La mesa legislativa se conformó con siete miembros de las bancadas de las fuerzas políticas: Adrián Castro (Independiente), Mónica Salazar (RC), Manuel Bohórquez (ADN), Luzmila Abad (PK), Édgar Benítez (Independiente), Hernán Zapata (Gente Buena) y Viviana Zambrano (Construye).

La moción aprobada del parlamentario Blasco Luna (RC) tuvo el apoyo de 119 votos frente a siete negativos y seis abstenciones, de un total de 132 asambleístas presentes en la sesión 874.

La comisión multipartidista tendrá un periodo de función de 90 días con posibilidad de prorrogarse 90 días más, previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Además, la mesa deberá elaborar un informe pormenorizado que contenga hallazgos, conclusiones y recomendaciones, el cual será presentado ante el Pleno de la institución.

La tarea pendiente ahora será escoger el presidente o presidenta que encabezará dicha conformación.

Primera propuesta

La segunda fue la vencida, pues la primera moción la presentó la asambleísta de Construye, Viviana Zambrano, pero no pasó ya que tuvo la abstención de 102 voluntades y apenas 22 votos afirmativos.

La legisladora solicitaba que la comisión dure hasta seis meses y se pueda prorrogar por un año; además de que una condición era que la presidencia de la mesa la tuviera Construye (lista 25).

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Radio La Calle tuvo acceso al documento borrador de la Comisión y entre sus recomendaciones están:

• Remitir un informe a la Fiscalía General del Estado (FGE) y Contraloría General del Estado para que inicie las investigaciones penales y administrativas.
• Enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso por haber adecuado su conducta al artículo 129 numeral 1 de la Constitución que prevé como causal la censura y destitución del cargo público representativo (…), pues existen indicios de haber cometido del delito de «traición a la patria».
• Enjuiciar políticamente al Jefe de Estado, invocando el artículo 129 numeral 2 de la Constitución, pues su conducta se adecua al cometimiento de los delitos contra administración pública.

Con más de 20 sesiones, la comisión elaboró un informe borrador de 221 páginas. La asambleísta Viviana Veloz convocó a una sesión con el propósito de conocer, debatir y aprobar el informe sobre el «Gran Padrino».

Ni las luces de Lasso en la Comisión

El plazo de investigación de la comisión finalizó y ni Lasso ni su cuñado, Danilo Carrera, comparecieron en la Asamblea por el caso. Los asambleístas expusieron su indignación respecto a la postura y el silencio del mandatario.

«Por motivos de agenda el jefe de Estado, Guillermo Lasso, no podrá asistir», fue el comunicado emitido por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

El llamado a comparecer

El 9 de febrero, la presidenta de la Comisión multipartidista, Viviana Veloz, entregó la solicitud formal para que el presidente Lasso comparezca ante la Asamblea. “No debe poner excusas que impidan descubrir la verdad», enfatizó. (N.J.C)

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La Comisión Multipartidista está integrada por Pedro Zapata (PSC), Diego Esparza (independiente), Rodrigo Fajardo (ID), Mireya Pazmiño (PK), Viviana Veloz (UNES), Gruber Zambrano (BAN) y Augusto Guamán (por independientes).

Esta Comisión deberá entregar un informe (denominado: “por la verdad justicia y la lucha contra la la corrupción, en el caso El Gran Padrino”) para resolución del pleno legislativo. El plazo establecido es de 30 días.

21 asambleístas intervinieron en el debate con el propósito de realizar una investigación objetiva e imparcial que transparente los procesos de contratación, efectuados en las empresas públicas involucradas en la supuesta trama de corrupción en el sector eléctrico.

JR

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Benavides recalcó que a Guamaní no se la destituye por actos de corrupción, por diezmos o violar derechos constitucionales, se la destituye por mocionar.

«Nosotros hemos hecho una defensa técnica en la cual hemos demostrado que no existe el mentado incumplimiento de funciones por el solo pecado de mocionar; y, por otro lado, desbaratamos, jurídicamente, la sustanciación de este proceso”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que cuando se conformó la Comisión Pluripartidista, que sustanciaría la destitución en contra de Yeseña Guamaní, existieron 83 voluntades. Entonces, si se observa el número de votos, la decisión al momento de destituirla sería la misma.

