Las autoridades no han emitido un pronunciamiento al respecto. Sin embargo, varios miembros de la sociedad civil y la academia mostraron su preocupación por la presencia del pastor evangélico Francisco Loor, dentro de la junta de Lasso.

Uno de los principales cuestionamientos es que Loor, al igual que otros de los comisionados, no son expertos en temas penitenciarios ni en derechos humanos. El pastor, por ejemplo, desde hace años, ha demostrado intolerancia con la comunidad LGBTIQ+ y una marcada homofobia.

Diario El Universo recoge que, en 2008, Loor aseguró que rechazarían la nueva Constitución porque incluía los términos “identidad de género” y “orientación sexual”, dentro de los derechos fundamentales. A criterio del pastor, estos términos serían “una puerta abierta a prácticas homosexuales”.

La carta Magna del 2008, en su artículo 11, literal 2 señala: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación”.  

Los representantes de la iglesia católica también se opusieron a la Constitución del 2008, por considerarla una normativa “abortista”.

En las redes sociales de Loor, pueden encontrarse diversas publicaciones con tinte homofóbico. El pastor advierte de los supuestos peligros en la adopción de niños por parejas del mismo sexo, la ilegalidad del matrimonio igualitario y la presunta intención de homosexualizar a los niños, a través de cambios en las leyes de salud y educación.

También catalogó a la Ley para el aborto en casos de violación como «un proyecto de muerte, un genocidio y un crimen de lesa humanidad». Incluso, en los últimos meses se aprecian posturas antivacunas, fundamentadas en teorías conspirativas.

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