En el caso Chalecos de las FF. AA. se han realizado pedidos de información a las autoridades competentes y en estos días llamará a comparecer al Ministro de Defensa, Director General del Sercop, Contralor General del Estado, entre otras autoridades. Mientras que para el caso Petronoboa se volverá a solicitar las comparecencias de la Ministra de Energía, Director Ejecutivo de la ARCH, Secretario General de Integridad Pública y el Director General del SRI.

La mesa parlamentaria resaltó que si otra comisión pretende, a la par, iniciar un proceso de fiscalización por estos casos, en los que ha prevenido legalmente la Comisión de Justicia, estaría incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 26 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incurriendo en una falta grave conforme a lo establecido en el Artículo 170 numeral 4 de la citada ley.

La aclaración fue una respuesta al oficialismo que preside la mesa parlamentaria de Seguridad y pretende tratar el caso Petronoboa.

Caso Petronoboa

Respecto al Caso Petronoboa, el asambleísta Leonardo Berrezueta señaló que de comprobarse las irregularidades en Petronoboa se configurarían delitos como tráfico de influencias y tráfico de combustibles. Cuestionó que la empresa de la familia presidencial haya obtenido el permiso para distribución de combustibles en menos de 24 horas cuando el proceso tarda alrededor de seis meses.

También indicó que más de 3 millones de galones de combustible subsidiado se distribuyen entre los clientes industriales de Petronoboa. De esta cifra, 1.152 millones galones van direccionados a la Compañía de Elaborados El Café, que tiene como accionistas a miembros de Grupo Noboa.

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Luego de las pasadas movilizaciones de junio de 2022, el ministro del Interior, Patricio Carrillo compareció ante la omisión de Justicia y Estructura del Estado para informar sobre el accionar policial en las protestas sociales.

Carrillo aseguró que desde el primer día de movilizaciones la Policía Nacional estuvo presente y acompañó a las marchas.

Sin embargo, indicó que frente a los «comportamientos negativos» la entidad tuvo que otorgar una respuesta contundente. «En estas jornadas de junio, la policía no reprimió, la policía repelió».

Así también, dijo que la institución es una que las más protege los derechos humanos.

Justificación para la inseguridad que vive el país

Frente a las interrogantes de los legisadores sobre el actuar de la Policía en relación a los hechos de violencia que vive el país, Carrillo alegó que el personal polical está padeciendo un «síndrome de cansancio».

«El policía también es un ser humano y tiene la posibilidad de llegar a un síndrome de cansancio porque no son estás jornadas últimas que vivimos. Se sale de un terremoto, se sale de unos problemas de agresividad, se sale de una presencia de crimen organizado que cada vez actúa con actos de terrorismo, se sale de un problema pandémico (…)».

El ministro del Interior aseguró que la institución está enfrentando un incremento en la deserción de sus miembros, debido a la desmotivación por la que han tenido que pasar.

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«Luego de los criterios de varios legisladores, el presidente d ela Comisión, Alejandro Jaramillo, informa que dispuso a Secretaria que se convoque al Presidente del Consejo de la Judicatura y a la titular de la Fiscalía General del Estado, respecto a la intromisión en la Función Legislativa», publicó la Asamblea Nacional a través de su cuenta de Twitter.

El 9 de abril, los legisladores consideraron, por unanimidad, la medida cautelar y la denuncia de Llori al Consejo de Administración Legislativa (CAL) como una intromisión en el Órgano. Las autoridades deberán comparecer hasta el miércoles 13 de abril.

Esta resolución se dio después de que el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha otorgó medidas cautelares a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para evitar que el Legislativo integre una comisión ad hoc con el fin de evaluar su gestión.

Crisis

La crisis de la Asamblea continúa. Diversas bancadas exhortan a Llori a hacerse a un lado. Asambleístas de UNES, PSC, ID y hasta el ala rebelde de Pachakutik la acusan de ser un «títere» de Guillermo Lasso y responder a la agenda del Ejecutivo. Sin embargo, Llori ha ratificado en varias ocasiones que no renunciará a la presidencia del Legislativo.

La Comisión de Justicia analiza el proyecto de Ley sobre el aborto por violación

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“Este informe tiene que pasar de la Comisión al Pleno de la Asamblea Nacional, y la Asamblea debe votar por dicho informe”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Carrillo recalcó que las 61 observaciones de los 63 artículos de la Ley de aborto en casos de violación es una burla y mofa total por parte del presidente.