“Existe un claro conflicto de intereses y ya existe una decisión pre concebida que tendría la presidenta de la Comisión”, manifestó Benavides.

El abogado explicó que Jhajaira Urresta cuando sustentaba su denuncia, debía practicar la prueba documental y no lo hizo, tenía que presentar los documentos que de muestren el incumplimiento de funciones.

“En sustentar sus argumentos de cargo se demoró 13 minutos, cuando la ley te da 3 horas para que puedas demostrar el incumplimiento”, aseguró Benavides.

Por otro lado, aseveró que esperaría que al menos la mayoría de la Comisión tome en cuenta todos estos argumentos y entren en razón.

“Mañana cualquier asambleísta podría mocionar cualquier cuestión y le van a destituir si resulta contrario a los intereses de la mayoría”, reiteró el abogado.

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«La ex Comisión Pluripartidista Ad Hoc logró llegar a un informe final por unanimidad de los cinco miembros», dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

Zapata afirmó que ahora la Asamblea debe volcar todo su esfuerzo a los proyectos y reformas de ley que están represados y que la ciudadanía reclama.

«El presidente Virgilio Saquicela debe legitimar su designación a través de actos como la sesión del día viernes, donde, entre varios puntos, se aprobaría el Proyecto de Ley del uso progresivo de la fuerza», aseguró Zapata.

Las fallas de Llori

Además, sostuvo que a Llori le faltó sintonizarse con la gente, le faltó hacer opinión sobre los temas nacionales y pretendió convertir a la Asamblea Nacional en un patio trasero de Carondelet.

“No puede ser posible que quien dirija esta primera función del Estado haya permitido en su momento unas referencias inapropiadas de un primer mandatario contra la Asamblea”, expresó el asambleísta.

Zapata reiteró que Llori jamás defendió el trabajo de los asambleístas y, sobre todo, nunca difundió el trabajo de las Comisiones permanentes. “Era insostenible lo que la señora Guadalupe Llori hacía, ya no nos sentíamos representados, sentíamos que la Asamblea recibía órdenes de Carondelet”, comentó.

El asambleísta aseveró que los 81 votos no reflejan el sentimiento de los 137 asambleístas, porque existen muchos más a los que sus partidos les prohíben tener libertad para votar.

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“Como es evidente, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no contempla, bajo ningún concepto, la figura de la devolución del informe en mención, sino que la obliga a convocar a una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, para que sea conocido, tratado y resuelto”, dice parte del documento.

Zapata añade que la devolución no procede, ya que “al no ejercer el cargo de presidente de la Comisión Pluripartidista y por no estar contemplado en la ley, no tiene efecto ni consecuencia jurídica alguna, por lo que se considera inexistente”.

¿Qué dice el denunciante?

El asambleísta Esteban Torres (PSC), quien denunció ante el CAL a Llori por incumplimiento de funciones dijo que los legisladores no pueden ser manejados al antojo de un juez que limite el trabajo de la Asamblea.

«Nosotros fuimos claros desde el principio, jamás le dimos validez alguna a la primera medida cautelar. Si hubiera estado en nuestras manos, no hubiéramos retirado el orden del día y el tema hubiera avanzado más rápido», dijo.

El legislador añadió que le parece lamentable las acciones de algunos asambleístas con ayuda del sistema de justicia. «Lamento que algunos asambleístas no puedan pelear en democracia. Se pelea en el Pleno y si se pierde se pierde, pero eso de mendigar acciones constitucionales a Carondelet para que disponga al Consejo de la Judicatura es realmente lamentable y lo vamos a combatir».

Llori no convocará al Pleno

La presidenta del Legislativo no convocará al Pleno tras el pronunciamiento del juez Pedro Troya de la Unidad Judicial Penal de Quito, quien dispuso la abstención en el conocimiento y tratamiento del informe donde se recomienda la destitución de Llori.

