“No les vengo a pedir de favor, ese es su trabajo. Las atribuciones y responsabilidades que a ustedes les da el pueblo porque son representantes ahora es momento”, reiteró Otavalo.

La Comisión fue la primera en escuchar a Elizabeth, que relató los hechos sobre la muerte de su hija desde el primer día y las inconsistencias efectuadas durante la investigación. 

“Mínimamente yo le suplicaba a los señores policías que estaban conmigo que administrativamente vean un figura para detener a Germán Cáceres, por que yo creía que él sabía algo (..), pero no lo hicieron”, dijo Otavalo.

A su vez, la madre de la abogada solicitó a la Comisión que realice el control pertinente para establecer la verdad de lo ocurrido, resaltando que existe un hermetismo que envuelve todos los hechos suscitados desde el 11 de septiembre cuando desapareció María Belén.

Elizabeth reiteró que no descasará hasta obtener justicia para su hija. “Un silencio total, todos escucharon y ahora todos callan. Hay encubrimiento desde los cadetes hasta los generales, yo no voy a descansar señores”, manifestó.

Intervención de los integrantes de la Comisión

Todos los integrantes de la Comisión reiteraron su apoyo a la madre de María Belén. Por su parte, el asambleísta Edgar Quezada señaló que el caso implicaría juicio político.   “Vamos a llevar a juicio político al exministro del Interior”, aseguró.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Desintonio recalcó la obligación que tiene el organismo legislativo. “El compromiso de esta Comisión es obtener verdad para ustedes, es obtener un informe que pueda determinar qué fue lo que pasó y sobre eso necesitamos no solamente la reparación, sino la no revictimización y sobre todo verdad y justicia”, expresó.

La sesión fue suspendida por el presidente de la Comisión, Fernando Cabascango que anunció una próxima reunión para tratar el tema. (P.C.)

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«Aún hay información que las instituciones se han comprometido a entregar para sustentar sus versiones (…) En el Gobierno no han dado una respuesta sobre el contexto de los hechos», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Cabascango recalcó que solicitaron información a algunas víctimas y a las organizaciones que participaron activamente en las movilizaciones. Refirió que organismos internacionales también registraron los acontecimientos y esos documentos constarán en el informe que se presentará al Legislativo.

Sobre el uso excesivo de la fuerza

El asambleísta detalló que la información presentada por las instituciones y la sociedad civil resalta el excesivo uso de la fuerza de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA). Esto deberá contrastarse con los datos de las instituciones públicas.

“Las autoridades no han dado una respuesta sobre las muertes, incluso el mismo presidente Lasso no ha dado una información del contexto en que sucedieron los hechos”, aseveró Cabascango.

También sostuvo que ni el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ni el presidente Lasso han podido presentar pruebas sobre las acusaciones del financiamiento del narcotráfico al movimiento indígena. “La credibilidad del presidente se va perdiendo con sus declaraciones porque no puede sustentar lo que dice”, finalizó el legislador.

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“El presidente Guillermo Lasso como autoridad del Ejecutivo no puede decir al Legislativo si reconoce o no al presidente. Hay un error de comprensión sobre la Constitución que entrega funciones y rompe estructuras de poder. El Pleno de la Asamblea tomó una decisión y esa se debe respetar”, dijo en una entrevista a Radio La Calle.

Agregó que es necesario sanar los problemas en el Legislativo. “Nosotros no reconocemos a Virgilio Saquicela sino a decisión del Pleno y si así lo indica la ley, nosotros avanzaremos en ese sentido. Hay una demanda a la que no se dio paso, si esa es la decisión del CAL, debemos respetar. Subsanar y seguir avanzando”.

En la Comisión de Garantías Constitucionales se ha trabajado en las reformas a la Ley Humanitaria, pero todavía no ha llegado en discusión al Pleno de la Asamblea.

