Según la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la resolución ministerial que adjudica el campo al consorcio Sinopetrol (integrado por Sinopec y NSE), sigue vigente. Esto permitiría al Ejecutivo firmar el contrato en cualquier momento, lo que ha generado críticas de legisladores opositores, quienes exigen su derogación inmediata.

Incumplimiento de plazos y contradicciones

El presidente Daniel Noboa había fijado como plazo límite el 11 de marzo para el pago de una prima de USD 1.500 millones, requisito no cumplido por el consorcio. Sin embargo, NSE anunció que logró recaudar USD 120 millones –mediante la venta de acciones– como parte del financiamiento, mientras que Shell aportaría los USD 480 millones restantes.

Analistas de HFI Research, señalan que el acuerdo no está descartado, pese al incumplimiento del plazo. La fecha oficial de cierre sigue siendo el 16 de abril, dos días después de la segunda vuelta electoral. Si Noboa gana, el contrato podría concretarse; de lo contrario, el financiamiento se cancelaría.

Crisis política y judicial

La bancada de la Revolución Ciudadana, acusó al gobierno de opacidad y prepara un juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, por no comparecer ante la Asamblea para explicar el caso. Paralelamente, el abogado Washington Andrade, representante de trabajadores petroleros, denunció persecución judicial contra quienes se oponen a la concesión, asegurando que el gobierno utiliza denuncias falsas para intimidar a los críticos.

Mientras el Ministerio de Energía insiste en que «no hay nada más que discutir», el mercado petrolero y los inversionistas permanecen en vilo, a la espera de los resultados electorales y una definición legal sobre el futuro del Campo Sacha.

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La resolución de archivo se sustenta en el retiro de firmas a las tres solicitudes de juicio político, pues ahora no cuentan con las 34 que establece la normativa. La comisión argumentó que no puede sustanciar procesos que en incumplen con los requisitos constitucionales.

El pasado 30 de junio el presidente Daniel Noboa señaló que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y Construye se aliaron para adelantar el juicio político contra la canciller. Asimismo la bancada oficialista denunció que el acto del retiro de firmas es ilegal »¿sacar firmas es imposibles, pero introducir no?», cuestionó.

Construye alegó que ninguno de sus legisladores apoyó estos juicios políticos por lo que no retiraron ninguna firma. Por otro lado, el PSC y la RC si retiraron su apoyo. Después de Sommerfeld, a quien se le atribuye responsabilidades por la intromisión en la embajada de México, sigue la ministra del Interior, Mónica Palencia. (AGM).

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El pasado 20 de junio el expresidente de la Judicatura- quien ahora es procesado por presunta obstrucción a la justicia y llamado a juicio político– leyó ante la Comisión de Fiscalización los chats que mantenía con la fiscal Diana Salazar.

Durante su confesión reveló que la funcionaria buscaba »cooptar espacios en la Corte Nacional» a través del concurso de jueces nacionales, en este sentido, resaltó que todo se trataría de una venganza al no ceder a sus intereses.

Por su parte, Fiscalía señaló que este es un nuevo intento de desbaratar los casos de corrupción y narcotráfico que lleva adelante, y que involucran al exfuncionario.

»Se evidencia que buscan entorpecer el trabajo de la justica a través de jugarretas políticas que no benefician a la ciudadanía, sino a ciertos movimientos políticos relacionados con los procesados. Por ello, la Institución se ve en la necesidad de referirse -por esta única vez- a los hechos», resaltó.

Caso Terán

En febrero, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román, denunció que el personal del extitular de la entidad, Wilman Terán habría intentado acceder al sistema encriptado de las preguntas para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Según Román, el sistema sí fue entregado a los sujetos, pero comentó que el hecho es investigado por la Unidad de Transparencia.

El Pleno del (CJ) declaró nulo el proceso de renovación de jueces de la CNJ, el 18 de enero de 2024. El comunicado de la entidad aseguró que el proceso tenía anomalías e inconsistencias que traerían sanciones penales o administrativas.(AGM).

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«A las 9:10 de la mañana nos llegó un correo que es todo lo que sabemos sobre el señor Aleaga. Quiero decir que no he tenido contacto ni conversado con él desde la campaña inicial de Luisa González. Recuerden que él también renuncia a la RC. Cuando ya estábamos sesionando, el señor Aleaga solicitó hablar en el punto de las acciones que se realizan para garantizar los principios de oportunidad y confidencialidad en todos los casos», dijo en entrevista con Radio La Calle.