La acción de protección interpuesta por Pachakutik alegó una posible ilegalidad en la conformación de la Comisión que investigó el incumplimiento de funciones de la autoridad. El pasado 28 de mayo, Llori informó a los 137 legisladores y a los miembros de la Comisión sobre las disposiciones ordenadas por el juez y la devolución del informe. MIB

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«Un juez constitucional no puede establecer el apropiado o inapropiado funcionamiento de otro poder del Estado al cual no representa», señaló en el documento.

«Tengo el honor de ser asambleísta electo por el Movimiento Pachakutik, brazo político de la CONAJE, mi línea de acción ha sido defender el proyecto de lucha histórica del movimiento indígena, enfrentar las pretensiones neoliberales y nunca pactar traicionando la lucha y sangre de mis hermanos, que, desde las calles, desde la dirigencia y hoy desde mi curul de la Asamblea Nacional defiendo», enfatizó.

Asimismo, dijo que los dirigentes que solicitaron las medidas cautelares pretenden seguir engañando y defendiendo el proyecto de GuilLermo Lasso, bajo el pretexto de “gobernabilidad”. «Violan mis derechos como Asambleísta y exdirigente y militante activo en el Movimiento Pachakutik, al hacer pronunciamientos inequívocos, ilegales, inconstitucional y valiéndose nuevamente de un juez», señaló.

Explicó que el Pleno de la Asamblea lo designó miembro de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc según el art. 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), siendo miembro del Movimiento Pachakutik. «Jamás es necesario tener el visto bueno, permiso o ser delegado de un compañero jefe de bancada», insistió.

Señaló que se establece la creación de una Comisión Pluripartidista Ad Hoc, no de una Comisión multibancadista. Sostiene que con ese argumento e interpretaciones vagas y demostrando mala fe,se otorgó la medida cautelar y, de esta forma, pretenden disuadir el trabajo de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc..

«Mis principios no los traicionaré, por más que pretendan amenazar con ilegales
procesos de expulsión de mi movimiento, buscando desconocerme como asambleísta y adherente de Pachakutik. Todas las acciones desarrolladas las últimas semanas, solo han demostrado que el Gobierno de Lasso, pretende seguir bloqueando a la Asamblea Nacional evitando que se cambie las autoridades con complicidad de supuestos dirigentes, que responden a acuerdos de supuesta gobemabilidad entre estos dos poderes del Estado», sostuvo.

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“Tenemos que decirles, paren de llorar frente a los hechos ilegales que ustedes quisieron perpetrar armando una comisión supuestamente multipartidista, donde no había ni un delegado con la venia de la organización política Pachakutik. Otra cosa es que ustedes querían poner ahí, a dedo, a alguien que se prestaba para eso (refiriéndose al miembro de la comisión Peter Calo, de los rebeldes de Pachakutik”, dijo el asambleísta.

Añadió que Pachakutik no presentó ningún delegado en esa comisión donde “querían hacer lo que les da la gana con las autoridades de la Asamblea Nacional y sobre todo con nuestro proceso de lucha. Vamos a defender estas medidas cautelares, pero sobre todo a hacer respetar a nuestra organización política”.

Medidas cautelares

Salvador Quishpe, junto a Sofía Sánchez y Marlon Santi, es una de las personas que solicitó medidas cautelares contra los cinco miembros de la Comisión pluripartidista AD HOC que fiscalizó a Guadalupe Llori. De acuerdo con el pedido, buscan “evitar la violación o amenaza de violación de los derechos de participación, al debido proceso y la seguridad jurídica”.

Las medidas, presentadas el pasado 20 de mayo, fueron aceptadas por un juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe.

El pasado 25 de mayo, con cinco votos a favor, la Comisión Pluripartidista AD HOC se aprobó el informe de evaluación a la presidenta Guadalupe Llori por incumplimiento de funciones, tras la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres. MIB

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«La Comisión Pluripartidista Ad Hoc va a sesionar de forma presencial, tenemos que cumplir la norma. Vamos a estar apegados a la ley y haremos un trabajo responsable», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que existen rumores de que se va a enviar a los asambleístas a sesionar de manera telemática.

