Las delegadas de la comisión realizaron el recorrido junto a la directora de la Escuela, Irany Ramírez, la subdirectora, Doris Viteri y la viceministra del Interior, Sandra Molina. El equipo de comunicación de las asambleístas notó que un sujeto les tomó fotos y les grabó.

Cuando le solicitaron que se identifique el ciudadano manifestó que su nombre era Wilmer y que pertenecía al medio de comunicación Wilar. Sin embargo, el medio aseguró que no envió a ningún equipo periodístico para realizar la cobertura en las instalaciones. Los únicos medios de comunicación autorizados en esta visita fueron: Ecuavisa, Teleamazonas, TC Televisión y Gama TV.

Al solicitarle su identificación procedió a entregar una cédula que constaba con el nombre de Lucas Franco. Las sospechas y alertas se activaron, pues el nombre no correspondía al que inicialmente dijo el hombre. Ninguno de los dos nombres constaba en el listado de personas autorizadas para ingresar al recorrido de las instalaciones.

El equipo de comunicación de las legisladoras preguntó sobre quién autorizó el ingreso del ciudadano e inmediatamente la directora y subdirectora afirmaron que ellas autorizaron su ingreso porque era periodista.

Pronunciamiento del medio Wilar

El medio emitió un comunicado en el que aseguró que ningún equipo periodístico se acreditó para realizar la cobertura en las instalaciones de la Escuela de Policía. “Deslindamos cualquier tipo de responsabilidad de personas ajenas a la empresa WILAR COMUNICACIONES que se hayan tomado de manera arbitraria el nombre del medio de comunicación social”, detalla el comunicado.

Sin respuestas de las autoridades

La Comisión envió un oficio al ministro del Interior, Juan Zapata, para solicitarle de manera urgente que dé respuestas acerca de la identidad del individuo, por qué ingresó a la Escuela de Policía Nacional y que rol desempañaba en la visita. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre este altercado.

Tampoco han dado respuesta a las amenazas contra los abogados de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. El vehículo del jurista sufrió un atentado durante esta semana, sin que haya habido la más mínima respuesta de las autoridades.

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La presidenta de la mesa, Ana Cecilia Herrera (UNES), la vicepresidenta Yeseña Guamaní (ID), Mireya Pazmiño (PK), Marjorie Chávez (PSC) y Amada Ortiz (IND) deben garantizar el cumplimiento de la verdad de los hechos frente al asesinato de la abogada en apego a la onstitución.   

La asambleísta Mireya Pazmiño manifestó su inconformidad con la participación del mandatario Guillermo Lasso en cuanto a seguridad ciudadana y a los avances de la investigación en el femicidio de María Belén Bernal.

“Pediré qué comparezca el presidente de la República como el principal responsable de la seguridad ciudadana y a quien pone como autoridades, veremos que tiene que decir (…) se ve que él está protegiendo la incompetencia y esta impunidad como un delito y se puede considerar como un delito de Estado. Esperemos que dé la cara”, se pronunció.

Se esperan buenos resultados de la conformación de la mesa. La comisión tendrá 30 días de plazo para dar una respuesta. (A.M.B)     

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Así como Abad, tampoco la prensa ni los asesores de los legisladores pudieron ingresar para audiencia convocada por la Comisión Pluripartidista Ad Hoc que investiga a Guadalupe Llori.

“Entiendo que estaba señalado que el día de hoy, a las ocho de la mañana, es una diligencia judicial. He asistido, quiero pasar y no me dejan ingresar. Ustedes han sido testigos. La seguridad me dice que no estoy en la lista”, afirmó Abad.

«Yo lo que voy a hacer es proceder a retirarme. El tema es que no van a poder constituir la Comisión para esta diligencia», añadió. Sin embargo, la Comisión se instaló a pesar de los inconvenientes.

La legisladora Lucía Placencia dijo que en la audiencia se escucharon las comparecencias de ambas partes y que no se detendrá el proceso. Aseguró que la ausencia de Llori y su abogado es para evitar las pruebas documentales. Dijo que existe un plazo de cinco dias, luego de esta comparecencia, para emitir un informe que recomiende el archivo o destitución de la presidenta de la Asamblea. Sin embargo, será el pleno quien tome la resolución final.