De acuerdo con el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. «De igual manera, por decisión de la Presidenta o Presidente o de la mayoría de las y los
asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o las comisiones especializadas, podrán declararse en comisión general para recibir a organizaciones ciudadanas o personas que quieran presentar o exponer temas de interés o de competencia de la Asamblea Nacional».

Asimismo, la legisladora informó que Pamela Aguirre y Lenín Barreto informarán a la Fiscalía que lo único que saben de Aleaga es la información del correo electrónico. Esto tras el pedido de la institución y la fiscal de que los legisladores entreguen información sobre el exlegislador Aleaga.

¿Qué dijo la fiscal?

De acuerdo con la fiscal Diana Salazar, lo que sucedió en la Comisión de Fiscalización, se trato de una emboscada. «Estamos siendo víctimas de un ataque sistemático con el único fin de obstruir la labor de la fiscal en este caso». La funcionaria agregó que hay que preguntarse acerca de si querían dejarla fuera del caso Metástasis. «No nos desvíen la atención. Se trata de distractores porque frente a la contundecia de elementos no tienen más que crear este tipo de casos. (…) Si la fiscal no hubiese tenido ese tipo de reacción, caiga en esa emboscada y al día de mañana tenía que separarme del conocimiento de la causa porque se estableció contacto con el procesado».

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El Presidente del Legislativo convocó para el martes 9 de mayo a las 10h45 la sesión del Pleno de la Asamblea para dar a conocer este informe. Los 137 asambleístas son los que deberán decidir si aprobar o no el juicio político contra el Jefe de Estado.

El documento fue enviado a Saquicela después del debate en la Comisión de Fiscalización. Con cuatro votos a favor y cinco en contra, no fue aprobado el informe no vinculante que recomendaba que el juicio político no se lleve a cabo.

»Se debe remitir al presidente un informe motivado y eso es lo que hará la Comisión de Fiscalización. La ley no dice un informe aprobado o no aprobado», aclaró la legisladora oficialista, Ana Belén Cordero.

Una mesa sin acuerdos

Después de la lectura del informe, Roberto Cuero, miembro de la Comisión, manifestó su inconformidad y recalcó que existe una clara diferencia entre juicio penal y juicio político.

A este argumento se sumó la asambleísta Gabriela Molina, quien dejó en claro que su única función como legisladores es determinar las responsabilidades políticas que no fueron cumplidas por parte del Jefe de Estado.

Por otro lado, el parlamentario Bruno Segovia cuestionó el informe redactado por los asesores de la Comisión. Argumentó que está “sesgado” y no recoge todas las pruebas, ya que el presidente Lasso si conocía la presunta corrupción en FLOPEC.

Al finalizar la sesión, la proponente del juicio político, Viviana Veloz señaló que se incumplió el procedimiento parlamentario, debido a que Villavicencio clausuró la sesión cuando existía otra moción sobre la mesa. (A.G.M).

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«Aquí está presentada la denuncia formalmente y Fiscalía deberá hacer las investigaciones pertinentes y con todo lo que se está solicitando. Y no solo que se revise a Guillermo Lasso por peculado, sino también a Hernán Luque, Danilo Carrera«, reveló la presidenta de la Comisión Régimen Económico esta mañana.

Entre las pruebas recopiladas para sustentar dicha denuncia figuran el contrato con la compañía Amazonas Tanker, el dictamen de Contraloría, las comparecencia de las autoridades que han acudido a la Comisión de Fiscalización.

La respuesta de Villavicencio

En contrapartida, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, también presentó una denuncia contra Mireya Pazmiño y su equipo asesor, la tarde de este miércoles en Fiscalía. Según Villavicencio el informe presentado por Pazmiño fue elaborado por técnicos vinculados a Amazonas Tankers y Andes Tankers.

«Hay ciertos legisladores que pretenden desviar el sentido del juicio político contra Gullermo Lasso. Han salido varios comentarios, se podría decir mentiras de parte de Fernando Villavicencio«, mencionó Pazmiño al respecto.

«Tenemos los documentos de descargo para respaldar el trabajo y elaboración de los informes de esta Comisión. Estan las actas y los documentos. Otra cosa es que han salido ex asesores y ex secretarias, y con ‘chismes de pasillo’. Porque sabemos quienes estan atrás de estas personas, cuáles son los asambleístas que estan hablando con estas personas para desviar esa atención», respondió Pazmiño.