Amenazas del presidente

Cabascango dijo que Lasso solamente amenaza al Legislativo cuando se siente en peligro. “Cuando investigamos el presidente amenazó con la muerte cruzada. Terminó la investigación y se calmaron las aguas. Cada vez que se siente arrinconado, el presidente amenaza a la Asamblea, pero nunca lo ha cumplido. Muchas veces hace declaraciones sin pruebas. En el caso de la acusación a 5 asambleístas de Pachakutik le pedimos pruebas y nunca las presentó”.

Sobre el caso Pandora Papers, el legislador expresó que, a pesar de los esfuerzos, no hubo respuesta del presidente. “Pandora Papers tenía los elementos suficientes para enviarlo a la Contraloría. El contralor hizo un examen de 20 días cuando dijo que ese proceso durará más de 60 días. Finalmente, la recomendación de que el presidente vaya al Pleno a dar explicaciones tampoco sucedió. Esperamos que en el futuro se pueda resolver este tema”. MIB

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Con 101 votos a favor, 2 en blanco y 25 abstenciones, los asambleístas acogieron la moción de Blasco Luna. Ahora la Comisión tiene 30 días para analizar el informe de Lasso y pasar un informe para conocimiento del Pleno Legislativo.

La Comisión de Régimen Económico tiene como integrantes a Mireya Pazmiño (PK) presidenta, Johnny Terán (PSC) vicepresidente. Tambipen a Pabel Muñoz (UNES), Blasco Luna (UNES), Ana Herrera (UNES), Eitel Zambrano (BAN), Guido Chiriboga (BAN), Byron Maldonado (BAN), Blanca Sacancela (BAN).

Llori en una comisión

El Pleno también decidió la comisión a la que iría Guadalupe Llori tras su destitución de la presidencia de la Asamblea Nacional. Con 85 a favor 1 en blanco 44 abstenciones, se decidió que ocuparía la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos.

Sus compañeros de comisión son: José Cabascango (PK), Victoria Desintonio (UNES), Paola Cabezas (UNES), Fernanda Astudillo (UNES), Mario Ruiz (PK), Sofía Sánchez (PK), Edgar Quezada (PK) y Gruber Zambrano (IND). MIB

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«Decimos que no existen las condiciones adecuadas, puesto que, a más del maltrato propinado sistemáticamente al equipo técnico y las constantes humillaciones, situación que no ocurre en otras Comisiones, sentimos, lamentablemente, la existencia de un tema de racismo sumamente marcado hacia quien ejerce la presidencia de esta Comisión; evidenciando claramente la intención recurrente de denigrar y boicotear el trabajo efectuado por su presidencia con argumentos antitécnicos e irracionales», dicen en su carta de renuncia.

Asimismo, explican que han observado con «sorpresa y frustración» que el nivel de debate en la Comisión es nulo. «En las sesiones, en lugar de existir discusiones técnicas, jurídicas e incluso políticas existe únicamente incidentes, gritos, y faltas de respeto a quienes son convocados como comparecientes, al equipo técnico, y con mucho pesar, a Usted señor Presidente», señalan.

Dirigiéndose a Cabascango dicen: «Usted es el mandante del pueblo, porque se lo merece señor presidente y, por ello, le deseamos lo mejor en este especio hostil en el que Usted se encuentra. En este corto tiempo compartido vemos, sin temor a equivocarnos, que es Usted un ser humano noble, de corazón bondadoso y que no ha permitido que la política perversa lo contamine».

Insisten en que es inconcebible que estos hechos se den, precisamente, en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, en la que debería primar, por sobre todas las cosas, la dignidad humana.

Lamentan también que algunos de sus miembros no hayan ocupado espacios que traten sobre estas materias, y que, pese a ello, hoy representen al pueblo ecuatoriano. «Por ello, las consecuencias son justamente estas: el irrespeto, la
prepotencia, insolencia y la discriminación, con una nula tolerancia a que la presidencia de esta Comisión sea ejercida por una persona de la Sierra ecuatoriana, proveniente de los pueblos indígenas», dicen.

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Este recurso también está previsto a los dirigentes y defensores de territorios comunitarios y por administración de justicia indígena.

