La legisladora Mireya Pazmiño señaló que las conclusiones del informe enmarcan la responsabilidad estatal al no ejecutar políticas públicas que detallen un control político adecuado. Explicó que la Policía Nacional no está cumpliendo con los protocolos pertinentes y las instituciones encargadas  de la seguridad tampoco. “No tenemos un control adecuado en cuanto a la práctica de la Constitución, los derechos humanos y algunos tratados internacionales vigentes en el país”, precisó.

Enfatizó la complicidad del gobierno al no brindar información extra, ni los nombres de las autoridades a cargo de la supervisión y seguridad esa noche. Comunicó que la comparecencia de Ordóñez y sus comentarios misóginos a las comisionadas mostraron el desinterés y poca sensibilidad ante el femicidio de María Belén dentro de la Institución.

“Pedimos los nombres de las autoridades y cadetes que estuvieron en funciones el 10 y 11 de septiembre de 2022 como una forma de garantizar la verdad. Sin embargo hasta el momento no hemos tenido acceso a tal lista”, dijo.

La secretaria de la Comisión, Daniela Jervés informó que la señora Elizabeth Otavalo seguirá “desestabilizando” hasta saber lo que realmente ocurrió con su hija. Además, advirtió que Ordóñez prefirió cuidar la institucionalidad de la Policía que cuidar a las víctimas del caso.

“Las declaraciones de Ordóñez parcializan los hechos y vulneran los derechos de las victimas afectando la obligación del Estado de investigar las violaciones del derecho de la vida”, destacó.

Solicitudes de reparación detallados en el informe

Solicitan dar de baja a todos los funcionarios y autoridades que estuvieron presentes ese día y el cese de funciones a quienes omitieron su responsabilidad en el caso. Exigen que se investigue con celeridad y pertinencia la participación del Estado y lo que no debería hacer un Estado de derecho.

También piden juicios políticos contra el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; Ministro del Interior, Patricio Carrillo; la secretaría de Derechos Humanos, Paola Flores y la renuncia inmediata del Comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas. (N.J.C)

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La presidenta de la mesa, Ana Cecilia Herrera (UNES), la vicepresidenta Yeseña Guamaní (ID), Mireya Pazmiño (PK), Marjorie Chávez (PSC) y Amada Ortiz (IND) deben garantizar el cumplimiento de la verdad de los hechos frente al asesinato de la abogada en apego a la onstitución.   

La asambleísta Mireya Pazmiño manifestó su inconformidad con la participación del mandatario Guillermo Lasso en cuanto a seguridad ciudadana y a los avances de la investigación en el femicidio de María Belén Bernal.

“Pediré qué comparezca el presidente de la República como el principal responsable de la seguridad ciudadana y a quien pone como autoridades, veremos que tiene que decir (…) se ve que él está protegiendo la incompetencia y esta impunidad como un delito y se puede considerar como un delito de Estado. Esperemos que dé la cara”, se pronunció.

Se esperan buenos resultados de la conformación de la mesa. La comisión tendrá 30 días de plazo para dar una respuesta. (A.M.B)     

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“Las declaraciones de Rafael Lucero en el sentido de que nosotros, como bancada UNES, hemos propuesto la creación de una Comisión de la Verdad. Quiero decirles que esta es una mentira y que Lucero deberá decir públicamente si es que yo como coordinadora de la bancada le he pedido alguna vez la creación de esta Comisión”, dijo a los medios.

Agregó que la propuesta de esa Comisión es pública y se la ha hecho, mediante los medios de comunicación al Gobierno Nacional. “Esto no es algo de lo que la Revolución Ciudadana viene hablando desde semanas o meses sino desde el inicio de la gestión hemos insistido en la necesidad de esta Comisión”.

Comisión de la Verdad

Lucero dijo en una entrevista con diario El Universo que la persecución a la presidenta del Legislativo se debe a que no estuvo de acuerdo en conformar esa Comisión de la Verdad y que los asambleístas “rebeldes” de Pachakutik estarían orquestando también esta acción.

El expresidente Rafael Correa también respondió a las declaraciones. “¡Qué terror que le tienen a una Comisión de la Verdad que, además, sería INTERNACIONAL! ¿Por qué será? Eso se lo dejé muy claro a Lucero, cuando vino a verme a México para conformar una nueva mayoría”, escribió en un tuit.