Pazmiño recibió Amenazas de muerte

Durante su intervención, la presidenta de la Comisión Régimen Económico confirmó que empezó a recibir una serie de amenazas a través de su dispositivo móvil. Esto luego de presentar su denuncia en Fiscalía.

«Tengo amenazas, apenas presente la denuncia, salieron amenazas hacia mi vida… que me van a matar. Y ahora, como había de esperarse, también tenemos las amenazas de parte de los legisladores de esta mesa. Está a disposición de Fiscalía y de ustedes colegas legisladores, mis computadoras, el trabajo de esta Comisión y el de los asesores quienes eleboraron ese informe»

Pazmiño explica que se presentó la denuncia al presidente Lasso por el delito de peculado porque existen todas las pruebas necesarias. «Tengo entendido que vamos a comenzar una persecución, más de lo que ya se ha vivido hasta el día de hoy«, enfatizó.

«No se han dado nombres, no se han pasado documentos para no distraer. Pero he pedido, y hago un llamado a Fiscalía, para que haga su trabajo y que llame a comparecer. Aquí estoy, no tengo porque ocultarme», concluyó la legisladora.

JR

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El exfuncionario resaltó que la entidad solo está encargada de revisar cláusulas arbitrales internacionales, más no el resto del contrato. Salvador ejerció el cargo desde el 2018 hasta noviembre del 2022.

«Si usted me pregunta hoy con mirada retrospectiva si me habría abstenido. Probablemente yo no me habría abstenido si hubiera sabido que ese control de legalidad iba a ser objeto para el juicio político del presidente de la República, Guillermo Lasso», dijo en su intervención.

La culpa es de Moreno…

La asambleísta oficialista, Ana Belén Cordero aclaró que esos contratos fueron firmados durante el período presidencial de Lenín Moreno, en febrero del 2021. No obstante, la legisladora de UNES, Viviana Veloz, manifestó que la responsabilidad recae sobre actual jefe de Estado porque los informes se aprobaron en noviembre del 2021.

Por ende, el examen de Contraloría fue trasladado para el análisis exgerente de FLOPEC, Johnny Estupiñán y al expresidente de EMCO, Hernán Luque, quien también está implicado en el caso El Gran Padrino.

‘’¿Quién presionó para que este contrato no se quede sin efecto? Hernán Luque, delegado de Guillermo Lasso’’ Se renovó automáticamente este contrato en diciembre del 2022’’, aclaró. (A.G.M).

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La mesa parlamentaria solicitó las comparecencias requeridas por los asambleístas interpelantes y del Jefe de Estado acusado por presunto peculado.

Para este 18 de abril, la mesa legislativa presidida por Fernando Villavicencio convocó al exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto; al exgerente de Petroecuador, Hugo Aguiar; al exsecretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo; y el periodista del medio digital La Posta, Andersson Boscán, quien comunicó que no asistirá al llamado.

»Agradezco la invitación a comparecer ante la comisión de Fiscalización en el juicio político. Debo excusarme. De todas formas, mucho de lo que publiqué lo ha guardado durante meses Fernando Villavicencio», dijo en un tuit.

¿Quiénes darán su testimonio?

El 12 de abril, las asambleístas solicitantes del juicio político, Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (PK-r) entregaron a la Comisión de Fiscalización las 958 fojas que probarían la responsabilidad política del presidente en el presunto delito de peculado. Además, solicitaron 11 pruebas documentales y 12 testimoniales.

El 16 de abril, el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz envió las pruebas testimoniales y documentales. El representante del mandatario pidió que se llame a comparecer al exgerente general de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), Jaime de Jesús Condoy y la exsecretaria relatora de la Comisión de Régimen Económico, Andrea Poveda.

Fiscalización informó que para el 19 de abril están prevista 13 comparecencias entre ellas la del actual gerente general de FLOPEC, Luis Lavayen y los exgerentes de la empresa pública, Oswaldo Rosero, Pilar Ferri, Jaime Condoy y Johnny Estupiñán.

El rol de Fiscalización

Para el abogado constitucionalista, Ramiro Aguilar hay que tener claro el rol de la comisión legislativa, pues su función es sustanciar el proceso de juicio político contra el mandatario, es decir, que se haga efectivo el derecho a la defensa.

