El asambleísta Adrián Castro mocionó a Jhajaira Urresta, Lucía Jaramillo, Nicole Saca, Pedro Velasco y Sandra Rueda para que conformen la Mesa Legislativa.

La parlamentaria Jhajaira Urresta, por la Revolución Ciudadana (RC), que obtuvo 103 votos a favor, 15 en contra y 12 abstenciones, se convierte en la primera integrante del Comité.

Lucía Jaramillo del Partido Social Cristiano (PSC) y aliados se consagra como la segunda integrante con 119 votos afirmativos. El tercer integrante es la legisladora Nicole Saca de Acción Democrática Nacional (ADN) con 124 votos a favor, 0 negativos y 6 abstenciones.

Pedro Velasco, llegó a la Asamblea Nacional por el partido Actuemos; sin embargo, ahora se considera independiente. Es el cuarto integrante del Comité con 122 afirmativos.

Finalmente, Paúl Buestán, representante del movimiento Construye, fue nominado como el cuarto integrante. No obstante, el legislador solo alcanzó 34 votos afirmativos, 48 en contra y 46 abstenciones, por lo que revisaron si existía otra nominación. Al no existir, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, suspendió la sesión y la reanudará el jueves 30 de noviembre de 2023 a las 9:00 am.

Esta última moción se hizo en reemplazo de Sandra Rueda para cumplir con la paridad de género que exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Prohibiciones de los asambleístas

Tanto el artículo 127 de la Constitución como el 163 de la LOFL detallan las prohibiciones que tienen los legisladores. Entre ellas:

• No desempeñar otra función pública o privada ni dedicarse a sus actividades profesionales si son compatibles con su cargo;
• Ofrecer, tramitar o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los
• destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional;
• Gestionar nombramientos de cargos públicos;
• Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas;
• Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado; y,
• Celebrar contratos con entidades del sector público.

¿De qué se encarga el Comité?

El Comité tendrá la función de conocer los hechos denunciados que incurran en las infracciones señaladas en el artículo 127 de la Constitución y 163 de la LOFL. Las atribuciones que tienen son:

• Iniciar, previa denuncia y de conformidad con la Ley, el proceso de investigación en contra de cualquier asambleísta que haya incurrido en infracciones detalladas.
• Emitir un informe motivado, que enviarán a la Asamblea Nacional.
• Proponer o pronunciarse respecto a iniciativas que fomenten la ética y transparencia.

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La mesa parlamentaria se reunió la noche del 6 de mayo y con seis votos a favor resolvió que el caso pase al Comité de Ética para determinar las acciones correspondientes, entre ellas la posible destitución del cargo.

La denuncia en la Asamblea fue presentada por la legisladora del oficialismo, Blanca Sacancela junto al apoyo de 30 asambleístas de la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Social Cristiano (PSC). La acusación se fundamenta en la causal de gestión por cargos públicos.

El Comité tendrá aproximadamente un mes para emitir un informe con las respectivas recomendaciones. En el caso de que el documento sugiera la destitución del legislador, se necesitarían 92 votos.

Su detención

El 26 de abril, Peter C., fue detenido en flagrancia por la presunta violación de una joven de 19 años, así lo informó el organismo de control judicial.

“Una vez que la Policía aprehendió –en flagrancia- al asambleísta Peter C., por presunta violación a una joven de 19 años, Fiscalía practica diligencias y desplega los protocolos pertinentes, para decidir su situación jurídica en las próximas horas”, dijo la institución en un tuit.

Una jueza de Quito decidió que el legislador debe presentarse dos veces por semana ante las autoridades, deberá usar grillete electrónico y tiene prohibido salir del país. Además, tiene una retención de fondos de USD 400 mil.

Según la versión de la afectada, el funcionario la habría llamado por una propuesta de trabajo. La cita ocurrió en un hotel cercano a la Asamblea. (A.G.M).

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“Señora Guadalupe Llori, usted tenía razón cuando me comentó que puso hasta el último teniente político. El Gobierno del Encuentro solo encuentra personas cercanas a la señora Llori para cargos públicos en Orellana”, escribió el legislador en un tuit.

Agregó que, en efecto, existe una lista de tenientes políticos. “Ha puesto gobernador, intendente, comisarios, tenientes políticos y directores distritales de los que conocemos y tenemos la documentación. Es vox populi que ha puesto todos estos cargos. Que tiene el control absoluto de la provincia de Orellana. Si esto no es tráfico de influencia ¿cómo le llamamos?”.

Segovia explicó que la denuncia va al Comité de Ética. “Allí se le debe iniciar una investigación y si actúan en base a derecho y las pruebas que les he dado porque ella me contó, no es invento mío. Lo recordé tras la denuncia del presidente y aquí está la evidencia. El Comité de Ética debería recomendar la destitución”.

Otras denuncias

La bancada legislativa de Unión por la Esperanza (UNES) también denunció a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por los presuntos delitos de diezmos y tráfico de influencias.