¿Qué dice la Comisión?

A través de las redes sociales, la Comisión emitió un comunicado ratificando que la audiencia prevista para este viernes se mantenía a las 08h00. Además, señaló que, de acuerdo al artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, todas las sesiones son de carácter público.

El comunicado también alertó a la ciudadanía que podrían ocurrir intentos de boicot u otros impedimentos de los miembros de comisión y de los equipos técnicos para el ingreso a las instalaciones.

“Ni las falsas alertas de bomba, ni la falta de recursos detendrán el trabajo de esta Comisión que fue ordenada por el Pleno de la Asamblea Nacional”, dice el comunicado.

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“Como presidenta de la Asamblea y en cumplimiento de lo dispuesto por la jueza Constitucional, hago un llamado a la conciliación de los asambleístas, miembros del CAL. Los convoco a mantener un diálogo abierto y transparente para este efecto”, dice parte de la declaración.

Llori expresó también que confía en que “es posible llegar a acuerdos que beneficien a la Asamblea Nacional para fortalecer nuestra acción frente a la ciudadanía”.

Comisión Multipartidista

La Comisión Multipartidista Ad Hoc para investigar a Llori por incumplimiento de funciones empezó sus labores el 28 de abril. Minutos antes de la primera sesión donde se elegirían las autoridades se informó de una amenaza de bomba y la evacuación del edificio. Sin embargo, los miembros de la Comisión y demás asambleístas permanecieron en el piso 6 del Legislativo.

Después de la interrupción de los miembros del GIR, los cinco miembros de la Comisión eligieron como presidente a Pedro Zapata del Partido Social Cristiano. Pamela Aguirre de Unión por la Esperanza será la vicepresidenta. MIB

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«Expresamos nuestro total desacuerdo y rechazo a la violación a la democracia y al Estado de Derecho, al crearse una comisión ilegal e inmoral, secuestrada por el correísmo y el social cristianismo que pretende la destitución de la Presidenta de la Función Legislativa», dice en un pronunciamiento.

Aseguran que la resolución del Pleno está violando una decisión de autoridad competente, lo que significa un incumplimiento grave a las leyes del país.

«Nuestra postura es clara y al único juez al que debemos rendir cuentas, es al pueblo que eligió a nuestros asambleístas libre y democráticamente. No nos vamos a prestar a pretensiones, de quienes violentando la Constitución y las leyes vigentes, pretenden ocultar sus actos de corrupción», sostienen.

El movimiento dice que buscan «tomarse por asalto el primer poder del Estado, para luego hacerse con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y seguidamente apoderarse de la Contraloría, ConsejoNacional Electoral, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y todos los organismos de control».

Insisten en que no se oponen a la creación de una Comisión de Evaluación de todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa, sino a lo que «pretende el correísmo»: poner como jueces a sus acólitos y aliados, «con la ambición de conseguir sus intereses particulares, olvidándose de las necesidades del pueblo
que clama a gritos por empleo, salud, educación y seguridad».

«No contarán con nosotros para esos propósitos obscuros», reiteran.

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“La Comisión reitera la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos adyacentes. Recuerda con pesar los 40 años del enfrentamiento bélico en el Atlántico Sur y subraya que América Latina es una zona de paz, libre de armas nucleares, así como la imperiosa necesidad de encontrar una solución pacífica y definitiva a esta controversia, cuya existencia constituye una amenaza para la paz y estabilidad de la región”, dice parte del comunicado.

Además, la organización considera inaceptable mantener vigente el colonialismo en el siglo XXI. Apoyan también al trabajo del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) que cumple un papel importante en la resolución del conflicto. “La comisión insta al Reino Unido a la más pronta realización de negociaciones con la República Argentina sobre la base de las resoluciones pertinentes para lograr la solución de la cuestión Malvinas, incluyendo la disputa de la soberanía”.