En un plazo de 45 días, que ya están en marcha, tanto el acusado como los interpelantes deben presentar las respectivas pruebas. Después del proceso, la mesa parlamentaria emite un informe no vinculante para el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, quienes toman una resolución definitiva. Para que el juicio político sea aprobado se necesitan 92 votos.

Sin embargo, en el caso de que no todos los miembros aprueben las resoluciones, existe la posibilidad de que el Pleno de la Asamblea reciba dos informes, uno de minoría y otro de mayoría (el primero en ser leído de acuerdo a la ley).

Actualmente, la Comisión de Fiscalización la preside Fernando Villavicencio (Independiente) y Ana Belén Cordero (BAN). Los otros asambleístas que conforman la mesa son Roberto Cuero (UNES), Gabriela Molina (UNES), Comps Córdova (UNES), Bruno Segovia (Independiente), Marco Troya (BAN), Pedro Velasco (BAN) y Pablo Muentes (PSC).

¿Juicio político y muerte cruzada al mismo tiempo?

Una pregunta muy recurrente en la ciudadanía es si puede activarse el mecanismo de la muerte cruzada durante el proceso de juicio político. En este sentido, Aguilar señaló que teóricamente es posible, sin embargo, no podría ejecutarse en la práctica.

Para dar paso a este proceso, también se necesitaría la autorización de la Corte Constitucional (CC). Recalcó que en el momento en el que el Tribunal autorizó el juicio político contra el presidente, lo lógico sería que espere el pronunciamiento de la Asamblea para admitir el trámite de la muerte cruzada.

»No podría la CC dar dos trámites contradictorios, mientras los dos están vigentes», dijo en entrevista a Radio La Calle.

¿Por qué la Corte admitió el delito de peculado contra Lasso?

La CC descartó las dos acusaciones por concusión al presidente Lasso. Los casos estaban relacionados con irregularidades en Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). El órgano de justicia encontró incoherencias y un mínimo de verosimilitud en los argumentos de los interpelantes.

La tercera causal se aloja en el delito de peculado y en la solicitud emitida desde la Asamblea Nacional se le acusa al mandatario de “distraer dineros públicos en favor de la Compañía Amazonas Tanker Pool”, a través de Hernán Luque Lecaro, expresidente de EMCO y principal sospechoso en el caso “El Gran Padrino”.

En este sentido, explican que el mandatario actuó en ejercicio de sus funciones y consintió la celebración de contratos de transportes petrolero en FLOPEC, presidida por EMCO. También habría existido un informe de Contraloría en contra de esas negociaciones. (A.G.M).

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El oficio fue enviado el 16 de abril con la solicitud de las pruebas testimoniales y documentales. El representante del mandatario pidió que se llame a comparecer al exgerente general de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), Jaime de Jesús Condoy.

«(…) para que informe sobre la firma del contrato de fletamento el 7 de diciembre del 2018 y la adenda 3 a este contrato suscrita el 10 de marzo del 2020».

Por otro lado, requirió el testimonio de la exsecretaria relatora de la Comisión Legislativa de Régimen Económico, Andrea Poveda para que informe respecto a la sesión de fiscalización a la EP FLOPEC, que se llevó a cabo el 11 de agosto del 2022.

Pruebas documentales

En lo referente a las pruebas documentales, Ortiz solicitó las copias certificadas de los informes de fin de gestión de los exgerentes de FLOPEC, Johnny Estupiñán, Pilar Ferri, Jaime de Jesús Codoy, Oswaldo Rosero y Cristian Panchi. De igual manera, la documentación del exministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera.

En la lista de requerimientos también se encuentra el acta de la sesión de la Comisión de Régimen Económico, en donde se fiscalizó a FLOPEC; los documentos de Contraloría en torno a este proceso; una grabación de la Comisión Ocasional de »El Gran Padrino» de fecha 30 de enero del 2023 (minuto 2:01:29 al 2:02:03), en donde interviene el asambleísta Ronny Aleaga.

Finalmente, se refirió al oficio de un trámite en Presidencia. También resaltó que «aunque el derecho no es objeto se prueba», se revise una reforma realizada al «Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República». (A.G.M).

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«La gravedad de estos hechos que amenazan el Estado de derecho y que desnaturalizarían la institución del juicio político exigen una intervención vigilante de la Corte Constitucional para que haga cumplir su dictamen», expresó en un oficio dirigido a la CC remitido el 14 de abril.