«El 80% de los casos que se trataron tienen que ver con defensores de los derechos humanos naturaleza y los derechos colectivos. Esto nos deja (a la Comisión) una preocupación grande. En 2008 hemos aprobado una Constitución (…) Pero no hay los mecanismos para garantizar esos derechos tanto individuales como colectivos de las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades» dijo Fernando Cabascango, presidente de la Comisión.

Se considera que este procedimiento resarcirá a las personas perseguidas en el ejercicio de sus derechos constitucionales.

El Informe

El informe se detalló el nombre de los sujetos criminalizados, las acciones y el contexto.

Además de estos aspectos, los informes se elaboraron también con base y apoyo de pronunciamientos de organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional. La Comisión calificó las solicitudes de amnistía e indultos presentadas por los organismos.

Según declaraciones de la Comisión conformada por 9 asambleístas, se aprobaron, por unanimidad, alrededor de 273 solicitudes.

No obstante, Cabascango manifestó que se solicitó una prórroga para cuatro de solicitudes de amnistía e indultos, con el fin de tener mayor información sobre los informes y contexto en que se suscitaron las acciones por las que los sujetos son criminalizados.

Además, porque en uno de los casos se ve implicado una persona menor de edad.

Por otro lado, se hizo especial énfasis en que todos los casos ocurrieron dentro de dependencias estatales o jurisdicciones territoriales en contextos políticos.

Es decir, en medio de manifestaciones, protestas o defensa de derechos tanto colectivos como de la naturaleza.

El funcionario también expresó «No hemos hecho un solo informe cómo se pretende informar (…) Hay un informe individual de las personas explicando y describiendo cada uno de los casos mencionados».

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La moción propuesta por la legisladora Paola Cabezas, de UNES, planteaba aplicar el artículo 130 de la Constitución. Asimismo, implicaba convocar al presidente Lasso al Pleno de la Asamblea, para que explique su vinculación en el caso Pandora Papers y responda a las preguntas de los legisladores.

Los votos afirmativos fueron de la bancada de UNES, mientras que los votos negativos fueron del BAN, CREO y la Izquierda Democrática.

Segunda moción

Con 61 votos a favor, 47 en contra y 23 abstenciones, el Pleno de la Asamblea rechazó también la moción del legislador de Pachakutik, Fernando Cabascango, para convocar al presidente Lasso, en un plazo no mayor a 30 días, a la Asamblea. En esta comparecencia, Lasso tendría que explicar su viculación directa e indirecta con paraísos fiscales, en contravención del mandato constitucional.

Asimismo, la resolución mandaba que las entidades pertinentes: Fiscalía, Contraloría, Superintendencia de Bancos, SRI, entre otras, realicen un examen y determinen la vinculación de Lasso y su esposa en el caso relacionado con paraísos fiscales y evasión de impuestos.

Tercera moción

Con 82 votos favorables, 33 en contra y 20 abstenciones se aprobó la moción de Alejandro Jaramillo, de la ID, para exhortar al presidente Lasso a que acuda a una sesión en la Asamblea y explique la relación directa e indirecta de sus bienes y propiedades en paraísos fiscales. La resolución propone, además, disponer a la Contraloría, Fiscalía, SRI y la Unidad de Análisis Financiero que revisen las cuentas, propiedades y declaraciones patrimoniales del mandatario, con relación a la publicación de los Pandora Papers.

También solicita remitir el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales a las instituciones mencionadas, para que realicen las investigaciones correspondientes.

El informe de mayoría

Fernando Cabascango, ponente del informe, indicó que la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó y resolvió el cronograma de la investigación, respecto a la vinculación del presidente Guillermo Lasso en los Pandora Papers. Informó que en ocho sesiones comparecieron académicos, expertos nacionales e internacionales, medios de comunicación y periodistas.

Cabascango recordó que el presidente y sus familiares fueron convocados a la Legislatura. Sin embargo, no asistieron a ninguna convocatoria. También informó que requirió comparecer a varias instituciones entre ellas la Fiscalía, el Tribunal Contencioso Electoral, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Contraloría. Esta última había asegurado que no contaba con información inmediata. “Por ello, ahora nos asombra que ya hayan emitido una resolución”, dijo Cabascango.