“Esto es algo preparado desde la presidencia para que la Comisión no pueda sesionar, nosotros somos asambleístas y estamos en pleno derecho de ir al Pleno”, afirmó Calo.

El asambleísta recalcó que no se dejarán llevar por la manipulación y los chantajes de la presidenta Guadalupe Llori.

“No es la primera vez que hay chantajes para no sesionar, en la primera sesión de la Comisión hubo una supuesta amenaza de bomba», sostuvo Calo.

También detalló que una vez que hayan sesionado los 5 miembros de la Comisión elaborarán el informe y se presentará a la Asamblea Nacional para que los 137 asambleístas tomen su postura.

Por último, manifestó que tenían previsto entregar el informe de evaluación hasta el 25 de mayo, pero debido a los obstáculos que ha puesto Llori, el plazo se alarga hasta los primeros días de junio.

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En una rueda de prensa pidió respetar el proceso de investigación previa a los asambleístas que votaron a favor de la creación de la comisión pluripartidista para que se investigue a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

«No es un asunto de apoyar o no apoyar a la presidenta, es un asunto de exigir a la justicia que haga justicia frente a todas las denuncias que llegan, dijo el legislador.

Añadió que no puede existir juicios políticos para evitar las investigaciones. «Si no hay culpa alguna, no hay para que preocuparnos. Pero no se puede, frente a esta denuncia o frente a cualquier denuncia, pedir juicios políticos para evitar que se investigue”, sostuvo.

Finalizó pidiendo que se respete la independencia de funciones del Estado. “No es posible que se ofrezca «botar al juez, botar al fiscal, antes de que se investigue”, dijo.

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“Estamos cumpliendo lo que se resolvió en la reunión anterior frente al secretario. La presidenta tendrá 10 días de plazo para presentar las pruebas de descargo que ella considere necesarias para su legítima defensa. Fue notificada por correo electrónico y por medio de secretaría. Ella debe actuar como considere, pero la Comisión actúa con lo dispuesto por el CAL y el Pleno. El plazo empieza a correr desde el 5 de mayo”, dijo el presidente de la Comisión, Pedro Zapata.

La Comisión Multipartidista se reunirá el 5 de mayo para aprobar el plan de trabajo y prevén reunirse también el próximo 8 de mayo. “El cronograma está sujeto al articulo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa donde están estipulados los plazos que tiene la comisión. Respetaremos el tiempo que tiene la ley”.

Sobre la legalidad

La presidenta Llori ha reiterado en distintas ocasiones desde la conformación de la Comisión que ésta no es legal ni legítima. Todavía no se sabe si entregará la documentación requerida para su defensa. No obstante, los miembros de la Comisión defienden su misión.

“Nosotros estamos actuando legalmente de acuerdo con el artículo 18 y legítimamente de acuerdo con lo que se resolvió gracias al apoyo de 80 voluntades en el mayor órgano de decisión que es el Pleno. Por lo tanto, es legítima y legal esta Comisión que cumple con todos los requisitos”, dijo la asambleísta lucía Placencia. MIB

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La comisión está conformada por 5 miembros: Pedro Zapata (PSC), Pamela Aguirre (UNES), Pedro Calo (Pachakutik), Lucía Placencia (Izquierda Democrática) y Jhon Vinueza (Independiente). Esta eligió a Calo como secretario de la Comisión y quien propuso a su candidata de vicepresidencia dentro de la comisión.

La legisladora Aguirre, como coordinadora de la Comisión propuso la elección de ambas figuras (presidencia y vicepresidencia) como único punto del orden del día.

En esta sesión de instalación, ella también propuso a Pedro Zapata (PSC) como candidato a la presidencia, el cual fue elegido por unanimidad. No obstante, la elección de la figura de vicepresidente fue objetada luego de esta votación.

Cuestionan la autoridad de vicepresidenta en la comisión multipartidista

El legislador Vinueza (Ind.) fue el único que no votó a favor de Pamela Aguirre (UNES) como vicepresidenta, quien propuso a otra persona para ocupar ese puesto. A ello también se sumó la declaración de Lucía Placencia (ID), quien objetó esta figura de autoridad dentro de la comisión.