Además, resaltó los puntos resueltos por el dictamen de la Corte Constitucional en donde se inadmitieron dos cargos referentes al delito de concusión, enmarcados en la solicitud de juicio político interpuesto por la asambleísta Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (PK-r), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (ID).

El jefe de Estado también recalcó que el dictamen dispuso que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de hechos, inferencias y pruebas relacionadas a las causales de concusión que no fueron aprobadas.

Pruebas a conveniencia

El 10 de abril, el abogado del Presidente, Edgar Neira solicitó a la Comisión de Fiscalización que la documentación requerida no sea solo desde el 2021 sino desde el 2018 para evitar confusiones en los pedidos de pruebas.

La defensa del mandatario aclaró que el escrito presentado de su parte no busca obstaculizar el proceso del juicio político pues solo serían observaciones para evitar confusiones. Por otro lado, resaltó que el ejercicio de defensa corre desde el 7 hasta el 16 de abril, en este período podrá entregar las pruebas de descargo.

El juicio en la Asamblea

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció que la próximo sesión para el tratamiento del juicio político será el 18 de abril y se prevé socializar el cronograma de comparecencias.

El 12 de abril, las asambleístas solicitantes del juicio político Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (PK-r) entregaron a la Comisión de Fiscalización las 958 fojas que probarían la responsabilidad política del presidente en el presunto delito de peculado. Además, solicitaron 11 pruebas documentales y 12 testimoniales. (A.G.M).

La entrada Lasso pidió a la CC seguimiento al dictamen del juicio político se publicó primero en La Calle.

La resolución se tomó con cinco votos a favor y cuatro en contra. Sin embargo, estuvo marcada por fuertes debates debido a que el asambleísta gobiernista, Fernando Villavicencio -que presiden la comisión- pedía 19 pruebas, pero le aceptaron 12. A la oficialista Ana Belén Cordero no le aceptaron ninguna prueba de las siete que presentó.

Se presentaron 68 pruebas de oficio. Los votos a favor estuvieron integrados por Roberto Cuero, Comps Córdova, Gabriela Molina (3 UNES), Pablo Muentes (PSC) y Bruno Segovia (IND). En cambio, votaron en contra Fernando Villavicencio (dizque IND), Ana Belén Cordero, Marco Troya (CREO) y Pedro Velasco (IND).

Roces por las imposiciones de Villavicencio

El legislador había solicitado que «singularicen» las pruebas contra el primer mandatario referente al presunto delito de peculado en un contrato de Flopec admitido por la Corte Constitucional.

«Solicito a su autoridad se sirva efectuar el seguimiento y control al dictamen de admisibilidad parcial por el presunto delito de peculado y se sirva establecer con claridad a la Asamblea que este juicio político únicamente corresponde al delito antes identificado», reza el oficio.

Sin embargo, tanto el Consejo de Administración Legislativa (CAL) como los miembros de Fiscalización advirtieron del eufemismo de Villavicencio para trabar el trámite. La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece que la «comisión, por decisión de la mayoría de sus integrantes, podrá solicitar pruebas de oficio». En ningún momento la ley se restringe al dictamen de la CC.

La oposición reclamó las arbitrariedades de Villavicencio. Señalaron que en ninguna parte del procedimiento está que el presidente de la mesa disponga restricciones o delimitaciones a la sustentación del juicio político o a las pruebas.

El CAL hizo un llamado de atención al asambleísta aliado del régimen. El Consejo exigió que no dilate el juicio o será sometido a sanciones disciplinarias.

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La defensa del mandatario aclaró que el escrito presentado de su parte no busca obstaculizar el proceso del juicio político pues solo serían observaciones para evitar confusiones. Por otro lado, resaltó que el ejercicio de defensa corre desde el 7 hasta el 16 de abril, en este período podrá entregar las pruebas de descargo.

El escrito presentado por el mandatario, a través de su defensa, tenía más de 40 puntos de solicitud de prueba. Resaltó que su objetivo y estrategia es sustentar la inexistencia de responsabilidad política y de peculado por parte del presidente Lasso.

«No es como se pretende decir: no es verdad que el señor presidente de la República se cruzó de brazos y que no ha hecho absolutamente nada», dijo en la mesa parlamentaria.

Futuras acciones

Por otro lado, Neira no reveló los nombres de los testigos para la defensa del presidente Lasso. De igual manera, sigue abierta la posibilidad de seguir un proceso de seguimiento a la Corte Constitucional (CC) por el dictamen que abrió la puerta del juicio político.

