A través de un comunicado, la organización también respaldó el trabajo del asambleísta Fernando Cabascango, presidente de la Comisión, y de los demás miembros que desarrollaron esta labor, sin ceder a las presiones políticas y con total apego a la Constitución y a los procedimientos del poder legislativo.

«Nos mantendremos vigilantes sobre los posibles pactos opacos realizados por
algunos asambleístas que se han dejado someter a los grandes intereses del
poder político y económico. Los asambleístas que han lanzado acusaciones de
manejos irregulares en la construcción del informe, como una forma de sabotaje
y deslegitimación del trabajo realizado, tendrán que comprobar las
irresponsables afirmaciones vertidas en distintos medios de comunicación», sostiene la organización.

De igual forma, recuerdan al Gobierno Nacional que no puede interferir en las funciones constitucionales de fiscalización, que realizan los asambleístas.

«Condenamos enfáticamente la persecución política en contra de los dirigentes
sociales y las personas que han mostrado un papel activo en las investigaciones,
en el caso de los Pandora Papers, así como supuestas acciones judiciales
“contra 6 asambleístas” y todos los que se mantienen firmes sin ceder a las
presiones ni chantajes», argumenta.

Asimismo, se pronuncian en contra de los intentos de división para desestabilizar a la CONAIE y al frente popular y plurinacional, que ha insistido en la inobservancia del pacto ético por parte de Lasso.

«La CONAIE seguirá atenta a las investigaciones que se realizan para esclarecer
la vinculación de Guillermo Lasso en el caso de los Pandora Papers. Exhortamos, una vez más, al presidente de la República a acudir a la Asamblea Nacional a dar la cara al país», puntualizan.

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«La respuesta que dirijo respetuosamente a usted presidente de la Comisión, la remito con el fin de contribuir a la investigación, pero expresamente manifiesto que ni la Asamblea Nacional ni la Comisión son órganos competentes para investigar estas causas», dice parte del comunicado.

En la misiva, el mandatario explica que las empresas que están presentes en la investigación fueron disueltas en el pasado y que esa verdad no sé ya contradicho. Agrega que no tiene que ver con los fondos de inversión en los Estados Unidos con los que se lo relaciona.

Su esposa, María de Lourdes Alcívar y su hijo Santiago también se excusaron de participar en la comparecencia. Indicaron que no son funcionarios públicos.

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“El Pleno de la Asamblea Nacional con 105 votos afirmativos resolvió requerir a la Comisión de Garantías Constitucionales que efectúe la investigación correspondiente al caso denominado Pandora Papers, señala el documento”.

De igual forma, recuerda que el 7 de octubre, la mayoría de asambleístas decidieron, con base en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en razón de que este caso se considera un hecho de interés ciudadano que generó seria conmoción social.

Los legisladores subrayaron que corresponde al Pleno de la Asamblea, como máximo organismo de decisión del Parlamento, definir el procedimiento a seguir. En ese contexto, el Pleno dispuso que la Comisión de Fiscalización remita de manera inmediata toda la información y documentación, relacionada con la investigación, a la Comisión de Garantías Constitucionales.

El comunicado enfatiza que la Comisión de Garantías Constitucionales tendrá la competencia exclusiva en este proceso de fiscalización.

“La Comisión de Garantías Constitucionales deberá solicitar las comparecencias y requerir la información que considere necesaria, con el fin de esclarecer la vinculación del presidente, Guillermo Lasso, dentro de este caso, relacionado con depósitos de dinero en paraísos fiscales”, sostiene el documento.

También indica que una vez concluida la investigación, la Comisión elaborará un informe pormenorizado, con sus respectivas recomendaciones, para que sea conocido y debatido ante el Pleno de la Asamblea. El plazo para remitir el informe es de 30 días.

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La resolución determina que, una vez concluida la investigación, el periodo de comparecencia y los pedidos de información pertinentes, se elabore un informe pormenorizado para ser debatido en el Pleno de la Asamblea. Este informe deberá ser remitido en 30 días.

También dispone a la Comisión de Fiscalización que entregue a la Comisión de Garantías Constitucionales, de manera inmediata, toda la información y documentación relacionada con la investigación.

Además, aclara que será la Comisión de Garantías Constitucionales quien tendrá la competencia exclusiva para este proceso de fiscalización. “Ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma materia o asuntos relacionados con los Pandora Papers”, puntualiza la resolución.

Ante la decisión de la Asamblea, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, escribió en su cuenta de Twitter: “A mí nadie me prohíbe fiscalizar, para eso me pagan. Asambleístas glosados vayan a pagar las glosas, las pensiones de sus hijos y luego aprendan a leer y escribir. Son la deshonra de la Asamblea. No les voy a dar un documento, vayan a pedir información a la casa de doña Bertha”.

La legisladora de CREO, Ana Belén Cordero, también se pronunció en sus redes: “La Comisión de Fiscalización ha hecho su trabajo y mantiene una investigación en curso desde el miércoles 6 con voto unánime de la misma, la Comisión de Garantías Constitucionales puede hacer su trabajo así como nosotros el nuestro. Camellen y no bloqueen”, expresó.

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