«Según el artículo 162 de la Comisión de Ética, no es posible elegir vicepresidenta, solamente es un presidente dentro de una comisión», declaró Placencia. De acuerdo a ella, solamente las comisiones ‘especializadas’ pueden contener esta autoridad, tachando a la comisión multipartidista ad hoc de ‘comité’.

Además, Placencia mocionó la rectificación de la votación, la cual obtuvo 3 votos negativos y solo 2 favorables, por lo que fue negada. En un principio, la asambleísta también votó a favor de Aguirre, sin embargo, objetó el cargo y pretendió cambiar su voto por Aguirre con la moción de rectificación sin efecto alguno.

«Estamos hablando de la substanciación de un proceso para la presidenta de la Asamblea, no podemos hacer las cosas al apuro y con demasiada prisa. (…) No se puede saltar procesos, es necesario que las cosas se hagan bien», acotó el legislador Vinueza, que votó a favor de esta última moción.

Con amenaza de bomba, Comisión Multipartidista se instala en la Asamblea

Luego de un receso de 5 minutos y discurrir las resoluciones establecidas del Consejo de Administración Legislativa, la figura de Aguirre como vicepresidenta de la comisión ad hoc fue ratificada con 4 votos a favor. Esta comisión ocasional no perdió legitimidad en cuanto a su estructura de autoridades, por lo que proclamó los resultados de la elección de estas 3 autoridades de la comisión ad hoc.

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«Listos para iniciar la Sesión de Instalación de la Comisión Pluripartidista AD HOC. Existe el quórum», escribió en un tuit la legisladora Marcela Holguín (UNES). La sesión avanzará a pesar de la amenaza de bomba que se difundió minutos antes.

Los legisladores se mantienen en el piso 6, mientras se instalaban miembros del GIR y la Policía Nacional les solicitaron salir del edificio, sin embargo, los asambleístas se han opuesto al pedido.

Comisión Multipartidista

El pasado 26 de abril, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 81 votos, la creación de una Comisión Multipartidista Ad Hoc para investigar la denuncia del asambleísta Esteban Torres (PSC) contra la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori por el incumplimiento de funciones.

La Comisión tiene como miembros: Peter Calo (PK), Pamela Aguirre (UNES), Pedro Zapata (PSC), Lucía Placencia (ID) y John Vinueza (independientes). MIB

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La parlamentaria dijo, en una entrevista con Radio La Calle, que esta denuncia se da porque, supuestamente, Llori sigue con medidas cautelares. No obstante, Palacios aclaró que «ayer se dijo claramente que no era así de parte del secretario y su mismo abogado, el abogado que está pagado por la Asamblea Nacional».

En este sentido, la parlamentaria dijo que no saben qué pasará en la Fiscalía, respecto los asambleístas que votaron a favor de la conformación de dicha comisión.

Por otro lado, Palacios dijo que UNES también presentó una denuncia en contra de Guadalupe Llori por peculado y por diezmos.

«Nosotros siempre tenemos pruebas en la mano», dijo la asambleísta. Sin embargo, no brindó detalles de las evidencias que tiene la bancada.

Sobre la Comisión Ad Hoc

Palacios insistió que la Comisión Pluripartidista Ad Hoc investigará si efectivamente se llevó a cabo las funciones de la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y del CAL, siguiendo la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el área de funciones y competencias.

“Lo que queremos hacer es investigar. El que nada debe, nada teme. La presidenta trata de agarrarse a su puesto como sea (…) utilizando del poder judicial», dijo la asambleísta.

Además, comentó que lograron que se dé paso a la apelación de la presidencia de la Asamblea por parte del legislador Esteban Torres del Partido Social Cristiano (PSC) y que se de paso a la moción de cambio del orden de día donde se pidió la conformación de la comisión con 81 votos y tres abstenciones.

La comisión estará compuesta por los legisladores: Pamela Aguirre de UNES; Peter Calo de Pachakutik; Pedro Zapata de PSC; Lucía Placencia de Izquierda Democrática y John Vinueza en representación de los asambleístas independientes.

