La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, continúo la sesión con las intervenciones de ocho asambleístas. Mario Ruiz (PK), Paola Cabezas (UNES), Victoria Desintonio (UNES), Guadalupe Llori (PK), Edgar Quezada (PK), María Fernanda Astudillo (UNES), Shyrabel Loor (PSC), y el presidente José Fernando Cabascango (PK) asistieron a la sesión para resolver el caso de la abogada víctima de femicidio.

El asambleísta Ruiz fue el primero en expresar su positividad frente al ausentismo de la madre de María Belén, Elizabeth Otavalo: “Es de valientes decir ya no, ya no quiero ser revictimizado” aseguró. Además, se refirió a la cifra alarmante de mujeres asesinadas en Ecuador desde 2014.

Un total de 1.570 mujeres han sido víctimas de femicidio. Tan solo en este año se han reportado 206 casos, transformando al 2022 como el año más violento para las mujeres ecuatorianas. De los casos reportados, el 41% continúa en investigación; es decir, aún no se encuentran responsables. “La señora fiscal general del Estado tendrá que responder, debemos exigir respuestas”, sentenció Ruiz.

En continuación con la sesión, la asambleísta Paola Cabezas presentó la moción de remitir toda la información referente al femicidio de María Belén Bernal. Entre ellos, registros de audio, video y documentos que tiene la Comisión de Garantías Constitucionales, hacia la Comisión Ocasional Especializada para que se agilite el proceso de fiscalización.

“Todo el sistema se configura para dejar en la impunidad a estos casos de asesinatos a mujeres” dijo Cabezas.

Casos de femicidio en Ecuador

Los asambleístas hicieron hincapié en varios de los cientos de casos mediáticos que han quedado en la impunidad. Diana Carolina murió el 19 de enero del 2020. Doce policías observaron el crimen sin intervenir en el acto. Yordis L. apuñaló a su conviviente varias veces con un cuchillo de cocina. Durante 90 minutos la víctima, que estaba embarazada, fue retenida por su expareja de nacionalidad extrajera. Las calles de Ibarra vivieron el hecho en medio de la noche y conocieron la nulidad de presencia policial.

María Caicedo Malava fue asesinada el pasado 2 de enero del 2022. Un tiro en la cabeza, proporcionado por su exconviviente habría segado su vida para siempre. La victima de 36 años fue violentada varias veces delante de sus dos hijos, mientras vivían en Guasmo Sur. María Caicedo fue catalogada solo como “la primera victima de femicidio del año en Guayaquil”, una cifra más en Ecuador entre varios centenares que continúan en la impunidad. (J.C)

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«¡No lo vamos a permitir! ¿Cuál es la fijación con impedir que centenares de perseguidos políticos puedan vivir en paz?», reza el tweet.

El asambleísta Fernando Villavicencio remitió una queja porque Cabascango envió sin las firmas correspondientes el informe para conceder amnistías a procesados por violencia en octubre de 2019, en el último día del plazo. Asimismo, señaló que posteriormente se envió el informe firmado, pero fuera del plazo establecido.

Cabascango respondió a la Presidenta del Legislativo aduciendo que se presentó el informe de aprobación dentro del plazo establecido de 30 días. También señaló la incongruencia del Legislativo, que en otros casos ha convocado al pleno y ha tramitado informes sin firmas.

«La falta de firmas no invalida el documento. Lo que intenta hacer el asambleísta Villavicencio con su queja es perjudicar a las 272 personas beneficiarias de amnistías producto de sus caprichos políticos», dice Cabascango en un memorando.

El llamado de Cabascango

En el documento, el legislador de Pachakutik le dice a la presidenta Llori que no puede dar cabida a estos ‘caprichos’. Cabascango también indica que Llori representa a estas 272 personas y advierte que si da paso a la queja del Consejo de Administración Legislativa (CAL), estaría actuando en contra de la práctica parlamentaria.

«Señora Presidenta, usted no puede permitir que personas llenas de odio y venganza sigan afectando a ecuatorianas y ecuatorianos inocentes», aseveró.

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