Tampoco se descarta la comparecencia personal del presidente de la República a la Comisión de Fiscalización. Para Neira existen bastantes pruebas y antecedentes que pueden demostrar la inocencia del mandatario. (A.G.M).

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A iniciarse el proceso del juicio político contra el presidente Lasso en la Comisión de Fiscalización, Villavicencio ya empezó a establecer las reglas del juego. En primera instancia, pidió a los asambleístas solicitantes que presenten las pruebas en un período diferente a lo establecido por la LOFL.

El artículo 90 referente al proceso de juicio político contra el Presidente y Vicepresidente de la República, establece que primero la Comisión de Fiscalización notificará a la autoridad acusada sobre el inicio del trámite. En este caso, el mandatario tendrá un plazo de cinco días para ejercer un derecho a la defensa.

“De igual forma, notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas de las que dispongan”, dicta la normativa.

Exclusión de pruebas

El oficio también especificó que los solicitantes deben excluir los hechos, inferencias y pruebas relacionados con los dos primeros cargos que no pasaron por la Corte Constitucional, es decir, los de concusión.

Anteriormente, el asambleísta Villavicencio manifestó que en la mesa parlamentaria únicamente se enfocarán en los presuntos casos de peculado en FLOPEC EP. “No voy a permitir que se presenten otras pruebas”, expresó.

El legislador invocó a los asambleístas de la Comisión a no hablar sobre temas coyunturales relacionados al homicidio de Rubén Cherres, de la mafia albanesa, de Leonardo Cortázar y los supuestos casos de corrupción en Petroecuador EP. (A.G.M).

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La decisión tuvo seis votos a favor y uno en contra para dar inicio al juicio político. En la reunión se ordenó la suspensión de todos los procesos similares. Es decir, el juicio político contra Lasso tendrá prioridad en Fiscalización.

Una vez entregado el documento, Lasso presentará las pruebas de descargo en la mesa legislativa en un plazo de diez días. Cuando las pruebas de cargo y descargo se hayan analizado, la comisión deberá presentar el informe motivado, en diez días más, al Pleno de la Asamblea.

Luego, en tres días el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, difundirá el informe, dentro de 48 horas convocará al Pleno y en cinco días debatirán el trámite.

Lo defenderá con uñas y dientes

El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, aseguró que el proceso de juicio político contra Lasso «está caído». Según el asambleísta, el documento no reúne todas las pruebas acusatorias.

¿Puede la Comisión archivar el caso?

Según el parlamentario, si la idea de no avanzar con el juico político obtiene cinco votos en la mesa, el proceso se archivaría. Sin embargo, en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa especifica que:

«Una vez que las pruebas de cargo y descargo se hayan presentado la comisión deberá presentar un informe al presidente de la Asamblea Nacional el informe que detalle las razones de su recomendación».

De no aprobarse el documento, Villavicencio tendría dos días para remitir las actas de los votantes y un informe que detalle sus posiciones al presidente del Parlamento. Es decir, en cualquiera de los dos escenarios la decisión queda en manos del Legislativo y no del representante de la Comisión. (N.J.C)

La entrada El juicio político de Lasso ya está en manos de Villavicencio se publicó primero en La Calle.

Para Villavicencio, que Lasso active la muerte cruzada es una buena alternativa. Aunque el 78,5 % de los ecuatorianos no creen en la palabra del presidente, el legislador le sugiere que se postule nuevamente.

Además, recalcó que en el momento en que la Corte Constitucional (CC) aprobó solo la causal de peculado, desestimó el informe que entregaron los proponentes del juicio.

«Nosotros estamos en todo el derecho de exigir las pruebas del presunto peculado por el que se acusó al mandatario. Este es un delito que debe ser comprobado y vamos a pedir todo lo que necesite», dijo en Teleamazonas.

Otro proceso en la Comisión de Fiscalización

El asambleísta indicó que luego de que el dictamen de la Corte se presente, el mesa legislativa tendrán 10 días para recibir las pruebas de cargo y descargo. Después en 10 días más evaluarán las pruebas y, finalmente, en otro lapso del mismo tiempo, emitirán un «informe motivado» que detallará si recomiendan o no el juicio político.

Villavicencio precisó que el comité no validará audios filtrados en redes sociales o publicados por un medio de comunicación. Enfatizó que la Fiscalía General del Estado (FGE) es la única que debió validar las pruebas contra el jefe de Estado.