¿Acuerdos entre bancadas?

«Creo que es completamente falso (…) que tengamos acuerdos con otras bancadas», dijo la parlamentaria al ser consultada sobre un posible acuerdo entre partidos para tomarse el Legislativo y otras instituciones.

Por otro lado, Palacios mencionó que el oficialismo ha demostrado que cuando necesita algo, negocia con lo que sea y con lo que tenga.

Además, señaló que el partido oficialista (CREO) respalda a Llori: «Hemos visto declaraciones varias del primer mandatario ecuatoriano de que Llori está en ese cargo gracias a él. (Llori) debería ser una persona neutra», dijo la asambleísta.

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Los hechos

La sesión inició con 137 legisladores y después de conocerse y aprobarse el primer cambio del orden del día del asambleísta Marcos Molina (ID) se debía tratar el siguiente punto. Llori no lo hizo. Alegó que las medidas cautelares estaban vigentes y no se podía conocer la denuncia de Esteban Torres (PSC) en su contra y la creación de una Comisión Ad Hoc. Provocó gritos de los legisladores de UNES y el PSC, sin embargo, no reculó.

El secretario general Álvaro Salazar recordó que hay que escuchar a la asambleísta proponente. “En la Asamblea mando yo”, dijo Llori. Después de los reclamos y una pequeña paralización de la sesión, Llori tomó una decisión inesperada, aceptó la apelación a la Asamblea por parte de Esteban Torres. Las dos veces anteriores le había negado ese derecho.

De allí, Virgilio Saquicela tomó el control de la sesión. Con la votación afirmativa de 84 legisladores se apeló a la presidencia. Llori se quedó en una curul y Saquicela solicitó votar por el cambio del orden del día de Holguín. 93 votos a favor permitieron que el pedido de la asambleísta se debata como segundo punto en el Pleno.

El debate

La asambleísta ponente abrió el debate. “Se caerán las caretas y sabremos quienes son los del pacto. Nadie está por encima de la ley y deben reconocerlo. Que las medidas cautelares no interfieren con la creación de una Comisión multipartidista Ad Hoc”, dijo Holguín.

El asambleísta Juan Fernando flores del BAN, bancada oficialista, criticó este cambio del orden del día y dijo que la bancada no se prestará para irregularidades y el irrespeto a la Primera función del Estado. Acto seguido, los legisladores del BAN abandonaron la sesión. Una parte de la bancada de la Izquierda Democrática.

Finalmente con 84 asambleístas presentes se dio paso a la votación. Con 81 votos y tres abstenciones se creó la Comisión Multipartidista Ad Hoc para evaluar a Guadalupe Llori. Estará conformada por: Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (Pachakutik), Pedro Zapata (PSC), Lucía Placencia (ID) y Jhon Vinueza (independientes). Tendrá 35 días para presentar su informe. MIB

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La moción corrió por cuenta del presidente de la mesa y asambleísta por Alianza PAIS (AP), José Serrano y contó con el apoyo de los legisladores Liliana Durán de Revolución Ciudadana y Franco Romero de la Bancada de Acción Democrática Independiente.

Tras el pedido, Azuero ahora será juzgado en el pleno de la Asamblea. El documento final también lo remitirán a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Contraloría General del Estado (CGE). A estas instituciones pedirán que inicien investigaciones y determinen las responsabilidades de todas las autoridades involucradas independiente de la función o institución a la que pertenezcan y que, con su gestión, permitieron la trama de corrupción de la construcción del Hospital de Pedernales.

Al final de la sesión la Asambleísta, Amapola Naranjo, volvió a señalar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo y sostuvo su preocupación por la participación de altos mandos del Gobierno en actos de corrupción.

Rebeldía de Azuero

La comisión Multipartidista informó que las sesiones debieron continuar en Rebeldía por la ausencia del denunciado. La mesa llamó a Azuero a comparecer el 30 de agosto. Sin embargo, el legislador no llegó a la cita telemática y se limitó a presentar una prueba por medio de su defensa. A partir de esto, la Comisión señala que el asambleísta Azuero hizo caso omiso al proceso administrativo, aunque sí usó su derecho a la defensa.

