Este 3 de junio, Pachakutik expresó su rechazo a la criminalización de la protesta social e hizo un llamado a sus asambleístas a no votar a favor de la Ley, pues aseguran que el cuerpo legal atenta contra el derecho a la lucha social.

En un comunicado, PK exigió que el proyecto sea devuelto a la comisión para que algunas observaciones sean incorporadas.

Según Pachakutik, entre las observaciones consta la eliminación del Art. 23, el cual autoriza la acción de fuerzas militares en contra de manifestantes sociales incluso la utilización de la fuerza letal.

«Sabemos que el problema de la inseguridad no se resuelve con mayor represión, sino con políticas integrales en las que el Gobierno se mantiene en deuda con la ciudadanía», dice el comunicado.

Pronunciamiento de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional

Este 4 de mayo, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional rechazó el pronunciamiento de PK.

Por el contrario, aseguró que el proyecto de Ley garantiza ampliamente el derecho a la protesta social.

«Informa a la ciudadanía que ni el artículo 23 como ha señalado el referido comunicado, ni ninguna otra disposición autoriza la acción de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional contra manifestantes, peor aún, de la fuerza letal», dice el comunicado.

Además, la Comisión reiteró que Pachakutik no asistió a ninguna de las mesas técnicas o reuniones inter bancadas para analizar y procesar las supuestas observaciones al proyecto de Ley.

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“Tienen que existir garantías del Estado a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería para que se regularice el precio de la leche y haya un incentivo”, expresó el asambleísta Joel Abad, durante una rueda de prensa.        

El asambleísta sostuvo que existen varios obstáculos para los pequeños y medianos productores de leche. “Existen obstáculos en el transporte de la leche, hay abuso en el pago de los precios y los acopios en ocasiones no los reciben”, afirmó Abad.

Gustavo Albuja, representante de los productores de leche, reiteró la importancia de diseñar una ley en beneficio de los pequeños ganaderos, pues en este país, aproximadamente, un millón y medio de personas viven de la producción de leche.

“En primer lugar deben fijar el precio de sustentación en mínimo 42 ctvs. En este momento hay un incremento de precio de venta al público, sin embargo, al pequeño ganadero no se le paga un centavo más”, aseguró Albuja.

Además, manifestó que el país produce suficiente leche para los ecuatorianos y es totalmente innecesario importar leche en polvo. Por ese motivo solicitan la moratoria por 10 años de la importación de leche en polvo.  

El asambleísta de Pachakutik, Salvador Quishpe, recalcó la necesidad de que la ley permita a los productores asociados que puedan vender la leche pasteurizada directamente al consumidor.

“Los intermediarios terminan pagando un precio muy bajo y no se respeta el precio de sustentación. Para el consumidor acaban el precio de la leche a 90 ctvs.”, aseveró Quishpe.

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El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, señaló que uno de los problemas detectados es que el cuerpo de seguridad de los centros penitenciarios no cuenta con los elementos necesarios para defenderse. Asimismo, recalcó que es superado en número por las personas privadas de libertad.

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, reiteró que es notorio el abandono, por parte de las autoridades, para lograr un proceso de rehabilitación social. Insistió en que la rehabilitación social es un objetivo constitucional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Destacó que es importante el compromiso de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, para trabajar en iniciativas legislativas y de control político, que permitan mejorar la situación penitenciaria.

Geraldine Weber, asambleísta del PSC, expuso que en los centros de rehabilitación social hay casos de mujeres violentadas y violadas, por la falta de separación en las instalaciones. También insistió en la necesidad de brindar ayuda psicológica a las personas privadas de la libertad.

El informe entregado a la CIDH, aprobado por la Comisión y la Asamblea Nacional, cuenta con 55 conclusiones y más de 75 recomendaciones a las instituciones del Estado. Sin embargo, no establece responsables directos por las masacres carcelarias que han dejado más de 300 asesinatos, durante el 2021.

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“Es el Gobierno nacional a través de sus autoridades del Ejecutivo, como el Presidente o el Canciller, los únicos que pueden expresar una posición respecto a lo que sucede en el país de Colombia”.

Flores se comprometió a revisar el video y hacer un comunicado de parte de la comisión y hacerla llegar a la Comandante de la Policía Nacional. «La Policía no puede intervenir en la política»; aclaró.

“Además no se puede utilizar el equipamiento de esa forma, si querían mandar un mensaje deben ser respetuosos y quien debía aparecer es la Comandante”:

Uso progresivo de la fuerza quedó para el próximo periodo

Adicionalmente, aseguró que la nueva comisión de Soberanía será quien convoque a la ciudanía para analizar en detalle el proyecto de Ley de Uso Progresivo de la Fuerza.

“Han existido algunas actualizaciones, decretos, documentos entregados por el Ministerio de Gobierno, será la nueva comisión la que analice en detalle esta información”.

De acuerdo a Flores, la comisión que él presidió dejó 29 acuerdos internacionales, fruto del trabajo de la comisión que presidió.

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