El presidente de la Comisión afirmó que recabaron las pruebas presentadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), instituciones públicas, la Real Casa de Valores de Guayaquil, catastro de grupos económicos y el SRI. Así también como declaraciones públicas de Guillermo Lasso, del procurador de la alianza CREO – PSC ante el tribunal contencioso electoral.

Reiteró que la Comisión de Garantías Constitucionales, en sus recomendaciones, determinó la inobservancia, por parte de Lasso, al pacto ético del 2017 y la Ley Orgánica de Aplicación de la Consulta Popular. El informe señala que esto “configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el artículo 130, numeral 2, de la Constitución de la República por grave crisis política y conmoción interna”.

El debate

Sofía Sánchez, de Minka por la Vida, aseguró que las investigaciones fueron manejadas de acuerdo con la conveniencia de las bancadas. Dijo que los documentos de la investigación del Consorcio de Periodistas nunca llegaron a manos de la Comisión y que las instituciones del Estado tampoco brindaron las pruebas suficientes.

Por su parte, Bruno Segovia, de Pachakutik, aseguró que no pretende desestabilizar al gobierno. Señaló que los periodistas que develaron la información de los Pandora Papers, no orquestaron un complot en contra de nadie, sino que dieron cuenta de documentos donde había pruebas de “algunas travesuras”.

Segovia denunció que el Banco Central y el SRI negaron la información solicitada. Asimismo, reiteró que el presidente reconoció que tenía cuentas offshore y que ha aceptado que existen acciones a nombre de su cónyuge e hijos. “Esta es una realidad que no se puede desconocer y el país sabe. Esto es razón suficiente para que actúen los organismos de control”, dijo.

De igual forma, reiteró que no hay duda de que existe una cuestión inmoral. “Por rechazo al otro candidato, hoy tenemos como presidente a un evasor y un corrupto”, aseveró.  

Sin embargo, sostuvo que pese a la vergüenza nacional, no hay causal de destitución ni censura. “Pero hay los suficientes elementos para investigaciones en Fiscalía y Contraloría”, puntualizó.

Por otro lado, Paola Cabezas, de UNES, aseguró que la vinculación de Lasso con los Pandora Papers fue una revelación de 600 periodistas, es decir, actores externos a la política del país. “Esto no es un invento de UNES”, aseguró. De igual forma, insistió en la presencia del presidente Lasso en la Asamblea para que responda ante el pueblo.

El oficialista Francisco Jiménez sostuvo que una investigación de la prensa internacional no constituye un delito por parte de un mandatario. Insistió en que lo único que se pretende es desestabilizar al Gobierno de Guillermo Lasso, simplemente, por haber ganado las elecciones.

“El pasado no es lo mismo que el presente. Aquí se han mezclado cosas del presente y del pasado con el objeto de desestabilizar a un gobierno y a un presidente que ha demostrado que no tiene nada que esconder”, dijo.

Esteban Torres, del PSC, cuestionó la decisión de la Contraloría de archivar la investigación contra Guillermo Lasso. Sin embargo, dijo que ninguna de las resoluciones del pleno contará con el apoyo de la bancada del PSC.

El independiente Gruber Zambrano dijo que no hay pruebas que incriminen al presidente Lasso y mocionó el archivo del informe. Virgilio Saquicela, del Movimiento Democracia Sí, apoyó la moción de archivo.

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La Comisión explica en su informe una explicación cronológica del conglomerado de empresas MultiBG de propiedad de la familia Lasso – Mendoza y Lasso – Alcívar. Los Pandora Papers documentan, además, la relación que Lasso tuvo con once entidades de Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Delaware (EE. UU.). Todas fueron canceladas, algunas antes de que se aprobara la ley de 2017.

De acuerdo con la investigación de Pandora Papers, “Lasso ha tenido vínculos con diez compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware (estos dos últimos están en Estados Unidos de América) y considerados paraísos fiscales”.

