La Cámara Nacional de Pesquería (CNP) señaló que el fin del subsidio al diésel —que representa entre el 30% y 36% de sus costos operativos— encarecerá la producción, poniendo en riesgo USD 1.350 millones en exportaciones anuales a la Unión Europea (60% del total sectorial) y 100.000 empleos directos e indirectos.

«El subsidio era un instrumento de política pública para sostener empleos ante costos globales adversos; su eliminación abrupta equivale a ahogar al principal productor mundial de atún», afirmó la Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC).

Consecuencias

Argumentaron que el subsidio pesquero al diésel (USD 14.4 millones anuales) equivale a solo el 0.6% de los USD 2.257 millones que el sector exportó en 2024, mientras la industria consume apenas el 4% del diésel subsidiado nacional.

Presentaron un pliego de demandas conjuntas que incluye: importación directa de diésel sin burocracia, eliminación del ISD y aranceles para insumos, aplicación del Artículo 35 de la Ley de Fomento Productivo (IVA 0% congelado por 7 años), transición gradual de 24 meses para eliminar subsidios, y líneas crediticias de USD 200 millones para modernización de flotas.

El comunicado resaltó que el sector pesquero aporta el 70% de sus exportaciones como productos de alto valor agregado, esenciales para la estabilidad de la dolarización. Además el aumento en costos marítimos podrían elevar precios de alimentos hasta un 8%.

¿Y los empresarios?

Paralelamente, el Comité Empresarial alertó que la eliminación del subsidio eléctrico para industrias de medio y alto voltaje podría llevar a «estrés financiero» a 120 empresas estratégicas. Aunque evitan un pronunciamiento definitivo hasta la publicación oficial por ARCONEL, exigieron mesas técnicas inmediatas para presentar estudios de impacto y propuestas alternativas, entre ellas un «pacto de eficiencia energética» que comprometa reducciones voluntarias de consumo a cambio de mantener apoyos parciales.

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«Los empresarios rechazamos el incremento de USD 25 del Salario Básico Unificado. Esta medida impacta negativamente la creación de empleo», señaló el Comité.

Los empleadores argumentaron que, con la nueva fijación salarial para el 2023, el costo mínimo de contratar a un trabajador, considerando los aportes de ley, ascendería a USD 7.405 anual.

También precisaron que este incremento desmedido del salario solo complica la generación de empleos de calidad y puede elevar el costo de vida de los ciudadanos al verse reflejado en la cadena de valor.

Productividad

Según el Comité, la productividad aún se encuentra por debajo de los niveles prepandemia, por lo que «no es momento oportuno para aumentar el salario básico. Ecuador se ha vuelto un país más caro y menos competitivo», agregó.

Reprochó al Gobierno de Lasso que esta decisión no tiene criterio técnico.

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