La CIDH decidió rechazar a Pigozzi como comisionado ya que obtuvo solamente nueve votos a favor. El exvicecanciller Fernando Yépez señaló que este es otro fracaso para la política exterior del régimen de Guillermo Lasso. Con el último lugar, «se evidencia una clara desaprobación regional», sostuvo.

Durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) se determinaron cuatro cupos para los nuevos comisionados. Se escogió a Christopher Arif Bulkan (Guyana), Stuardo Ralón (Guatemala), Gloria Monique de Mees (Surinam) y Andrea Pochak (Argentina). Todos duplicaron el número de votos que obtuvo Pigozzi, de hecho, Arif Bulkan lo triplicó.

En febrero de 2023, la Cancillería de Ecuador propuso a Pigozzi como representante de Ecuador para la CIDH. Organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos exigieron que se retire de manera urgente su candidatura por sus posturas retrógradas. En una ocasión, paradójicamente, señaló que las resoluciones de la CIDH no deberían tener cabida en la decisiones del Estado.

El Panel Independiente -que evalúa a los nominados a órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)- identificó inconsistencias en el perfil de Pigozzi. Si bien cuenta con la preparación académica, «mantienen posiciones que detonan retrocesos en la protección de derechos humanos» como:

• Matrimonio igualitario;
• Derecho de las parejas del mismo sexo para adoptar;
• Derechos sexuales y reproductivos; y,
• Uso del derecho penal para dirimir conflictos entre la libertad de expresión y el honor de personas y funcionarios públicos.

El Panel enfatizó que el candidato expresó públicamente contradicciones que no pudo sostener referente a los temas planteados. Asimismo, tuvo una pésima exposición sobre en la audiencia sobre su participación como perito del Estado ecuatoriano en el «caso García Ibarra y otros versus Ecuador», donde no respondió ni una sola pregunta.

Finalmente, Pigozzi ha comparecido frente a la Asamblea Nacional para hablar en contra del avance de los derechos como el matrinomio igualitario, temas LGBTI, educación sexual y acceso al aborto, según recoge Confirmado.net.

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El presidente de la UDAPT, Donald Moncayo, afirmó que cuatro cortes y dieciséis jueces han verificado el «delito ambiental» de Chevron en la Amazonía. Según el dirigente, su lucha conlleva más de treinta años. Además, aseguró que el gobierno «se ha puesto del lado de la petrolera, como siempre se ha venido haciendo«.

La UDAPT demanda que se paguen USD 9.500 millones por los daños ocasionados, valor definido en la sentencia realizada por los jueces de la Corte Constitucional en 2018. Sin embargo, el valor adeudado no ha sido cancelado.

El colectivo apuntó al exprocurador del estado durante la presidencia de Lenin Moreno, Iñigo Salvador, quien habría remitido documentos a cortes canadienses y argentinas con el fin de que se desestimen las demandas interpuestas por los afectados.

El representante de la Unión culminó al manifestar que el gobierno de turno ha actuado igual que el anterior. Además, enfatizó que a pesar de no tener el poderío de la petrolera, tienen la verdad y seguirán en lucha. (B.T.R.)

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La CIDH condenó los hechos violentos que se registraron en el país los últimos días y pidió al Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos con respeto y según los estándares interamericanos de derechos humanos.

La organización rechazó los acontecimientos y disturbios del 01 de noviembre en Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo. Además, solicitó al Gobierno continuar con las investigaciones correspondientes y la debida diligencia.

También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció los peligros que representa para la democracia el crimen organizado. Por lo que enfatizó que el Estado debe actuar “dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos”.

Reiteró que la participación de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad de los ecuatorianos debe ser extraordinaria. Es decir, deben «justificar excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario según requiera cada caso; subordinada y complementaria a las fuerzas policiales civiles, regulada y fiscalizada”.

Finalmente, mencionó que el deber del Estado es adoptar medidas adecuadas que garanticen los derechos a la vida e integridad de la ciudadanía y los PPL. “La CIDH reafirma su compromiso de continuar apoyando los esfuerzos del Estado ecuatoriano relativa a la situación de las personas privadas de libertad en el país mediante el acuerdo de cooperación técnica recientemente suscrito”, reza el comunicado.

Días de terror...

Durante los primeros días de noviembre, en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, se registraron disturbios con explosivos, coches bomba, ataques a UPC y contra policías. Además de los enfrentamientos entre reclusos en la Penitenciaria del Litoral, Cotopaxi y El Inca. Como resultado de estos acontecimientos, se reportaron más de 30 atentados, cinco policías asesinados, varios heridos y balaceras con PPL muertos. (N.J.C)

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“Tomamos el control de los pabellones 1 y 3, donde tenemos cinco fallecidos. Posteriormente, llegamos al pabellón 5, donde fue más violento. En el momento en que ingresamos hallamos 19 cadáveres afectados por impactos de armas de fuego y granadas. Igualmente, hay 48 personas heridas, que fueron atendidas inmediatamente”, dijo Fausto Buenaño, comandante de la Zona 8 de la Policía. 

Los hechos habrían iniciado a las 9:00 de este martes. “Evacuamos al personal administrativo y llamamos al Comité de Crisis (…) A las 10:40 iniciamos el protocolo de control”, dijo Bolívar Garzón, flamante director de la SNAI. Las autoridades retomaron el control del centro carcelario después de cerca de cuatro horas, a las 14:00. 

Cobo dejó la víspera el Servicio de Protección de Personas Privadas de Libertad (SNAI) para asumir la conducción del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). En su parecer cumplió con su tarea y bajó “significativamente el nivel de violencia”.

El pasado 13 de septiembre, la Penitenciería del Litoral fue atacada con drones en medio de «una guerra entre cárteles internacionales», informaron las autoridades.

Ecuador registra oficialmente más de 120 reos asesinados en lo que va del año. En uno de esos episodios hubo incluso degollamientos y otras imágenes macabras que conmocionaron a la ciudadanía.

Estos hechos se dan menos de un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó los hechos de violencia que sucedieron en distintas cárceles de Ecuador y exigió al Estado que adopte medidas frente a la crisis carcelaria.

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