Banco de Guayaquil

La Comisión realizó una investigación de la historia del Banco de Guayaquil y encontró que en 1994 se traslada a una offshore llamada Andean Investment que se liquidó en 2011. El conglomerado MultiBG, ese mismo año tiene el 78.71% de las acciones del Banco de Guayaquil. La familia Lasso posee el 90.2% de las acciones del grupo.

MultiBG

Entre las conclusiones del conglomerado están que la mayor parte de responsabilidad se asienta en Guillermo Lasso Mendoza. “Maneja él solo cerca del 40% de las acciones de la Corporación MULTIBG S.A., mientras  que  el  resto  de  su  familia,  incluida  su  esposa  e  hijos,  manejan  el  50% restante”.

La actividad fiscal de MultiBG también deja muchos vacíos, ya que existen miembros que nunca han reportado pago de impuesto a la renta. Solo en 2015 aparecen pagos de impuesto de MultiBG, pero únicamente 19 de 59 empresas pagan impuesto a la renta. Lo mismo en los años siguientes. Algunos miembros del grupo como María de Lourdes Alcívar Crespo, esposa del presidente nunca han tributado.

Responsabilidad política

La Comisión consideró que el presidente Lasso tiene responsabilidad política en este caso. En primer lugar por incumplir el pacto ético 2017 al ejercer hasta la actualidad dominio indirecto sobre sus empresas offshore. También por el conflicto de intereses en el proyecto de ley de reformas tributarias (Ley de Oportunidades) por plantear la eliminación del impuesto a la herencia y la creación del impuesto a la regularización de activos en el Ecuador.

En las recomendaciones se solicita al Pleno determinar  la  inobservancia  por  parte  del  Presidente  de  la  República  al  Pacto  Ético que se aprobó por Consulta Popular en 2017. Además de solictar que se apruebe un exhorto para que en el plazo de ocho días, el mandatario acuda a responder las preguntas de los legisladores y comparezca.

El Pleno debatirá el informe en la sesión del 7 de diciembre a las 15:30.

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Su declaración la publicó luego de que, este martes, el Pleno de la Asamblea rechazó tratar una resolución de respaldo a la labor de fiscalización de la Legislatura, específicamente en lo referente a los Pandora Papers.

“Como es de conocimiento público, el pasado 15 de noviembre, la Fiscalía inició una indagación contra la Comisión, por presunto delito de acción pública. Esto pone en duda el trabajo fiscalizador de la Asamblea que hoy recae sobre la Comisión. Esto podría calificarse como un acto de intromisión y de afectación a la independencia de poderes”, enfatiza Sánchez en el comunicado.

Los votos en contra de la moción fueron del BAN, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y algunos miembros de Pachakutik.

De igual forma, la legisladora reiteró su apoyo a Fernando Cabascango, presidente de la Comisión, y exhorto a la Asamblea a que haga respetar sus funciones, las cuales son pilares básicos de la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica del país.

En su cuenta de Twitter, Sánchez escribió: “Hoy propusimos en el pleno de la Asamblea respetar la capacidad fiscalizadora de los asambleístas y que no se use la amenaza judicial como herramienta de presión. La respuesta fue un silencio cómplice de quienes se asumen empleados del poder político”.

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“Ofíciese a la Comisión de Garantías Constitucionales copia certificada del informe de investigación del caso denominado Pandora Papers aprobado en la sesión ordinaria 43 de la Comisión”, dice parte del oficio.

Además, la Fiscalía General solicita el memorando del 7 de noviembre que el presidente de la Comisión, José Cabascango entregó a la presidenta Guadalupe Llori y la copia certificada y el audio de la sesión 43 donde la Comisión legislativa trató el tema.  

El informe

El pasado 5 de noviembre, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional aceptó el informe que indica que el presidente Guillermo Lasso cayó en el incumplimiento del pacto ético en el caso Pandora Papers.

Entre las otras recomendaciones se solicita la comparecencia del presidente Lasso al Pleno del Legislativo, hasta ocho días después de aprobar el informe.

De acuerdo con el informe, Lasso incurriría en el delito del perjurio, peculado bancario y defraudación. Terceros como su esposa e hijos cometerían testaferrismo. La Fiscalía deberá investigar el cometimiento de estos delitos.