“El primer caso tiene que ver con diezmos. Llori, a través de 4 funcionarios de la Asamblea, dos de ellos que todavía trabajan en el Legislativo, rentaba un carro para movilizarse. Llori se movilizaba con el dinero de estos exfuncionarios a través de la renta de un vehículo Ford Explorer 2019 de placas PDM 4156. Eso sucedió de julio a septiembre de 2021”, dijo la coordinadora, Marcela Holguín.

Holguín expresó que la denuncia se realizó al Comité de Ética para que se reúnan lo más rápido posible y traten el caso. También que comparezcan Llori y los cuatro funcionarios. “No es lo única donde la denuncia por diezmos. Se hizo pública que en la prefectura de Llori, bajo el nombre de ayuda económica, cobró USD 206 mensuales a funcionarios de la prefectura de Orellana”, añadió. MIB

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“El Comité de Ética, luego de revisar las pruebas de cargo y descargo, así como los argumentos de ambas partes resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea el archivo de la denuncia. No han sido justificadas las consultas que se presume configurarían la denuncia señalada”, dice la recomendación del Comité.

De acuerdo con Zambrano, la legisladora Astudillo habría violado el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Éste prohíbe: “Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado. Con excepción de los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional”.

El asambleísta José Chimbo, presidente del Comité reiteró que “la asambleísta no gestionó recursos fuera de la ley. Nunca realizó tráfico de influencias en gestionar recursos públicos”.

Pronunciamiento de la bancada

Bajo el título “se cayeron sus mentiras”, la bancada de Unión por la Esperanza respaldó la decisión del Comité de Ética. “Quedó demostrado que ella actuó en el ámbito de sus competencias. La denuncia solo pretendió silenciarla e impedir sus funciones de fiscalización a favor de los ciudadanos”.

Agregaron que el país no debe olvidar a Eitel Zambrano, a quien “no le importó perjudicar a las Asociaciones de la Economía Popular y Solidaria para satisfacer su odio. […] Nosotros seguiremos siendo el espacio para que las voces de los humildes, maltratados, trabajadores, y organizaciones con derechos vulnerados se hagan escuchar”. MIB

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En la sesión 11 del Comité se presentó el informe sobre este caso. El presidente José Chimbo entregó a sus compañeros el informe para que lo analicen y presenten sus aportes. El viernes debatirán el informe final para entregarlo a la Presidenta de la Asamblea.

El legislador indicó que las pruebas de Moreira no tienen sustento. “La asambleísta Johanna Moreira presentó 25 pruebas, 10 fueron descartadas por no tener el sustento legal. Dentro de esas pruebas se encuentra un cheque en el que no consta el nombre del beneficiario ni que haya sido entregado a Eckenner Recalde. No demuestra que los supuestos perjudicados entregaron cuenta alguna”.

De acuerdo con el legislador, es falso que una tercera persona haya recibido dinero o cheques de Javier Otuño y Alexandra Maya, los asesores de Recalde. “Estas declaraciones son contradictorias. La Fiscalía también se contradice. Dicen que se les ha solicitado USD 1.200 y que Otuño debía entregar USD 500 y solo entregó USD 200”.

Recalde indica que Moreira ejerce presión sobre el Comité para recomendar su destitución. “Ella sigue presionando a los miembros del Comité a través de los medios de comunicación. […] El Pleno tendrá que resolver y yo me defenderé con mis pruebas de descargo”.

El legislador alertó que la cúpula de la Izquierda Democrática (ID) busca quitarle su curul. “Alejandro Jaramillo ha ofrecido mi curul y el voto para armar la mayoría con el Gobierno Nacional”.

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La legisladora Luisa González mocionó que una vez presentado el proyecto de informe, por parte del presidente del Comité de Ética, dentro del proceso que ha sustanciado e investigado las denuncias presentadas por los asambleístas Alejandro Jaramillo y Victoria Desintonio, este se apruebe de manera inmediata.

De igual forma, la moción ordena que se remita de forma urgente a la presidencia de la Asamblea Nacional, para que sea incluido en los puntos del orden del día, en una próxima sesión del Pleno y dentro de los plazos legales correspondientes.

“Esta aprobación que hoy hemos realizado es el producto del trabajo de un Comité que cree en la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Debe iniciar desde adentro, desde cada uno de los 137 asambleístas, quienes estamos obligados a actuar con sentido nacional. Velando por los más altos intereses del Ecuador y nuestro pueblo. Apegados a los valores de transparencia, rectitud y honestidad”, aseguró el presidente del Comité, Segundo Chimbo.

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La entrada El Comité de Ética aprobó el informe que recomienda la destitución Bella Jiménez se publicó primero en La Calle.

Jiménez habría incurrido en la prohibición del artículo 127 numeral 3 de la Constitución, que señala que los asambleístas no podrán gestionar nombramientos de cargos públicos.

También incumpliría los numerales 3 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe a los legisladores gestionar nombramientos de cargos públicos, y percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta.

El expediente pasará al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, que se encargará de investigar y recabar información sobre las denuncias.

El pasado 20 de agosto, La Historia reveló que Jiménez estaba involucrada en una trama de corrupción, en la que gestionó cargos públicos a cambio de coimas.

La legisladora se justificó argumentando que existían infiltrados en su equipo de asesores, que usaron sus celulares y correos electrónicos, como parte de una campaña de desprestigio.

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