sostener a sus familias. Sin embargo, día a día se encuentran con la represión y discriminación de agentes municipales que los despojan de su mercadería de forma violenta.

La represión

En Guayaquil, el pasado 7 de diciembre del 2021, decenas de personas se agolparon con carteles, silbatos y consignas en las inmediaciones de la Unidad Judicial Penal Norte 2. El motivo fue la revisión de una acción de protección, presentada por un grupo de comerciantes informales.“Tenemos hambre, déjennos trabajar”, eran parte de los gritos que se replicaban entre los vendedores autónomos.

En Quito, un grupo de comerciantes informales se reunió el pasado jueves 9 de diciembre del 2021, en el parque El Arbolito, para protestar contra las políticas municipales. Ellos aseguran que los agentes metropolitanos de control “no les dejan trabajar en las calles de la ciudad”. Reclaman por los operativos que está realizando el Municipio de Quito, en los cuales «se roban» la mercadería de los trabajadores autónomos.

¿Controles solo para algunos?

La molestia ocurre porque los venderores informales trabajan en un espacio abierto y mantienen las medidas de bioseguridad, mietras que el pasado 9 de enero de se realizó un evento en el interior de un centro comercial en Cuenca, donde no se respetaron medidas de bioseguridad y tampoco existió la presencia de agentes municipales que hagan respetar la normativa.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, en sus resoluciones del 7 de enero, exhortó a la “postergación de certámenes deportivos para estudiantes o eventos en los que participen o asistan niños, niñas y adolescentes hasta la próxima revisión de la situación epidemiológica en 8 días”.

Sin embargo, en los videos que circulan en redes se observa claramente que a los tiktokers les costó llegar a la tarima, por la cantidad de jóvenes que querían tocarlos o fotografiarlos. Además, en los videos se muestra que tanto los influencers cómo algunos asistentes no portaban mascarillas.

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El alcalde indicó que, hace unos días, lograron carnetizar a más de 2.500 trabajadores independientes. Asimismo, aseguró que son capacitados en la Agencia de Promoción Económica ConQuito. “Les entregamos un código QR, un chaleco, impartimos un modelo de negocios”, sostuvo.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para no estigmatizar el tema del trabajo autónomo, pues aseguró que los niveles de pobreza y pobreza extrema se han duplicado en la capital.

“La falta de empleo, de trabajo. Muchos de ellos se han quedado sin el sustento diario y salen a hacer alguna actividad (…) Desde luego, el tema económico ha hecho que muchísimas personas se lancen a emprendimientos y a ser trabajadores autónomos”, señaló.

Yunda explicó que la tarea del Municipio es ordenar, disciplinar y capacitar a los comerciantes autónomos. Asimismo, indicó que ese es un trabajo que no será de la noche a la mañana, sino permanente y en coordinación con los diferentes estamentos municipales.

Sin embargo, destacó que ya hay avances. Por ejemplo, dijo que en las Casas Somos se están creando espacios para que los trabajadores autónomos puedan realizar sus actividades. Igualmente, señaló que están repotenciando los mercados, de distintas zonas de la ciudad, y construyendo plataformas para que los vendedores informales puedan ubicarse.

“Queremos dar una oportunidad, porque eso de querer reprimir y solamente controlar sin dar oportunidades sería muy lesivo en estos momentos tan delicados de la economía y de los niveles de pobreza que tiene la ciudad”, mencionó.

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Después de un forcejeo, la Policía sube la mesa al balde de una camioneta ante la impotencia del comerciante. Hasta septiembre de este año, los índices de subempleo aumentaron del 17.8% al 23.4%, mientras que el empleo informal pasó del 46.7% al 48.6%.

La respuesta de la alcaldía

La alcaldía de Guayaquil indicó en un comunicado que se realizarán acciones administrativas con la Dirección de Talento Humano para aplicar las sanciones disciplinarias que correspondan. “Este tipo de actos van en contra del trabajo que ha desempeñado el Cabildo Porteño. Busca intensificar la formación en valores y la gestión en resolución de conflictos, de acuerdo con la normativa vigente”, reza parte del comunicado.

Maltrato Policial

El de Guayaquil no es el único caso de violencia contra los comerciantes informales. El pasado 14 de octubre, una agente municipal y dos personas del Municipio de Durán ataron con cinta adhesiva a una comerciante informal con el 60% de discapacidad auditiva y de lenguaje. Le lanzaron agua y la golpearon en los glúteos. La alcaldía de ese cantón separó a los funcionarios después del incidente.

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La prisión preventiva también se dispuso para el funcionario municipal Romel L.V, quien habría grabado el video que se difundió en redes sociales. Dos implicados más en el incidente se encuentran prófugos. Un hombre que supuestamente habría atado a la víctima con cinta adhesiva y otro que le arrojó agua sobre su cabeza, señaló para medios locales el jefe de Policía de Durán, William Calle.

“Por pedido de la Fiscalía del Ecuador, juez dictó prisión preventiva contra María José M. M. y Romel L.V., por la agresión contra una comerciante con discapacidad en Durán. Son procesados por presunta participación en el delito de odio”, publicó la Fiscalía General del Estado en su cuenta de Twitter.

En el video se observa a la víctima, quien tiene discapacidad en lenguaje y auditiva de 60%, atada a un poste. Acto seguido, la ahora exfuncionaria golpea sus glúteos y después otra persona verte agua sobre su cabeza.

El alcalde de Durán, Dalton Narváez, puso una denuncia y ordenó la desvinculación de ambos servidores públicos. El GAD de ese cantón se reunió con la Defensoría del Pueblo para investigar el caso.

El delito de odio contempla la privación de libertad de 1 a 3 años, según el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (CE).

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