A la Comisión le llama la atención que el presidente declaró haber pagado USD 588 millones en impuestos, sin embargo, su patrimonio es de USD 39 millones. 15 veces menos.

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“Vemos que es un informe político, no un informe técnico. Nosotros siempre vamos a ir acorde a la Ley (..) la Constitución enmarca cuáles son las causales para una destitución o juicio político y no está dentro de ellas. Querer destituir a un presidente a través de un informe de Comisión no es un procedimiento adecuado (…) Obviamente quieren desestabilizar no solo al presidente sino también al Gobierno”, sostuvo Jorge Abedrabbo del PSC.

Aseguró, además, que no están defendiendo al presidente sino “la democracia y la legitimidad de la misma”. Añadió que su bancada decidió no apoyar la destitución del presidente Lasso.

Por su parte, Edgar Quezada, de Pachakutik, dijo que hubo cambios en el informe a último momento y acusó al presidente de la Comisión y miembro de PK, Fernando Cabascango, de hacer las modificaciones.

“Vamos a evaluar, porque el último que tiene la palabra es el Pleno de la Asamblea. Nosotros vamos a evaluar de manera detenida que pasó con el compañero presidente, que a ultimo momento cambió sin consultar a los que somos parte de la comisión, de Pachakutik, especialmente, y tomó la decisión personal”, dijo.

Asimismo, sostuvo que su coideario Mario Ruiz rechazó la sustentación del informe, porque no hay “pruebas fehacientes”.

Desde la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, sostuvo que presentarán un informe al Pleno de la Asamblea, que demuestra que no hay elementos que comprueben la relación del presidente con los Pandora Papers.

Asimismo, dijo que solicitarán que se archive el informe, porque “la Asamblea Nacional no es la institución a la que le compete tratar este tema, sino a la Contraloría y Fiscalía, quienes ya iniciaron procedimientos”.

Yeseña Guamaní, de la ID, dijo que el país necesita gobernabilidad y que su bancada no apoyará la desestabilización.

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El asambleísta dio a conocer este particular, precisamente horas después de que la Comisión de Garantías Constitucionales determinó incumplimiento de mandato constitucional del primer mandatario.

La Mesa Legislativa tuvo 30 días para realizar una investigación sobre el patrimonio del Jefe de Estado en paraísos fiscales. Una realidad admitida por el propio Lasso en una entrevista nacional. Él dijo que esto fue antes de inscribir su candidatura en el 2020. Agregó que las transfirió a su familia, pese a que el Pacto Ético lo prohíbe.

Con 105 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional designó a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos para que investigue la vinculación del presidente Guillermo Lasso en los Pandora Papers. Villavicencio rechazó esta decisión pues Lasso lo invitó a acudir al Palacio de Carondelet para hablar de los Pandora Papers.

En esa ocasión el Presidente de la República dijo estar abierto a acudir al Legislativo para aclarar el tema. Sin embargo, cuando se conoció la noticia el mandatario tomó una actitud contraria y se excusó de acudir a los llamados.

El Pleno decidió que la Comisión de Garantías Constitucionales tendrá la competencia exclusiva para este proceso de fiscalización. “Ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma materia o asuntos relacionados con los Pandora Papers”, puntualiza la resolución.

A la casa de doña Bertha

Ante la decisión de la Asamblea, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, escribió en su cuenta de Twitter: “A mí nadie me prohíbe fiscalizar, para eso me pagan. Asambleístas glosados vayan a pagar las glosas, las pensiones de sus hijos y luego aprendan a leer y escribir. Son la deshonra de la Asamblea. No les voy a dar un documento, vayan a pedir información a la casa de doña Bertha”.

Fuente: Pichincha Comunicaciones

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El periódico reseña que el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, José Cabascango, de Pachakutik, envió el documento de 205 páginas, con carácter de confidencial, a los integrantes de la Comisión. Los asambleístas de la Comisión aprobarán el documento este 5 de noviembre, a las 8:00.