El coordinador de Pachakutik también dijo que UNES tendría derecho de solicitar la conformación de la Comisión. A esa declaración vinieron las respuestas de los asambleístas del oficialismo. Juan Fernando Flores dijo que no apoyarán una “comisión de la impunidad a quienes robaron al país durante 14 años”.

Belén Cordero se expresó de manera similar. “Nosotros no estaremos apoyando en ningún sentido esa comisión de la verdad. Sabemos que esa fue la intención desde un inicio y por eso el presidente (Guillermo) Lasso no estuvo de acuerdo en que formemos parte de esa mayoría que lo que intentaba era conformarla”, dijo a diario La Hora. MIB

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Durante el enlace radial Encontrémonos por la ciudadanía, que se realiza los martes desde el Palacio de Gobierno, Lasso recalcó que el partido CREO no estuvo de acuerdo con el planteamiento de esta comisión porque iba en perjuicio del interés público.

“El partido CREO dijo: No estamos de acuerdo con Comisiones de la verdad ni estamos de acuerdo con perseguir a las autoridades como el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general, el procurador, la búsqueda de un contralor a la medida”, afirmó durante la entrevista.

Un pacto fallido

En mayo del 2021, la Asamblea Nacional se preparaba para elegir a sus autoridades. Guillermo Lasso había mantenido reuniones con las bancadas del PSC y UNES para llegar a acuerdos. Sin embargo, a última hora Lasso decidió respaldar a Pachakutik y a la Izquierda Democrática en la designación de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea.

La bancada de CREO se abstuvo de votar en la moción presentada por el asambleísta Esteban Torres para que el legislador Henry Kronfle sea el nuevo presidente de la Asamblea Nacional.

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“Cuando entregué el informe de la Comisión de la Verdad presenté una denuncia por lesa humanidad contra un presidente de la República todavía en funciones. La presenté contra una ministra de Gobierno en funciones, contra un ministro de Defensa en funciones y contra la cúpula policial en funciones. Cuando se dieron estos hechos, el 16 de mayo, Moreno aún no había entregado el poder. Se ha dado una persecución política”, aseguró.

Indicó que a partir de ese momento, llegaron amenazas directas contra él y su familia. Incluso, aseguró, tuvo que entrar al sistema de protección de víctimas y testigos y presentar medidas cautelares a la CIDH.

Dijo que era culpable de haber asistido al domicilio y aceptado una copa de licor, pero no de los hechos que lo acusan. Cuestionó a la justicia por callar y no indagar respecto a 47.000 dólares en efectivo, encontrados en manos del exministro Falconí y la supuesta víctima.

“A mí, señor juez, me podrán acusar de cualquier tipo de delito, pero jamás de corrupción. De haberme llevado un solo centavo del pueblo ecuatoriano. Por eso estoy aquí, porque me atreví a desafiar al Estado. A un poder que se mantenía cuando se dieron estos hechos”, aseveró.

También argumentó que, a nivel del proceso penal, existen una seria de contradicciones e irregularidades. Por ejemplo, dijo, hay videos cortados y manipulados que aparecen en redes sociales, sobre los cuáles no se ha pronunciado la Fiscalía. Sin embargo, ratifica que, desde la misma Fiscalía, se intentó silenciar a su esposa.

“Intentan quitarme el cargo de Defensor del Pueblo, quieren anularme como persona, deshumanizarme al meterme en una prisión, donde se me quitan todos los derechos. Donde se pretende silenciar lo que sucedió. Donde hay intereses políticos de por medio. Cuando yo he manifestado que quieren quitarme el cargo es justamente porque, en estos momentos, se están repartiendo la Defensoría”, dijo.

Asimismo, declaró que no goza del supuesto de inocencia. “Tengo que demostrar mi inocencia, no son ellos los que tienen que demostrar mi culpabilidad. Todo el proceso ha estado parcializado. No hay sustentos legales ni constitucionales que respalden la prisión preventiva”, manifestó.

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Rohon podría separarse del bloque con el que fue reelecto para la asamblea. “Yo me reservo el derecho a dejar el PSC en su momento”, sentenció.