«Así vamos a comprobar la validez de las pruebas de cargo presentadas por los acusantes y las de descarga proporcionadas por el Presidente de la República», refirió.

¿Puede la Comisión archivar el caso?

Según el parlamentario, si la idea de no avanzar con el juico político obtiene cinco votos en la mesa, el proceso se archivaría. Sin embargo, en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa especifica que:

«Una vez que las pruebas de cargo y descargo se hayan presentado la comisión deberá presentar un informe al presidente de la Asamblea Nacional el informe que detalle las razones de su recomendación».

De no aprobarse el documento, Villavicencio tendría dos días para remitir las actas de los votantes y un informe que detalle sus posiciones al presidente del Parlamento. Es decir, en cualquiera de los dos escenarios la decisión queda en manos del Legislativo y no del representante de la Comisión. (N.J.C)

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«De existir un dictamen favorable regresará a la Asamblea Nacional, Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de manera inmediata remitirá a la Comisión de Fiscalización, que tendrá un lapso de 30 días, para emitir un informe respectivo, y poner en consideración en el plazo de tres días ante el Pleno, luego de la socialización respectiva», explicó Saquicela en cuanto a la ejecución del proceso de existir la admisibilidad.

Asimismo, expuso que de no admitirse la petición simplemente se remitirá a la Asamblea, luego se pondrá a conocimiento del CAL y finalmente este organismo tendrá que «resolver el archivo y notificar a las partes«.

La Corte Constitucional (CC) tendrá hasta el jueves 30 de marzo para definir la admisibilidad del juicio político contra el primer mandatario. Esto luego de que el organismo recibiera la solicitud correspondiente desde el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional.

Saquicela afirma que el documento está libre de errores

Durante las últimas horas, imágenes correspondientes al documento de solicitud de juicio político se hicieron virales en redes, tras evidenciarse que el nombre del presidente Guillermo Lasso estaba incompleto. No obstante, se trataría de información falsa.

«Sobre los nombres del presidente de la República y la documentación que se remitión a la Corte, el documento que circulaba en redes sociales era falso, no era oficial. El oficial contiene los nombres completos del presidente conforme se ha entregado a la CC. Por lo tanto, no hay que mentirle al país, hay que decirle la verdad. Será la Corte la que resuelva«, enfatizó Saquicela.

Adicionalmente, expresó que si existen errores o no en el documento presentado, será responsabilidad de quienes presentaron la solicitud el juicio político.

«El CAL ha resuelto en derecho, lo que tenía que hacer, luego de una reconsideracíon que está prevista en la ley y luego de una nueva moción se ha calificado y se ha remitido a la Corte«, reiteró el presidente de la Asamblea quien insistió en que la Corte Constitucional será el ente que resuelva el asunto.

JR

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Los pedidos de enjuiciamiento fueron presentadas por los asambleístas Abedrabo García (PSC) y José Chimbo (PK).

La calificación fue aplazada gracias a que la legisladora del oficialismo, Ana Belén Cordero, pidió el cambio del orden del día. Ella mocionó por la suspensión de la calificación para «evitar una posible ilegalidad» porque otros procesos semejantes están en trámite, reportó diario Expreso.

Sin embargo, con cinco votos a favor, la Comisión decidió suspender la calificación de las solicitudes contra el titular de la cartera de Estado.

Los otros juicio

Según el medio, las solicitudes contra Herrera retomarán su curso cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resuelva sobre la devolución del expediente de juicio político contra el exministro de Interior, Patricio Carrillo; el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; y la ministra de la Mujer, Paola Flores.

De acuerdo a Cordero, si no se sigue este orden se vulneraría la Ley Orgánica de la Función Legislativa. «Si el CAL remite una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso», reseñó.

Como no ha finalizado ni ha iniciado los procesos de enjuiciamiento de los otros secretarios del Ejecutivo, no podrían proceder con el trámite al ministro de Transporte sin resolución del CAL, enfatizó la parlamentaria del régimen.

Un dato más…

Antes de la suspensión de la calificación, el legislador Fernando Villavicencio anunció que tres miembros de la Comisión retiraron sus firmas de respaldo contra Carrillo, Borja y Flores.

Por su parte, la Función Legislativa precisó que tratará las solicitudes y trámites en el orden en que fueron remitidas. Hasta el cierre de esta nota, se desconoce cuándo se retomará el proceso político contra Herrera.