El más importante de los elementos aportados por la Fiscalía y que sirvió para el proceso, fue la conversación entre Azuero y Mendoza. En ella, evidenciaron que existe una presunta negociación de votos en la Asamblea. Según la Comisión, este hecho revela que existiría un entramado de corrupción dentro de la función legislativa. La misión era intercambiar “favores” para salvar de juicios políticos a funcionarios relacionados con el Ejecutivo.

Hospital de Pedernales

De acuerdo a la Comisión Multipartidista, las pruebas demuestran que los recursos públicos para la construcción del Hospital de Pedernales no los habrían usado para su objetivo. Por el contrario, los cobraron terceras personas vinculadas con el ex asambleísta Daniel Mendoza y el acusado Eliseo Azuero, para intereses propios. Además, la comisión determina que estos actos fueron bajo el consentimiento de autoridades del Ejecutivo. Entre los señalados está el ex director del Servicio de Contratación de Obras, SECOB.

Según la Comisión, el asambleísta “sin límites y con excelsa y notoria ambición trasgredió la barrera de sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, pues valiéndose de su calidad y condición de legislador violentó el mandato que otorgó el mandante al dedicarse a ofrecer, tramitar, recibiendo y administrando recursos del Presupuesto General del Estado, gestionar nombramientos de cargos públicos”. Además, pide adoptar una resolución que promueva la eficaz, efectiva y transparente lucha contra la corrupción en todos los estamentos públicos. (AB)

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La Fiscal Diana Salazar, quien en el orden del día era la primera en comparecer, remitió un oficio. En el mismo, se excusó de no asistir a la sesión de la mesa.

Frente a la ausencia de la Fiscal, la asambleísta Amapola Naranjo manifestó: «como vemos no le deja dormir el Caso Sobornos (…) a la Fiscal General del Estado y se evidencia sus prioridades. Solo le quitaba 30 minutos de su tiempo y esta es una investigación muy importante». Por su parte, se sabe que Fiscalía entregó las ampliaciones de los testimonios de Santiago Cuesta y Edmundo Tamayo. Este último asegura que Eliseo Azuero habría sido quien le entregó el cargo de Administrador del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

María Paula Romo tampoco asistió a la comparecencia convocada por la Comisión. Según la funcionaria cumplía actividades en el manejo de la crisis sanitaria. Ante esto, el asambleísta Serrano señaló que los comparecientes y en específico María Paula Romo son sujetos a la fiscalización de la Asamblea.

Además, Liliana Durán solicitó que se vuelva a llamar la presencia de los comparecientes, que siendo funcionarios de primer orden deberían asistir a rendir testimonio, además, enfatizó que la ministra tiene información sobre el caso y que debe “dar la cara”.

Comisión protestó por la acción de los comparecientes

Antes de finalizar esta parte de la sesión, José Serrano recordó que comparecer frente a la Asamblea es parte de las responsabilidades de los funcionarios y manifestó que la asistencia por parte de ellos es de carácter obligatorio y no algo que recae en su decisión deliberada.

Por último, el presidente Lenín Moreno, decidió no asistir al llamado y tampoco entregó ninguna justificación de su ausencia. De esta manera continúan las sesiones de la Comisión Multipartidista con la misma tónica, donde los llamados a rendir versión no asisten. (AB)

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Eliseo Azuero, quien tiene orden de prisión preventiva y está prófugo de la justicia, decidió enviar un vídeo como prueba de descargo. Así mismo, pidió que su abogado se presente en su lugar para rendir versión. Ante esto los asambleístas cuestionaron el accionar del funcionario, porque la comisión indica que las comparecencias son indelegables y personales.

El proceso de investigación contra el asambleísta Eliseo Azuero, que debió continuar en rebeldía debido a la ausencia del acusado en la comparecencia, convocada por la Comisión Multipartidista terminó hace minutos. Con la misma tónica de las anteriores reuniones los citados para rendir versión se abstuvieron. De los cinco comparecientes, tan solo Danilo Fabricio Veliz respondió a las preguntas de la Comisión. Los vinculados quienes están privados de su libertad manifestaron que no responderán las preguntas sin la presencia de sus abogados.