“Él no dio el veto total porque no quería que se archive, quería que pase dicho proyecto que es revictimizante y sobre todo vuelve a criminalizar a las mujeres víctimas de violación”, aseguró la asambleísta.

Además, comentó que para precautelar una ley justa y reparadora la Comisión pretende enviar el informe a la Corte Constitucional.

“Confiamos que la Corte Constitucional haga su respectivo trabajo, enfocado en los derechos humanos y que, sobre todo, no se deje amedrentar por parte del Ejecutivo”, reiteró la asambleísta.

Carrillo sostuvo que el presidente Guillermo Lasso emitió una visión personal al vetar la ley y su accionar se vuelve inconstitucional dentro de los ámbitos de derechos.

“Es horrible y también tedioso que el presidente pida a las víctimas de violación que hagan una denuncia, una declaración juramentada y un examen para poder creerles”, afirmó Carrillo.

Por último, aseguró que van a seguir tratando de sumar los votos de las diferentes bancadas para que puedan darles un mínimo de dignidad a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violación.

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«Nosotros hemos hecho seguimiento a las reuniones de la Comisión. Las organizaciones nos dimos el tiempo de entregar por escrito nuestros apuntes para que los tengan en cuenta en la ley, sin embargo, ayer qué se reunieron, la asambleísta Sofía Espín no leyó el informe para dar sus observaciones»,  dijo a Radio La Calle, Consuelo Arequipa de la Organización de Mujeres Interculturales.

Añadió que es preocupante la demora de la Asamblea debido a que las víctimas de violación se dan diariamente y necesitan la ley como una herramienta para hacer valer sus derechos.

De acuerdo con las organizaciones, el proyecto de ley de Ricardo Vanegas sobre este mismo tópico entorpece el tratamiento de la ley enviada por los colectivos y la Defensoría del Pueblo.

Ya es ley

Arequipa indica que algunos asambleístas parecen estar confundidos. «Piensan que debe despenalizarse el aborto y no es así, la ley es para que la interrupción de embarazo tenga una normativa. Las mujeres somos muchas y dimos el voto a las asambleístas. Nos apena que cuando las necesitemos, hagan oídos sordos».

«Hay algunos derechos que por falta de presupuesto no se ponen en marcha. No sólo este tema, también otros como la violencia. Queremos que entiendan que esta lucha es para las mujeres empobrecidas que no pueden viajar y pagar su aborto en los países donde ya se aplica la ley»

La Asamblea Nacional tiene hasta el 17 de diciembre para promulgar esta ley de aplicación de acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional.

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Estas solicitudes las tramitó la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La comisión recibió a los líderes, quienes criticaron la criminalización a la que se sometieron por aplicar la justicia indígena, una práctica ancestral de los pueblos y nacionalidades que la Constitución y organismos internacionales la reconocen.

20 amnistías

Las personas que se beneficiaron de las amnistías son:

1. Luis Eduardo Calle Calle
2. Manuel María Calle Calle
3. María Asenciona Murudumbay Tamay
4. Digna María Sarmiento Chuqui
5. Luis Manuel Morocho Sanango
6. José Sarmiento Jiménez
7. Sergio Roberto Paucar Huerta
8. Galo Alejandro Mateus Rodríguez
9. María Aurora Romero Romero
10. Manuel Jesús Romero Romero
11. Blanca Teresa Tenezaca Romero
12. María Josefina Sotamba Padilla
13. María Alegría Tenelema Romero
14. Luis Eduardo Calle Espinoza
15. Héctor Patricio Tamay Tamay
16. Luis Rigoberto Chimborazo Sarmiento
17. Zoila María Espinoza Campoverde
18. María Baleriana Tenezaca Romero
19. Víctor Aurelio Espinoza Espinoza
20. Ángel Belisario Calle Calle

Según los expedientes, los líderes indígenas estaban procesados por los delitos de secuestro, secuestro extorsivo y destrucción a bienes privados.

La moción la presentó el asambleísta por Alianza PAIS, José Serrano. Así, indicó que «la Asamblea tiene la posibilidad histórica de contribuir a la unidad y a la reconciliación del país». De la misma manera, la postura fue respaldada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña. En su intervención, aseguró que a los asambleístas les «corresponde honrar nuestro rol y la institucionalidad de la amnistía como instrumento de reparación ante la criminalización indebida e injusta».

Por su parte, el legislador de CREO Pedro Curichumbi señaló que la medida permitirá que la Asamblea reivindique los derechos de personas que han sido afectadas. Además, recordó que según el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo, los pueblos indígenas deben tener sus instituciones para aplicar sus costumbres y el derecho consuetudinario.

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