“La posibilidad que el Presidente Guillermo Lasso Mendoza esté incurso en la prohibición establecida en el artículo 4 de la Ley Orgánica  para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017, y también incurso en la inhabilidad establecida en el artículo 7 de la referida ley para las elecciones generales del año 2021 (…), determinan un escenario de crisis de gobernabilidad”, dice el borrador al que tuvo acceso El Comercio.

Agrega que “en ese contexto el Presidente de la República no tendría margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo y su credibilidad social se desplomaría, al tiempo que genera en la sociedad un ambiente de frustración, conflicto social y vergüenza colectiva, lo que generaría un escenario de conmoción social porque altera de forma radical las coordenadas éticas y deontológicas del sistema político”.

“En un contexto de esa magnitud, la Asamblea Nacional tiene la obligación de restaurar la paz social y garantizar la continuidad de las instituciones bajo las normas éticas y jurídicas consagradas en la Constitución y la ley, a través de decisiones apegadas al ordenamiento constitucional”, concluye.

El borrador del documento también menciona que “con base a la información recabada y a la documentación remitida a la Comisión se pudo establecer que hay una vinculación directa entre el presidente de la República Guillermo Lasso Mendoza como accionista mayoritario de la Corporación MULTIBG con el Grupo financiero Banco de Guayaquil que, además, actúa como entidad controladora y que agrupa a las empresas: administradora de fondos BG, Casa de valores Multivalores BG y COLARI S.A., BANISI y BANISI HOLDING domiciliadas en Panamá, entre otras”.

Para aprobar el texto se requiere al menos cinco votos en la Comisión. La mesa está compuesta por cuatro asambleístas de Pachakutik, tres de UNES y dos aliados del oficialismo.

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“Al respecto, debo respetuosamente ratificar los términos de mi comunicación entregada el 20 de octubre del 2021, sin que sea necesario abundar en nuevos argumentos”, esta fue la respuesta del presidente.

El presidente de la Comisión, José Cabascango, solicitó por segunda vez a Lasso su presencia en el Legislativo que él rechazó. “De forma respetuosa me permito informar que la normativa no permite su amable invitación de trasladar su comparecencia al Palacio de Gobierno”.

El rechazo

El 20 de octubre, el presidente indicó su negativa de comparecer en la Comisión. «La respuesta que dirijo respetuosamente a usted presidente de la Comisión, la remito con el fin de contribuir a la investigación, pero expresamente manifiesto que ni la Asamblea Nacional ni la Comisión son órganos competentes para investigar estas causas», dice parte del comunicado.

En la misiva, el mandatario explica que las empresas que están presentes en la investigación fueron disueltas en el pasado y que esa verdad no se ya contradicho. Agrega que no tiene que ver con los fondos de inversión en los Estados Unidos con los que se lo relaciona.

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Comparecientes

Entre los comparecientes estarán miembros de la Academia que brindarán el contexto constitucional y legal internacional y nacional sobre lo resueltos en la Consulta Popular de 2017 con relación a los paraísos fiscales. Además, deberán comparecer los miembros de la Red Internacional de Periodistas de investigación, quienes dieron a conocer al mundo sobre este caso.

Posterior a esto vendrá la comparecencia del presidente de la República, Guillermo Lasso. De allí vendrían las instituciones públicas. Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI). También la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado (CGE), la fiscalía general del Estado (FGE), el Consejo Nacional Electoral (CN). La Comisión tiene 24 horas para enviar sus observaciones del cronograma.

Cronograma

Se prevé que para el 28 de octubre se realizará el respectivo debate final del informe que será llevado al Pleno de la Asamblea Nacional. Dicho informe podría recomendar le juicio político al presidente o su destitución de comprobarse alguna irregularidad en esta investigación.

La Comisión de Fiscalización aún no remite la información de este caso a la de Garantías Constitucionales, a pesar de que el Pleno decidió que esta última haga la fiscalización de Pandora Papers. El presidente de la Comisión, José Cabascango, envió otra solicitud de los documentos. Fernando Villavicencio, presidente de Fiscalización, anunció una investigación por su cuenta.

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