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El asambleísta por Pachakutik, José Chimbo presentó esta segunda solicitud y la primera la puso el legislador Jorge Abedrabbo por supuestos incumplimientos en las vías en la provincia de Bolívar.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, comentó que las dos solicitudes se unificarán y se presentará a la Comisión la tercera semana de febrero, luego del juicio político al exministro del Interior, Patricio Carillo.

Los procesos contra Herrera se deben al presunto abandono de las vías en la Amazonía, la conexión entre las provincias de Sucumbíos, Napo y Pichincha y los inconvenientes en la variante San Luis – Reventar por más de un año.

También, se denuncia un supuesto perjuicio en la inversión pública en material vial por falta de gestión. “No hay ejecución presupuestaria del 61 % a noviembre de 2022”, según El Universo.

Incumplimientos

Según Chimbo, el ministro incumplió los contratos y asignación de fondos para ejecutar las vías Santa Fe- Caluma y Talahua- Facundo Vela. Además, la promesa institucional de la construcción de la vía Ambato-Guaranda- Babahoyo de cuatro carriles.

En la Costa

El asambleísta mencionó que el 80 % de las vías en Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Esmeraldas están en abandono. En el caso de Santa Elena solicitan información del contratista, proceso de selección y cumplimiento de trabajos.

Además, los legisladores piden información de la ejecución del proyecto Santo Domingo-Buena Fe sobre las estaciones de peaje operativas, aporte de concesionarios, reducción de peajes en la obra y el financista del proyecto.

El “quinto puente”

Herrera deberá entregar la documentación sobre el proyecto Viaducto Sur o “quinto puente” sobre el avance, mecanismo de contratación y la resolución del conflicto con la Prefectura del Guayas. (N.J.C)

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Según la legisladora, Becdach consta en el registro de la Asamblea como asesor 1 de la Comisión de Fiscalización. Además, presentó una petición de aclaración ante el Pleno para comprobar si Becdach es funcionario del Legislativo la fecha desde que se desempeña como funcionario y la fecha en la que presentó la renuncia.  

“De ser así deberá ser descalificado, sin perjuicio de la responsabilidad penal. Además de ser acusado de los presuntos delitos de perjurio”, mencionó.

Servidores de la Asamblea señalaron para Radio La Calle que hasta el 27 de diciembre era secretario relator de la Comisión y ahora consta como asesor 1 de esta mesa.

Becdach, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. “Es un orgullo trabajar para la Asamblea y no como a otros que se los vincula por defender a prófugo y ladrones”, expresó.

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Villavicencio a través de sus redes sociales aseguró que el León fue condecorado por el asambleísta correísta, Ronny Aleaga en el 2021 y formó parte del grupo de seguridad del legislador. “Gozaba de su amistad e inclusive fue condecorado en un mitin político”, precisó Villavicencio.

Mientras tanto, del otro detenido Cordero, quién además es parte del escolta de seguridad de Alfredo Borrero, no se ha pronunciado. ¿A caso la justicia de Villavicencio mira a un solo lado del bando o atiende a las afinaciones políticas?

Por su parte, la esposa de León enfatizó que su pareja solo cumplía su trabajo y fue la empresa quién le destinó al personaje que tenía que custodiar “Él no tiene contacto con el carro de atrás. Solo quería aganar un extra para ayudarme con mi enfermedad”, refirió.

¿Seguridad para un recluso?

El general Fausto Salinas confirmó que Roldán habría contratado a una empresa de seguridad para que lo custodien hasta su casa, en el cantón El Triunfo. Hace ocho meses, cuando emitieron su boleta de libertad por supuestos problemas de salud sufrió un atentado mientras iba en la carretera.

Nueva detención de JR

El líder de “Los Choneros”, Junior Roldán (JR), regresó a prisión a menos de 24 horas de su liberación y junto a él 37 personas más fueron detenidas.

El 15 de diciembre, un juez de Guayaquil le otorgó la prelibertad a JR. A poco tiempo de salir de la cárcel, sujetos armados atentaron contra su vida cerca de una urbanización en la vía Salitre, en Daule.

La Fiscalía indicó que incautaron tres fusiles, dos revólveres, un lanzagranadas, cinco granadas tipo limón, tres granadas de fragmentación, alimentadoras, municiones de diferente calibre, chalecos antibalas, catorce celulares, vehículos de alta gama y dinero en efectivo.

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