La Guerra de las Malvinas

En la madrugada del 2 de abril, fuerzas argentinas iniciaron la guerra de Malvinas al tomar por asalto las Islas Malvinas e instauraron un gobierno local bajo el mando del general Mario Benjamín Menéndez. La acción sucedió mientras el país tenía un gobierno dictatorial encabezado por el General Leopoldo Fortunato Galtieri, quien apostaba que los británicos accederían al diálogo.

Sin embargo, un día después, la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, despachó su flota hacia el Atlántico Sur, mientras que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigía el repliegue de las tropas argentinas y el inicio de las negociaciones.

Nada de eso ocurrió y tras el fracaso de la diplomacia para abrir el diálogo, el 2 de abril estalló la guerra de Malvinas con un bombardeo británico sobre Puerto Argentino, la rebautizada capital de las islas. El conflicto entre ambos países derivó en una guerra que culminó con la rendición argentina 74 días después de haber sido iniciada. Provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. MIB

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Entre las otras recomendaciones se solicita la comparecencia del presidente Lasso al Pleno del Legislativo, hasta ocho días después de aprobar el informe.

De acuerdo con el informe, Lasso incurriría en el delito del perjurio, peculado bancario y defraudación. Terceros como su esposa e hijos cometerían testaferrismo. La Fiscalía deberá investigar el cometimiento de estos delitos.

A la Comisión le llama la atención que el presidente declaró haber pagado USD 588 millones en impuestos, sin embargo su patrimonio es de USD 39 millones. 15 veces menos.

Existe la duda de que las empresas en paraísos fiscales que estuvieron relacionadas a Lasso pagaron impuestos o si el mandatario mostró una conducta dolosa.

Antecedentes

La investigación empezó el pasado 6 de octubre, tres días después de que un trabajo periodístico sacó a la luz la lista de personalidades que tienen empresas y cuentas en paraísos fiscales.

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«Debatir la conformación de una Comisión Especializada Ocasional para Investigar y fiscalizar sobre la revelación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el trabajo de investigación periodística denominado: “Paraísos Costa Afuera (Off-shore) y Riquezas Ocultas de
Líderes Mundiales y Multimillonarios Expuestos en una Filtración sin Precedentes – PAPELES DE PANDORA” respecto a los actores políticos ecuatorianos que estén referidos en dichas revelación periodística», dice el pedido.

En la próxima sesión de Pleno, los legisladores tendrán la comparecencia de la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela; el director de la SNAI, Bolívar Garzón y la Comandante General de la Policía, Tannya Varela.

Pandora Papers

Durante un mensaje a la nación, el presidente Guillermo Lasso aseguró que los medios de comunicación, al igual que los generadores de opinión, deben hacer una necesaria diferenciación entre cada uno de los casos publicados, en la investigación de los Pandora Papers.

El mandatario enfatizó en que deberían ser cuidadosos para evitar “groseras” generalizaciones. “En lo que a mi concierne, mi vida ha sido pública ya casi dos décadas. He sido opositor de uno de los regímenes más duros que ha sufrido el Ecuador. Incluso recordarán que durante años me acusaron y rebuscaron pero nada encontraron”, afirmó.

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“Luego de un análisis minucioso de perfiles, decidió convocar para la conformación de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia, a Rosalía Arteaga Serrano, Juan Cueva Ortega, Sybel Martínez Reinoso, Juan Carlos Solines Moreno y Xavier Zavala Egas, como representantes de la sociedad civil, a fin de que se inicie el proceso de investigación de los hechos ocurridos y la vulneración de derechos humanos en el marco del paro nacional de octubre de 2019”, informó.

Los miembros fueron escogidos en función de la trayectoria de defensa de los derechos humanos. Además, no recibirán remuneración económica ni tendrán relación de dependencia con la defensoría.

El defensor del pueblo, Freddy Carrión, solicitó a las diferentes áreas de la institución que preside, el apoyo necesario y las facilidades para encaminar el trabajo a resultados favorables.

Comisiones del Paro

Además de la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional formó la Comisión Multipartidista del Paro Nacional con el objetivo de recoger testimonios de varios actores de las protestas: medios de comunicación, estudiantes, movimiento indígena, policía nacional y miembros del gabinete de gobierno. Tienen hasta el 24 de noviembre para entregar un informe al pleno de la Asamblea.

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