“No estoy de acuerdo con el acuerdo político con UNES, al que todavía no se ha llegado. No se puede revisar ningún fallo judicial porque los poderes del Estado son independientes. La Asamblea es el primer poder del Estado y no tiene que hacer nada con un poder independiente que es la justicia. Indultos y amnistías están prohibidos por la ley. No estoy de acuerdo con los términos. Comisiones se pueden crear muchas, pero no puede haber una Comisión de la Verdad de revisión de ningún fallo judicial”, expresó el legislador en una rueda de prensa.

Posible salida

Sobre una posible salida del bloque legislativo al que pertenece,Rohon expresó. “Mi lucha contra la corrupción es de frente como ha sido siempre. No hay pactos con la corrupción. He dejado muy clara mi posición en el seno del Partido Social Cristiano, donde me he cobijado los últimos 25 años como independiente porque no estoy afiliado, pero lo he defendido con lealtad no con incondicionalidad”

El asambleísta asegura no tener problemas con sus compañeros de bancada, tampoco con Henry Kronfle, posible candidato a la Presidencia del Legislativo. “Este no es un conflicto de personas, aquí hay problemas democráticos dentro del partido. Es otro problema que tenemos casa adentro. Si no se ejerce una verdadera democracia, también hay problemas. No tengo nada contra los candidatos del partido”.

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“La primera exigencia que estamos poniendo en todo diálogo es la creación de una Comisión de la Verdad que, conformado en el esquema de la ONU para estas comisiones, sea constituido por expertos internacionales que analicen lo sucedido en estos cuatro años. También por supuesto retirar la espada de Democles a jueces y fiscales”, dijo en entrevista para Radio La Calle

Dignidades para la Asamblea

Jarrín espera que para el jueves, los diálogos sean claros y puedan llegar a acuerdos firmados en la víspera a la posesión del nuevo Legislativo por los siguientes cuatro años. Aunque el nombre de Pierina Correa está vetado por Pachakutik y la Izquierda Democrática, la bancada propone a sus compañeras asambleístas.

“Si no estuviéramos en transición de una pseudodictadura a una democracia, nosotros deberíamos escoger a nuestro mejor nombre. Pierina Correa al ser la más votada podría ocupar la Presidencia, pero este no es un proceso democrático. Nosotros hemos plantado la idea de que si el binomio electo fue de dos hombres, UNES escogerá entre las más de 20 asambleístas de la bancada para presidir las dignidades en la Asamblea. Sofía Espín, Paola Cabezas, Luisa González, Fernanda Astudillo, Katiuska Miranda, entre otras”.

Diálogos con la derecha

“Tenemos claras dos posiciones con CREO – PSC. Vamos a facilitar la gobernabilidad de los proyectos para salir de la crisis económica y sanitaria. La derogatoria de varias leyes que hacen daño al país. Dejamos claro que vamos a ser oposición directa y clara en lo implique precarización”

“Estamos dialogando con nuestros verdugos de los cuatro años de Moreno. Unos activamente, otros a través del silencio cómplice. La bancada de la dignidad fue la única oposición real a Moreno en este período”

Quishpe y Glas

“Es lastimoso que por la desesperación de llegar a la Presidencia de la Asamblea, el asambleísta Quishpe se vea obligado a mentir. Primero el que me invitó a dialogar fue él. Fui a una oficina en Quito cerca de la Plataforma Financiera […] Conversamos sobre el riesgo de privatizaciones y puse sobre la mesa la situación de mis compañeros perseguidos”, dijo Jarrín sobre las acusaciones de Salvador Quishpe (PK) sobre un supuesto pedido de amnistía.

Añadió que “Salvador Quishpe se solidarizó con Jorge Glas, dijo que eran amigos desde hace tiempo y que Jorge estuvo muy cerca de llegar a ser candidato a la presidencia por el movimiento indígena, cosa que yo no sabía, tocamos el tema de octubre y me despedí cordialmente de él”.

“Yo no he sido delegado de UNES para diálogos con ninguna bancada. Yo no tengo competencia para ofrecer votos de mis compañeros. Tampoco para negociar sobre los cargos que se vayan a entregar en la Asamblea”, precisó.

