El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el de Familiares por Justicia en Cárceles y la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad presentaron esta acción de protección en Guayaquil.

La demanda está firmada por 30 familias que han sido víctimas de estos escenarios. Sin embargo, la organización busca que los otros 600 núcleos respalden esta medida.

Las demandantes piden que se reconozca la vulneración de los derechos constitucionales de las víctimas y los familiares. Alegan que es injusto que hayan tantos muertos en un lugar que se supone está bajo la custodia del Estado, de acuerdo con EFE.

«Son más de 600 muertos dentro de las cárceles desde el 2019. Es la primera vez que de forma colectiva reclaman justicia ante mecanismos judiciales por los hechos en los reclusorios», detalla el comunicado de las acusantes.

Les dan un pésimo trato

Las organizaciones y colectivos de derechos humanos indicaron que los familiares de los presos reciben un trato inhumano. Desde registros íntimos, extorsiones, torturas psicológicas hasta peticiones de dinero a cambio de la seguridad de los reos.

Las entidades aseguraron que el Gobierno ha normalizado los disturbios y muertos en distintos pabellones de las prisiones, pues responsabilizan a una supuesta disputa de territorio a todos estos conflictos.

¿Qué es lo que buscan?

El director ejecutivo del CDH, Willy Navarrete, indicó que las familias vulneradas esperan disculpas públicas del Gobierno, implementación de una comisión de la verdad y atención psicológica gratuita y permanente a todos los perjudicados.

Además, solicitaron una mesa técnica interinstitucional y multidisciplinaria que implemente reformas en el sistema penitenciario y una indemnización económica, estipulada por jueces, por el daño al proyecto de vida. (N.J.C)

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El documentos está firmado por madres, hermanas, esposas e hijas de los presos. Expresan que la política de rehabilitación social del Gobierno (asistencias técnicas realizadas y todas las acciones para proteger a los reos) son insuficientes si el Estado no tiene el control de las cárceles. «Esto genera que no tengan la capacidad la vida de ellos», publicó la agrupación.

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

La Penitenciaría del Litoral se ha vuelto, nuevamente, el escenario de motines, balaceras y asesinatos entre las bandas criminales. Frente a estos enfrentamientos la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) han intervenido el centro para controlar la situación. La escalada de violencia ha dejado como resultado internos y agentes del orden muertos.

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