Versión de Danilo Veliz

Danilo Veliz, la única persona que respondió a las preguntas de la Asambleístas Amapola Naranjo dijo que su hermano José Veliz era el responsable de los procesos administrativos de la empresa Roselvec S.A. Esta empresa fue implicada en la trama de la construcción del Hospital de Pedernales. Veliz aceptó que su hermano manejaba información sobre los valores y hacía quiénes iban dirigidos por su fuero de Gerente en la empresa.

Los llamados a declarar su versión sobre la investigación de Azuero son procesados por el Caso Fortuner. Ese fue el nombre que dieron las autoridades a la investigación sobre la construcción del Hospital de Pedernales, donde según las investigaciones operaba una organización delictiva. (AB)

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Azuero envió un vídeo para que los legisladores lo vean. La descarga del video duró veinte minutos. El presidente de la Comisión, José Serrano (AP) y la asambleísta Liliana Durán (RC) coincidieron en que, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comparecencia es indelegable y personal.

“Al no contar con la presencia del denunciado, aún con la entrega previa de la notificación mociono que se siga en rebeldía al asambleísta Azuero por no asistir al llamado de comparecencia que ha requerido la Comisión. Eso demuestra cobardía o temor en comparecer”, dijo Durán en su participación.

El pasado 26 de agosto, la Asamblea Nacional inició la investigación en contra del legislador. La asambleísta Amapola Naranjo (AP) denunció a Azuero por violar los artículos 127 y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, que gestionó cargos públicos e ingresos del Estado para la construcción del Hospital de Pedernales, actividades ajenas a su labor como asambleísta.

Comparecencia de Lenín Moreno

Los miembros de la comisión investigadora, José Serrano, Liliana Durán y Franco Romero pidieron, mediante un oficio, la comparecencia del presidente Lenín Moreno para el 1 de septiembre.

“Por tratarse de un procedimiento expedito administrativo sancionador y de control político para esclarecer los hechos que se investigan. Se debe contar con la comparecencia del presidente de la República. Por lo que el pliego de preguntas que presentaré deberá atenderlo el presidente”, indicó la asambleísta Naranjo, denunciante.

Además la secretaria de la mesa sigue buscando la manera de localizar a los ex funcionarios del Gobierno, Santiago Cuesta y José Agusto Briones.

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Una exposición de la trama de escándalos en torno al Hospital de Pedernales, fue preludio de las exigencias de Naranjo. Así, sentada frente a su monitor, blandiendo un papel con su solicitud impresa, la asambleísta soltó los nombres: Lenín Moreno, Presidente de la República, Santiago Cuesta, exsecretario de gobierno y Diana Salazar, Fiscal General del Estado. Aquellos fueron los funcionarios públicos cuya comparecencia solicitó Naranjo.

Adicionalmente, la legisladora pidió que se tramite una petición al SNAI para que permita comparecer, vía telemática, a los procesados Daniel Mendoza, exjefe de bancada de Moreno, y José Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras (SECOB).

Antecedentes

Presuntas redes delictivas y tramas de corrupción habrían sido el nido donde se definió el destino del Hospital de Pedernales. De ese modo, el Consorcio Pedernales Manabí se benefició de la adjudicación irregular del contrato en febrero del 2020. Ello le permitió recibir más de USD 8 millones como anticipo, sin retención impositiva alguna. Sin embargo, las raíces de la corrupción parecen sumergirse más profundo.

El 13 de julio del 2020, Fiscalía determinó indicios de responsabilidad penal contra el asambleísta Eliseo Azuero. Este, junto con el oficialista Daniel Mendoza, habría coordinado una red delictiva para desviar los fondos destinados a la construcción del Hospital de Pedernales. Para sus própositos, Azuero habría solicitado que José Tamayo se hiciese cargo del Servicio de Contratación de Obras (SECOB). Tamayo es un hombre cercano a Azuero. Según Mendoza, María Paula Romo habría accedido a la petición de Azuero y, con esto, abierto camino al delito. (JBS)

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