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“En un Estado de derechos, democrático y plural, no se puede admitir que frente a los hechos que se han evidenciado (…) pueda generarse una respuesta de amenaza e intimidación; es obligación de las autoridades competentes (…) realizar la investigación correspondiente a fin de determinar responsabilidades frente a estos hechos de intimidación y amenazas”, reza un comunicado enviado por el organismo.

El defensor del Pueblo pidió ingresar al Programa de Protección a Testigos tras recibir amenazas a su vida y la de su familia. El pedido aparece en la denuncia del funcionario contra el presidente Lenín Moreno, la exministra María Paula Romo y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. Ellos son responsables de delitos de lesa humanidad, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad.

El CDP-Q instó a la Fiscalía a adoptar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad de Carrión y su familia. Al tiempo, solicitó su inclusión en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal. “Estas medidas deberán extenderse a los miembros de la Comisión de la Verdad y la Justicia, de presentarse casos análogos de amenazas e intimidación”, concluyó.

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La Comisión estuvo conformada por Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Xavier Zavala Egas. Ellos recogieron 519 testimonios de los cuáles 249 estaban relacionados con la vulneración de Derechos Humanos. De estos, 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional y 34 por personal de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Informe estableció que al menos 26 personas de entidades públicas, como la Fiscalía General del Estado, no actuaron conforme a sus competencias.

A esto se suman 123 violaciones al derecho a la integridad personal, 83 violaciones al derecho a la libertad personal, seis ejecuciones extrajudiciales. También 22 atentados contra el derecho a la vida, tres casos referentes a violencia sexual, 20 lesiones oculares. Además, hubo 81 personas que refirieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política.

Ante estas evidencias, el primer mandatario, la cúpula policial y militar no asume su responsabilidad y se lavan las manos aduciendo que actuaron en el marco de la ley y de forma profesional.

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, también desestimó y tildó de sesgado al informe presentado por la Comisión de la Verdad. “Nosotros como Gobierno, ese informe creemos que es una versión probablemente sesgada. No recoge los hechos y que definitivamente no creemos que representa la realidad de lo sucedido en octubre de 2019”, dijo Martínez en su momento.

La versión de la Defensoría

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, asegura que en las protestas de octubre se cometieron al menos tres delitos de lesa humanidad. Él espera que la Fiscalía investigue estos hechos, identifique a los culpables y que los familiares de las víctimas reciban la respectiva reparación.

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“Nosotros como Gobierno, ese informe creemos que es una versión probablemente sesgada que no recoge los hechos y que definitivamente no creemos que representa la realidad de lo sucedido en octubre de 2019”, dijo Martínez en rueda de prensa.

La Comisión recibió 519 denuncias de distintos tipos de violencia durante los días de movilización, todas correspondientes a testimonios voluntarios. De esas denuncias se han identificado seis asesinatos extrajudiciales, 123 casos de violencia a la integridad personal, 38 casos de privación de libertad. Además, hubo 22 atentados contra la vida, tres casos de violencia sexual y 20 casos de lesiones oculares (seis tienen afectada su visión).

“Yo en ese momento me desempeñaba como viceministro de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, estábamos al tanto de lo que sucedía en el país, el cierre violento de carreteras. En ese informe que es una versión en el que no se habla del secuestro a Policías, del abuso a policías mujeres, del incendio en la Contraloría, a canales de televisión”, aseguró.

Moreno a juicio penal

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, se comprometió a judicializar al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, como “principal responsable de las violaciones de Derechos Humanos en los sucesos de octubre de 2019”. La máxima autoridad de la Defensoría aseguró que el informe es un «reconocimiento a las víctimas».

De acuerdo con el Gobierno, ese informe no refleja los hechos como fueron sino una versión de lo real. “Lo real es que tuvimos unas protestas violentas con fines políticos, de desestabilización política, ante los cuales la Policía actuó firmemente, correctamente. Intentó proteger a las personas que no tenían ningún tipo de circunstancia en estos actos (sic), restablecer el orden para el resto de los ecuatorianos”, agregó el ministro Martínez.

La Comisión invitó a la entrega de este informe a los tres candidatos finalistas de Elecciones 2021: Yaku Pérez, Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Solamente Arauz asistió.

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